NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 22 DE MARÇ DE 2018

Laboral

Revisión salarial para el año 2018 del VII Convenio colectivo estatal de gestorías administrativas
Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2018 del VII Convenio colectivo estatal de gestorías administrativas.
(BOE, 22-03-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 21 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 21 de marzo de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 22-03-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/22/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/22/index.php?d=71&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 22 DE MARÇ DE 2018

Fiscal

La Agencia Tributaria usa al 80% de su plantilla al control de autónomos y pymes
La Agencia Tributaria emplea al 80% de su plantilla a controlar a autónomos, microempresas y pymes y solo al 20% de sus empleados a perseguir delitos de multinacionales y grandes grupos empresariales. Lo denuncian los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que han alertado de una caída en la recaudación en la lucha contra el fraude. Esta situación se debe a la limitación de las competencias de los técnicos de Hacienda.

En palabras de técnicos de Gestha, desde 2010 la Agencia Tributaria ha reforzado la investigación de los contribuyentes con menores recursos. La deuda liquidada el año pasado fue un 10% inferior a la de 2010. En concreto, detallan que se recaudaron 624 millones menos. El importe medio de la deuda liquidada por el contribuyente también cayó en 2017 un 20% con respecto a 2010.

Siguiendo esta línea, los técnicos de Gestha advierten que 2016 fue el quinto año consecutivo de caídas en las denuncias de delitos. Apuntan a que ese año solo se tramitaron 226 denuncias, un 77,7% menos. En 2011 se tramitaron 1.014 delitos, destacando escándalos como los Papeles de Panamá, el Football Leaks o los Papeles del Paraíso.

Los técnicos reclaman más información sobre los delitos fiscales denunciados. Entre los datos que piden destacan los ingresos percibidos en ejecutiva, los recibidos de las liquidaciones y actos de gestión recaudatoria. Estos datos, que reflejan la totalidad de los resultados económicos de la lucha contra el fraude, sí se publicaban en el año 2015.

El sindicato sospecha de una caída de las denuncias. Los técnicos advierten, que se ha omitido publicar dicha información para ocultar una caída de los delitos fiscales que ha descubierto la Agencia Tributaria en 2017.

Por último, piden que se cree un plan “realista y eficiente” en la lucha contra el fraude. El objetivo sería recaudar unos 40.000 millones a medio plazo a fin de reducir el 25% al que asciende la economía sumergida en España.
(Expansión, 22-03-2018)

Bruselas calcula que se pueden recaudar 4.800 millones al año a las tecnológicas
La Comisión Europea aprueba este miércoles un proyecto de directiva que pretende acabar con el agujero fiscal provocado en Europa por la actividad de las grandes multinacionales del sector digital. La nueva norma permitirá a los países de la Unión someter a gravamen la facturación de esas compañías en sus territorios, aunque no tengan presencia física en los mismos.

¿De cuánto será el impuesto? Bruselas propone una horquilla de entre el 1% y el 5%. Pero sugiere que todos los países adopten un tipo común del 3% para evitar la competencia fiscal entre ellos.

¿Qué actividades gravará? El impuesto gravará dos tipos de ingresos brutos: los derivados de la rentabilización de los datos de los usuarios (a través de la publicidad o por la venta de esos datos a terceros) y los de las plataformas de intermediación (como las de hostelería o transporte).

¿Cuánto puede recaudar? Bruselas calcula que con un tipo de 3% se ingresarían unos 4.800 millones de euros entre los 28 países de la Unión, aunque previsiblemente el grueso de la recaudación se lograría en los grandes países.

¿Quién pagará? A las empresas del sector digital con una facturación mundial de más de 750 millones de euros y una facturación en Europa de más de 50 millones de euros.

¿Dónde se pagará? Las empresas tendrán que liquidar el impuesto con las autoridades nacionales de cada país, en función de los ingresos que obtengan en sus territorios por las actividades gravadas. Bruselas propone la creación de una ventanilla única digital para facilitar la declaración y no repetir el papeleo en los 28 países.

¿Qué empresas se verán afectadas? La primera categoría del impuesto afectará a empresas como Google AdWords, Facebook, Twitter o Instagram, porque obtienen una gran rentabilidad con la explotación de los datos de sus usuarios. La segunda categoría atañe a plataformas como Airbnb (hostelería) o Uber (transporte) o a cualquier otra plataforma que facilite el intercambio de bienes o servicios entre usuarios o la venta de aplicaciones.

