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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 16 DE MARÇ DE 2018

Laboral

Convenio de Seguridad Social entre España y China
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Popular China, hecho en Bad Neuenahr el 19 de mayo de 2017.
(BOE, 16-03-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 15 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 15 de marzo de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 16-03-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/index.php?d=66&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 16 DE MARÇ DE 2018

Fiscal

Bruselas propone un recargo fiscal a las grandes tecnológicas
La Comisión Europea tiene previsto aprobar el próximo miércoles (21 de marzo) un plan legislativo para aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas del sector digital y garantizar que pagan parte de sus impuestos en los países donde cuentan con mayor número de usuarios y donde generan los mayores beneficios.

La propuesta incluye un nuevo impuesto a las empresas digitales que superen un determinado umbral de facturación (el borrador del proyecto lo cifra en 750 millones de euros) y un determinado umbral de ingresos por los servicios digitales prestados en la UE (el proyecto habla de una horquilla de entre 10 millones y 20 millones).

El plan completo plantea una solución definitiva al problema de la elusión impositiva a través de una directiva que permita a los Estados aplicar el impuesto de sociedades a empresas que no tengan presencia física en su territorio.

"Sin embargo, una reforma de las normas del impuesto sobre sociedades llevaría tiempo y hay una gran presión política de los Estados miembros para adoptar medidas a corto plazo con un alcance más limitado", señala el documento elaborado por el departamento de Pierre Moscovici, comisario europeo de Fiscalidad.

El año pasado, las cuatro grandes economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) ya reclamaron con urgencia un "impuesto igualador" para evitar que las empresas digitales trasvasen los ingresos de sus mercados hacia países donde apenas pagan impuestos como Irlanda o Luxemburgo. Bruselas teme que cada país adopte su propia solución para frenar la hemorragia fiscal. "Para evitar una acción unilateral de los Estados y preservar el mercado único, es necesario que la Comisión actúe", señala el documento de Moscovici.

Moscovici propone una solución rápida consistente en establecer un impuesto (deducible del de sociedades) para todas las empresas del sector digital, incluidas las europeas, que superen los umbrales de facturación previstos. Bruselas quiere que el tipo de imposición sea el mismo en toda la UE y sugiere una horquilla de entre el 1% y el 5%, por lo que la propuesta definitiva podría situarse en el 3%.

El potencial de recaudación, con un gravamen del 5% podría llegar hasta los 7.800 millones de euros al año, según datos citados por Financial Times. Con el 3% se quedaría en 4.800 millones. El impuesto se calcularía a partir de los ingresos obtenidos por las empresas por dos tipos de servicios.
(Expansión, 16-03-2018)

Qué se puede hacer (y qué no) con la nueva app de la Agencia Tributaria
Los contribuyentes que quieran ya pueden descargar en sus teléfonos móviles la nueva aplicación de la Agencia Tributaria que permite acceder a los datos fiscales a partir de hoy y presentar la declaración de la renta cuando empiece la campaña el próximo 4 de abril. El director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, avanzó que casi 47.000 personas se han bajado la nueva aplicación en las primeras horas de la puesta en marcha de este proyecto. La aplicación está disponible para los usuarios de Apple y Android. Basta buscar "Agencia Tributaria" y le aparecerá la app.

¿Qué se necesita para descargar la aplicación? Una vez descargada la aplicación, el usuario deberá identificarse. Para ello, será necesario que el usuario obtenga un número de referencia, que se puede lograr a través de un certificado electrónico o la clave PIN. La mayoría de contribuyentes, sin embargo, no tienen acceso a estas vías. En este caso, deberán indicar su DNI, la fecha de caducidad y la casilla 450 de la declaración del ejercicio anterior 2016. Con estos datos, la aplicación ya reconocerá al contribuyente y podrá empezar a interactuar con la aplicación.

Datos fiscales: Si bien la declaración no se puede presentar hasta el 4 de abril, la aplicación ya permite al contribuyente acceder a sus datos fiscales. De hecho, esta es la principal función que tiene por el momento la App. Los datos fiscales permiten conocer qué información relevante para la declaración de la renta tiene la Agencia Tributaria. Aparece el domicilio fiscal, los rendimientos del trabajo y/o actividades económicas, la información catastral de los inmuebles en propiedad, los rendimientos del capital, etcétera.

