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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 14 DE MARÇ DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 1 de marzo de 2018
Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 1 de marzo de 2018.
(BOE, 14-03-2018)

Euro
Resolución de 13 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de marzo de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 14-03-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/14/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/14/index.php?d=64&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 14 DE MARÇ DE 2018

Fiscal

La UE acaba con la opacidad de los asesores fiscales de las grandes fortunas
Profesionales como asesores fiscales, abogados, banqueros o contables que tengan conocimiento de que un cliente realiza determinadas prácticas propias de una planificación fiscal agresiva tendrán la obligación de informar a las autoridades nacionales. De lo contrario se les aplicarán sanciones. El acuerdo deja en manos de cada país la definición de estas sanciones, pero obliga a que sean "proporcionadas y disuasorias".

Así lo ha decidido hoy el Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin), en una reunión celebrada en Bruselas. La medida toma forma de reforma de una directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad de 2011. Los Gobiernos tienen ahora hasta el 31 de diciembre de 2019 para trasponer los cambios. Estos entrarán en vigor el 1 de enero de 2020.

Además, el acuerdo incluye un plan para que los Estados compartan de forma automática esta información, para que las administraciones tributarias de cada Estado Miembro puedan detectar e investigar en profundidad prácticas sospechosas que puedan afectar a su país. Para ello se creará una base de datos centralizada.

El número de profesionales potencialmente afectado por la medida es bastante amplio. Estarían obligados a informar a las haciendas de cada país los intermediarios que hayan preparado el plan fiscal transfronterizo para que este sea usado por una compañía o un individuo. Esa responsabilidad pasaría al individuo o la compañía que reciban el asesoramiento si ese intermediario no tiene sede en la UE o está obligado a respetar el secreto profesional, o si el plan lo diseñan profesionales de la plantilla de la empresa.

Entre los signos sospechosos que obligarían a informar se encuentran los pagos a entidades residentes en paraísos fiscales, la ocultación de ingresos, evitar el intercambio de información fiscal en la UE, una remuneración al intermediario en función de cuántos impuestos ahorre la empresa o la vulneración de las normas básicas de precios de transferencia.

Los esquemas de planificación fiscal transfronteriza que incorporen al menos una de una serie de prácticas consideradas sospechosas tendrán que ser notificados por parte de los profesionales que lo estén montando. Entre estas prácticas sospechosas están las siguientes:

-Cuando una firma cobre como comisión un porcentaje de los impuestos que se vayan a eludir (aunque sea legalmente) las empresas.
-Asesoramiento sobre planificación fiscal que haya sido estandarizada y se aplique a varios clientes sin necesidad de adaptación
-Conversión de ingresos o capital en productos o pagos no sujetos a intercambio automático de información.
-Cuando un activo esté sujeto a la misma depreciación en más de una jurisdicción.
-Uso de compañías o entidades no cubiertas por las normas de la UE o por los acuerdos de intercambio automático de información
-Acuerdos que incluyan el uso de una cuenta, producto o inversión destinado a evitar las reglas de intercambio automático de información.
-Acuerdos que incluyan la transferencia de activos intangibles difíciles de valorar.
-Uso de jurisdicciones con legislación contra el blanqueo de dinero débil o inadecuada.
-Acuerdos que incluyen el uso unilateral de puertos francos.
-Acuerdos de planificación fiscal con cláusula de confidencialidad.
-Pagos mencionados en un acuerdo que reciben una exención fiscal completa en la jurisdicción donde deben ser gravados.
-Uso de compañías vinculadas o entidades que no tienen sustancia o con transacciones circulares entre ellas.
-Acuerdos que usan pérdidas para reducir las obligaciones fiscales en ciertas condiciones.
-Uso de jurisdicciones fiscales con tipos cero o casi cero para el impuesto de sociedades.
-Transferencias de activos transfronterizos entre dos jurisdicciones en los que haya una diferencia material entre las cantidades a pagar en función de la jurisdicción final.
-Exención de doble imposición sobre el mismo ingreso o capital en más de una jurisdicción.
-Transferencia de cuentas financieras o activos o el uso de jurisdicciones que no están incluidas en el intercambio automático de información que esté en vigor con el Estado del contribuyente.
(Cinco Días, 14-03-2018)

Bruselas impulsa la simplificación del IVA para las pymes
La reclamación de las pequeñas empresas para disponer de un IVA europeo más adaptado al tamaño de su negocio está más cerca. La propuesta lanzada hace unas semanas por Bruselas es bien recibida, con matices que esperan se mejoren durante la tramitación.

