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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 20 DE MARÇ DE 2018 Laboral Estrategia Española de Economía Social 2017-2020 Mercantil, Civil i Administratiu Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 9 de marzo de 2018 Euro Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/ RECULL DE PREMSA DEL 20 DE MARÇ DE 2018 Fiscal Hacienda recauda 14.792 millones por la lucha contra el fraude en 2017 Por actividades directas de control, la Agencia Tributaria recaudó 9.505 millones, un 0,3% menos. Por la minoración de devoluciones, otros 4.715 millones, un 2,7% menos. Por declaraciones extemporáneas, el capítulo más volátil, Hacienda obtuvo 571 millones, un 13,3% más. El presidente de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, pidió que no se ponga solo el foco en los números y que se reconozca la “meritoria” labor de los funcionarios. Destacó que Hacienda realizó 117.380 actuaciones nominales de comprobación e investigación, un 8,3% más. Esta actividad generó una deuda liquidada de 5.378 millones, un 1,3% más. De este importe, el 42% procedió de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Hacienda rechaza la idea de que el fisco se centre en los fraudes de menor cuantía. En el año 2017, la Agencia Tributaria puso en marcha un plan de control del IVA que consistía en impulsar las actuaciones presenciales destinadas al control in situ en sectores que se consideran de especial riesgo. Se incrementaron los peinados de Hacienda un 35%. Estas inspecciones presenciales deberán dar frutos en años posteriores, sin embargo, Hacienda destaca que ya se ha producido un efecto inducido. Los negocios inspeccionados han incrementado un 10% el importe de sus declaraciones de IVA. La Agencia Tributaria también ha puesto en marcha programas informáticos que rastrean la red y realizan un uso intensivo de la información a partir del big data en busca de indicios de fraude. Ello permite hallar indicios de planificaciones fiscales agresivas, sociedades interpuestas o detectar a contribuyentes con símbolos externos de riqueza que no se corresponden con lo declarado. Estas medidas han permitido liquidar una deuda de 332,8 millones. Durante la presentación de los resultados contra el fraude, Menéndez destacó especialmente la caída de la deuda pendiente de cobro, que asciende a 42.365 millones. El importe se redujo en 3.500 millones en 2017. La Agencia Tributaria destaca que el descenso es una consecuencia del endurecimiento de las normas antifraude, que facilitan adoptar medidas cautelares e investigaciones patrimoniales, embargar bienes, endurecer los aplazamientos o exigir responsabilidades a terceros distintos del deudor principal. Hacienda aprobó el año pasado 4.100 medidas cautelares como embargos para evitar vaciamientos patrimoniales. Es decir, la Agencia Tributaria se anticipa para evitar que los contribuyentes con deudas se deshagan de sus bienes. El Defensor del Pueblo pide un IVA reducido para la electricidad En su informe anual, el Defensor del Pueblo recuerda que la electricidad es esencial para una vida digna y recuerda que la muerte de una anciana en Reus en el incendio de su vivienda que iluminaba con velas, manifiesta “las carencias de un sistema que no estaba concebido para proteger los derechos de las personas y las necesidades mejorarlo”. A su juicio, se han dado pasos para reconocer el carácter esencial del suministro, como la nueva regulación del bono social, que hasta la fecha ha tenido “un diseño técnicamente defectuoso”, que ha hecho que personas con dificultades de pago estuvieran excluidas y al mismo tiempo se destinaran recursos del sistema “a financiar la factura eléctrica de quienes no lo necesitan”. La institución ha analizado el coste de la electricidad en España, que es el segundo más caro de la UE para consumidores domésticos después del de Irlanda, y critica que la factura se esté empleando para sufragar costes “que no tienen relación con la lógica de mercado”. La OCDE recomienda a España reducir la fiscalidad a los bajos salarios En su informe anual Apuesta por el Crecimiento publicado hoy, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subraya que la desigualdad en España es superior a la media de sus países miembros, por la caída de los ingresos de los segmentos más pobres durante la crisis y por “varios años consecutivos de moderación salarial”. En cabeza de sus recomendaciones para