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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 21 DE MARÇ DE 2018

Fiscal

Modelos, plazos, requisitos y condiciones para la presentación e ingreso de la declaración-liquidación y de la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón
Orden HFP/292/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3947/2006, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los modelos, plazos, requisitos y condiciones para la presentación e ingreso de la declaración-liquidación y de la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón y se modifica la Orden de 15 de junio de 1995, en relación con las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria.
(BOE, 21-03-2018)

Modelos y normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
(BOE, 21-03-2018)

Laboral

Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Orden ESS/294/2018, de 12 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/249/2014, de 13 de febrero, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
(BOE, 21-03-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 20 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de marzo de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 21-03-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/21/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/21/index.php?d=70&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 21 DE MARÇ DE 2018

Fiscal

La Generalitat desobedece al TEAC y exige tributar a las empresas que venden bienes usados
La situación de las empresas que se dedican a la compra de oro a particulares y de bienes usados en general se ha convertido en rocambolesca en Cataluña. Durante años, se mantuvo vivo un litigio entre este tipo de compañías y las administraciones autonómicas, que exigían que las compañías tributaran por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Finalmente, una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) de octubre de 2016 estableció que este tipo de operaciones no están sujetas a ITP y tampoco a IVA. Ello supuso un triunfo para el sector, que ahora espera que el Supremo ratifique.

Sin embargo, la Agencia Tributaria de Cataluña ha optado por desvincularse de la resolución del TEAC y está exigiendo a las empresas de bienes usados que abonen el ITP. El socio del despacho Ático Jurídico, José María Salcedo, asegura que la resolución del TEAC es vinculante para toda la administración y critica el proceder de la Generalitat. Salcedo señala que una de las empresas a quien la Agencia Tributaria de Cataluña le exige el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales forma parte de las miles que trasladaron su sede fuera de Cataluña ante el incremento de la tensión política derivada del proceso independentista. “¿Qué hace una Administración autonómica, vinculada por el TEAC, desobedeciendo el criterio de dicho Tribunal?”, se pregunta Salcedo.

La Agencia Tributaria de Cataluña encargó a su servicio jurídico un documento para defender su derecho a reclamar el ITP a empresas que venden a particulares bienes usados. Entre otros argumentos, el documento sostiene que la resolución del TEAC hace referencia a operaciones de compra de oro a particulares. Salcedo señala que no hay motivos para dar un tratamiento fiscal distinto a las compañías en función del tipo de bienes que adquieran. Además, en otra parte del informe, la Generalitat abre la puerta directamente a exigir también el ITP en el caso de la compra de oro. Salcedo alerta de que todas las empresas dedicadas a la compra de bienes usados se “encuentran en un grave peligro”.
(Cinco Días, 21-03-2018)

Madrid pide a Hacienda recargar las viviendas vacías con hasta un 50% en el IBI
Ahora Madrid quiere que el Ministerio de Hacienda permita al Gobierno municipal establecer un recargo de hasta el 50% en la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en aquellas viviendas permanentemente vacías como medida para moderar los precios al alza del mercado del alquiler que se están registrando en determinados barrios de la capital.

Se pretende generar así un estímulo fiscal para que los propietarios de las viviendas vacías decidan ponerlas en alquiler, de forma que este aumento en la oferta provoque una disminución del precio del alquiler y se desincentiven las prácticas especulativas.

El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, llevará la proposición al Pleno del jueves al amparo del artículo 47 de la Constitución, que establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho.

El Gobierno municipal llevará la proposición al Pleno sosteniéndose en datos como los del censo de 2011, el último disponible, que apuntaba que más de 153.000 viviendas de Madrid, el 10 por ciento, se encontraban vacías. García Castaño ha indicado que ahora ese porcentaje sería menor dado que Madrid está creciendo en población después de ir saliendo de la crisis.

Lo que solicitará el Ayuntamiento de salir adelante esta iniciativa es que el Gobierno central desarrolle reglamentariamente la Ley de Haciendas Locales para poder establecer un recargo en el IBI sobre las viviendas permanentemente desocupadas.