Se busca simplificar el impuesto mediante medidas que reduzcan los costes de cumplimiento de la normativa en materia de IVA para las empresas más pequeñas, gastos que resultan desproporcionados en comparación con los de pymes que operan solo en su propio país y con los de grandes empresas. Y la propuesta aborda los casos de exención del IVA.

Desde Cepyme reciben positivamente la intención de la CE, puesto que “recoge un reconocimiento de los problemas específicos de las pymes, en general, y de las pequeñas empresas, en particular”. Francisco Aranda, portavoz de la confederación madrileña CEIM, coincide en que “todas aquellas medidas que estén orientadas a aligerar trámites administrativos serán bien recibidas”.

En cuanto a la posibilidad de que los Estados miembros tengan mayor margen de maniobra para aplicar tipos de gravamen reducidos y superreducidos en el IVA, Aranda resalta que, “si se pusiera en marcha, contribuiría a dinamizar el consumo y, por tanto, la economía”.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), en cambio, es bastante crítica: “Aunque compartimos el objetivo de establecer un sistema de IVA más robusto, menos abierto al fraude y más simple, creemos que la propuesta va en el sentido opuesto, ya que complica el sistema. Obligar a pymes y autónomos a aplicar 28 IVA diferentes en la UE, según el país de destino, creará costes adicionales y mayor inseguridad jurídica”, asegura Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la entidad.

En Pimec, la patronal de las pequeñas empresas catalanas, creen que la simplificación del IVA para las pymes que facturan hasta dos millones de euros es una prioridad y apoyan la exención del impuesto en caso de cifras de ventas irrelevantes.
(Expansión, 14-03-2018)

Madrid baja el IRPF y amplía las bonificaciones de Sucesiones
La Comunidad de Madrid anunció este martes una importante batería de rebajas fiscales, entre las que destaca una bajada en el IRPF y en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones también para cuando éstas se produzcan entre familiares de tercer grado, esto es, entre tíos y sobrinos y entre hermanos, aunque en este caso se tratará de una bonificación parcial y no del 99% cuando se producen herencias entre padres e hijos.

El marginal mínimo del IRPF de Madrid bajará del 19% al 18,5%, con lo que será el más bajo de España en solitario y afectará a todos los contribuyentes de la Comunidad, según acaba de anunciar la presidenta, Cristina Cifuentes.

Asimismo, se contempla también la ampliación y mejora de deducciones en el impuesto, como la de acogimiento no remunerado de personas mayores de 65 años o personas con una discapacidad igual o menor al 33%, que se amplía de 900 a 1.500 euros

La rebaja en el IRPF se acompaña de nuevas deducciones, de una bajada en Sucesiones y Donaciones al 15% para hermanos y del 10% para tíos y sobrinos, ambas 'inter vivos' y 'mortis causa', y de una reducción de ITP y AJD de un 10% para la compra de vivienda habitual de precio inferior a 250.000 euros.

La rebaja total asciende a 125 millones, 160 millones si se tienen en cuenta las dos nuevas deducciones que lleva la Ley de Presupuestos de 2018. Estas medidas se empezarán a tramitar en un Anteproyecto de medidas fiscales de 2018 y entrarán en vigor cuando se apruebe la norma este año, muchas medidas entrarán en vigor en 2018, menos la rebaja del IRPF, que será efectiva a partir de 2019.

