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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 4 D’ABRIL DE 2018

Laboral

Corrección de errores por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2017 y las provisionales para 2018 del Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz
Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 16 de febrero de 2018, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2017 y las provisionales para 2018 del Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz.
(BOE, 04-04-2018)

Tablas salariales definitivas para el año 2017 del Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria
Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2017 del Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria.
(BOE, 04-04-2018)

Tablas salariales para 2017 y 2018 del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para 2017 y 2018 del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
(BOE, 04-04-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 3 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 3 de abril de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 04-04-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/index.php?d=82&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 4 D’ABRIL DE 2018

Fiscal

El Gobierno presenta los Presupuestos Generales del 2018 que dependen de la oposición
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, detalló este martes en el Congreso los Presupuestos de 2018 que aseguró son "para los pensionistas y los servidores públicos", así como los asalariados. Destacó que benefician a 13 millones de personas.

El gasto en pensiones aumenta un 3,7%. Dentro del gasto social la partida más relevante, desde el punto de vista cuantitativo (representan el 40,9% del total), son las pensiones, que en los PGE para 2018 registran un incremento de 5.188 millones de euros respecto al ejercicio anterior hasta situarse en los 144.834 millones. Estas cifras suponen que la partida destinada a pagar las pensiones ha aumentado un 3,7% respecto a los PGE de 2017, seis décimas más que en los anteriores (3,1%) y 8 décimas más que los de 2016 (2,9%). El incremento en pensiones que recogen estos Presupuestos se debe a las últimas subidas que anunció el Gobierno en esta materia.

Subida de pensiones mínimas. Concretamente, los Presupuestos incluyen una subida del 3% para pensiones mínimas y no contributivas, el 2% para viudedad, el 1,5% para rentas de hasta 9.800 euros anuales y del 1% para pensiones entre 9.800 y 12.040 euros anuales. Para el resto de pensionistas los PGE 2018 incorporan la revalorización garantizada por el propio sistema de pensiones, que será del 0,25% en 2018. Esta alza mínima es la que se aplicó en ejercicios anteriores y la que contribuyó a moderar el gasto desde 2014, después de que creciera casi un 5% en 2013.

Préstamo de 15.164 millones para mantener el sistema. El Presupuesto de la Seguridad Social para 2018 incluye, a la vista de su situación financiera, un préstamo del Estado por importe de 15.164 millones de euros para garantizar que el sistema pueda cumplir con el pago de prestaciones, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año. En 2017, el préstamo del Estado a la Seguridad Social fue de 10.192 millones de euros.

La subida salarial de los funcionarios supone 600 millones más. Los Presupuestos de 2018 incrementan en 600 millones la partida destinada al gasto en retribuciones a la función pública, tanto por la subida salarial del 1,75% a los empleados públicos como por la equiparación de sueldos de las fuerzas de seguridad. El proyecto de Ley inicia la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos, tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos. Este acuerdo beneficiará a casi 140.000 policías y guardias civiles. Además, en ámbito de la función pública, los presupuestos incorporan un sistema de actualización de las retribuciones para este año y los dos siguientes que incluye un incremento fijo y una parte adicional vinculada al crecimiento del PIB. En 2018 las retribuciones se actualizan un 1,75% para 3,1 millones de empleados públicos. Por otra parte, la oferta de empleo público incluirá una tasa de reposición del 100% para aquellas Administraciones Públicas (AAPP) que cumplan con los objetivos de déficit y deuda y la regla de gasto. En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la tasa de reposición será del 115 %.

El gasto en desempleo cae un 3,4%. Por otra parte, la mejora del mercado de trabajo lleva consigo que la partida destinada a pagar las prestaciones por desempleo descienda nuevamente, en un 3,4% hasta los 17.702 millones de euros.

El gasto en políticas activas de empleo se incrementa un 3,9%. El presupuesto para 2018 destinado a políticas activas de empleo alcanza los 5.716 millones de euros, un 3,9% más que en 2017. Este aumento responde, principalmente, al incremento en las partidas destinadas a financiar bonificaciones a la contratación (110 millones de euros, hasta 1.936 millones), formación profesional para el empleo (147 millones más, hasta los 2.284 millones) y oportunidades de empleo (12 millones de euros más que en 2017, hasta los 278 millones de euros). En concreto, de los créditos destinados a políticas activas, 3.327 millones de euros corresponden a actuaciones de inserción e incentivación a la contratación, de los cuales destacan 1.936 millones de euros que se destinan a bonificar la contratación de trabajadores desempleados. También, sobresalen 2.284 millones de euros destinados a actuaciones de carácter formativo, 4 millones de euros para actuaciones de fomento de la economía social y 101 millones para gastos de funcionamiento.