"Queremos con esta proposición que el Gobierno central, que ya en su momento modificó la Ley de Haciendas Locales para incluir un recargo al IBI del 50 por ciento en las viviendas vacías, desarrolle un reglamento de lo que es una vivienda vacía. Es una competencia exclusiva del Gobierno central que en su momento modificó la ley, pero nunca desarrolló el reglamento", ha explicado García Castaño en la presentación de espacios en el distrito Centro a ceder a entidades ciudades cuando han pasado más de diez años desde la modificación normativa.
(Cinco Días, 21-03-2018)

El Gobierno quiere eximir del pago de IRPF a pensionistas con rentas anuales de hasta 17.000 euros
La medida, avanzada ayer por el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, implica que en torno a un millón de jubilados dejarán de tributar por el impuesto. En cualquier caso, es probable que la letra pequeña matice ligeramente el anuncio del político del PP.

Actualmente, ya no pagan el impuesto los pensionistas que no llegan a 12.600 euros, (900 euros al mes en las 14 pagas que abona la Seguridad Social). Según los datos oficiales, 6,1 millones de pensionistas cobran una prestación inferior a los 900 euros al mes y, por lo tanto, no sufren retención. Ello no significa que todos ellos no paguen IRPF. Estarán sujetos al impuesto si obtienen ingresos por otras fuentes.

Un jubilado mayor de 65 años y menor de 75 años que cobra una pensión de 17.000 euros anuales (1.214,3 euros al mes) paga hoy por IRPF 1.558,9 euros. Según el anuncio de Maroto, a partir de este año quedará exento del impuesto y, por lo tanto, ese importe pasará a formar parte de su pensión neta. Dicho de otra forma, su prestación neta pasará de 1.102,9 euros al mes a 1.214,3 euros, un aumento del 10,1% (111 euros al mes).

Habrá que esperar para conocer la letra pequeña de la propuesta de Hacienda. Resulta algo extraño que se deje exento el impuesto a quien gane hasta 17.000 euros y no se aplique ninguna rebaja al jubilado que cobra 17.001 euros. Cabe esperar que para solucionar este error de salto se aplique algún tipo de reducción progresiva para las rentas que superen el umbral de los 17.000 euros.

Las protestas de los jubilados por el incremento del 0,25% aprobado por el Gobierno han surtido efecto y todos los partidos plantean propuestas para elevar las prestaciones. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló recientemente que su departamento también trabaja para establecer algún tipo de ayuda directa para los contribuyentes de mayor edad.

La pensión de jubilación media se sitúa hoy en los 1.077,52 euros (15.085 euros al año) y sufre una retención del 7%. Ello implica abonar por IRPF 1.068 euros. Si se dejara exento del impuesto a las rentas inferiores a 17.000 euros, la prestación de jubilación media quedaría fuera del impuesto y aumentaría un 7,6%.

Según los datos de la Seguridad Social, la medida anunciada por Maroto implicaría que el 76,5% de los contribuyentes que cobran una pensión no pagarían IRPF. A pesar de que ya ahora la mayoría cobra prestaciones por debajo del límite de tributación, la contribución de los pensionistas a la recaudación del IRPF no ha cesado de aumentar en los últimos años. En 2017, pagaron más de 10.000 millones de euros por las retenciones en el impuesto sobre la renta. Es la primera vez que se supera esa cifra. El tipo de retención medio sobre los pensionistas alcanzó el 7,7%, el nivel más alto.

Las pensiones de jubilación tienen la consideración de rendimiento del trabajo y como tal tributan en el IRPF. Hoy, suponen ya el 24% del total de rentas sujetas a IRPF y aportan el 15% de lo que recauda Hacienda por las retenciones sobre el trabajo.
(Expansión, 21-03-2018)

Bruselas plantea un impuesto del 3% sobre ventas de las gigantes tecnológicas
Google, Facebook y Apple se han especializado en localizar de forma ficticia sus operaciones en microfiliales ubicadas en territorios o países donde el impuesto de sociedades es bajo o incluso prácticamente nulo. Y han convertido así la tributación empresarial en una especie agujero negro: los negocios digitales pagan una tasa impositiva media del 9,5% en la Unión Europea (Google ha pagado algún año menos de un 0,1% en Irlanda), cuando las empresas tradicionales pagan más del doble, una media del 23,2%.

“El sistema es injusto y pone en peligro la estabilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros”, según una recomendación de la Comisión a los Veintiocho. Para cambiar esa tendencia, Bruselas propone gravar a las tecnológicas que facturen más de 750 millones (y más de 50 millones en Europa) con un impuesto digital del 3% sobre sus ingresos, lo que supondría una recaudación de unos 5.000 millones de euros anuales para las arcas públicas de los socios europeos.