La comunidad se adelanta a la carrera de anuncios que se prevén de cara a las elecciones autonómicas que se van a celebrar en junio de 2019. Esta medida, además, puede atraer directivos cuyas empresas busquen regiones en la UE atractivas para establecerse tras el Brexit.

También destaca la exención de tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), el mismo tributo que grava entre otras operaciones la compra de vivienda usada, para todas las compraventas que se produzcan entre particulares por un valor inferior a 500 euros.

La medida no deja de ser meramente aclaratoria, y apenas se dejará sentir en los bolsillos de los ciudadanos. Y es que, aunque la Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, tuvo que aclarar hace algunos meses que todas estas transacciones, que hoy se producen a través de plataformas en internet como Wallapop, eBay, Vibbo o Milanuncios, deben tributar un 4% por el impuesto de transmisiones patrimoniales, lo cierto es que en operaciones de pequeña cuantía nadie acude después de haber comprado cualquier producto en una de estas plataformas a pagar dicho impuesto. Y Hacienda es una práctica sobre la que no tiene suficientes recursos como para perseguir el fraude que se produce.

Así, cuando usted adquiere a otro particular cualquier objeto en internet, cuenta con un mes de plazo para acudir a la Agencia Tributaria y rellenar el formulario número 600 y abonar el 4% del importe pagado por el producto. La ley obliga a declarar la operación de reventa, aunque en su día ya se pagara el IVA durante la adquisición del mismo producto nuevo en cualquier clase de comercio.

El impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) existe hace décadas y suele aplicarse en operaciones tan frecuentes como es la venta de una vivienda usada o un coche de segunda mano. El comprador es quien debe pagar este impuesto, mientras al vendedor le corresponde por su parte declarar en el IRPF la plusvalía que ha generado la operación, si la hubiera. Hacienda gana en los dos casos.
(El País, 14-03-2018)

Laboral

La Seguridad Social se embolsa 116 millones a costa del paro de los autónomos
Esta cifra es el resultado de restar los 132 millones presupuestados para este fin por la Seguridad Social y los 16,5 que realmente se acabaron destinando a ello en 2017. Son datos que ha ofrecido este lunes Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), a colación del análisis del 2017 sobre el cese de actividad de los autónomos, que han realizado desde esta entidad,

Abad ha querido denunciar que durante el pasado año se denegaron más de la mitad de las solicitudes para percibir la prestación por cese de actividad en autónomos. En concreto, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social gestionaron el 93% de las solicitudes, 3.678, siendo favorables tan solo el 46,1%, lo que supone poco más de 1.500 solicitudes.

Con respecto a 2016, el número de solicitudes ha descendido un 14,03%. De las 1.787 solicitudes que fueron rechazadas (casi el 54% del total), la razón más común fue no acreditar correctamente el cese de actividad, en particular cuando se trata por motivos económicos. Según señala el presidente de UPTA, el Reglamento no establece un sistema claro y fácil de justificar por parte de los solicitantes.

En 2011, un Real Decreto estableció el desarrollo del sistema para que los autónomos pudieran disfrutar de una prestación similar al subsidio por desempleo, llamado cese de actividad. El CATA, como se le conoce, ha venido recaudando en estos últimos años una cantidad similar a la de 2017.

Abad ha querido dejar constancia del malestar entre la organización, tanto por el escaso resultado que este sistema está ofreciendo a los profesionales por cuenta ajena como por el “escaso interés” que tienen las comunidades autónomas en la “reincorporación de los beneficiarios al mercado de trabajo” aprovechando el 1% del total de lo recaudado para este fin, lo que supone algo más de 1,3 millones de euros solo durante 2017.