El gasto social representa el 55,6%. Montoro destacó que se han realizado subidas en educación y sanidad. Concretamente, el gasto educativo ha crecido un 3% hasta los 2.600 millones de euros y el sanitario un 3,9% hasta 4.251 millones. En su conjunto el gasto social representa el 55,6% de los Presupuestos y se ha situado en los 179.080 millones, 6.024 millones más.

La inversión vuelve a crecer con fuerza. La política de infraestructuras, que engloba a Fomento, Agricultura y Energía, contará este año con un presupuesto para inversiones de 8.487 millones de euros, incluidas las correspondientes al sector público empresarial, lo que supone un aumento del 13,5% respecto a lo presupuestado para 2017. En total, el Estado invertirá 2.814 millones de euros, mientras que los entes públicos y las sociedades mercantiles estatales aportarán 5.673, según el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2018. Por ministerios, Fomento dispondrá de 3.814 millones de euros en 2017, de los que 1.895 millones corresponderán a inversiones; mientras que Agricultura contará con 1.810 millones, 918 de ellos para inversión.
Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, dispondrá de 40 millones de euros, 10 más que un año antes. A estas cantidades hay que sumar los 12 millones en subvenciones de capital para financiar inversiones en infraestructuras del transporte metropolitano de Sevilla y Málaga.

Hasta 123.250 millones a CCAA y ayuntamientos. Los Presupuestos Generales de Estado de 2018 financiaran con 123.250 millones de euros a las administraciones territoriales, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, lo que supone 4.248 millones más que en 2017. De esta forma, las CCAA recibirán 105.020 millones y las corporaciones locales 18.230 millones en concepto de recursos del sistema de financiación. Los presupuestos también incluyen créditos para atender a convenios, subvenciones y otros gastos en los cuales el Estado participa en la financiación de bienes y servicios prestados por las administraciones territoriales, por importe de 1.621 millones de euros. Todo ello sumado a las dotaciones para financiar los mecanismos de apoyo financiero a las CCAA y ayuntamientos que garantiza sus mejores condiciones de financiación y que en 2018 supondrán 16.500 millones para las autonomías y 1.000 millones para los ayuntamientos.

La partida para pagar intereses de la deuda desciende un 1,9%. Los Presupuestos prevén que la deuda pública de España volverá a bajar en 2018 y lo hará hasta el 97% del PIB, desde el 98,3% de un año antes, mientras que el gasto por el pago de intereses de la deuda caerá el 1,9%, hasta 31.547 millones de euros. De este modo, la deuda del conjunto de las administraciones públicas quedará "claramente" por debajo del objetivo asumido en el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se estableció el techo de gasto para 2018, que lo situó en el 97,6%. Además, mantendrá la trayectoria descendente iniciada en 2014, cuando marcó un máximo del 100,4% del PIB, destaca el Gobierno. La caída notable de los tipos de interés de las nuevas emisiones ha permitido al mismo tiempo una evolución a la baja de la factura por el pago de intereses de la deuda, que ascenderá, en términos presupuestarios, a 31.547 millones en 2018, un 2,6% del PIB.

Cambios en el IRPF. La recaudación total prevista asciende a 233.508 millones de euros, y los ingresos tributarios totales está previsto que se incrementen el 6 % respecto a la ejecución de 2017, hasta los 210.015 millones, un máximo en la serie histórica. Por tipo de impuesto, el IRPF se incrementa un 6,5%; el IVA, un 5,6%; y el Impuesto de Sociedades un 4,8%. Se eleva el umbral de tributación desde los 12.000 euros actuales hasta los 14.000, de manera que quienes cobren un salario comprendido en este tramo, dejará de tributar por IRPF. Asimismo, se rebaja el impuesto para los salarios brutos entre 14.000 y 18.000 euros. Por otra parte, la reforma del IRPF incluye una ayuda a la natalidad, que incrementa en 600 euros la deducción por cada hijo que supere el mínimo establecido para las familias numerosas, y una ayuda de guardería que permitirá la deducción de hasta un máximo de 1.000 euros por año para las madres trabajadoras por gastos de guardería de niños entre cero y tres años. También se amplían los cheques familiares actuales, con una nueva deducción de 1.200 euros anuales por cónyuge con discapacidad.