El brazo ejecutivo de la UE sugiere en realidad una horquilla que va del 1% al 5% —que aportaría hasta 7.000 millones en el caso del gravamen más elevado—, pero se decanta por ese 3% “tras un análisis del impacto de esa medida”, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. Se trata de un impuesto indirecto de carácter temporal para obligar a que paguen al fisco actividades que actualmente escapan de Hacienda, desde la publicidad online a los servicios de plataformas de intermediación o las empresas que les sacan partido a los datos facilitados por los usuarios. Además, Bruselas propone cambios en la base imponible del impuesto de sociedades, de manera que dejen de eludir el pago las empresas que no tienen sus sedes físicamente en territorio de la UE.

El 74% de los europeos exigen a sus Gobiernos que actúen contra la evasión fiscal. Tres cuartas partes de los ciudadanos creen que las reglas actuales son una especie de queso gruyer, con agujeros jupiterinos para las empresas digitales. Y, sin embargo, lo único que han obtenido hasta ahora son vagas promesas: la OCDE —el club de los países ricos— y el G-20 —las economías industrializadas y los emergentes— llevan años mareando la perdiz, jurando y perjurando que ese juego fiscal del gato y el ratón con las grandes empresas toca a su fin.

Europa ha decidido dar un paso porque algunos países han tomado decisiones unilaterales (Francia acaba de imponer una tasa digital) y eso puede socavar el sacrosanto mercado único. “Lo ideal sería una respuesta internacional, pero la UE puede ponerse en cabeza para adoptar soluciones globales a la tributación digital”, apunta la propuesta europea.

Los datos cuentan historias. Y los tipos impositivos que pagan las multinacionales son sangrantes: las empresas aprovechan las disparidades entre los regímenes fiscales nacionales para rebajar su factura de impuestos, con empresas que disfrutan de gravámenes “cercanos a cero en países en los que tienen cuotas de mercado significativas”, según Bruselas. España es uno de esos casos: la factura fiscal de Facebook, Amazon y Google es irrisoria, gracias a entramados que permiten eludir el pago hacia países con tributaciones muy bajas. Algunos de esos países, para más inri, forman parte de la UE: Irlanda, Luxemburgo, Bélgica y Holanda, amén de varios socios del Este, han hecho de la competencia fiscal a la baja un modelo de negocio, casi una forma de vida.

Y ese es precisamente el problema. Alemania, Reino Unido Francia, Italia y España —los cinco grandes países de la UE— lideran una extraña coalición en favor de los impuestos digitales, algo que raramente se ha visto en las últimas décadas. Pero lo más probable es que los sospechosos habituales (Irlanda, Austria y Luxemburgo, entre otros) opongan una férrea resistencia a esa medida, como ocurre cada vez que Europa debate sobre impuestos. A la propuesta de la Comisión le espera un largo camino: el Consejo Europeo —los Veintiocho— debe dar luz verde para que ese plan acabe siendo aprobado por el Parlamento Europeo.
(El País, 21-03-2018)

Laboral

El BCE defiende aumentar la edad de jubilación en lugar de recortar pensiones
El Banco Central Europeo (BCE) considera que el aumento de la edad de jubilación es más positivo para contrarrestar los efectos del envejecimiento de la población que la reducción de las pensiones, según un artículo del boletín económico de la entidad.

El artículo advierte de que el envejecimiento de la población tendrá importantes implicaciones macroeconómicas y fiscales para la eurozona y representará un desafío para que los países del área puedan reducir su endeudamiento y asegurar su sostenibilidad fiscal a largo plazo. La entidad señala que, tras la crisis financiera, muchos países llevaron a cabo reformas de las pensiones, aunque indica que el ritmo de las mismas se ha ralentizado con la recuperación económica y considera que su continuación es "esencial" y "no debe retrasarse".

Asimismo, estima que el aumento de la edad de jubilación puede reducir los efectos macroeconómicos adversos del envejecimiento poblacional, gracias a su impacto en la fuerza de trabajo y en el consumo doméstico. Por el contrario, apunta que reducir la cuantía de las pensiones (su ratio de beneficio) servirá "muy poco" para combatir esos efectos indeseados, mientras que aumentar el nivel de contribución para las mismas tenderá a "exacerbar" los impactos negativos.