¿Y qué pasa con Apple o Amazon? También podrían verse afectadas, pero en menor medida, porque gran parte de su negocio consiste en la venta tradicional de productos (como ordenadores o libros).

¿Y Netflix o Spotify? Su modelo de negocio parece a salvo del nuevo impuesto, porque Bruselas no desea gravar la distribución de contenidos digitales. El servicio gratuito de Spotify, sin embargo, sí sería gravado en la parte en que explote los datos del usuario.
(El País, 22-03-2018)

Montoro confirma una rebaja del IRPF, pero no precisa de cuánto será la modificación
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 incluirá una rebaja en el IRPF, aunque ha evitado concretar el importe de dicha rebaja y las rentas que se verán afectadas. El ministro respondió así durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados al portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, quien le preguntó si el Ejecutivo piensa incluir en los próximos PGE las medidas exigidas por la formación naranja para la reforma del IRPF.

En su intervención, Montoro ha recordado a Girauta que dicha rebaja está en el programa electoral tanto de Ciudadanos como del Partido Popular, y ha asegurado que el Gobierno "está dispuesto a consumar" dicha reforma. En este sentido, el titular de Hacienda señaló que la reforma ya estaba programada en los PGE cuando se estaban preparando en julio pero que el Gobierno "no tuvo la oportunidad de llevarla adelante".

"El proyecto del Gobierno es traer en los primeros días de abril el proyecto de PGE y esperamos el apoyo de Ciudadanos y otros partidos, al menos los que permitieron la aprobación del límite de gasto en julio, y que tengamos la normalidad y estabilidad política y económica que aseguran unos presupuestos", ha indicado el ministro.

Por su parte, Girauta ha pedido hacer memoria al ministro y ha citado un titular de un medio de comunicación de julio del 2017 en el que Montoro afirmaba que las reformas tributarias siempre se hacen al final de la legislatura y que se necesitan zanahorias para las negociaciones presupuestarias. "Dijo un rotundo no a nuestra propuesta de bajada del IRPF", ha afirmado el portavoz de Ciudadanos, para añadir que la bajada del IRPF se pactó a cambio del apoyo de su partido al 'techo de gasto' de 2018 aprobado en julio de 2017.

Dicho pacto, recordó Girauta, conllevaría elevar a 17.000 euros el mínimo salarial anual en 14 pagas a partir del cual se pagaría el IRPF, quedando exentos de pagar dicho tributo todos aquellos que quedaran por debajo de tal cantidad. "¿Que yo he dicho que no? Le aseguro que nunca he dicho que no", respondió Montoro en su turno de réplica, para a continuación criticar a la oposición por "fiarse de unos titulares que son un síncope". "El ministro de Hacienda y Función Pública vive del Boletín Oficial del Estado, no de los titulares", concluyó con sorna el ministro.
(El Mundo, 22-03-2018)

Laboral

Inspección de Trabajo denuncia un fraude masivo con los "falsos autónomos"
La Inspección de Trabajo ha denunciado en el Congreso de los Diputados un "fraude masivo, de diversas modalidades", a la Seguridad Social, y contra los derechos de los trabajadores, con los "falsos autónomos". Es decir, son empleados obligados a hacerse autónomos, para que la empresa no pague la Seguridad Social. Son trabajadores que no están en la plantilla de la compañía, pero que operan como asalariados suyos, con una disciplina, horarios, jornadas y cometidos.

Dicho de otra manera, no existe una relación laboral estricta entre empresa y trabajador, sino que, muchas veces, es un contrato mercantil. El trabajador autónomo, que en la práctica opera como un asalariado, factura a la empresa con la que trabaja. Incluso, muchas de estas relaciones han terminado convirtiendo al empleado en un trabajador autónomo dependiente económicamente. Es decir, lo que en la jerga del mundo del trabajo se conoce por sus siglas como trade. Dicho de otra manera, también, son aquéllos que reciben, al menos, el 75% de sus ingresos de trabajar con una sola empresa.

