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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 24 AL 26 DE MARÇ DE 2018

Fiscal

Prórroga para 2018 del destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas
Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.
(BOE, 24-03-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 23 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 23 de marzo de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 24-03-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/26/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/26/index.php?d=74&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/24/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/24/index.php?d=73&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 24 AL 26 DE MARÇ DE 2018

Fiscal

El Supremo veta que el autónomo se deduzca por defecto el 100% del IVA de su vehículo
El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Agencia Tributaria y ha vetado que el trabajador por cuenta propia pueda deducirse por defecto el 100% del IVA cuando adquiere un vehículo nuevo. Contradice así una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y se alinea con la tesis de la Agencia Tributaria, que había presentado un recurso de casación para salvaguardar su forma de proceder.

La legislación estatal establece que cuando el autónomo adquiere un vehículo nuevo podrá deducirse el 50% del IVA. Es una regla salomónica y que implica reconocer que un vehículo puede utilizarse para usos profesionales y personales y resulta muy difícil, por no decir imposible, controlarlo. Ello no significa que un autónomo no pueda deducirse el 100% del IVA, sin embargo, para hacerlo deberá demostrar ante Hacienda que el uso del automóvil es exclusivamente profesional, algo que actualmente es muy complicado.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha considerado en diversas sentencias desde 2010 que la regla del 50% que utiliza la Agencia Tributaria es contraria al derecho comunitario. El TSJCV podría haber optado por presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin embargo, ante la preeminencia del derecho comunitario frente el interno, falló directamente a favor del contribuyente.

En su sentencia, establece que el autónomo puede deducirse de entrada el 100% del IVA soportado al comprar un vehículo y es la Agencia Tributaria a quien corresponde determinar si ese porcentaje es menor. La carga de la prueba pasa así del autónomo a Hacienda. Si hubiera prevalecido la tesis del TSJ, el autónomo se podría deducir por defecto el 21% del coste de un vehículo nuevo. Un beneficio económico relevante.
(Cinco Días, 26-03-2018)

Hacienda recauda un 6% más de IRPF tras bajar el tributo
La recaudación por IRPF habría cerrado 2017, a falta de conocer los datos exactos este mismo lunes, un récord histórico en el entorno de los 77.000 millones de euros. Esa cifra mejora en un 6,4% la obtenida en 2014, de 72.419 millones, justo antes de que comenzaran a notarse los efectos de la rebaja de este tributo que, por partes, lanzó el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. La jugada, aunque con más de un dolor de cabeza, le ha salido perfecta, logrando elevar los ingresos pese a reducir los tipos del tributo.

Se cumple, en esta ocasión, el precepto de la denominada Curva de Laffer, en honor al economista británico Arthur Laffer, quien describió cómo una subida de impuestos no tenía por qué implicar un aumento de la recaudación y viceversa. Hay que decir al respecto que esta ecuación no siempre ha funcionado, pues las alzas impositivas que el mismo Ejecutivo del PP acometió en el año 2012 también implicaron una drástica mejora de la recaudación, y ello pese a que en aquellos momentos España padecía los efectos de la peor recesión que se recuerda en las últimas décadas.

La rebaja que impulsó Hacienda desde enero 2015 tuvo un impacto, según los informes de recaudación tributaria del citado departamento, de 4.390 millones en aquel año, electoral, y de otros 4.152 millones en 2016. A esa cantidad, que viene a mostrar el ímpetu de la bajada del tributo, habría que restarle los 1.081 millones que la Agencia Tributaria ingresó de más en 2017 por el fin de los efectos de la citada rebaja en los dos ejercicios precedentes. Todos estos datos se extraen de los cuadros de impacto normativo que los distintos gobiernos han venido incorporando a sus informes desde el año 2008.

Cabe decir, pese a que en esta ocasión le haya salido bien la jugada al ministro Montoro, que la citada rebaja estuvo a punto de penalizar seriamente a España en el año 2016, cuando debió cumplirse por mandato europeo un déficit del 4,2% y Hacienda comunicó un 5,16%. Ahora la situación es distinta: gracias al crecimiento económico y a un aumento de la recaudación global de más del 6,4%, España ha logrado cumplir la meta de desvío público, fijada en el 3,1%. Lo reconoció, a través de la red Twitter y el pasado jueves, el presidente Mariano Rajoy.