Bajada del IVA del cine. Las cuentas de 2018 conllevarán una rebaja del IVA del cine del 21% al 10%, además de deducciones fiscales para las rentas bajas y pensionistas con exenciones para rentas inferiores a 14.000 euros anuales y con descuentos para rentas de hasta 18.000 euros anuales. Las deducciones para familias numerosas o con personas discapacitadas a cargo oscilan entre 1.200 euros (por cónyuge con discapacidad), 600 euros a partir del cuarto hijo, por niño, y 1.000 euros para gastos de guardería.

El debate de totalidad, la última semana de abril. El Gobierno ya presentado el detalle de sus cuentas que, de momento, no disponen de todos los apoyos necesarios para ser aprobadas antes de junio, fecha en la que entrarían en vigor. El primer trámite presupuestario será el debate de totalidad, que previsiblemente será la semana del 23 de abril, y el Gobierno necesita 175 diputados para que decaigan, tras un empate y una tercera votación, las enmiendas presentadas.
(Cinco Días / Expansión, 04-04-2018)

Comienza la Campaña de la Renta 2017, en el que más de 19 millones de españoles están llamados a presentar su declaración
Los rendimientos del trabajo (salarios, pensiones, prestaciones de desempleo o beneficios de los autónomos) tributan en el IRPF y también las rentas del ahorro y las plusvalías como las ganancias por la venta de acciones, los intereses de una cuenta corriente o el beneficio al vender una vivienda.

Normativamente no se han producido cambios de calado en un impuesto que se reformó en profundidad en 2015, cuando se rebajaron los tipos y los tramos. Las modificaciones más relevantes están relacionadas con la gestión del impuesto. Por ejemplo, este año se ha puesto en marcha por primera vez una aplicación móvil que permite presentar la declaración en un solo clic.

Desde el pasado 15 de marzo, los usuarios de Apple y Android pueden bajarse la aplicación. Una vez descargada la aplicación, el usuario deberá identificarse. Para ello, será necesario que el usuario obtenga un número de referencia, que se puede lograr a través de un certificado electrónico o la clave PIN. La mayoría de contribuyentes, sin embargo, no tienen acceso a estas vías. En este caso, deberán indicar su DNI, la fecha de caducidad y la casilla 450 de la declaración del ejercicio anterior 2016. Con estos datos, la aplicación ya reconocerá al contribuyente y podrá empezar a interactuar con la aplicación. En cualquier caso, los expertos desaconsejan que los contribuyentes que pueden descargarse el borrador en la aplicación presenten la declaración sin revisar a fondo los datos facilitados por Hacienda. Y esto es así porque es posible que la información que tenga Hacienda del contribuyente no sea del todo correcta –algo cada vez más raro- o sea incompleta, algo más habitual.

La Agencia Tributaria calcula que 4,8 millones de contribuyentes podrán presentar a partir del 4 de abril su declaración de la renta a través de la aplicación. En este colectivo, se encuentran los contribuyentes con declaraciones más sencillas. El resto de contribuyentes, accederán también a su borrador y la Agencia Tributaria le redirigirá a Renta Web para que realice las modificaciones pertinentes o aporte más información. Una vez realizado este trámite, puede volver a la app y presentar su declaración. O puede realizarla a través de Renta Web, que es la opción que elegirá la mayoría.

Hoy se inicia la Campaña de la Renta y esto significa que los contribuyentes que quieran pueden presentar la declaración a través de la aplicación o por vía telemática. La campaña de la renta durará hasta el 2 de julio. A partir del 8 de mayo el contribuyente puede pedir cita previa para acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria para que le confeccione su declaración de Renta 2017 y a partir del 10 de mayo empieza la atención a los contribuyentes en las oficinas. El 27 de junio es la fecha límite para declaraciones de renta y patrimonio 2017 con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta. La Campaña de Renta finaliza el 2 de julio.