El pasado 21 de febrero, Fermín Yébenes Salices, presidente y portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, compareció, a puerta cerrada, ante la subcomisión para el estudio de la reforma de los trabajadores autónomos, para denunciar el "fraude" que están cometiendo muchas empresas con este tipo de trabajadores. El objetivo es ahorrarse los costes de la Seguridad Social y salariales, además de poder prescindir de ellos con mayor facilidad que con los asalariados.
(Cinco Días, 22-03-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Gobierno tira de fondos Feder para impulsar la fibra y llegar al apagón del cobre en 2021
El Plan 300x100 para la extensión de la fibra óptica en España ya está en marcha. El proyecto, presentado ayer en Teruel por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante las grandes telecos españolas, prevé una inversión de 525 millones de euros entre 2018 y 2021, para cubrir el 95% de la población en cada provincia y permitir el acceso a banda ancha ultra rápida. El Gobierno dispara las ayudas públicas, y es que entre 2013 y 2017 rondaron los 216 millones.

El objetivo del Gobierno, es llegar en 2021 al 100% de los núcleos de población en España, esencialmente con redes de fibra óptica, con una velocidad de 300 megabits por segundo. El Plan se denomina 300x100, al combinar los 300 megabits de velocidad con el objetivo de alcanzar el 100% de los núcleos de población. Para este objetivo, el Gobierno va a dotar un presupuesto de 525 millones de euros.

Rajoy ha anunciado que este plan tendrá vigencia entre 2018 y 2021 y que este viernes, el Consejo de Ministros, aprobará el plan PEBA (Plan de Extensión de la Banda Ancha) correspondiente a 2018, que será dotado ya con 150 millones de euros.

En 2017, el Gobierno ya había elevado sustancialmente el presupuesto de ayudas públicas para extender las redes de fibra óptica a zonas rurales y con menor densidad de población en las que no es rentable económicamente desplegar fibra. Si en 2016, el presupuesto del Plan Peba fue de 50 millones, en 2017, se duplicó, elevándose a cien millones. Los 150 millones comprometidos para 2018 suponen, por tanto, otra fuerte subida de los recursos públicos para este fin. Si a los 525 millones previstos para el cuatrienio 2018-2021 se le restan los 150 millones de 2018, quedan 375 millones para los otros tres años, con una media de gasto de 125 millones.

Actualmente, las redes de fibra en España llegan al 76% de la población, según los datos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Al llevar la fibra al 100% de los núcleos de población este porcentaje se elevará sustancialmente, hasta superar el 95%, aunque siempre quedará una pequeña parte de la población en zonas más aisladas que deberán ser atendidos por otros medios, principalmente el satélite.
(Cinco Días, 22-03-2018)

El crédito al consumo crece un 15%
El crédito al consumo viene experimentando un crecimiento sostenido, y cada vez más acelerado, desde el año 2013. El aumento ha terminado por ser de dos dígitos al año, concretamente del entorno del 15% en 2017. Así figura en los datos publicados este miércoles por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) con motivo del Congreso Nacional sobre el Crédito al Consumo, celebrado en el Palacio de Cibeles.

“Este año va a ser buen año. No sé si seguiremos creciendo a dos dígitos, pero llegaremos a las cifras de 2008”, manifestó en rueda de prensa Fernando Casero, presidente de Asnef, vaticinando la inminente recuperación de los niveles precrisis tanto en el volumen de saldo vivo como en nuevos préstamos concedidos.

Para Casero hay dos aspectos fundamentales que están impulsando con fuerza el crédito al consumo en los últimos años. De un lado, explicó, está la búsqueda de márgenes por parte de las entidades financieras tradicionales que han tenido que buscar nuevas vías de ingresos al ver caer los créditos hipotecarios, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y al desplomarse los tipos de interés a mínimos históricos.

Ante esta tesitura, relató el presidente de Asnef, la concesión de créditos al consumo se ha convertido en un aspecto “estratégico” de los planes de negocio de la banca. “Los bancos tienen que ganar dinero y su foco en la actualidad es mejorar su rentabilidad vía margen de intereses”, adujo, exponiendo que las entidades tradicionales han hecho un esfuerzo para adaptarse a un negocio que exige estudiar con inmediatez la solvencia de un cliente que para la compra de vehículos solicita unos 13.000 euros de media y unos 2.000 para la adquisición de productos de consumo.