El IRPF se ha convertido en el mejor aliado de los ministros de Hacienda para reconducir las finanzas y mejorar los ingresos. Este año, si las previsiones de Hacienda no fallan, el tributo dejará por primera vez más de 80.000 millones en las arcas públicas, una barrera jamás superada con antelación. De hecho, el Impuesto de la Renta será clave para que la recaudación total sobrepase por primera vez los 200.000 millones de euros y bata el récord del 2007, inalcanzable el año pasado.

Los datos de este último ejercicio, con esos 77.000 millones de ingresos por IRPF, vienen a mejorar en casi 20.000 millones las cifras que se obtuvieron hace diez años, antes de que la crisis causara un destrozo de 50.000 millones en Hacienda. Entonces, en 2007, el Impuesto de la Renta dejó algo más de 58.000 millones. Y lo curioso es que lo hizo con tipos y tramos sumamente parecidos a los actuales.

Hoy, quien cuenta con una renta del trabajo inferior a 12.450 euros, abona un tipo del 19% frente al 24 en el que lo dejó José Luis Rodríguez Zapatero en su reforma de 2007. De 12.450 a 17.700 euros anuales el tipo es el mismo, del 24%; y quienes cobran entre 17.700 y 20.200 euros pagan incluso un tipo más bajo que antes, también del 24%.
(Expansión, 26-03-2018)

El Gobierno aprueba este martes los Presupuestos de 2018 con rebajas en el IRPF
El Gobierno aprobará este martes la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2018, que incluirá una rebaja del IRPF para las rentas más bajas, una subida de las pensiones mínimas y de viudedad, una mejora de las condiciones laborales y salariales de los funcionarios, la bajada del IVA del cine del 21% al 10% y un aumento de la partida para becas de estudio.

En concreto, dará 'luz verde' a las cuentas públicas de 2018, las séptimas del Gobierno de Mariano Rajoy, en un Consejo de Ministros extraordinario, tras haber ido retrasando su aprobación desde el mes de septiembre por la falta de apoyos ante la minoría en la que se encuentra el Ejecutivo en la Cámara Baja y por la crisis política en Cataluña.

Tras su aprobación, el Gobierno presentará el libro amarillo de las nuevas cuentas públicas en el Congreso el martes siguiente, el martes 3 de abril, con lo que se dará inicio a su tramitación parlamentaria que se prolongará alrededor de tres meses. Durante el mes de abril se producirán las comparecencias de los altos cargos en el Congreso y el debate de totalidad, previa presentación de las enmiendas a la totalidad y al articulado, y previsiblemente en mayo se producirá su aprobación en el Congreso, para llegar en junio al Senado y continuar su tramitación hasta su aprobación definitiva a mediados de ese mes.

Para ello, el Ejecutivo cuenta con el apoyo de sus socios de investidura y de los partidos que ya respaldaron los PGE de 2017 y el techo de gasto para este año, paso previo necesario para la aprobación de los PGE. En concreto, el Gobierno da por seguro el apoyo del PP y Ciudadanos, especialmente después de que la senadora 'popular' Pilar Barreiro comunicase el viernes su voluntad a la Mesa del Senado de abandonar el Grupo Parlamentario Popular e incorporarse al Grupo Mixto, una condición exigida por la formación naranja. También confía en recabar los apoyos del PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro mostró el "convencimiento" del Gobierno de que se aprobarán los Presupuestos, ya que confía en recabar los apoyos suficientes durante los tres meses de tramitación parlamentaria de las cuentas públicas en el Parlamento.

El Gobierno aprobó en julio de 2017 el límite de gasto no financiero para 2018, conocido como techo de gasto, que sube un 1,3%, hasta los 119.834 millones de euros. Poco después el Senado dio luz verde a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el trienio 2018-2020 que acompañan a las cuentas públicas.

