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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DE L’11 D’ABRIL DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua de las entidades integrantes del Sector Público Institucional Estatal
Orden HFP/371/2018, de 9 de abril, por la que se regulan las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua de las entidades integrantes del Sector Público Institucional Estatal.
(BOE, 11-04-2018)

Euro
Resolución de 10 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 10 de abril de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 11-04-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/index.php?d=88&s=3

RECULL DE PREMSA DE L’11 D’ABRIL DE 2018

Fiscal

La Agencia Tributaria marca una serie de reglas para llevar la contabilidad de los autónomos
La Agencia Tributaria marca una serie de normas que deben cumplir los libros de registro de los autónomos. Los libros deben llevarse con total claridad y exactitud. Es importante considerar el orden de las fechas de las operaciones, no tener espacios en blanco, ni tachaduras. Es obligatorio salvar, en el momento en que se conozcan, los posibles errores u omisiones de las anotaciones registrales.

Los registros deben ir expresados en euros. En caso de que la factura emitida venga dada en otra divisa, deberá realizarse la conversión antes de inscribir la operación en el libro de registro. Las páginas de todos los libros de registro deben ir numeradas de forma correlativa. Estas recomendaciones son comunes a todos los libros de registro. Y es que los trabajadores por cuenta propia deben contar con varios de ellos, dependiendo del tipo de operación que se realice en la actividad empresarial.

Existe, pues, cuatro libros de registro de IVA: De facturas expedidas o emitidas. De facturas recibidas. De bienes de inversión. De operaciones intracomunitarias. Los dos primeros (facturas emitidas y facturas recibidas) son los más comunes, y los que todo autónomo debe tener. Son los que se denominan libros de registro de carácter general.

Las facturas emitidas son las correspondientes a las operaciones que el autónomo realiza para un tercero. Es decir, el trabajo o servicio realizado. El autónomo deberá emitir una factura en la que se indique el trabajo realizado, el precio por ese trabajo, y el IVA correspondiente. En el libro de registro, el autónomo deberá inscribir una a una todas las facturas emitidas (o, en su caso, documentos sustitutivos) de todas sus actividades (que estén sujetas al IVA). Estas facturas deberán tener un número, una serie (si procede), la fecha de expedición y la fecha de realización de las operaciones, en el caso de que sea distinta de la de emisión. También debe estar indicado el nombre y apellidos, así como la razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del destinatario, la base imponible de las operaciones realizadas, el tipo impositivo y la cuota tributaria.

Todos los documentos de facturación se deben registrar separados uno a uno. Se ofrece la posibilidad de sustituirlo por resúmenes en los que se deberá indicar la fecha o periodo de expedición, la base imponible global, el tipo impositivo, la cuota global de facturas o documentos sustitutivos numerados correlativamente y expedidos en la misma fecha, y los números inicial y final de los documentos anotados.
(Cinco Días, 11-04-2018)

Hacienda, obligada a sacar a la luz pactos fiscales ocultos con Luxemburgo
La Audiencia Nacional obliga a Hacienda a publicar los pactos fiscales con Luxemburgo acordados en 2000 y 2015 que mantiene ocultos, en aras de la "seguridad jurídica". Así lo establece la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia, del pasado 26 de febrero, en la que da la razón a un contribuyente que requería estas dos reformas del Convenio fiscal con el Gran Ducado, que se rubricó en 1986, y que el Ministerio no ha publicado. Hay más de 1.000 millones de euros pendientes en pleitos con fondos con intereses en Luxemburgo a los que afectan estas normas, según aseguró Hacienda en otro procedimiento.

La Audiencia desestima así el recurso del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Tributos y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y ratifica la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7, que dio la razón al contribuyente. El recurrente solicitó al Ministerio acceso a las reformas del Convenio entre España y Luxemburgo de 2000 y 2015, lo que le fue denegado el 28 de enero de 2016. Entonces, reclamó frente a esta denegación ante el Consejo de Transparencia, quien también desestimó su reclamación el 9 de mayo de 2016.

Son dos los argumentos de Hacienda y del Consejo de Transparencia. El Ministerio alega que la Ley de Transparencia es subsidiaria en esta reclamación, es decir, que no le obliga, ya que "los acuerdos internacionales están sometidos al principio de publicidad (artículo 9.3 de la Constitución) mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y, por tanto, fuera de la aplicación de la Ley de Transparencia".

En su resolución, el Consejo de Transparencia explica que el Ministerio de Hacienda le traslada que "la publicación está tramitándose en el BOE", si bien el Consejo señala que "la publicación debe estar prevista y completada en un periodo de tiempo razonable". En la sentencia, se estipula que "no consta en el expediente ni se indica en la contestación a la demanda ningún dato concreto sobre ese proceso de tramitación, es decir, actuaciones ya practicadas y su fecha, y plazo probable de conclusión; antes, al contrario, remitido oficio al BOE, ha contestado que no se ha publicado en el BOE por no tener constancia".