El importe medio de la prestación por cese de actividad ha sido de 720 euros, siendo la duración media de la misma algo superior a los nueve meses. Por último, también se ha conocido que el importe medio de la prestación más la cotización se situó ligeramente por encima de los 1.000 euros.
(El País, 14-03-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El anteproyecto de ley de secretos empresariales tiene el visto bueno de la CEOE
Pasó su primer trámite en el Consejo de Ministros del 9 de febrero de 2018 y está previsto que se apruebe definitivamente en mayo. Esta norma traspone la directiva comunitaria en esta materia y servirá para blindar los secretos empresariales respecto a posibles conductas delictivas. José Amérigo, secretario general técnico del Ministerio de Justicia, explicó que la nueva norma servirá para cualquier información que se haya producido en una empresa, que sea considerada un secreto (no solo los comerciales o industriales) y que por ello se hayan puesto en marcha las medidas precisas para protegerla.

“Hasta ahora solo existían las cláusulas de confidencialidad entre las empresas, los pactos de confidencialidad con los trabajadores (tanto externos como directivos) y el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal”, apuntó en una jornada organizada por CEOE y el Consejo General de Economistas de España. José María Campos, director de Régimen Interno y Legal de CEOE, valoró positivamente el nuevo texto y consideró que se va a lograr "una protección suficiente y uniforme de los secretos empresariales frente a prácticas de obtención, utilización o revelación ilícitas por terceros". Los delitos prescribirán a los tres años.

Amérigo destacó como principal novedad de la norma la parte procesal, ya que eleva la protección de las empresas que denuncien violaciones de secretos empresariales. “Hasta ahora, muchas empresas eran reacias a la defensa de sus secretos porque el proceso podía dar lugar a la revelación o la divulgación de la información que se quiere proteger. La nueva norma establece que si se ejercitan las acciones no se va a producir una divulgación de la misma, ya que se obligará a testigos, peritos o procuradores a guardar la confidencialidad durante el litigio y con posterioridad. Incluso puede limitar las asistencias a las vistas”.

Alberto Bercovitz, presidente de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia, destacó que la directiva europea servirá para dar cobertura a aquellas empresas que optan por proteger sus innovaciones sin recurrir a las patentes. “No lo hacen porque consideran que la descripción del producto puede llevar a la copia o porque la rapidez con la que se innova puede superar al tiempo de registro de las patentes. Por ello optan por mantenerlas en secreto”, recalcó.
(Expansión, 14-03-2018)

La OCDE cree que España debe preparar una nueva ola de reformas
El economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, señaló hoy que España debe preparar una nueva serie de reformas para fortalecer la economía, y citó en particular la educación, la mejora de las competencias laborales, las infraestructuras digitales y las pensiones. "Es importante empezar con la próxima ola de reformas", señaló Pereira en declaraciones a la prensa española tras presentar el informe interino de perspectivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El exministro portugués constató que, al igual que su país o que Italia, España hizo reformas en el periodo más cruento de la crisis, entre 2011 y 2014, sobre todo en el mercado laboral y el sector bancario, pero luego "ha habido menos intenciones" para continuar, en parte por "el ciclo político". A su juicio, la prioridad ahora es "invertir más en educación, en las competencias de la gente" porque los niveles de desigualdad están muy relacionados con las capacidades laborales de las personas y porque muchas empresas se quejan de la falta de ciertos perfiles profesionales.

También se refirió a las necesidades en "infraestructura digital" o a las pensiones, tras haber indicado que España, al igual que los otros países de la OCDE, tiene que afrontar el aumento de la esperanza de vida, que supone un reto para la financiación de más años de jubilación. A ese respecto, considero que "España no será una excepción" y, como los demás, tendrá que introducir cambios en su sistema de pensiones para que haya incentivos para seguir más tiempo en la vida activa o para vincular la edad de jubilación a la evolución de la esperanza de vida.

El informe interino de hoy no incluye previsiones cifradas para España (sólo aparecen para los países del G7 y del G20), pero el economista jefe afirmó que van a continuar las tasas de crecimiento "fuertes" y que, puesto que se han revisado al alza las del conjunto de la zona euro, eso debería arrastrar a las españolas en la misma dirección.