Junto a los PGE se revisará el cuadro macroeconómico. Como consecuencia de la crisis catalana, el Gobierno rebajó en el plan presupuestario remitido en octubre a Bruselas sus previsiones de crecimiento para 2018, del 2,6% al 2,3%, al tiempo que elevó en una décima, hasta el 2,3%, su estimación de déficit. Ahora el pronóstico de crecimiento se elevará a al menos un 2,5% para este año.

En el borrador presupuestario, el Gobierno proyectaba para este año una disminución del gasto total seis décimas, hasta el 40,6% del PIB. En concreto, el gasto en Sanidad se reducirá del 6% del PIB de 2017 al 5,8% en 2018, el de Educación del 3,9% al 3,8% y el de protección social del 16,5% al 16,2%, aunque en términos absolutos en Sanidad y protección social se registrarán incrementos. A su vez, el gasto en servicios públicos generales bajará del 5,9% al 5,7% del PIB, en orden público y seguridad del 1,9% al 1,8%, y el de actividades recreativas, cultura y religión del 1,1% al 1%, mientras que subirá en Defensa, al pasar del 0,9% al 1%, y en asuntos económicos, del 3,7% al 3,8%, en tanto que se mantendrá en protección del medio ambiente (0,8%) y en vivienda y servicios comunitarios (0,4%).

Las nuevas cuentas públicas incluirán una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad y concentrarán las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias. Así, tras cerrar 2017 con un déficit del 3,07%, por debajo del objetivo del 3,1% comprometido con Bruselas, y con uno del 2,2% pactado para este año, el Gobierno llevará a cabo una rebaja del IRPF de unos 2.000 millones de euros, acordada con Ciudadanos, de forma que se reducirá el mínimo exento en el IRPF, que subirá de 12.000 a 14.000 euros al año para todos los contribuyentes.

A esto podría sumarse una rebaja adicional para los jubilados que perciben entre 14.000 y 17.000 euros de ingresos anuales. El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, aseguró que, después de que Rajoy eliminase el IRPF a todos los pensionistas con una pensión inferior a 860 euros al mes (12.000 euros anuales), el objetivo ahora era extender esa eliminación en el IRPF incluso hasta los 17.000 euros de pensión, si bien ningún miembro del Gobierno ha confirmado la introducción de esta medida.

Los PGE también incluirán las medidas recogidas en el acuerdo suscrito entre Hacienda y sindicatos, que contempla un marco plurianual de incremento salarial para los empleados públicos para los tres próximos años, con una subida salarial fija del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB. En total, la horquilla de alza salarial será de un mínimo del 6,9% y un máximo del 8,79%. También se mantiene la jornada semanal de 37,5 horas, pero se contempla la posibilidad de que cada administración pública pueda establecer en sus calendarios laborales otras jornadas ordinarias.

En materia de oferta de empleo público, se eleva al 100% la tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y al 75% en sectores no prioritarios, a lo que se añade una bolsa adicional del 5% para los sectores que consideren necesario reforzar, con lo que se asegura creación de empleo neto.

En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía autonómica y Policía local, la tasa de reposición sube al 115%. Además, los PGE incorporarán también el acuerdo del Ministerio del Interior con los sindicatos que contempla 1.207 millones en tres años para conseguir en 2020 la equiparación salarial entre policías nacionales y guardias civiles y que, en la práctica, se verá reflejado en 2020 en un aumento medio de 561 euros en la nómina mensual de los policías y de 720 euros en la de los guardias civiles.

A su vez, se incluirá la bajada del IVA del cine del 21% al 10% y un aumento de 50 millones de euros para las becas y ayudas generales, hasta los 1.472,9 millones de euros, un 3,5% más que en 2017 y el mayor aumento desde 2014.

Igualmente, están previstas ayudas para que las familias con hijos de 0 a 3 años puedan pagar la guardería, que se articularán a través de un impuesto negativo y de un aumento de los permisos de paternidad de cuatro a cinco semanas a partir de 2018, según lo acordado por el Gobierno y Ciudadanos.

Otras medidas que podrían incluir los PGE son la tarifa reducida para los nuevos autónomos, el complemento salarial para jóvenes y las partidas para dependencia y pobreza infantil. También incluirán partidas para el Corredor Mediterráneo y otras infraestructuras, y un incremento de los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas "muy por encima" de los 4.500 o 4.700 millones de euros sobre la financiación de este año.

