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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 7 AL 9 D’ABRIL DE 2018 Laboral Estatutos del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social Mercantil, Civil i Administratiu Valores de la retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2018 Formularios de solicitud del bono social Mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad Euro http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/ RECULL DE PREMSA DEL 7 AL 9 D’ABRIL DE 2018 Fiscal El Consejo General de Economistas eleva su previsión de crecimiento al 2,5% en 2018 De hecho, el CGE cree que, si se cumplen esos pronósticos, se podría cerrar en un 2,6%, incluso una décima por encima de su previsión, que mantiene en ese nivel "por prudencia". Asimismo, destaca que continúa la "pujanza" de la demanda interna que puede aportar 2,4 puntos al crecimiento, así como el sector exterior, con una contribución de 0,4 puntos, al tiempo que se confirma el "buen ritmo" en el crecimiento de la formación bruta de capital (inversión) que entre octubre y diciembre creció un 5,6%. La revisión al alza también se explica por los datos favorables de consumo, sustentado por el crecimiento del empleo), como de la inversión, que continúa la mejora de la confianza empresarial. Los economistas destacan además que el repunte del sector inmobiliario, el incipiente crecimiento de la construcción, y el esperado buen comportamiento de los servicios, ayudan a mantener "cierto optimismo" a estas alturas del año sobre la evolución del crecimiento, aunque prevén una moderación en el turismo respecto al récord del año anterior. A su vez, resaltan que el crecimiento de la economía mundial por encima del 4,5% y la moderada recuperación europea (2,1 al 2,2%) son "vientos favorables". Laboral Las jubilaciones anticipadas bajan por primera vez en tres años Se trata, por tanto, de la primera vez en tres años que descienden las jubilaciones anticipadas, que desde que se inició la recuperación habían aumentado consecutivamente un 3,1% en 2014; un 3,5%, en 2015; y un 7,8% en 2016. El motivo por el que se recomienda a España restringir estas jubilaciones anticipadas no es otro que su mayor coste para el sistema. Esta modalidad de retiro es más cara para la Seguridad Social que la jubilación ordinaria, porque el pensionista deja antes de cotizar y cobra más años pensión. Según los últimos datos disponibles de febrero de 2018, la pensión media de los nuevos jubilados anticipados es de 1.573 euros al mes, un 40% superior a la cuantía media que reciben los que acceden al retiro con más de 65 años y cinco meses, que cobran 1.125 euros al mes de media. Este mayor coste se produce a pesar de que, por lo general, la cuantía de la pensión de los jubilados anticipados se recorta con los denominados coeficientes penalizadores, que suponen una disminución de alrededor del 6% por cada año de anticipación respecto a la edad legal de jubilación. En concreto, casi siete de cada diez jubilados anticipados ve recortada su pensión para el resto de su vida por el efecto de estos coeficientes. En términos generales, casi un tercio de todas las nuevas pensiones de 2017 (el 29,3%) se vieron aminoradas por estos ajustes. Pese a ello, el elevado uso de esta modalidad de retiro–que llegó a suponer la mitad de todas las nuevas jubilaciones de 2004– llevó al primer Gobierno de Mariano Rajoy a adelantar a 2013 el endurecimiento del acceso a todo tipo de jubilaciones anticipadas (ordinarias y parciales), algo que estaba previsto para 2024, según la reforma de pensiones socialista de 2011. Menos de la mitad de jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil encontró empleo Los últimos datos que hay los proporcionó esta semana la ministra de Empleo, Fátima Báñez: más de 1,1 millones de jóvenes menores de 30 años se han inscrito, pero menos de la mitad ha encontrado empleo. Concretamente 470.000, un 43%, porcentaje que -pese a haber aumentado diez puntos en un año- sigue siendo prácticamente la mitad que otros países europeos como Francia o Suecia, que consiguieron emplear al 87% y el 71% de sus jóvenes, respectivamente, en 2015 (últimos datos disponibles), según el Informe de la Comisión Europea de 2016. La media europea se situó también muy por encima de la española (un 32% en 2015), al estar muy cerca del 70%. Si no solo se atiende al empleo, sino también a la formación, España se acerca un poco más a la media de los Veintiocho: un 38% de los jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil en 2015 (último dato disponible) había encontrado empleo o estaba desarrollando una actividad formativa seis meses después, frente al 40% de media en la UE. Sin embargo, sigue estando a gran distancia de países como Irlanda o Italia, donde el 71% y el 68% de sus jóvenes, respectivamente, estaban trabajando o formándose, e incluso por debajo de países como Grecia o Portugal. Otro dato en el que España sale muy mal parado es en el porcentaje de jóvenes que conocen la iniciativa de la Garantía Juvenil: solo el 25%, de nuevo la mitad que, en otros países europeos como Finlandia o Italia, que se sitúan en torno al 50%, aunque estos datos son de abril de 2016 y es muy probable que hayan aumentado significativamente en la actualidad. Además, hasta finales de 2015 solo el 10,7% de los denominados 'ninis' se habían inscrito en el programa español, frente a la media de la UE, que se elevaba hasta el 37,5%. «Las políticas activas de empleo y en particular la aplicación de la Garantía Juvenil no