hacer frente a esa situación, figura la de hacer el sistema tributario más eficaz y progresivo, lo que pasa por reducir “aún más la presión fiscal sobre los trabajadores con salarios bajos”, tanto los que tienen contratos indefinidos como temporales. En una línea paralela, se pronuncia por eliminar gradualmente las exenciones al impuesto sobre la renta, al impuesto de sociedades, al IVA y a los impuestos medioambientales. Sobre estos últimos, considera que deben incrementarse, entre otros, los que se aplican a los carburantes destinados al transporte por carretera. De forma específica, la fiscalidad del gasóleo debería equipararse a la de la gasolina. La OCDE reconoce que ha aumentado la eficacia del sistema tributario con la ampliación de la base imponible del impuesto de sociedades, con el ascenso de las tasas sobre el alcohol y el tabaco y con el nuevo sistema electrónico para declarar el IVA para luchar contra el fraude. Otro de los puntos en los que insisten los autores del informe es en que mejorar el acceso a la formación profesional y universitaria en España y ajustarla a las necesidades del mercado laboral recortaría el elevado desempleo juvenil (el segundo más alto de los países miembros) y aumentaría la productividad. Para la formación profesional, se trata de continuar su desarrollo y modernización, ampliar los programas de educación dual (con prácticas) y velar por que los empresarios tengan un mayor peso en el diseño de los contenidos. Para la universidad, propone incrementar la especialización y no disminuir las becas hasta que haya otras alternativas de financiación como préstamos reembolsables. Laboral El Defensor del Pueblo advierte de que subir las pensiones un 0,25% puede ser inconstitucional Esta situación, alerta el Defensor del Pueblo, "podría suscitar dudas" respecto a la previsión constitucional, recogida en el artículo 50 de la Carta Magna, que insta a los poderes públicos a garantizar mediante pensiones adecuadas "y periódicamente actualizadas", la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. La nueva fórmula de revalorización de las pensiones, que liga su actualización a la evolución financiera de la Seguridad Social, volvió a ser en 2017 motivo de "numerosas quejas" de ciudadanos y asociaciones al Defensor del Pueblo. De hecho, la institución recibió el año pasado casi 45.200 firmas (de ellas 13.016 y 7.176 procedían de los defensores autonómicos de Galicia y Aragón) solicitando la convocatoria de un referéndum para una reforma constitucional que establezca el carácter público de las pensiones y su revalorización automática. "Estas peticiones han sido constantes desde el año 2013 y en todas las ocasiones se ha dado traslado de su contenido a la presidencia del Congreso y del Senado. La intención principal de este colectivo es suscitar un debate sobre el modelo de pensiones y sus posibilidades de proyección futura, cuestión que deberá debatirse en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo, con el mayor consenso posible", explica. El Defensor del Pueblo rechazó en su día presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva fórmula de revalorización de las pensiones al entender que fue una opción del legislador, que debe quedarse en el debate político y social, y también porque ya fue recurrida por siete fuerzas políticas con representación en el Parlamento. Ahora bien, ello no impide que el Defensor del Pueblo advierta de las consecuencias de mantener en el tiempo esta fórmula de revalorización, pues en los primeros años de su aplicación no afectó apenas al poder adquisitivo de los pensionistas, pero a partir de la recuperación de la inflación (en 2017 ya comenzó la tendencia), empobrecerá a los pensionistas. Y ahí, dice, es cuando esta situación podría chocar con el artículo 50 de la Constitución. Ésta es una de las principales "vulnerabilidades" que aprecia el Defensor del Pueblo en lo tocante a la adecuación de las pensiones, junto a la "modesta" cuantía de las mismas y la existencia de una brecha de género tanto en el acceso a la pensión como con su importe. Concretamente, el Defensor del Pueblo evidencia que el 60% de las pensiones no supera los 800 euros mensuales, con una cuantía media que ronda los 925 euros. "Tales cifras permiten alertar de que algunos indicadores comparados sobre la generosidad de nuestras pensiones ofrecen una fotografía del sistema español algo distorsionada, en buena medida como consecuencia de la