El BCE precisa que esta es una afirmación general sobre los efectos macroeconómicos de la reforma de las pensiones y que no permite sacar conclusiones respecto a la agenda de reformas de un país específico. El artículo indica además que el grado de envejecimiento de la población variará considerablemente de unos países a otros de la eurozona.

Detalla que los países con el mayor grado son actualmente Alemania, Grecia, Italia, Portugal y Finlandia, mientras que Irlanda se prevé que registre el menor ratio de envejecimiento en 2070 y España, Bélgica y Francia el menor aumento, según las proyecciones.

La entidad advierte de que existe un "riesgo de complacencia" respecto a la reforma de los sistemas de pensión públicos en los países del área y que las modificaciones llevadas a cabo "pueden no ser suficientes" para afrontar los desafíos relacionados con el envejecimiento poblacional.
(El País, 21-03-2018)

España, entre los nueve países de la UE donde los salarios son aún peores que antes de la crisis
Según el informe Benchmarking Working Europe 2018, que hizo público el Instituto Sindical Europeo, los trabajadores de nueve países de la Unión Europea siguen todavía ganando menos que antes de la crisis. Entre los estados donde aún no se han recuperado los sueldos de 2010 se encuentra España, junto a Italia, Reino Unido, Grecia, Bélgica, Portugal, Finlandia, Croacia y Chipre. En concreto, los trabajadores españoles han perdido un 4,4% de salario real (el que tiene en cuenta el coste de la vida) durante este periodo, según datos de febrero de este año.

Pérdida de poder adquisitivo Los datos publicados el pasado viernes por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, mostraban la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en España. Pese a que los sueldos se incrementaron medio punto a finales de 2017, esta subida no compensó el alza que experimentó el coste de vida. El IPC cerró el año pasado con un incremento del 1,1%, por lo que los sueldos perdieron seis décimas de poder adquisitivo.

La CES considera «esencial» un aumento de los salarios, y recuerda que instituciones como la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han reclamado también un incremento salarial. «No sólo un aumento de salarios es necesario para la equidad social sino para impulsar el crecimiento y crear empleos de calidad», afirma Lynch. En su opinión, ha llegado el momento de aplicar acciones mucho más enérgicas para promover aumentos salariales significativos y justos de la mejor manera posible, «en la negociación entre patronal y sindicatos».
(El Mundo, 21-03-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

La prima de riesgo se desinfla con el calendario a su favor
La deuda de España afronta tres semanas clave reforzada como la opción preferida en la periferia y con la prima de riesgo al borde de sus mínimos desde 2010. El rebrote de las alertas inflacionistas, detonante de la corrección desatada en las Bolsas mundiales durante el pasado mes de febrero, acabó truncando la mejora que había registrado la prima de riesgo de España.

El pasado 7 de febrero el diferencial de rentabilidad de deuda entre España y Alemania se estrechó a sus niveles más bajos desde el año 2010, con mínimos intradía por debajo incluso de los 65 puntos básicos. El principal estímulo para esta mejora fue la subida de ráting anunciada unas semanas antes por Fitch. En ese momento el interés exigido al bono español a diez años se situaba justo por debajo del 1,40%.

Mes y medio después, a pesar del continuo debate sobre la próxima retirada de los estímulos por parte del BCE, la rentabilidad del bono español a diez años ha registrado sus cotas más bajas desde finales de 2016, por debajo incluso del 1,30%. Gracias a esta mejora, la prima de riesgo de España está a un paso de asaltar de nuevo los mínimos de 2010 alcanzados el pasado mes de febrero.

El calendario abre la puerta a nuevos estímulos como el recibido en enero, y a la conquista de nuevos mínimos. Las compras de deuda pública española se han acelerado en plena cuenta atrás para la revisión del ráting que efectuará Standard & Poor's el próximo viernes, 23 de marzo.

Si se cumplen los pronósticos de los analistas, S&P seguirá los pasos de Fitch, la primera de las tres grandes agencias internacionales que devolvió la deuda española al escalón de 'A'. S&P podría mejorar su calificación crediticia desde el actual BBB+ hasta el A-, en línea con el fijado por Fitch en enero.