Presentación de declaraciones: La Agencia Tributaria calcula que 4,8 millones de contribuyentes podrán presentar a partir del 4 de abril su declaración de la renta a través de la aplicación. En este colectivo, se encuentran los contribuyentes con declaraciones más sencillas. El resto de contribuyentes, accederán también a su borrador y la Agencia Tributaria le redirigirá a Renta Web para que realice las modificaciones pertinentes o aporte más información. Una vez realizado este trámite, puede volver a la app y presentar su declaración.

Cuando finalice este proceso, la aplicación informará de que la declaración se ha presentado de forma correcta y se proporcionará el Código Seguro de Verificación (CSV) que certifica la validez de la presentación de la declaración y permite acceder a ella en la web de la Agencia Tributaria. Además, también se ofrece la posibilidad de visualizar y guardar la declaración en formato pdf.

Avisos tributarios: La aplicación también da la opción a que el contribuyente dé su permiso para que la Agencia Tributaria le realice avisos personalizados a su teléfono. Así, Hacienda lanzará mensajes al contribuyente para informarle del estado de la devolución o también de noticias y novedades.
(Expansión, 16-03-2018)

Laboral

El Supremo avala subcontratar el control de la salud de los trabajadores
Las empresas pueden encargar a una compañía externa el control de los empleados que faltan al trabajo por motivos de salud, siempre que el convenio no lo impida. El Tribunal Supremo avala en una reciente sentencia esta práctica (accede al texto pinchando aquí), amparada en el poder de dirección del empresario, que no vulnera ningún derecho de los trabajadores, siempre que se realice dentro de los límites de la buena fe y sea proporcional con los objetivos buscados.

Unisono Soluciones, empresa de 4.000 empleados y perteneciente al sector ‘contact center’, subcontrató con una compañía externa el servicio de reconocimiento de los trabajadores ausentes por motivos de salud. El protocolo consistía en citar al trabajador incluso inmediatamente después de que se produjera esta falta de asistencia. Si los trabajadores no acudían a la cita tras haber sido notificados por teléfono, por sms o por burofax, la empresa les podía suspender la mejora de la prestación por la situación de incapacidad temporal (hasta completar el 100% del salario).

Los sindicatos impugnaron la decisión empresarial en demanda de conflicto colectivo, alegando su nulidad por vulnerar el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores y que solo la Mutua puede llevar a cabo este reconocimiento médico. La Audiencia Nacional rechazó sus pretensiones, otorgando únicamente el derecho al reintegro de los gastos ocasionados por la cita médica.

En cuanto al protocolo de actuación acordado, el Supremo no encuentra ilegalidad alguna. Aunque los empleados disponen de 72 horas para entregar el parte de baja, ello no impide que la empresa pueda comprobar desde un inicio el motivo de la ausencia. Destaca, además, la flexibilidad otorgada en su cumplimiento, previendo contactos por Skype o visitas a domicilio. Se trata de un mero control de ausencias al margen de la función que corresponde a las Mutuas, de reconocimiento o denegación de la baja por incapacidad temporal.
(Cinco Días, 16-03-2018)

La UE sonroja a España por la falta de cobertura social de los autónomos
La Unión Europea ha elaborado un informe titulado 'El pilar de los derechos sociales. El acceso a la protección social de los trabajadores europeos'. En él se informa sobre una serie de circunstancias de desigualdad social en el trabajo, que se están dando en los países miembros.

Estas circunstancias han sido representadas con una serie de ejemplos y casos reales. De las escenas que se describen como acciones a corregir, tres de ellas están relacionadas con las diferencias de cobertura que tiene un trabajador autónomo frente a asalariados. Las tres se dan en España de forma exacta, lo que parece un mensaje claro sobre la necesidad que tiene nuestro país de corregir las coberturas en este tipo de profesionales.

En el documento, la UE compara la actividad de un trabajador por cuenta propia con la de uno que trabaje por cuenta ajena. El primero de los casos que expone la Comisión Europea se centra en las bajas por enfermedad. Una persona con contrato indefinido a tiempo completo tiene derecho a prestaciones por enfermedad que compensan la pérdida de los ingresos en caso de que haya una enfermedad prolongada. Sin embargo, un empleado autónomo tiene unas prestaciones menores en ese sentido.