De nuevo requerida, la Secretaría General del BOE responde, a través del Ministerio de Presidencia, que "preguntado el Ministerio de Asuntos Exteriores nos contesta que a ellos tampoco les consta". La sentencia concluye que cuando Hacienda y el Consejo de Transparencia consideraron causa de inadmisión el que la información esté en curso de publicación, "no existía ningún proceso de elaboración o de publicación".
(Expansión, 11-04-2018)

La plataforma contra el Impuesto de Sucesiones se prepara para elevar sus quejas a Europa
“Injusto, cruel y anticonstitucional”. Así califican al Impuesto de Sucesiones desde la recién nacida Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones. Esta organización surgida de la unión de las plataformas de protesta en las comunidades autónomas en la que el tributo es más alto (Andalucía, Aragón y Asturias) ha decido dar un paso más en sus reivindicaciones ya asegura estar trabajando en una demanda contra las administraciones españolas, tanto nacional como autonómicas, que tienen previsto presentar próximamente ante la Justicia europea.

“Acusaremos a las administraciones públicas españolas de prevaricación, anticonstitucionalidad y violación de los derechos humanos básicos por mantener el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y aplicarlo de manera injusta y arbitraria” ha explicado en rueda de prensa Juan Carlos Valverde, uno de sus portavoces. Esta es solo una de las medidas que tienen previstas para presionar “todo lo posible” a los políticos ante la inminente cita electoral local y autonómica.

También están trabajando en elevar sus quejas a la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea y al Parlamento Europeo. “Creemos que puede prosperar porque la Unión Europea ya ha condenado a España por atentar contra la libre circulación de capitales y la libre elección de residencia”, explica Juan Carlos Valverde. Además, considera que pueden hacer valer argumentos como que hay trato discriminatorio entre ciudadanos de un mismo país.

Mientras consiguen armar su estrategia judicial, prevén, emular las protestas de los jubilados, sacando a los afectados del impuesto de sucesiones a la calle en función del calendario electoral en línea con las protestas que ya han llevado a cabo en diferentes comunidades.

“A pesar de las rebajas y reducciones al impuesto, todas ellas bien publicitadas por los políticos para detener una protesta popular creciente que les puede hacer daño en las urnas, el impuesto sigue vivo”, asegura Valverde.
(La Vanguardia, 11-04-2018)

Laboral

La subida salarial media pactada en convenio escala hasta el 1,53% en el primer trimestre
La subida salarial media pactada en los convenios colectivos registrados hasta marzo se situó en el 1,53%, ligeramente por encima del 1,51% de febrero, según datos provisionales publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esta variación salarial es tres décimas superiores a la tasa del IPC interanual del mes de marzo (1,2%) adelantada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales del mes pasado.

En ausencia aún de una referencia salarial pactada entre patronal y sindicatos para 2018, el incremento retributivo registrado hasta marzo parece estar siguiendo, de manera aproximada, las directrices marcadas en el anterior Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, que planteaba subidas salariales de hasta el 1,5%. Patronal y sindicatos se encuentran negociando un nuevo acuerdo interconfederal de negociación colectiva, en principio de carácter plurianual, para 2018 y 2019.

UGT y CC.OO. han planteado a la CEOE establecer un sueldo mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales brutos y un alza salarial mínima del 3,1% como resultado de una inflación prevista del 1,6% más 1,5 puntos adicionales de recuperación de poder adquisitivo perdido en la crisis. A ello habría que sumar un aumento adicional derivado de las ganancias de productividad, aunque su cuantía iría en función de cada empresa o sector.

La CEOE, por su parte, propone para 2018 un aumento salarial en línea con el planteado para 2017, aunque otorgando una especial importancia a la parte variable. La oferta que los empresarios efectuaron para 2017 consistía en una subida de entre el 1,5% y el 2%, más un variable de medio punto ligado a la productividad. En principio, CEOE y Cepyme tienen intención de elevar el variable hasta el 1%, aunque tienen previsto concretar las cifras de su propuesta "conforme avance la negociación".
(Cinco Días, 11-04-2018)

Sólo un 23% de las empresas españolas destina parte de su presupuesto a la diversidad
La diversidad es la fuente de la creatividad en las organizaciones. Son muchos los análisis que confirman que una plantilla diversa propicia la innovación. Parece claro que puntos de vista procedentes de personas de distinto género, edad, religión y orientación sexual resultan definitivos en el seno de aquellas organizaciones que deseen ser un reflejo de la sociedad. Lori Bitter, una de las Next Avenue's Top 50 Influencers in Aging for 2017 y autora de The Grandparent Economy, destacaba que hay estudios que indican que una mano de obra más heterogénea es más creativa y productiva: "las empresas deben encontrar la forma de dar esta flexibilidad para retener esta mano de obra tan valiosa”, afirmaba.