Las cuentas públicas de 2018 también contendrán una subida de los valores catastrales para buena parte de los 1.831 municipios en los que se actualizarán las referencias de 2018.
(El Mundo, 26-03-2018)

El uso de facturas electrónicas creció en España
El número de facturas electrónicas en España ascendió a 156,65 millones de documentos en 2017, un 32,19% más que en el año anterior, según el estudio Seres de implantación de la factura electrónica en España 2016-2017. El 82,8% de las facturas correspondió a transacciones entre empresas (+35,2%), el 10,2% a operaciones entre empresas y las administraciones públicas (+25,7%), y el 7% restante a ventas de empresas a particulares (+11,1%).

El estudio de Seres apunta que el uso de la factura electrónica contribuyó al ahorro de 775,5 millones de euros y de 570.303 horas en la gestión de las facturas recibidas y 440,2 millones de euros y 92.127 horas en la gestión de las emitidas, además de reducir "de manera significativa" el impacto medioambiental derivado de la eliminación del uso de papel.

De acuerdo con el informe, la entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información (SII) en julio de 2017 ha supuesto una trasformación de la declaración del IVA para las grandes empresas españolas, muchas de las cuales "han encontrado en la factura electrónica el mejor aliado para cumplir con su obligatoriedad y suministrar sus registros a tiempo a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)".

Por regiones, Madrid, Cataluña y Andalucía lideran el ranking de emisores y de receptoras de documentos, aunque las comunidades con más empresas que facturan electrónicamente son Madrid, Valencia y Andalucía, ya que la facturación en Cataluña se vio afectada por el movimiento de empresas a otras regiones en la segunda mitad de 2017 debido a la inestabilidad política.

En cuanto a sectores, el de servicios se mantiene a la cabeza, con un 52,2% de la emisión y un 63,1% de la recepción total; seguido de industria, con el 43% de empresas emisoras y el 29,8% de receptoras, y del sector primario, con el 3,1% de empresas emisoras y el 2,8% de receptoras.

Además, son las empresas de mediano tamaño las que emiten más facturas (41,4%), seguidas de las grandes empresas (28,9%), las pequeñas (23%) y las microempresas (6,7%). En recepción de facturas, las que más reciben son las grandes empresas (30,7%), seguidas de las pequeñas (31,2%), las medianas (28,9%) y las microempresas (1,1%).
(Expansión, 24-03-2018)

Laboral

Ocho de cada Diez empleados con convenio no tiene el poder adquisitivo garantizado
¿Cuántos trabajadores disfrutan de una de estas cláusulas? Los datos de negociación colectiva de diciembre pasado indican que de los más de siete millones que habían cerrado sus condiciones laborales para 2017 (habitualmente son diez millones los protegidos por convenios) solo 1,5 millones tenían esta garantía del poder adquisitivo ante el repunte de la inflación, lo que equivale al 20% del total. Esto significa que, por el contrario, el 80% o, lo que es lo mismo, cuatro de cada cinco asalariados con convenio no tenían garantizado el pasado año el poder adquisitivo ante un repunte inflacionista.

De hecho, ese repunte es lo que sucedió en 2016 y 2017 cuando el IPC interanual de diciembre, que suele ser con el que se referencian las cláusulas de garantía salarial, fue del 1,6% y 1,1%, respectivamente, tras tres años (2015, 2014 y 2013) con los precios estancados o en negativo. En 2016, los trabajadores que tuvieron garantizado su poder de compra -y cuyos sueldos subieron al menos como la inflación de ese año- fueron aún menos que en 2017: solo el 14% del total de asalariados con convenio.

Todo esto no quiere decir que todos estos trabajadores pierdan poder adquisitivo, ya que muchos de los trabajadores sin cláusulas de garantía experimentaron incrementos salariales superiores al IPC de 2016 o 2017. Por ejemplo, el incremento salarial medio pactado en los convenios del pasado año fue del 1,43% frente a una inflación en diciembre del 1,1%. De hecho, el 40% de los asalariados experimentó el pasado año incrementos salariales superiores al 1,5%.