El empleado contratado en una empresa sí que percibirá un ingreso durante el tiempo de la baja, mientras que el autónomo no tiene suficientes coberturas para mantener el nivel de ingresos que tendría si siguiera trabajando con normalidad. Una situación de desigualdad que la Comisión pone de relieve en su informe.

En el segundo de los casos, un joven autónomo sufre un accidente durante su jornada laboral. Esto le provoca una lesión permanente. Al no disponer de cobertura para accidentes de trabajo, debe usar sus ahorros para pagar el tratamiento médico. Unos ahorros de los que no dispondrá para pagar el alquiler y los estudios si está aún formándose.

Por último, una persona que ha trabajado durante 5 años contratado a tiempo completo decide hacerse autónoma y montar un negocio. Un año después quiebra su negocio, pero el sistema no le permite reclamar el paro, pese haber estado contribuyendo al sistema durante cinco años. Al menos no en las mismas condiciones de acceso que tendría un asalariado.

España deberá trabajar para adoptar las recomendaciones que le hace la UE sobre el acceso a la protección social para los autónomos. Entre ellas destaca ampliar la cobertura de las prestaciones por enfermedad a las personas con empleo, hacer lo mismo con la cobertura por accidentes y garantizar los derechos como la prestación por desempleo a lo largo de la carrera de una persona.
(El País, 16-03-2018)

El Gobierno llama primero a los sindicatos para negociar las pensiones mínimas
La ministra de Empleo anunció este jueves desde Bruselas el inicio de las negociaciones para subir las pensiones mínimas y las de viudedad, anteponiendo a los partidos políticos los contactos con los sindicatos y la patronal. Fátima Báñez recordó que esta iniciativa, presentada por el presidente del Gobierno el miércoles en el transcurso del pleno monográfico de pensiones, es un esfuerzo adicional en el marco de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Además de estos contactos con sindicatos, patronal y partidos políticos, que deben desarrollarse en un corto periodo de tiempo, pues el anteproyecto de las Cuentas Públicas se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo 27 de marzo, Fátima Báñez hizo mención al Pacto de Toledo, del que espera salga un acuerdo "allá por la primavera".

A raíz de las informaciones publicadas donde se habla de un aumento de 100 euros al mes para las pensiones de viudedad, la titular de Empleo ha pedido que no se den cifras, porque eso dependerá del debate con los agentes sociales y las fuerzas políticas. No obstante, precisó: "Cuando tengamos algún avance más, se lo comunicaremos", subrayando de antemano que en estos momentos se está tramitando un Real Decreto sobre la subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52% al 60%.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, adelantó el jueves que la subida de las pensiones de viudedad que anunció el presidente Mariano Rajoy será "importante", aunque tampoco precisó cuantía alguna, si bien dijo que es en el ámbito de las pensiones de viudedad donde este país debe hacer máximo esfuerzo.

Tras participar en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores celebrado en Bruselas, Báñez aventuró que habrá buena disposición y acuerdo para subir específicamente más las pensiones mínimas y las de viudedad.

La ministra también aprovechó su intervención ante los medios para reclamar al PSOE más seriedad y responsabilidad ante propuestas como el impuesto a la banca, que no podría ni cubrir los 3.800 millones de euros anuales de gastos en pensiones por incorporaciones al sistema y la esperanza de vida.

En una semana de pensiones, este jueves la Comisión de Empleo del Congreso instó al Gobierno a derogar de forma inmediata el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida que entrará en vigor en 2019 por considerarlo injusto, ya que rebajará la cuantía inicial de la pensión, y ha pedido alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo.

Finalmente, PDeCat sacó adelante una proposición no de Ley pactada con el PSOE y Unidos Podemos que también pide revalorizar las pensiones en 2018 el 1,6%, y establecer una cláusula de desviación de inflación para el supuesto de que el IPC sea superior al previsto. La iniciativa fue rechazada por el PP y recibió la abstención de Ciudadanos y PNV.
(El Mundo, 16-03-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

La AEB propone la reelección de Roldán como presidente de la patronal bancaria
El consejo general de la Asociación Española de Banca (AEB) ha acordado proponer a la próxima asamblea general la renovación de José María Roldán como presidente. Así, el actual presidente de la patronal bancaria se mantendrá en el cargo durante cuatro años más si así lo decide la asamblea general de la AEB el próximo 12 de abril.