Sin embargo, el último estudio de Diversidad de Inclusión, realizado por Talengo - firma global de búsqueda de directivos y consultoría de liderazgo- y APD, concluye que para las empresas españolas la diversidad todavía no es una prioridad. Casi una cuarta parte de los consejeros de empresas españolas es mayor de 60 años; en los comités, el grupo mayoritario (50%) es el de profesionales entre 45 y 59 años. La diversidad de nacionalidades no sale mejor parada: un 69% de las compañías no tiene a ningún miembro de nacionalidad distinta a la española en sus consejos, y un 65% tampoco cuenta con un extranjero en su comité. Por si esto fuera poco, la mujer ocupa un 26% de los puestos de consejeros y el 32% en comités de dirección; y en el 60% de los consejos sólo hay una mujer o ninguna.

Un 69% de las compañías no tiene a ningún miembro de nacionalidad distinta a la española en sus consejos. No obstante, todas las compañías afirman disponer de un plan específico para trabajar la diversidad, pero sólo el 62% asegura trabajar en al menos cuatro de los aspectos de diversidad -género, edad y funciones son los de mayor relevancia- pero ni le dedican presupuesto ni tampoco tienen a un profesional responsable de su desarrollo o KPIs para medir sus avances (el 55% no cuenta con ninguna de las tres cosas). Es decir, se preocupan, pero realmente no se ocupan. Sólo porcentajes pequeños, del 11% y el 17%, centran sus esfuerzos en uno o dos aspectos respectivamente. En este sentido, la diversidad de género es la más mencionada, seguida de cerca por la generacional y la funcional.

Para Marta García-Valenzuela, socia de Talengo y experta en diversidad, "existe, sin lugar a dudas, una clara contradicción entre la manera en que las empresas declaran trabajar sobre la diversidad y la realidad que reflejan sus datos. Su deseo no se traduce en la existencia de una estrategia con los medios y la ejecución necesarios. Mientras las empresas no apuesten por políticas serias que supongan un verdadero cambio seguirán perdiendo todas las ventajas que aporta la diversidad y esto les seguirá restando competitividad".
(Expansión, 11-04-2018)

La preocupación por las pensiones repunta a su mayor nivel en 30 años
La preocupación ciudadana por el futuro de las pensiones se ha duplicado en el último mes hasta alcanzar su nivel más alto de los últimos 30 años, mientras continúa bajando la inquietud de los españoles por la independencia de Cataluña, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El barómetro del CIS, elaborado entre el 1 y el 13 del pasado mes de marzo, refleja que las pensiones escalan hasta el quinto puesto en la lista de problemas coincidiendo con las masivas movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones y ya son citadas por un 15,5% de los encuestados frente al 8,8% de la anterior encuesta.

Del otro lado, la independencia de Cataluña vuelve a caer a su nivel más bajo desde el referéndum ilegal del 1 de octubre, con un 8,6%o frente al 11,3% del mes pasado. No hay cambios en los primeros puestos de la lista, encabezada por el paro, con un 65,9% -cuatro décimas más que en febrero-, seguido de la corrupción, que baja más de cuatro puntos hasta el 34,5%.

Le siguen "los políticos", con un 26%, y los problemas de índole económica, al que citan el 19,7% de los encuestados. Ya justo detrás se cuelan en la lista las pensiones con un 15,5%, subiendo del noveno al quinto puesto en solo un mes.

Al igual que el mes pasado, destaca la escasa preocupación que genera en los encuestados los problemas relacionados con la mujer o la violencia machista, pese a que el trabajo de campo de este barómetro se realizó en los mismos días de la huelga feminista del 8 de marzo. Solo un 1%de los ciudadanos cita la situación de las mujeres como uno de los tres principales problemas -0,5 en febrero- y un 2,1 la violencia machista -2,4 el mes pasado-.

Por otro lado, empeora claramente la percepción de los españoles sobre la situación política. Un 74,9% la califica de "mala o muy mala", cuatro puntos más que en la anterior encuesta y un 20,1 regular, mientras bajan los que la ven como "buena o muy buena", del 3,6% al 2,7% de los encuestados. A un año vista, también descienden los que creen que la situación política mejorará, del 13,3% de febrero al 10,2, al tiempo que aumentan los que consideran que la situación política irá a peor, del 26,2 de hace un mes, al 29,1% de este barómetro.
(El País, 11-04-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

La vivienda se comporta cada vez más como las acciones o los bonos
La subida del precio de la vivienda ha sido una característica compartida por la recuperación económica observada en numerosos países, llegando en los últimos años a registrarse una simultaneidad de este encarecimiento que se asemeja "al periodo previo a la crisis", según señala el Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtiendo de que el precio de las casas está empezando a comportarse como el de los activos financieros, sometidos a la influencia de inversores globales.