En paralelo, expuso Casero, el otro factor clave de la reactivación de los préstamos al consumo es la recuperación de la economía española, con la creación de medio millón de nuevos puestos de trabajo en el último ejercicio. “Si el PIB crece y la capacidad de reembolso de la gente mejora seguiremos creciendo” en número y volumen de préstamos concedidos, resumió.
(Expansión, 22-03-2018)

La FED sube los tipos y deja para 2019 endurecer la política monetaria
Casi seis meses después de que Donald Trump nominara a Jerome Powell a sustituir a Janet Yellen al frente de la Reserva Federal, Powell cumplió ayer con el guion previsto. Estrenó el timón de la política monetaria estadounidense con la primera subida de tipos de 2018. Y dejó el precio del dinero en el país entre el 1,5% y el 1,75% en la sexta subida de tipos desde 2015.

Sin embargo, para el mercado una vez más el presente es ya pasado. Y otea en el discurso de este abogado de profesión, sin trayectoria académica como economista, pistas que le puedan indicar cómo discurrirá su mandato al frente de la Fed, una incógnita para muchos.

Por el momento y durante su primera rueda de prensa, Powell se situó en la línea blanda que caracterizaron los tiempos comandados por Yellen. Tildada de paloma en el sinuoso lenguaje de la política monetaria. Los inversores tratan de vislumbrar si Powell es un halcón. Hace tiempo que el mercado descontaba ya que ayer la Fed iba a subir el precio del dinero en EE UU. La decisión, de hecho, fue tomada por unanimidad entre todos los miembros del Comité del Mercado Abierto.

La duda estaba en si Powell iba a acelerar el proceso de normalización monetaria en el que esta institución lleva inmersa en los últimos años. Y si iba a modificar su plan para subir cuatro veces el precio del dinero este año, en lugar de las tres previstas. Powell decidió ser más cauteloso y no cambió el guion heredado. Pronosticó dos subidas más para 2018 y elevó a tres las previstas para 2019, una más que las contempladas en diciembre. Alzas que estarán ligadas a la evolución de la economía estadounidense. “La decisión es un paso más en el proceso de retirada de estímulos” afirmó Powell. Y aclaró que mantendrá inalterado el programa de reducción del balance de la Fed que fijó Yellen.

Tan solo el rumor de que Powell podría ser más agresivo de lo esperado provocó un cataclismo en los mercados a principios de febrero. Y el Dow Jones sufrió su mayor caída intradía en puntos de la historia. En esa ocasión fueron determinados datos macro (como los salarios) los que desataron los temores de un repunte de la inflación superior al esperado. Sobre este asunto, Powell reincidió en la cautela sobre la inflación que caracterizaba el discurso de su predecesora. Mantuvo inalterada la previsión de inflación en el 1,9% este año. Y vaticinó que llegará al 2% en 2019.

Modificó, sin embargo, sus estimaciones de PIB dos décimas por encima en 2018 y cuatro al año siguiente. Prevé que la economía estadounidense llegue al 2,7% en 2018 y al 2,4% en 2019. La reacción del mercado se notó más en el dólar, que optó por ceder posiciones frente al euro. La divisa europea escaló hasta situarse por encima de los 1,23 dólares. Por su parte, las rentabilidades de la deuda a corto optaron por la indecisión.

Un comportamiento similar al de los bonos a 10 años, cuya rentabilidad volvió a amenazar el 3%, aunque poco a poco se fue desinflando, hasta situarse en el 2,88%. El comportamiento fue más irregular en el parqué. La previsión de tres subidas de tipos y la confianza en la economía dio alas a la Bolsa y el Dow Jones subió más del 1%. Ganancias que se esfumaron al cierre, cuando el índice cedió un 0,18%.

Pero Powell no se refirió solo a política monetaria. Aquí trató de echar un capote a quien le nominó para el cargo, Donald Trump. Esgrimió la fortaleza en la economía estadounidense para minimizar el efecto de una posible guerra comercial. Aunque reconoció las preocupaciones que le han expresado líderes empresariales de todo el país sobre las consecuencias de introducir aranceles a las importaciones. Más contundente fue a la hora de glorificar las bondades de la reforma fiscal que, en sus palabras, es “un incentivo importante a la productividad y las inversiones”.