fuerte devaluación salarial de los últimos años", agrega. Asimismo, el Defensor del Pueblo llama la atención sobre el hecho de que el porcentaje de mujeres de entre 60 y 79 años con derecho a una pensión es un 13% inferior al de varones y considera incluso "más preocupante" que la proporción de mujeres que acceden a una pensión de jubilación es un 40% inferior. Asimismo, la brecha en la cuantía media de las pensiones (tanto de jubilación como del total) roza también el 40%. Mercantil, Civil i Administratiu Fomento lanza un plan para multiplicar por diez el número de drones en España El ejecutivo cree que este sector, “en el que España tiene una posición de liderazgo”, podría multiplicar por 10 el uso de estas aeronaves en los próximos 15 años, de ahí que haya puesto en marcha un plan para que la industria de drones española sea competitiva a nivel mundial. En concreto, el ministro apuntó que el plan contempla pasar de los 4.375 vehículos aéreos no tripulados de uso profesional que existen hoy en España a 51.400 en 2035, lo que generará para esa fecha 11.000 empleos y un volumen de negocio anual de 1.220 millones. El titular de Fomento aseguró ayer que ante el empuje de vive este sector a nivel global (con casi 700 grandes fabricantes de drones en el mundo), “es el momento de actuar” y subrayó que el plan que ponen en marcha es “pionero en Europa”, además de ser una pieza complementaria al Plan de Innovación presentado por Fomento en noviembre. De la Serna destacó el carácter “transversal y multidisciplinar” del plan en un sector en el que España, dijo, ocupa ya la tercera posición en Europa tras Francia y Polonia en cuanto a número de operadores. “De los 17.000 que hay en Europa, un 16% son españoles”, destacó el ministro. Hoy, en España hay 3.000 operadores registrados que desarrollan su labor en actividades como la agricultura, la minería, la obra civil o el mantenimiento de infraestructuras, siendo la fotografía y la filmación las actividades más numerosas desarrolladas. También hay más de 70 entidades destinadas a la formación de pilotos de drones y tres aeródromos especializados (en Barcelona, Lugo y Jaén), que sitúan al país en una “situación ventajosa”. De la Serna apuntó que España cuenta igualmente con más de 50 empresas dedicadas al diseño y construcción de drones. Aun así, resaltó, “hay mucho camino por hacer”, pues se trata de un sector muy atomizado, pues en España el 70% de las empresas del sector tiene menos de 10 empleados y facturaciones modestas; la mayoría no sobrepasa los 50.000 euros. El Plan estratégico presentado en Fomento cuenta con cuatro ejes principales, ocho líneas estratégicas y 29 iniciativas concretas. Según De la Serna, los cuatro ejes de desarrollo tienen como objetivo conseguir la implantación de la normativa aprobada el pasado diciembre, así como la elaboración de la normativa europea (actualmente en fase de definición); impulsar el crecimiento de las empresas del sector, a través del impulso del I+D+i del sector; ofrecer información sobre esta industria, y llevar a cabo actuaciones de coordinación entre las diferentes administraciones. Bruselas y Londres pactan retrasar hasta 2021 el Brexit definitivo "Hemos alcanzado un acuerdo sobre el periodo de transición", señaló Barnier con satisfacción durante una rueda de prensa en Bruselas junto al secretario de Estado británico para el brexit, David Davies. El periodo durará hasta el 31 de diciembre de 2020. "Estamos ante un paso decisivo", ha señalado Barnier tras concluir una ronda de negociaciones que ha calificado como "intensa". El equipo de Barnier y el de Davies han regateado desde el viernes (16 de marzo) hasta la madrugada de este lunes para pactar un acuerdo de transición "que permitirá a la administración y a las empresas británicas prepararse para el futuro y que también da tiempo a la UE", según resume Barnier. El período transitorio, solicitado por la primera ministra británica, Theresa May, permitirá a las empresas seguir operando con total normalidad tras la salida oficial del Reino Unido el 29 de marzo de 2019. Un plazo reclamado con insistencia por las compañías con actividad a ambos lados del canal de la Mancha, que temían verse abocadas a final de este año a una readaptación abrupta si no se logra un pacto sobre el periodo transitorio. May dijo este lunes que el acuerdo demuestra que con "buena voluntad" de ambas partes "podemos llegar a un acuerdo para el futuro que sea de interés para