En este sentido, la institución dirigida por Christine Lagarde señala que recientemente el precio de la vivienda en el mundo muestra una creciente tendencia a moverse en el mismo sentido al mismo tiempo, añadiendo que el crecimiento "sincrónico" de la economía, que en 2017 creció en 120 países del mundo, representó un impulso adicional a la demanda de vivienda, empujando al alza las presiones de precios.

Al respecto de este fenómeno, el FMI considera que la sincronía en el movimiento al alza del precio de la vivienda, además de la evolución económica, refleja también las condiciones financieras predominantes, principalmente en las mayores economías avanzadas. De este modo, el análisis del FMI señala que el entorno de bajos tipos de interés ha empujado a inversores institucionales globales a buscar mayores rentabilidades en algunos mercados inmobiliarios, lo que aparece como explicación potencial para los incrementos "fuertes y sincronizados" del precio de la vivienda.

"Todo esto sugiere que los precios de la vivienda están comenzando a comportarse más como activos financieros, como acciones y bonos, influenciados por inversores de todas partes del mundo", señalan los economistas Claudio Raddatz Kiefer y Jane Dokko en el informe publicado por el FMI, subrayando que los países más abiertos a los flujos globales de capitales registran mayor grado de sincronía de los precios de la vivienda y las acciones con los mercados globales.

Los economistas señalan que, a diferencia de los activos financieros, la vivienda supone el principal activo para la mayoría de familias, así como el principal pasivo en forma de hipoteca, mientras los bancos realizan grandes inversiones en la concesión de préstamos hipotecarios, lo que les hace vulnerables a las variaciones en el precio de las casas.

Así, los expertos advierten de que las autoridades deberían prestar atención, ya que la creciente tendencia de los precios de la vivienda a moverse en tándem puede señalar mayores probabilidades de recesión, puesto que un 'shock' en alguna parte del mundo es más probable que afecte a los mercados inmobiliarios de otros lugares.

"Las autoridades deberían prestar atención a los movimientos sincronizados en los precios de la vivienda, especialmente cuando la actividad del mercado inmobiliario o las valoraciones se consideren excesivas", recomiendan.
(El País, 11-04-2018)

Sector

Los despachos se atreven con las redes sociales
Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube y, más recientemente, Instagram son un potente escaparate en donde se mueve información, se opina y debate y, sin duda, se influye. La abogacía, un sector tradicionalmente conservador, no se ha mantiene ajena a esta revolución y el uso de estas herramientas se ha extendido entre sus profesionales, conscientes de las ventajas y beneficios de participar en las redes para captar clientes y comunicarse con ellos. Pero no se trata solo de estar, también hay que conocer y saber utilizar los distintos canales; tener claro qué se quiere y cómo conseguirlo.

Los grandes despachos que han dado el salto a este ámbito aprovechan su potencial y usan el conocimiento de sus abogados para posicionarse en un entorno competitivo y, a veces, agresivo. Para obtener el éxito esperado, destacar entre la competencia, crear oportunidades y un retorno para el negocio, elaboran una estrategia de comunicación corporativa adaptada a sus objetivos y cuentan con un equipo experto en redes y marketing que establece las pautas y buenas prácticas a seguir, incluyendo una escucha activa del cliente. Se trata, dicen, de sumar y no restar.

Un estudio sobre cómo actúa el sector de la abogacía en las redes sociales, llevado a cabo en 2016 para Wolters Kluwer, mostraba el alto posicionamiento de estas herramientas como instrumentos de conversión, captación, imagen y fidelización para los bufetes y firmas legales. Una de las conclusiones del estudio revelaba que, si bien las firmas conocían su potencial, no sabían cómo sacarles todo el partido posible y conseguir mejores resultados en sus canales on line. Como ejemplo, un 47% de los más de 600 abogados autónomos y de grandes despachos consultados, apostaba por las redes sociales como pilar de una buena reputación en el sector, pero cinco de cada diez confesaban desconocer cómo mejorar la reputación a través de ellas.

La industria legal está comenzando a darse cuenta, indica, de cómo las redes sociales pueden ayudar a los abogados a “construir y cimentar las relaciones personales”, cruciales para el negocio. Para generar oportunidades, subraya, las cuentas propias de los abogados son, al menos, tan importantes como las cuentas globales de la firma. De hecho, cada vez más abogados consiguen trabajo como resultado de interacciones que han comenzado o continuado a través de las redes sociales, particularmente LinkedIn.
(Cinco Días, 11-04-2018)

 
 
 
 
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