Sólo dos semanas después, el 6 de abril, la deuda española recibirá una nueva revisión de ráting, la prevista por DBRS. La agencia canadiense, la única con la que el Tesoro español mantiene el contrato para actualizar su calificación crediticia, ha sido la que ha otorgado una valoración más benévola a España en los años de la crisis. El 6 de abril decidirá si modifica su ráting actual, 'A (low)', con perspectiva estable.

Una semana después, el viernes 13 de abril, la deuda de España podría completar el pleno de rátings en el nivel de 'A' por parte de las cuatro mayores agencias mundiales. Moody's tiene previsto actualizar su calificación crediticia, fijada hasta la fecha en Baa2, a un paso del nivel de 'A'.

La recuperación unánime de un ráting de 'A' por las principales agencias mundiales permitiría el acceso de los inversores institucionales más conservadores a la deuda pública española, un respaldo adicional que ayudaría a reforzar la demanda y a rebajar los intereses.
(Cinco Días, 21-03-2018)

El Banco de España sube al 2,7% su previsión de crecimiento del PIB para 2018
El Banco de España ha revisado al alza la previsión de crecimiento de la economía española para este año desde el 2,4% al 2,7%. El organismo supervisor que dirige Luis Linde también ha mejorado su pronóstico para 2019 y 2020: del 2,1% al 2,3%, y del 2% al 2,1%, respectivamente. Los motivos: la menor incertidumbre en Cataluña, el mejor comportamiento del entorno exterior y la buena marcha de la actividad en España durante los últimos meses. El Panel de Funcas ya había mejorado al 2,7% el crecimiento el pasado lunes. Fuentes del Gobierno apuntan que el cuadro macro de Presupuestos también recogerá un 2,7%.

En diciembre de 2017, la entidad tuvo que bajar la estimación de crecimiento para este año en 0,2 puntos ante la incertidumbre generada por la deriva secesionista en Cataluña. Pero ahora, cuatro meses más tarde, el horizonte se perfila completamente distinto. El clima de tensión se ha relajado bastante, y el efecto del independentismo catalán sobre el resto de la economía española ha sido escaso. Por otra parte, la actividad en el exterior, y sobre todo en la zona euro, ha seguido ganando tracción, lo que se está traduciendo en una mejora en España de las exportaciones y de los indicadores de confianza. En Alemania, el acuerdo de Gobierno incluso sugiere que puede haber una política fiscal más expansiva, explica el supervisor.

Además, se espera que en España haya una cierta relajación de la consolidación fiscal que dé un impulso añadido a la actividad, en especial tras el acuerdo salarial y de empleo público firmado en la Administración. Por último, los datos más recientes apuntan que el Producto Interior Bruto español no se está desacelerando. Las cifras de afiliación a la Seguridad Social de los dos últimos meses incluso han recobrado algo de impulso añadido.

En este contexto, parece que la ralentización del crecimiento tardará un poco más y que la economía volverá a tener un buen año, apoyada por el aumento del empleo, el proceso de desendeudamiento y unas condiciones financieras muy favorables, lo que a su vez seguirá sosteniendo el consumo. De todas formas, se prevé que poco a poco todos estos elementos vayan moderando su crecimiento: “La expansión del producto continuaría sustentada en la demanda nacional, para la que, no obstante, se prevé una cierta desaceleración de sus distintos componentes en los próximos años. A su vez, la demanda exterior neta seguiría ejerciendo una contribución positiva, aunque ligeramente descendente”, reza la nota del Banco de España.

Según las estimaciones del servicio de estudios del Banco, el empleo seguirá creciendo a tasas elevadas, aunque a unos ritmos algo más moderados que los observados en el último trienio. El paro irá descendiendo hasta situarse cerca del 11% a finales de 2020. El director del servicio de estudios, Pablo Hernández de Cos, ha argumentado que los salarios tendrán que evolucionar atendiendo a las situaciones particulares de las empresas. "Todavía hay un 25% con una rentabilidad negativa en el cuarto trimestre del año pasado", ha indicado.
(Expansión, 21-03-2018)

La CE ofrece 15.000 euros por ayuntamiento para wifi gratis
La Comisión Europea ha abierto este martes (20 de marzo) la fase de registro para los ayuntamientos que deseen solicitar una ayuda de 15.000 euros para ofrecer wifi gratis en el espacio público de sus localidades. La oferta forma parte del programa Wifi4EU con el que el organismo presidido por Jean-Claude Juncker pretende potenciar el acceso a internet en el mayor número posible de pueblos y ciudades antes de 2020.