La declaración puede tener un resultado positivo (a pagar) o negativo (a devolver). El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se articula a través de las retenciones. Los asalariados les retiene su empresa una parte de su sueldo en concepto de adelanto del impuesto. Si las retenciones realizadas a lo largo del año superan el resultado de la declaración es cuando sale a devolver. Si sale a pagar, significa que las retenciones son inferiores a la cuota resultante de la declaración.

Para los trabajadores por cuenta propia sí hay novedades en el IRPF, que derivan de la aprobación de la Ley Urgente del Trabajo Autónomo a finales del año pasado. Hacienda clarificó con una regla objetiva cómo puede el autónomo que trabaja en casa desgravarse los suministros del hogar. En concreto, la legislación establece que será deducible "el resultado de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior".
(El País, 04-04-2018)

Las nóminas de menos de 22.000 euros al año no tienen por qué tramitar la declaración
A partir del 4 de abril unos 19 millones de contribuyentes (con datos del año pasado) están llamados a hacer la declaración de la renta de 2017. Pensionistas, rentistas, trabajadores por cuenta propia y ajena y, en general, cualquiera que haya obtenido rentas en 2017 debe presentar la declaración de la renta. Con ciertos límites; no todo el mundo tiene por qué presentarla. Pero algunos que no estén obligados sí pueden ver conveniente rendir cuentas con Hacienda, para lo que será conveniente consultar el borrador. Cabe recordar que consultar el borrador no obliga a presentar la declaración. Además, este año el borrador se puede solicitar vía una aplicación en el teléfono móvil, lo que facilita el proceso.

Todos los asalariados que obtengan rendimientos de trabajo superiores a 22.000 euros anuales están obligados a presentar y suscribir la declaración por el IRPF. Por debajo de esa cifra nadie les prohíbe hacer la declaración, podrán declarar, pero no están obligados a hacerla. El límite se rebaja a 12.000 euros anuales en el caso de que se reciban de más de un pagador (para ello es preciso que el segundo abone más de 1.500 euros en el ejercicio). Si el contribuyente recibe pensiones compensatorias del cónyuge o si el pagador no está obligado a hacer retención (o si ésta tiene un tipo fijo).

También obligan a presentar declaración los rendimientos del capital mobiliario (por encima de 1.600 euros), o si se poseen viviendas que generen rendimientos del capital inmobiliario por encima de los 1.000 euros. Este límite se aplica también a las ganancias patrimoniales. Si se han registrado pérdidas patrimoniales, el límite para no tener que declarar es de 500 euros. Así, aunque el contribuyente haya perdido dinero vendiendo un coche, una casa u otro elemento patrimonial, debe consignarlo en Hacienda.

Esto no implica que quien esté por debajo de estas cantidades no tenga por qué hacer la declaración. Si le conviene o no dependerá de sus circunstancias personales; por lo general la Agencia Tributaria ajusta las retenciones sobre la nómina, de modo que en muchos casos el resultado de la declaración es prácticamente neutro. No obstante, para aflorar determinadas deducciones puede ser necesario presentar declaración.

Además, el contribuyente que se beneficie de la prestación por maternidad, por familia numerosa o por descendientes o ascendientes con discapacidad deberá presentar la declaración si tiene derecho a una deducción mayor que la que hayan percibido de forma anticipada.
(El País, 04-04-2018)

Laboral

La Semana Santa impulsa el empleo en marzo con 140.000 nuevos afiliados
La Seguridad Social ganó 138.573 cotizantes en marzo, animada por el tirón del turismo de Semana Santa, con lo que el número de nuevos afiliados en los últimos doce meses rozó los 600.000 y el ritmo de creación de empleo se situó en el 3,31%, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo.

De esta forma, el sistema ha vuelto a superar los 18,5 millones de cotizantes, algo que no ocurría desde el inicio de la crisis económica. En términos desestacionalizados, una vez hechos los ajustes de calendario, la Seguridad Social ganó 40.000 afilados en marzo, lo que confirma la tendencia positiva del comportamiento del empleo.

Aproximadamente la mitad de los nuevos empleos se crearon en la hostelería y el comercio; si bien también destacó especialmente la creación de empleo en el sector educativo que, pese a las vacaciones de Semana Santa, generó 17.371 empleos.