está obteniendo los resultados esperados», concluye el informe 'El reto de la Garantía Juvenil' publicado en 2017 por el Observatorio Social La Caixa. Las razones que aduce son el perfil heterogéneo del joven desempleado -aspecto que no se tiene en cuenta- y las dificultades de los Servicios Públicos de Empleo para llegar a los jóvenes que más podrían beneficiarse de ella. «España uno de los países de la Europa de los 28 en el que el rendimiento de la Garantía Juvenil es más bajo», resalta el citado estudio, que pide una modernización de estos servicios y una mayor profesionalización de sus empleados, así como una mayor dotación de recursos económicos y una evaluación permanente de los resultados obtenidos. Pese a esto, cabe resaltar que el pasado año se produjo un avance importante en este programa: el número de inscritos se duplicó con creces y pasó de los poco más de 400.000 registrados a 31 de diciembre de 2016 a superar el millón a finales de 2017. Y lo mismo sucedió con los jóvenes que lograron algún contrato al menos una vez al año: entre 2015 y 2016 no alcanzaron los 200.000 -según los datos ofrecidos por el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el PSOE-, una cifra que se superó en los doce meses siguientes si, tal y como avanzó Báñez, en la actualidad 470.000 menores de 30 años encontraron un empleo. Empleo pone la lupa en el falso autónomo Asimismo, tras el éxito de la jornada del pasado 8 de marzo en favor de la igualdad de las mujeres, las actuaciones de la Inspección se centrarán también en comprobar el cumplimiento de las normas de no discriminación por género. Además, se lanzarán campañas específicas sobre los planes de igualdad en las empresas, y "se potenciará la supervisión de la brecha salarial y de los convenios colectivos para evitar las cláusulas discriminatorias", indican en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Otro de los 12 objetivos de los inspectores y subinspectores de Trabajo será, como ya es habitual, controlar la contratación temporal injustificada, la contratación a tiempo parcial y los contratos formativos. En este sentido, habrá actuaciones específicas en relación con los becarios y las prácticas no laborales, así como para los cursos de formación de empleados, explican desde Empleo. Solo en 2018 la Inspección prevé realizar 510.000 actuaciones en todas las materias de la economía irregular e investigar casi 400.000 contratos de trabajo. Como fruto de estas investigaciones contractuales, los responsables de este organismo prevén que unos 60.000 trabajadores temporales pasen a ser indefinidos por estar ocupando un puesto fijo con contrato temporal fraudulento. Otro de los objetivos de control afectará a las horas trabajadas y horas extras. Pese a las polémicas actuaciones de la Inspección de Trabajo sobre la exigencia del registro diario de la jornada en las empresas y después de las últimas sentencias que ratificaban la no obligatoriedad legal de este registro, el plan estratégico de actuación no olvida esta cuestión y mantendrá un férreo control sobre las horas de trabajo. El Consejo de Ministros ha aprobado también hoy la creación de un nuevo organismo autónomo que se denominará Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el consejo rector de dicho organismo estarán presentes la Inspección de Trabajo, las CC AA y los empresarios y sindicatos. Además, se crea la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude en la que trabajarán conjuntamente la Inspección con la Agencia Tributaria, las fuerzas de Seguridad del Estado, la Fiscalía y los tribunales). Madrid lidera el ránking de CCAA más atractivas para trabajar Pese a que Cataluña cumple muchos de estos requisitos (de hecho, hasta hace poco era la ciudad preferida por las grandes compañías para establecer sus centros de servicios compartidos), la inestabilidad política de los últimos meses ha jugado en su contra y le ha hecho perder más de 15 puntos y situarse por detrás de regiones como el Principado de Asturias, Cantabria y las Islas Baleares. En España todavía la movilidad laboral es muy reducida, sobre todo, dentro del país. De hecho, en el último año sólo el 29% de los trabajadores cambió de territorio por cuestiones de trabajo, un porcentaje, no obstante, ligeramente superior al de 2016 (27%), según revela el estudio. Quienes más se desplazaron, con un porcentaje muy superior a la media (50%) fueron los profesionales de más de 67 años, seguidos por los más jóvenes menores de 34 años, con un 36%. Por contra, los trabajadores con edades comprendidas entre los 55 y los 66 años fueron los que menos cambiaron de región en el último año, tan solo un 21%. Sin embargo, aunque las cifras de desplazamientos sean bajas, el número de personas dispuestas a cambiar su lugar de residencia por un proyecto laboral interesante es mucho mayor, el 65% de los trabajadores encuestados. Por otra parte, si se analizan los datos por sexos, un 68% de los hombres asegura estar dispuesto a dejar su ciudad y moverse a otra localidad, frente a un 61% de mujeres. Mientras, por franjas de edad, de nuevo son los más jóvenes, con menos de 24 años, y los mayores de 67 los más dispuestos a desplazarse con un 75%, 10 puntos por encima de la media. En cambio, el porcentaje baja al 61% en los trabajadores que tienen entre 35 y 44 años, coincidiendo con la época en la que se tienen más responsabilidades familiares, lo que, sin duda, condiciona un posible traslado. En cuanto a la procedencia, los más dispuestos a desplazarse por trabajo son los profesionales de