Técnicos sindicales explican que detrás de estos incrementos mayores al IPC está en la mayoría de los casos una negociación en empresas o sectores que referencian las subidas salariales al IPC pasado o presente, aunque sin garantizar una compensación que iguale un repunte de los precios.

Este referenciación a la inflación en la práctica de la negociación salarial se produce a pesar de que, en los últimos años, los negociadores han admitido la necesidad de vincular los salarios a otros indicadores como la marcha del PIB o las ventas de la empresa o el sector (apenas el 5% de los trabajadores tiene esta vinculación en su salario).

Históricamente, hasta el año 2009, las cláusulas de salvaguardia estaban muy extendidas en los convenios colectivos. De Durante toda la primera década de los años 2000 siete de cada diez trabajadores protegidos por la negociación colectiva tenían garantizado este poder de compra. Pero en 2009, “se declaró la guerra a las cláusulas de revisión”, se queja la experta en negociación colectiva de CC OO, Rita Moreno.
(Cinco Días, 26-03-2018)

Las muertes en accidente laboral aumentaron un 23% en enero
Un total de 52 trabajadores perdieron la vida el pasado enero en accidente laboral, diez más que los fallecidos en el mismo mes de 2017 (un incremento del 23,8%), según denunció este domingo en un comunicado el sindicato UGT, que califica de "escalofriante" este aumento, y que supone que mueran cinco trabajadores cada tres días durante su jornada laboral.

En enero se registraron un total de 97.841 accidentes laborales, un 6,6% más que en el mismo periodo de 2017. De ellos, 45.907 causaron baja y 51.934 fueron sin baja, según el avance del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de los accidentes de trabajo ocurridos en España en enero de 2018.

Para UGT, estos datos son "inasumibles". Señala que el pasado jueves en Cataluña fallecieron 2 trabajadores sepultados por un alud, resultando otro gravemente herido; en Extremadura hubo que lamentar otro accidente mortal en el sector de la construcción y en Zamora falleció un trabajador al volcar el tractor que conducía. El miércoles, en Murcia, la causa del accidente mortal fue la caída por un desnivel en una cantera. El martes, en Euskadi, un trabajador caía al vacío.

En todo el año 2017 fallecieron un total de 618 personas por el hecho de ir a trabajar, tres cada día laborable, "triste paradoja que tiene una clara y contundente explicación y que podríamos resumir en que la precariedad laboral mata", según UGT.

El sindicato denuncia que los accidentes de trabajo no paran de crecer, tanto los de con baja como los de sin baja, pero continúan notificándose más accidentes sin baja, "lo que sin duda está relacionado con la presión que sufren los trabajadores y trabajadoras a diario en su puesto de trabajo, con condiciones cada vez más precarias y con el miedo a denunciarlo por no perder su puesto de trabajo".

UGT reclama una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, exige "un mayor control del cumplimiento, por parte de las empresas, de la normativa de prevención de riesgos laborales en las mismas por parte de la Inspección de Trabajo". Además, UGT demanda un cambio en la política de empleo, que "genere puestos de trabajo de calidad y con derechos".
(El País, 25-03-2018)

Hacienda, obligada a identificar a las personas que ocupan cada puesto en la Administración
El sindicato CSIF ha dado a conocer este viernes una sentencia del Tribunal Supremo por la que obliga al Ministerio de Hacienda a identificar a las personas que ocupan cada puesto en la Administración, así como sus retribuciones, en lo que la organización califica como "una victoria judicial frente al enchufismo".

En un comunicado, CSIF ha recordado que el Departamento que dirige Cristóbal Montoro se había negado sistemáticamente a facilitar a los sindicatos de la función pública esta información con la excusa de "proteger los datos personales".

Sin embargo, el alto tribunal sostiene en su sentencia que Hacienda deberá aportar información precisa de todas las personas que trabajan en la Administración General del Estado, su ubicación dentro de la estructura organizativa y sus retribuciones para que los representantes sindicales puedan desarrollar sus funciones de defensa, vigilancia y control de la gestión.