Las Bolsas europeas, a la espera de conocer los detalles de la Fed, pusieron en su punto de mira las relaciones comerciales entre China y EE UU y las posibles contramedidas de Pekín a los aranceles estadounidenses. El Ibex cedió un 0,52%, con Arcelor Mittal subiendo un 3,9%. Tras ella, Indra y Siemens Gamesa sumaron un 2,7% y 2,5%, respectivamente.
(Expansión, 22-03-2018)

Sector

El sistema de elección de CGPJ hace naufragar el Pacto por la Justicia
Los portavoces de los principales grupos políticos del Congreso se han reafirmado en sus desacuerdos, a pesar de sus acuerdos, en la necesaria reforma de la Justicia. Esta ha sido la tónica en el debate entre los representantes en la Comisión de Justicia de PP, Mª Jesús Moro, PSOE, Juan Carlos Campo, Ciudadanos, Ignacio Prendes, y Podemos, Mª Gloria Elizo, en el marco del Foro Debate Procuradores "La reforma de la Justicia, ¿no merece un acuerdo?" celebrado en la sede del Consejo General de Procuradores. Esta es la cuestión que ha vertebrado las distintas intervenciones de los representantes políticos y del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha intervenido en primer lugar, tras la apertura del director del Foro Debate, Josep Duran i Lleida, para exponer la línea que va a seguir el ministerio.

En este sentido, Catalá ha anunciado que el Gobierno asume las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados antes de su ruptura, que lamentó, y que trabajará para impulsarlas con los colectivos profesionales y los grupos parlamentarios que quieran sumarse. El ministro se ha mostrado convencido en que, dada la necesidad de dar respuesta a los retos que se plantea la Justicia, se logrará, si no acuerdos globales, si acuerdos puntuales, porque, además, enfatizo, cuentan con el aval de las asociaciones del sector.

Recordó que durante los trabajos de la Subcomisión intervinieron hasta 33 expertos y profesionales del sector. Poniendo en valor este gran trabajo de base, el Ministerio va a tratar de desarrollar los acuerdos alcanzados, trabajando codo con codo con los profesionales, porque, como manifestó el ministro, aún queda tiempo para la política. "No pensamos en las urnas y en darle la extremaunción a esta legislatura", afirmó rotundo el ministro.

En esa línea, Catalá ha anunciado una serie de objetivos legislativos para este año. Durante el primer semestre se ha comprometido a desarrollar la regulación de la Orden Europea de Investigación, contar con una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, y a impulsar las reformas del Código Penal necesarias para transponer directivas europeas a nuestro derecho en el ámbito financiero (para sancionar conductas de abuso en el mercado) y en la lucha contra el terrorismo.

De cara al segundo semestre del año, el ministro ha señalado que es intención de su departamento reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para agilizar los tiempos de respuesta y que sea más eficaz en la persecución del delito; que la Fiscalía cuente con un nuevo Estatuto Orgánico que atienda a las necesidades formativas, operativas y profesionales del Cuerpo; y trabajar en un nuevo Código de Comercio y en la revisión del derecho español de obligaciones y contratos.

El ministro ha expresado también su voluntad de alcanzar acuerdos en materia salarial y en los ámbitos formativos y de promoción profesional de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y todos los funcionarios de la Administración de Justicia. Ha anunciado su intención de traer al ámbito de la Administración de Justica el pacto recientemente alcanzado por los sindicatos para los funcionarios públicos, que supone una subida salarial de hasta un el 8,8% en tres años. En este contexto, el ministro cree imprescindible abordar una serie de medidas como, por ejemplo, incluir un sistema de retribuciones variables (por objetivos o planes) para incentivar a los profesionales.

Mencionó que el descenso de los asuntos ingresados no se ha reflejado en una mayor tasa de resolución. También considera necesaria la modificación del sistema de retribuciones por guardias en la Administración de Justicia, para que se adecuen al grado de responsabilidad que desempeñan cada uno de los funcionarios. Por último, manifestó su intención de trabajar en la homologación de salarios de los funcionarios del 'territorio Ministerio' con los de las distintas comunidades autónomas con competencia en esta materia.
(Cinco Días, 22-03-2018)