En marzo solo hubo un sector que destruyó empleo: la Administración Pública y defensa, con una caída de 5.425 cotizantes. No obstante, las cifras del empleo en las tres Administraciones Públicas (Estatal, autonómica y local) en los últimos doce meses no se ha resentido. De hecho, en las tres administraciones el empleo interanual crece por encima de la media nacional, con un avance de la ocupación en todo el sector público del 4,22%. Destaca el dinamismo de la administración autonómica, con casi 60.000 afiliados más que hace un año.

El mes pasado el paro registrado también disminuyó en 47.697 personas, con lo que el número total de desempleados registrados en las oficinas públicas de empleo sumó 3.422.551 personas, un 7.5% menos que hace un año.

Toda esta evolución de mercado laboral en marzo trajo una buena noticia para el sistema de pensiones, ya que el ratio de afiliados por pensionista, que es el que marca la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social aumentó del 2,24 al 2,26 después de que terminara el año pasado en el nivel más bajo de los últimos 18 años.

El proceso no ha pasado factura a Cataluña esta Semana Santa ya que la región se puso a la cabeza de la creación de empleo con casi 29.000 nuevos cotizantes en marzo. Si bien en términos relativos fue Baleares, la comunidad donde más creció la ocupación, un 6% en un solo mes, con 25.445 afiliados más.

En general, todas las comunidades generaron empleo en marzo, salvo Castilla La Mancha, que anotó una leve pérdida de 219 cotizantes. Aunque sí destaca la caída de 11.695 afiliados en Jaén, marcada por las campañas agrarias.

En cuanto a la calidad en el empleo, una vez más como viene siendo habitual en los últimos meses, la contratación indefinida se comportó mejor que la temporal, aunque esta última sigue siendo abrumadoramente mayoritaria. En marzo se registraron 86.000 contratos menos que en el mismo mes del año pasado, y eso que la Semana Santa de 2017 fue en abril. Esto supuso una caída del 5% del total de la contratación, arrastrada por una caída del 6,5% de los contratos temporales en los últimos doce meses, mientras que los fijos aumentaron en 15.020, un 8,4% interanual más.

Entre los nuevos indefinidos, la mitad fueron contratos fijos iniciales (7.792) y la otra mitad (7.228) fueron conversiones de temporales en indefinidos. Con esta mejora el peso de los nuevos contratos fijos sobre el total, roza el 12%, un porcentaje nunca visto desde el inicio de la crisis ni durante la recuperación.
(Expansión, 04-04-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

La banca española concede crédito a tipos "muy competitivos"
El Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Única de Resolución (JUR) difieren en varias cuestiones, como en las herramientas de financiación de resolución de los bancos europeos. Pese a todo, defienden una rápida constitución de la Unión Bancaria y, sobre todo, de un fondo de garantía de depósitos también europeo. Las diferencias entre los dos organismos europeos no son nuevas, aunque pocas veces se había escenificado en público. En esta ocasión el escenario ha sido el Banco de España repleto de expertos y autoridades.

Una de las principales diferencias que han demostrado ambos organismos es en las herramientas de liquidez para salvar los depósitos en un banco en resolución. La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, subrayado ayer la necesidad de instaurar un instrumento que dote de liquidez a las entidades en proceso de resolución.

Para König, el Mecanismo Único de Resolución está enfocado en solventar problemas de solvencia de las entidades, pero no de liquidez, causa, como se explicó, por la que cayó en un día Banco Popular. König reclamó así a las autoridades, entre ellas al Banco Central Europeo (BCE), a “abordar” esta cuestión.

“El tema que debemos abordar es la financiación de las resoluciones bancarias (...) El marco de resolución está enfocado a afrontar problemas de solvencia, pero no de liquidez”, insistió König, quien a su vez defendió que la Unión Bancaria garantice que los bancos puedan “fracasar”. Y como ejemplo, citó el caso de Banco Popular, primero y único que ha estrenado el sistema de resolución. En la caída de Popular, dijo, se tuvo la “suerte” de que el sistema español era sólido y líquido, ya que fue adquirido inmediatamente por Santander.

Durante su intervención en una mesa redonda organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de España en Madrid (en la que también participaron el subgobernador, Javier Alonso y el miembro del consejo ejecutivo del BCE, Yves Mersch), König defendió, no obstante, que la resolución de Popular demostró que el mecanismo es “adecuado”, ya que no afectó a la estabilidad financiera. Cree, de hecho, que cualquier resolución no debería afectar al resto de las entidades de un país o europeas.