el Reino Unido y de interés para la Unión Europea". La primera ministra intenta presentar el acuerdo como una victoria. "Creo que el mensaje que el pueblo puede sacar de esto es que antes de diciembre, la gente cuestionaba si íbamos a tener un acuerdo entonces. Y lo tuvimos. La gente cuestionaba si tendríamos un acuerdo hoy y lo tenemos", ha señalado May. Sin embargo, los términos del pacto apuntan a una clara victoria, otra más, de la Unión Europea. Londres ha tenido que comprometerse a reconocer los mismos derechos a los ciudadanos que lleguen a territorio británico durante el período de transición que a los ya residentes antes del 29 de marzo. El gobierno de May también acepta aplicar sin rechistar la legislación comunitaria durante los 21 meses de transición, incluso la que se apruebe después del 29 de marzo de 2019 sin que Reino Unido pueda opinar ni votar. Más humillante aún parecen las concesiones sobre Irlanda del Norte, porque Londres acepta que ese territorio británico siga dentro del mercado interior europeo mientras no se logre una solución que evite colocar una frontera física con la República de Irlanda (socio de la UE). A cambio, Reino Unido ha logrado la posibilidad de poder negociar acuerdos comerciales con terceros países durante el período de transición, una demanda de Londres para empezar a recolocarse en la escena comercial global. El presidente de EE UU, Donald Trump, ofreció el año pasado a Londres una rápida negociación para un acuerdo bilateral. Los países del G-20 presionan a EEUU para evitar que imponga aranceles defensivos Al término del primer día de sesiones, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo que habló directamente con el secretario del Tesoro de los EEUU, Steve Mnuchin, sobre el asunto para explicarle que, si bien reconocen que hay un "exceso de capacidad de acero en el mercado", la solución "no es introducir cualquier medida unilateral ni una guerra comercial" con Europa. "Se lo dije bien claro a Mnuchin: esperamos que la Unión Europea sea totalmente exceptuada de estas nuevas tarifas americanas para el acero y el aluminio. Europa no es el origen del problema", dijo el ministro francés, en una referencia a la industria subvencionada de China, pero sin nombrarla. El ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, trató como anfitrión de centrar la agenda en otros temas de fondo menos polémicos, pero también se reunió con Mnuchin para pedirle que deje a Argentina fuera de esas tarifas, mostrando así su inquietud. La misma inquietud que manifestó su par de Alemania, Olaf Scholz. "Debemos procurar que el proteccionismo no determine el escenario mundial, sino que lo continúen haciendo los mercados abiertos", dijo. Al final del día ya no quedaban dudas de que el tema comercial se había llevado toda la atención. "Se habló sobre el riesgo de una guerra comercial y las consecuencias negativas que tendrá para el actual clima de crecimiento económico global", dijo el jefe del Bundesbank alemán, Jens Weidmann. "Está claro que una escalada de este tipo al final sólo traerá perdedores. Por eso, la posición mayoritaria fue que los conflictos sean resueltos de acuerdo al sistema de comercio basado en las reglas vigentes", agregó Weidmann. Sector Cómo asegurar la validez de los Whatsapp en un juicio De entre todas las aplicaciones que canalizan las nuevas formas de comunicarse, Whatsapp es la más empleada por los españoles. Nueve de cada diez usuarios la tienen instalada en el móvil y, de los mismos, la práctica totalidad la usan a diario, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. En este contexto, resulta fundamental que los abogados sepan cómo aportar al procedimiento los comentarios, archivos o fotografías enviados por Whatsapp y que pueden constituir una prueba esencial para la pretensión de su cliente, de tal manera que el juez o tribunal le otorguen validez y no pueda ser impugnada eficazmente por la contraparte. Una de las jurisdicciones en la que las comunicaciones a través de redes sociales y otras apps han incrementado exponencialmente su presencia es la laboral. Ya no resulta extraño que los juzgados deban pronunciarse sobre un despido comunicado a través del móvil o una sanción disciplinaria por los mensajes vertidos en Facebook o Instagram. En los procedimientos, las comunicaciones realizadas por Whatsapp topan con dos causas de impugnación: la licitud de la obtención del contenido de la conversación y el cuestionamiento de la autenticidad e integridad de la misma. El artículo 90.