Los estatutos de la AEB establecen que el presidente debe ser presentado "de forma consensuada" por los cinco bancos con mayor volumen de activos que hayan nombrado vocales en el consejo, que son Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter y Deutsche Bank, mientras que la designación corresponde a la asamblea general.

Roldán, quien fuera director general de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco de España entre 2000 y 2013, fue nombrado presidente de la AEB en abril de 2014 en sustitución de Miguel Martín, actual presidente de la Fundación AEB.
(Cinco Días, 16-03-2018)

Las empresas españolas prefieren los tribunales frente al arbitraje
Las compañías españolas tienen claras las ventajas del arbitraje: ahorro de tiempo y cortes especializados en cada materia. Sin embargo, la mayoría prefiere acudir a los tribunales a la hora de resolver sus problemas. Aunque los porcentajes van igualándose, todavía el 53% de las firmas se decanta por la jurisdicción ordinaria, frente al 47% que opta por la vía extrajudicial.

Para las empresas, las ventajas están claras y las que más valoran son la especialización y el conocimiento técnico sobre la materia; la cualificación exigida al árbitro; y la rapidez del procedimiento. Por eso, siete de cada diez compañías consideran que se trata de una fórmula adecuada para resolver conflictos (porcentaje que escala hasta el 89% cuando se trata de disputas internacionales), según se desprende del I Estudio de Arbitraje en España, elaborado por Roca Junyent.

En términos generales, las sociedades sí tienen en cuenta el arbitraje y lo valoran positivamente, hasta el punto de que el 80% considera que la redacción de una cláusula arbitral en un contrato es esencial y determinante a la hora de negociar. Es más, también destacan la seguridad jurídica que ofrece, ya que ni siquiera el 10% de los laudos recurridos es anulado. Entonces, ¿por qué a la hora de la verdad lo utilizan menos de la mitad?

Parece ser que los inconvenientes de esta vía extrajudicial siguen pesando más a la hora de elegir la fórmula para dirimir un conflicto. Concretamente, el sector privado se queja de los costes de los arbitrajes, que consideran demasiado elevados. Pero, además, tampoco les convence "la tendencia del árbitro a alcanzar una decisión salomónica" o la inexistencia de jurisprudencia que pueda usarse en otras disputas.

Por tanto, desde Roca Junyent señalan que, "aun cuando puede concluirse que el arbitraje se encuentra asentado como método de resolución de controversias en España, parece que todavía queda mucho camino por recorrer".
(Expansión, 16-03-2018)

"Daremos una respuesta firme a los aranceles de EEUU"
Los problemas se acumulan sobre la mesa de trabajo de Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros. A las preocupaciones por la reforma del euro, la solución de la crisis griega o la lucha contra la elusión fiscal de algunas grandes firmas tecnológicas se suma ahora el enfrentamiento abierto con la Administración Trump después de que impusiera aranceles al acero y al aluminio. "Todos pensamos que las guerras comerciales son malas, nadie gana y todo el mundo pierde", señala Moscovici.

La prioridad en Bruselas sigue siendo encontrar una solución dialogada que evite que la UE se vea afectada por unas medidas que entrarán en vigor ya la próxima semana. Pero el comisario avisa: "Si no encontramos una solución mediante el diálogo, tendremos que actuar". La reunión celebrada esta semana ha servido para que la Comisión Europea consensue con los ministros de Economía de la UE las "contramedidas" con las que responderá a la subida arancelaria de Trump. Y Moscovici destaca que todos están de acuerdo en que "no la podemos aceptar, debemos dar una respuesta firme, proporcionada y unánime".

Según explica, en Bruselas ya se ha confeccionado "una lista de productos" exportados por Estados Unidos a los que se podrían retirar las facilidades de acceso al mercado europeo. Se trata de productos industriales, acero, zumo de naranja, crema de cacahuete o bourbon; sobre los que se podría aplicar un arancel de hasta el 25%.
(El País, 16-03-2018)

 
 
 
 
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