Con esta resolución, se desestima el recurso interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra una sentencia de la Audiencia Nacional, que ya se pronunció a favor de la transparencia en la Administración.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) había presentado una demanda, junto a otras organizaciones, contra Hacienda, para que hiciera públicos estos datos con el fin de garantizar la transparencia frente a tratos de favor, enchufismo, así como para detectar las necesidades de la Administración y reforzar con personal en aquellos ámbitos donde sea necesario.

CSIF se felicitó este viernes de esta sentencia y en el ejercicio de responsabilidad, la llevará a término "para garantizar la correcta gestión de los puestos de trabajo de la Administración, para evitar que se produzcan abusos, arbitrariedades y asegurar la correcta prestación de servicios a los ciudadanos".

En su comunicado, ha recordado que el Ministerio de Hacienda siempre se ha negado a facilitar la información sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con la excusa de proteger el derecho a la protección de los datos personales como el nombre y los apellidos.

El Supremo, sin embargo, establece que los derechos fundamentales “no son absolutos” y que en este caso los datos requeridos son básicos para la identificación y ubicación de las personas dentro de la estructura organizativa y, por tanto, para el desarrollo de la relación laboral, y no exigen de consentimiento para ser recabados.
(El País, 24-03-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Wall Street despide la peor semana desde enero de 2016
Wall Street trató este viernes de salir como pudo de la zona de corrección. Pero en el actual clima de tensión puede más la incertidumbre que genera la agresiva política comercial del presidente Donald Trump y cómo va a responder China. El Dow Jones estuvo ligeramente en positivo en el arranque de la jornada. Pero después volvió a acusar la volatilidad y perdió un 1,8% al final de la sesión. Cerró así la peor semana desde enero de 2016, al dejarse un 5,7%.

El vuelco en el parqué neoyorquino se produjo cuando el embajador chino en Washington sugirió que su país estaría dispuesto a plantearse las compras de deuda pública estadounidense. Eso llevaría la confrontación a otro nivel, porque China controla cerca del 20% de los activos del Tesoro de EE UU en manos extranjeras. Es su principal acreedor desde la crisis financiera, con casi 1,2 billones de dólares en activos.

Como dicen los técnicos, el mercado es muy vulnerable a las sorpresas. El Dow Jones se movía en una línea muy fina en los 24.000 puntos, que perdió al cierre y está ahora a niveles de noviembre de 2017, por debajo del primer gran bache en febrero. El S&P 500 se dejó un 5,9% en la semana y el Nasdaq un 6,5%. Por si no fuera suficiente, Trump amenazó por la mañana con vetar la partida de gasto aprobada por el Congreso, necesaria para financiar las actividades del gobierno.

Con los tambores de una guerra comercial sonando cada vez más fuerte a escala global, este viernes el Nikkei japonés perdió un 4,5% de su valor. La jornada del jueves habían sido los estadounidenses Dow Jones y el Nasdaq los que cedieron terreno con fuerza, un 3% y un 2,4%, respectivamente. Poco después, cuando se ha abierto el mercado en Europa también han bajado los índices selectivos del continente europeo.

El Ibex español ha cerrado la jornada dejándose en torno al 0,99%, tras caer un 1,5% a las pocas horas de la apertura. Sin embargo, no ha sido de los que más se ha dejado. Mientras que el FTSE inglés solo ha caído el 0,44%, otros como el Dax alemán (-1,77%) y el CAC francés (-1,39%) han cerrado la jornada con bajadas más acusadas. Y eso ha influido en el retroceso del paneuropeo EuroStoxx 50, que se ha dejado un 1,5%.

Estos movimientos bruscos pueden llevar a una pérdida de confianza de los inversores, si no ven una oportunidad para comprar, lo que puede intensificar la corrección. Por su parte, el anuncio está teniendo menos impacto en el mercado de divisas. El dólar cede poco terreno frente al euro, un 0,05%, y se cambia a 0,819 euros. En cambio, frente a otra moneda como la libra gana peso y se revaloriza en un 0,15%, hasta pagarse cada dólar a 0,709 libras.
(El País, 24-03-2018)

 
 
 
 
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