La primera fase del programa ofrece 1.000 subsidios, de 15.000 euros cada uno. Tras el registro, se convocará la fase de solicitud a mediados de mayo. Y la Comisión advierte que los ayuntamientos interesados deberán apresurarse porque la concesión se hará por estricto orden de petición, a partir de la fecha de solicitud (no la de registro).

En los próximos meses, hasta finales de 2020, se convocarán otras cuatro fases de solicitud. El objetivo de la Comisión es llegar a 8.000 municipios con un presupuesto total disponible de 120 millones de euros. "Con la apertura hoy del portal Wifi4EU damos un paso para ayudar a los municipios a ofrecer wifi gratis", ha señalado el vicepresidente de la Comisión del área digital, Andrus Ansip. La comisaria europea de Economía Digital, Mariya Gabriel, ha añadido que el programa "dotará a las comunidades locales de una conectividad más estrecha con los ciudadanos, permitiéndoles sacar todo el beneficio al sinfín de oportunidades que ofrece la digitalización".

Gabriel ha recordado en rueda de prensa que "la conectividad en ciertos sitios, sobre todo en municipios más pequeños, no alcanza el nivel requerido" por una sociedad en que la conectividad digital (por motivos familiares, sociales o económicos) resulta fundamental.

Los ayuntamientos que reciban la ayuda deberán contratar los servicios de una compañía para instalar los puntos de conexión (hotspots) así como los servicios de un proveedor de internet. La prestación debe ser de gran calidad (al menos 30 megabits por segundo) y el contrato con las empresas debe tener una duración mínima de tres años.

La ayuda se pagará directamente a la empresa o empresas, una vez verificada la correcta instalación y la calidad del servicio. El proyecto de instalación y puesta en servicio debe completarse en un plazo máximo de 18 meses a contar desde la concesión de la ayuda.
(El País, 21-03-2018)

Sector

Nuevas medidas penales y civiles para reformar la Administración de Justicia
El ministro de Justicia asegura que pretende sacar adelante las más de 100 medidas discutidas en la subcomisión parlamentaria de Justicia porque son reformas necesarias para esta administración. "La Administración de Justicia sí se merece un acuerdo y, además, lo necesita". Así de rotundo se mostró ayer el ministro de Justicia Rafael Catalá, mientras respondía directamente a la duda que planteaba el foro que presidió, La reforma de la Justicia, ¿no merece un acuerdo?, organizado por el Consejo General de Procuradores de España.

Catalá aseguró que el Gobierno está decidido a presentar propuestas de reformas legislativas de los grandes asuntos que están pendientes, "porque los profesionales están demandándolas y no les podemos fallar". El titular de Justicia no sólo adelantó los próximos pasos que pretende llevar a cabo en 2018, sino que además anunció que el Ministerio de Justicia "asumirá y hará suyas" las 103 medidas acordadas en la subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputado para sacarlas adelante, porque "nuestra voluntad es gobernar y gestionar y lo peor sería la inacción".

Aunque la subcomisión cerró sus puertas sin un acuerdo entre las fuerzas políticas, Catalá insistió ayer en los importantes pasos que se han dado en ella, puesto que ha servido para retomar el interés del conjunto de los actores jurídicos en la necesaria reforma de esta administración. "Estas 103 medidas tienen un valor muy importante y un contenido que no deberíamos dilapidar". Por esa misma razón, el ministro de Justicia aseguró que "seguirá adelante con su agenda reformista" y lo hará "sin pensar en las urnas".

En cuanto a las nuevas medidas que pondrá en marcha en este semestre, Catalá se comprometió a mejorar los mecanismos de cooperación jurídica internacional, como ya se ha propuesto hacer con la regulación de la Orden Europea de Investigación, con la que se pretende facilitar la obtención de pruebas en asuntos judiciales de dimensión transfronteriza.

Además, trabajará para contar con una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que incorpore el reglamento general de protección de datos europeo a nuestro ordenamiento. Por último, Rafael Catalá destacó igualmente la labor que se llevará a cabo para impulsar una reforma del Código Penal que permita transponer directivas europeas a nuestro derecho en el ámbito financiero y en la lucha contra el terrorismo.
(Expansión, 21-03-2018) 

 
 
 
 
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