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social advierte de que no serán admitidas las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan una violación de derechos fundamentales. “En estos casos, el alegato estrella de los demandantes, es que la empresa ha obtenido la prueba violando el derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones; sin embargo, existen muchas sentencias que han descartado la vulneración en procedimientos en los que se han utilizado capturas de Whatsapp”, explica Vidal, que el 22 de marzo imparte en ESADE una ponencia sobre cómo aportar los mensajes vertidos en redes sociales y apps en el proceso laboral. En efecto, son múltiples las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) que avalan esta postura. El TSJ de La Rioja, en una sentencia del 22 de enero de 2016, determinó que la entrega de los Whatsapp a la empresa por un compañero de trabajo receptor de éstos, no vulnera el secreto de las comunicaciones. Y, en la misma línea, el TSJ de Cataluña validó el despido disciplinario de la directora de una guardería por sus burlas contra un niño en un grupo que compartía con varias empleadas, después de que una de ellas entregara a la empresa la transcripción literal de la conversación. El TSJ andaluz, en una resolución del 22 de noviembre de 2017, recoge la posición de todas ellas al aseverar que “la difusión a terceros por parte de una de las partícipes en el chat de Whatsapp del contenido de los mensajes, no vulnera el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones”. Y es que, de acuerdo con la doctrina constitucional, no hay secreto para aquel a quien se dirige la comunicación. En relación a la validez de la prueba, Vidal advierte de que “lo normal es que se entienda que la mera captura de pantalla no es suficiente y se requieran medios de prueba instrumentales o adicionales para acreditar su integridad y autenticidad”. En este sentido, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una sentencia de 19 de marzo de 2015 (de la que fue ponente el magistrado Manuel Marchena) subrayó que la prueba de una comunicación bidireccional mediante un sistema de mensajería instantánea debe ser abordada “con todas las cautelas” dada la “posibilidad de manipulación de los archivos digitales”. Así, “será indispensable”, en caso de impugnación de la autenticidad de la conversación, “la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la integridad de los interlocutores y la integridad de su contenido”. Según apunta Vidal, es “recomendable” que, quien aporte esos pantallazos, acuda a juicio con medios que prueben su autenticidad, aunque éstos no se circunscriben únicamente a la prueba pericial, pudiendo servirse también, por ejemplo, de la testifical de alguno de los interlocutores. Las 'Big Four' registran su mayor ritmo de crecimiento en casi una década Los servicios de auditoría siguen siendo el negocio central de las Big Four. Con 840 millones de euros de ingresos, un 40% del total, esta división creció un 4,51% en 2017 pese a seguir cediendo terrenos a otras áreas como consultoría, que pesa ya casi un 33% de los ingresos de estas compañías, con una facturación total de casi 680 millones (+10,4%). Además, estas firmas lograron unos ingresos conjuntos en la práctica de legal y tributario de más de 448 millones, un 4,32% más, y representa casi el 22% del negocio. La buena tracción de la economía y el interés del tejido empresarial por buscar oportunidades de negocio e invertir se perfilan como los grandes puntales de crecimiento de estas compañías. Así, la división de asesoramiento financiero de las dos sociedades -Deloitte y EY-, que desglosan esta área, creció un 17%, hasta los 120 millones de euros. Las Big Four también siguen apostando por la tecnología y ponen el foco en soluciones como big data y ciberseguridad para ganar valor a la hora de ofrecer servicios diferenciales y adaptados a los retos futuros de sus clientes. Por compañías, el primer puesto del podio lo ocupa una vez más Deloitte, que creció un 9,3% en pasado año, hasta los 696 millones de euros, pese a reducir un 2,2% sus ingresos en el área de auditoría, que experimenta la segunda caída anual consecutiva impactada una vez más por la pérdida de cuentas de grandes empresas, tras la entrada en vigor, en junio de 2016, de la Ley de Auditoría. |
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