La Rioja (86%), seguidos de Castilla y León (80%), Extremadura (77%), Baleares (77%), Galicia (76%), Andalucía (76%), Castilla la Mancha (73%), Cantabria (71%), Aragón (70%) y Murcia (70%). Mercantil, Civil i Administratiu Cataluña o la Comunidad Valenciana no lograrán el objetivo de deuda hasta 2040 Así se desprende del 'Observatorio de Deuda' del cuarto trimestre, publicado este viernes por la AIReF, que continúa proyectando una senda "levemente decreciente" sobre la deuda pública, por lo que sigue estimando que la consecución de los valores de referencia legales para el conjunto de las administraciones públicas no se producirá antes del año 2035. En cuanto a las comunidades autónomas, el observatorio refleja que las mejor situadas son Islas Canarias, Madrid y País Vasco, que alcanzarían un nivel cercano al valor de referencia establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (13% de su PIB) dentro de los próximos tres años. Por el contrario, regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia no lograrían llegar al nivel de referencia hasta después de 2040 bajo los supuestos del escenario neutral. De su lado, destaca que solo el subsector de corporaciones locales ha sido capaz de alcanzar el valor de referencia ya en 2016, anticipándose al 2020, año previsto en la disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad, y señala que la "imposibilidad fáctica" de cumplir con dicha disposición para la mayoría de los subsectores llama a una revisión de la misma, de modo que prevea sendas "exigentes pero realistas". Por primera vez, la AIReF publica una nueva herramienta interactiva que permite realizar un análisis más detallado sobre la sostenibilidad de la deuda de las distintas administraciones públicas. La ratio de deuda sobre el PIB para el conjunto de las administraciones públicas se situó en el 98,3% (1,14 billones) al finalizar 2017, disminuyendo 0,3 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año, según datos del Banco de España, mientras que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) se recoge una décima más (98,4%). Según constata la AIReF a partir de los datos publicados por el Banco de España, en el cuarto trimestre de 2017, el conjunto formado por la Administración Central y los Fondos de Seguridad Social alcanzó una ratio de deuda del 71,1% del PIB (827.240 millones), 0,1 puntos porcentuales por debajo del trimestre anterior". En el caso de las corporaciones locales, la ratio bajó ligeramente hasta el 2,5% del PIB (28.950 millones) mientras que para el conjunto de las CCAA la ratio de deuda subió 0,1 puntos respecto del trimestre anterior y se mantuvo a nivel interanual en el 24,8% del PIB (288.110 millones). España se une al proyecto francoalemán de industria 4.0 Ha detallado que España participará junto con Francia y Alemania en este programa puntero y que presentará próximamente un marco estratégico de la industria española con dieciséis agendas sectoriales "y muy volcado en el liderazgo europeo". Escolano ha resaltado la importancia de que España siga orientándose hacia el exterior y ha asegurado que dentro de diez años la economía del país será "todavía más abierta que ahora". "Tenemos que convertirnos en una de las 4 ó 5 economías exportadoras de todo el mundo", ha agregado el ministro, quien ha garantizado que una de las prioridades del Gobierno será "apuntalar ese proceso de apertura exterior". Ha manifestado que España está ahora "en cabeza en Europa", con crecimiento y confianza, extremo en el que ha resaltado que dos agencias de calificación hayan subido en la nota a la economía española, una noticia que ha calificado de "muy importante" aunque aparezca "escondida en los periódicos". "El salto que hemos dado en confianza en el último año es fundamental", ha agregado el ministro, quien ha explicado que estas noticias suponen que las pymes van a tener mejor financiación, mejores plazos para pagarla y más barata. Ha opinado que con esta confianza España puede ser en los próximos años "una de las economías más serias del mundo y un líder en Europa". Para ello, Escolano considera que no se puede cambiar de rumbo ni volver hacia atrás ni oír "cantos de sirena de los que dicen que tienen otras fórmulas", sobre todos de quienes ya las aplicaron y llevaron a España a la situación de crisis. Sector El Rey preside en Barcelona la entrega de despachos a los nuevos jueces El Rey regresa a Catalunya después de que estuviera en la inauguración del Mobile World Congress a finales de febrero, en la que fue su primera visita tras la votación ilegal del pasado 1 de octubre y su posterior mensaje televisado. La entrega de despachos a los nuevos jueces (12.00 horas), a la que Felipe VI ha acudido en las dos últimas ediciones (2015 y 2016), siempre tiene lugar en Barcelona al ser la sede de la Escuela Judicial. Don Felipe va a estar acompañado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos. También va a participar la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, esposa del juez del Supremo, Pablo Llarena, el instructor de la causa por el “proceso”. A diferencia de otros años, no va a haber representantes políticos ante el deseo de la cúpula judicial para poner de relieve la independencia e imparcialidad de los tribunales respecto al poder ejecutivo y legislativo. En el Auditori de Barcelona solo va a estar el titular de Justicia, Rafael Catalá, en su condición de ‘ministro de jornada”, que es el que acompaña a la Familia Real a actos oficiales. |
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