Román Escolano aprovechó para destacar que, tras el proceso de reestructuración y saneamiento de la banca española, el sistema financiero es “más rentable, competitivo y eficiente”, a la vez que ofrece créditos a tipos “muy competitivos”. Durante su intervención en la clausura de la jornada Spain: From Recovery to Resilience, Escolano indicó que España ha tenido que hacer frente a una de las peores crisis financieras en “décadas”.

Recordó que se ha combatiendo los problemas con la puesta en marcha de medidas que “no han sido sencillas de adoptar”, pero que, tras un proceso “ambicioso” de capitalización, reestructuración y saneamiento, se ha configurado un sector bancario “más rentable, competitivo y eficiente”, y que ahora ofrece créditos a tipos de interés “muy competitivos”.

Ante este reforzamiento de la banca y de otros retos, el ministro opinó que España es un país “capaz de afrontar importantes adversidades”, razón por la que está en una posición “positiva” para contribuir al debate sobre el futuro de la UE, ya que sus reformas “pueden servir de referencia para abordar los desafíos que afronta la UE en general y especialmente la eurozona”. Advirtió que ninguna coyuntura dura “indefinidamente”, sino que “tarde o temprano la UE tendrá que hacer frente a algún shock”, pero aún la Unión Monetaria está “incompleta” y “carece de instrumentos”.
(Cinco Días, 04-04-2018)

Las cuentas abandonadas dejan al Estado 15 millones de euros al año
El Ministerio de Hacienda recauda anualmente alrededor de 15 millones de euros procedentes de cuentas corrientes o depósitos abandonados. En la última década ha ingresado más de 152,8 millones de euros por esta vía. Tan solo en 2016 recogió en sus arcas 13,13 millones procedentes de cuentas olvidadas, es decir, aquellas que llevan más de 20 años sin realizar ningún tipo de movimiento o gestión. “Dejar una cuenta corriente abandonada puede conllevar una serie de inconvenientes más allá de que el Estado se quede con el dinero que nadie reclama”, señalan desde el banco digital Self Bank que explica qué ocurre cuándo se deja una cuenta bancaria inactiva.

Obligación de informar a la Delegación de Economía y Hacienda de la existencia de cuentas abandonadas. Las entidades bancarias deber informar a la Delegación de Economía y Hacienda de la existencia de cuentas abandonadas. La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas recoge que el Estado se quedará con el dinero de las cuentas corrientes que no hayan registrado movimientos en las dos últimas décadas, y que tras notificación certificada al propietario no se haya obtenido respuesta.

No es lo mismo una cuenta cancelada que abandonada. Mientras el titular de la cuenta no la cancele o no transcurran 20 años sin que se realice ningún movimiento, la entidad bancaria considera que la cuenta sigue estando operativa. “En ocasiones cerrar una cuenta bancaria puede suponer un quebradero de cabeza y conllevar diversas gestiones. Sin embargo, en la actualidad algunas entidades como Self Bank ya ofrecen a sus clientes la posibilidad de cerrar una cuenta anterior con un solo click gracias al servicio de portabilidad bancaria”, explica la responsable de desarrollo de contenidos, productos y servicios de Self Bank, Victoria Torre.

Te pueden seguir cobrando comisiones. Dejar inactiva una cuenta y despreocuparse de ella no debería ser una norma habitual ya que es posible que nos llevemos una desagradable sorpresa. Si la cuenta tiene comisiones, la entidad seguirá cobrándolas periódicamente y mermando así el saldo existente. En ocasiones, al dejar inactiva la cuenta, con poco dinero, la entidad bancaria comienza a cobrar comisiones al no cumplir los requisitos estipulados.

Reclamación de deuda. Si ha pasado mucho tiempo desde que dejamos de hacer gestiones con una de las cuentas corrientes y el banco ha cobrado comisiones durante este periodo, se puede dar el caso de que la entidad reclame al titular la cantidad correspondiente a las comisiones devengadas de mantenimiento.

Descubiertos en la cuenta. Tras el transcurso del tiempo el cobro de las comisiones puede reducir el saldo bancario hasta dejarlo en números rojos. “En estos casos hay que tener en cuenta que la deuda con el banco puede incrementarse de forma considerable, según la política de cada entidad”, apuntan desde Self Bank.