Preguntado sobre si mantienen la inquietud por la crisis catalana que señalaron en su estudio de noviembre pasado (entonces se auguraba un crecimiento en España del 2,3 % en 2018 y del 2,1 % en 2019), Pereira respondió: "no estamos preocupados con ese escenario".
(Expansión, 14-03-2018)

La inflación se dispara al 1,1 % en febrero por el alza de la electricidad
El índice de precios de consumo (IPC) se situó en febrero en el 1,1 % interanual, cinco décimas por encima de la subida de precios de enero, que fue del 0,6 %, debido al encarecimiento de la electricidad que el año pasado se abarató.

Según los datos que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC acumula diecisiete meses consecutivos en positivo, aunque se sitúa en una línea más moderada que la media anual del 2 % que se registró en el conjunto de 2017.

En tasa mensual, el IPC registró en febrero un ascenso del 0,1 %, frente al descenso del 1,1 % que marcó en enero y del 0,4 % que contabilizó en el mismo mes del año pasado.
(La Vanguardia, 14-03-2018)

Sector

Un abogado jubilado no puede deducirse gastos por asesorar gratis
Hacienda deja claro que desempeñar altruistamente la abogacía una vez jubilado, no da derecho a deducir los gastos asociados a esta actividad voluntaria en la declaración del impuesto sobre la renta. La Dirección General de Tributos (DGT) resuelve esta duda en una reciente consulta (pincha aquí para leerla) planteada por un letrado jubilado que se dedica voluntariamente a asesorar gratis a los vecinos de determinados barrios de su ciudad.

En el desarrollo de esta labor voluntaria, realiza una serie de desembolsos (desplazamientos, teléfono y demás gestiones) que sufraga con su pensión mensual, y cuestiona si deberían tenerse en cuenta como gastos deducibles a efectos de la renta.

La DGT aclara, en primer lugar, que las cantidades percibidas por el abogado en concepto de pensión de jubilación, se consideran plenamente sometidas a tributación por el IRPF como rendimientos de trabajo. Así lo establece el artículo 17 de la ley de impuesto.

En segundo lugar, el órgano de gestión examina qué gastos son deducibles, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la ley. Pero, según señala la DGT en su respuesta, los que enumera el consultante no se encuentran incluidos en esta relación, y por tanto no son considerados como gastos deducibles en la declaración de la Renta.

Ente los contemplados en la ley, y que el letrado no puede deducirse por no estar ejerciendo, el de la cotización a la Seguridad Social o mutualidades generales obligatorias de funcionarios, y las cuotas satisfechas a los sindicatos y colegios profesionales.

También se considera un gasto deducible, por ejemplo, los derivados de la defensa jurídica en litigios suscitados entre el contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos (con el límite de 300 euros anuales).

Finalmente, la DGT contesta consecuentemente al letrado: “los gastos de desplazamientos, teléfono y demás gestiones en que incurre no se encuentran dentro de los gastos deducibles para el cálculo de los rendimientos netos del trabajo y, por lo tanto, no podrá considerarlos como tales en su declaración del impuesto”.
(Cinco Días, 14-03-2018)

Justicia inicia la tramitación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa
El Ministro de Justicia ha iniciado la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, una norma que pretende recoger en un único texto legal los derechos y deberes de los abogados, así como los de los ciudadanos que solicitan los servicios de un letrado. Hasta el próximo 27 de marzo, cuando acaba el plazo de consulta pública previa, los afectados o interesados podrán hacer sus aportaciones a través de la web del departamento que dirige Rafael Catalá.

La Ley pretende acabar con la dispersión existente en esta materia, cuya regulación se encuentra repartida entre las normas de los distintos órdenes jurisdiccionales y otras del ámbito de la Justicia, y, además, “remover los obstáculos” para que el derecho defensa “sea real y efectivo en nuestra práctica cotidiana”, según el Ministerio.

La norma, que tendrá rango de ley orgánica por afectar a un derecho fundamental, además de las relaciones abogado-cliente, también pretende dar certidumbre a los profesionales en su trato con los juzgados y tribunales.
(El País, 14-03-2018)

 
 
 
 
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