Destino para el dinero de las cuentas abandonadas. La cantidad recaudada por el Ministerio de Hacienda procedente de las cuentas abandonadas se destina desde 2015 a la financiación de programas de formación dirigidos a personas con discapacidad.
(Expansión, 04-04-2018)

Las empresas públicas prevén ganar este año 2.868 millones, un 12 % más
Las sociedades estatales mercantiles y las entidades públicas empresariales no financieras prevén obtener este año un beneficio neto conjunto de 2.868 millones de euros, un 12 % más de lo presupuestado para 2017 (2.563 millones), según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Destacan los beneficios previstos por Loterías y Apuestas del Estado (1.870 millones), Enaire (1.363 millones), Puertos del Estado (191 millones), Grupo SEPI (148 millones) y Grupo Renfe Operadora (63 millones). Por el contrario, se espera que registren pérdidas este año Adif-Alta Velocidad (-229 millones), Adif (-199 millones) y Seittsa (-178 millones).

El importe neto de la cifra de negocio alcanzará los 28.187 millones, un 6 % por encima de la cifra esperada para 2017.Los mayores ingresos corresponden a Loterías y Apuestas del Estado (9.220 millones), Grupo SEPI (5.016 millones), Grupo Enaire (4.989 millones) y Grupo Renfe Operadora (2.728 millones). Las sociedades estatales y entidades públicas prevén invertir este año 7.027 millones, frente a los 6.043 millones presupuestados para 2017.

Las mayores cifras de inversión corresponden a Adif-Alta Velocidad (2.713 millones), Adif (848 millones), Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (803 millones) y Grupo Enaire (730 millones). Las aportaciones presupuestarias a las sociedades y empresas no financieras se situarán en 4.851 millones. El endeudamiento previsto al cierre del presente ejercicio ascenderá a 63.170 millones. Las entidades más endeudadas serán Adif-Alta Velocidad (17.924 millones), el Frob (15.439 millones), Grupo Enaire (7.997 millones), Grupo SEPI (7.520 millones) y Grupo Renfe Operadora (5.128 millones).
(Expansión, 04-04-2018)

El Gobierno se sube el sueldo un 1,5%
El Ejecutivo se aplica una mejora salarial del 1,5% en los PGE, 0,25 puntos menos que el resto de los empleados públicos. Con ello, el presidente Mariano Rajoy percibirá una retribución de 80.953,08 euros en el conjunto del ejercicio, casi 1.200 euros más que en el año pasado. Esta cifra supone una nómina mensual de 6.736,09 euros, sin percibir pagas extraordinarias, casi cien euros más que lo que cobra hasta ahora.

En su primera legislatura, Rajoy y los miembros de su Gobierno tuvieron el sueldo congelado, cobrando la misma cuantía con la que acabó el equipo de su antecesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sólo en 2016, cuando el Gobierno se encontraba en funciones, disfrutó de un alza del 1%, en la misma línea que el conjunto de los empleados públicos. En cualquier caso, los nuevos sueldos del Gobierno seguirán por debajo de los que había antes del estallido de la crisis. Por ejemplo, antes de los recortes de mayo de 2010, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, tenía un sueldo anual de 91.982,4 euros al año, un 13,6% por encima de la cifra prevista para este año.

Por otra parte, el resto de miembros del Ejecutivo también verán aumentado su salario en 2017 en la misma proporción. Así, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tendrá ahora asignada una retribución anual de 76.088,04 euros al año (6.340,67 euros al mes), mientras que los ministros percibirán 71.424,12 euros (5.952 euros mensuales).

Con todo, los secretarios de Estado, que están por debajo en la jerarquía, podrán seguir cobrando más que sus superiores, ya que disfrutan de la misma revalorización. Los secretarios de Estado y asimilados percibirán un sueldo base de 13.450,8 euros anuales, a lo que se añade un complemento de destino de 21.863,64 y uno específico de 34.115,34 euros, así como dos pagas extra de 679,07 euros. El total alcanza los 70.787,92 euros al año, a lo que hay que añadir los complementos de productividad y la cuota correspondiente por destino.

Por su parte, los subsecretarios mantienen una retribución global de 63.013,04 euros anuales y los directores generales y asimilados cobrarán 54.188,5, en ambos casos sumando sueldo, complementos y dos pagas extra que incluyen, además de la parte proporcional del complemento de destino, más de 700 euros.

La subida del 1,5% también se aplica a las retribuciones del presidente del Consejo Económico y Social (CES), que tendrá un sueldo anual de 88.013,76 euros y del presidente del Consejo de Estado (80.563,88 euros) y sus consejeros (cerca de 74.000 euros). Unas cifras que quedan por encima de los ministros y, en algún caso, del presidente del Gobierno, pero muy por debajo de los presidentes de los órganos judiciales: Carlos Lesmes, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial percibirá 134.760,74 euros; Juan José González Rivas, del Tribunal Constitucional, 149.007,18 euros; y Ramón Álvarez de Miranda, del Tribunal de Cuentas subirá a 116.564,00 euros).

Por encima de todos ellos está la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que percibirá 197.417,5 euros anuales, una vez que se incluye su asignación como diputada más el complemento como miembro de la Mesa del Congreso, la ayuda por provenir de fuera de Madrid y el dinero para gastos de representación y de libre designación.

El presidente del Gobierno recibirá este año 80.953,08 euros, un 1,5% más. Pese a la subida, la segunda de toda la etapa de Rajoy, su retribución queda lejos del sueldo de Rodríguez Zapatero en 2010, en 91.982,4 euros al año. La presidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, percibirá un sueldo de 76.088 euros al año, mientras que los ministros ganarán 71.414 euros. Todo el equipo disfrutará de la misma subida del 1,5% en 2018.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, es el alto cargo que más cobra, al sumar su sueldo de diputada y distintos complementos y ayudas. En total, percibirá 197.417,5 euros anuales, frente a los 194.500 de 2017.
(El Mundo, 04-04-2018)

Sector

Los abogados tienen una reducción fiscal por litigios de más de dos años
En una reciente sentencia el Tribunal Supremo ha interpretado el artículo 32.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que establece una reducción ahora del 30% - en el momento en el que se produjeron los hechos del caso era del 40% - en los rendimientos de actividades económicas generados en un plazo superior a dos años, aunque percibidos de una sola vez o en varios ingresos en el mismo año.

En el caso que llegó en casación al Alto Tribunal, los ingresos controvertidos fueron obtenidos en el ejercicio de su profesión como abogado, por su actuación de defensa procesal en un proceso de quiebra, cuya duración se había extendido más de dos años.

En primer lugar, el Supremo concluye que dichos rendimientos percibidos en un solo ejercicio fiscal por el abogado por sus servicios de defensa jurídica en procesos judiciales que duraron más de dos años, deben entenderse, como generados en un periodo superior a los dos años y por lo tanto se les podría aplicar la reducción del artículo 32.1 de la LIRPF.

Por su parte, tanto el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (TEAR) como la sentencia recurrida ante el Supremo consideraron que no podía aplicarse dicha reducción, puesto que los rendimientos procedían, según señalaron, "del ejercicio de una actividad que de forma habitual produce rendimientos irregulares", cumpliéndose así la excepción a la regla contemplada en el tercer párrafo del mismo precepto.

Sin embargo, el Supremo aclara que para determinar si unos ingresos resultan habituales y en consecuencia se excluye la aplicación de la rebaja fiscal, lo que se debe tener en cuenta es si lo son respecto del abogado, considerado individualmente, y no a si lo son en la actividad de la abogacía en su conjunto. Los motivos que fundamentan que esto sea así son, en primer lugar, que el abogado como contribuyente será el beneficiario de dicha reducción y, en segundo lugar, porque no existe una "unívoca, homogénea y genuina profesión de abogado que se materialice en determinadas actividades y rendimientos consecuentes". En consecuencia, dado que por lo general el letrado no cobra de una vez por más de dos años de servicios, el tribunal deduce que no se trata rendimientos habituales y por lo tanto no le es aplicable la excepción a la reducción fiscal.

Asimismo, se señala en la sentencia que la carga de la prueba corresponde a la Administración, es decir, que es quien debe justificar y motivar las razones por las que se considera que la reducción debe excluirse. De tal manera, que dado la Administración no había probado que los rendimientos procedentes del cobro de honorarios fueran regulares o habituales en el abogado, resultaba procedente la reducción de la base imponible en el IRPF, y por ende la devolución de los ingresos efectuados indebidamente.
(Cinco Días, 04-04-2018)

 
 
 
 
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