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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 24 D’ABRIL DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales
Resolución de 16 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
(BOE, 24-04-2018)

Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 13 de abril de 2018
Resolución de 12 de abril de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 13 de abril de 2018.
(BOE, 24-04-2018)

Euro
Resolución de 23 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 23 de abril de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 24-04-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/index.php?d=99&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 24 D’ABRIL DE 2018

Fiscal

Airbnb informará a la Agencia Tributaria de pagos y cobros ligados a los alojamientos
La compañía con sede en San Francisco ha enviado a sus clientes de todo el mundo una notificación en la que informa sobre la actualización de su política de servicios, de pago de los servicios y de privacidad. La nueva versión de las dos primeras entrará en vigor el próximo 27 de junio para todos los clientes, tanto antiguos como nuevos, mientras que las nuevas condiciones de privacidad se actualizarán el próximo 25 de mayo.

Y es en este último apartado donde reside la principal novedad en la política de la compañía, que se pliega en España a los requisitos de Hacienda (se había negado a aportar datos de sus clientes salvo mandato judicial) y que a partir del próximo 25 de mayo sí lo hará. En el punto 3.9 de las nuevas condiciones de privacidad, la compañía establece que los anfitriones y huéspedes, cuando así lo autorice la legislación aplicable, “nos otorgan autorización de manera expresa, sin mediar notificación adicional, para divulgar datos de los anfitriones y huéspedes y demás información relativa a ambos o a sus transacciones, reservas, alojamientos e impuestos sobre el alojamiento a las agencias tributarias pertinentes, incluidos entre otros datos el nombre del anfitrión o del huésped, las direcciones del anuncio, fechas e importes de transacciones, NIF/CIF e información de contacto, así como el importe de impuestos que los anfitriones hayan recibido de los huéspedes (o que estos adeuden a los primeros)”.

Este era el principal punto de fricción entre Hacienda y Airbnb. Hacienda aprobó a finales de 2017 un decreto en el que obligaba a las plataformas a aportar información sobre sus clientes y los ingresos que percibían. Los requisitos se perfilaron en un borrador de reglamento que fijaba que el primer envío de información se produciría en octubre, con los datos correspondientes al tercer trimestre (julio a septiembre) y que a finales de año aportaría el resto de la información de 2017. La compañía se había negado a aportar los datos si no era por mandato judicial, mientras que Hacienda le había amenazado con sanciones millonarias si no lo hacía, que podrían llegar hasta los 2,4 millones.

Es el segundo paso en esa dirección que toma la compañía con sede en San Francisco, que ya anunció hace dos semanas el acuerdo suscrito con la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) con tres ejes: la creación de una web específica (www.anfitrionesresponsables.com), en la que se ofrece información fiscal y se trata de aclarar las deudas más recurrentes a anfitriones y huéspedes; un servicio personalizado de asesoría para los clientes de Airbnb y la realización de seminarios sobre el pago de impuestos.

La amenaza de Hacienda parece haber pesado más que el balón de oxígeno que le ofreció la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 20 de marzo, cuando requirió a la Agencia Tributaria que realizara modificaciones sobre la obligación de información en materia tributaria a las plataformas como Airbnb. Hacienda ya contestó que la CNMC solo cuestionaba una parte del decreto, que habría que esperar a la impugnación y si finalmente se le daba la razón.
(Cinco Días, 24-04-2018)

El Círculo de Empresarios pide bajar impuestos a la empresa y alargar la edad de jubilación
El Círculo de Empresarios cree que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que actualmente se tramitan en el Congreso han renunciado "al impulso reformista" y pecan de un exceso de electoralismo. Así lo ha defendido el presidente de esta institución, John de Zulueta. Durante la presentación de un informe sobre el proyecto de ley de Presupuestos, el presidente del comité de Economía del Círculo de Empresarios, Josep Piqué, señaló que la debilidad parlamentaria impide que se lleven a cabo reformas estructurales y señaló que medidas como la rebaja del IRPF a rentas más bajas pueden considerarse como "electoralistas".

El Círculo de Empresarios elabora en su informe un conjunto de recomendaciones que, en su opinión, permitirían dotar a la economía española de "mayor estabilidad y certidumbre". En el ámbito tributario, el Círculo de Empresarios establecer un tipo único del 20% en el impuesto sobre sociedades, lo que supondría una reducción de cinco puntos. En el IVA, la institución apuesta por "simplificar su diseño y reasignar los bienes sujetos al tipo general y reducido siguiendo el esquema mayoritario de los países de la UE". Sin decirlo claramente, el Círculo de Empresarios reclama un incremento del IVA en la medida en que propone que tipos que hoy están bonificados pasen al gravamen general. Piqué destacó que España recauda menos que la media por IVA, el principal impuesto que recae sobre el consumo.

El informe se muestra favorable a la subida del 3% de las pensiones no contributivas y mínimas del 3%, sin embargo, reclaman una reforma en profundidad del sistema de pensiones que haga frente a "la situación demográfica, la automatización y la transformación digital". En concreto, apuesta por la creación de cuentas nocionales "en las que se registren las aportaciones individuales de cada cotizante y los rendimientos correspondientes a su vida laboral". También aboga por incrementar progresivamente el número de año de cotización que se tienen en cuenta para calcular las pensiones, desincentivar la jubilación anticipada y fomentar la ampliación voluntaria de la vida laboral más allá de los 67 años.

En opinión del Círculo, la revalorización de las pensiones debería ligarse a la productividad. Para fomentar la natalidad, el informe defiende que se equipare el permiso de paternidad con el de maternidad, que se introduzcan ayudas fiscales para las familias y que se amplíen los medios para el cuidado de niños entre 0 y 3 años. A pesar de la mala situación de las cuentas de la Seguridad Social, el Círculo entiende que sería positivo reducir la carga sobre el empleador de las cotizaciones sociales para "avanzar progresivamente hacia un esquema contributivo de reparto más equilibrado".

Piqué destacó durante su intervención la buena evolución de la economía española y celebró que, por primera vez, España está saliendo de la crisis sin desequilibrios exteriores. Un aspecto que el Gobierno de Mariano Rajoy considera que no se valora lo suficiente. La previsión del Gobierno apunta que la economía española crecerá este año un 2,7%, un porcentaje que cada vez más expertos apuntan que podría superarse y moverse sobre el 3%.
(Expansión, 24-04-2018)

Eurostat valida el déficit del 3,1% del Gobierno en 2017
El de España fue en 2017 el desvío presupuestario más elevado del bloque comunitario, por encima del 3% registrado en Portugal. Después se sitúan Rumanía (-2,9%), Francia (-2,6%) e Italia (-2,3%). Según la información aportada por el Gobierno, el déficit presupuestario de 2017 fue del 3,07% del PIB sin tener en cuenta las ayudas a la banca, que no se incluyen en el procedimiento sancionador por déficit excesivo, y del 3,11% si se añaden. Por tanto, el desvío presupuestario de España se sitúa todavía por encima del 3%, umbral a partir del cual los países están sometidos al procedimiento por déficit excesivo.

La Comisión Europea anunciará en mayo si recomienda sacar a España de este procedimiento o si todavía es necesario esperar un año más. El objetivo de déficit para 2018 es del 2,2% del PIB. A pesar de la reducción del déficit observada en los últimos años, el de España fue el desvío presupuestario más elevado del bloque comunitario el año pasado, por encima del 3% registrado en Portugal. Después se situaron los de Rumanía (-2,9%), Francia (-2,6%), Italia (-2,3%) y Hungría (-2%). Por contra, Malta (+3,9%), Chipre (+1,8%) y República Checa (+1,6%), fueron los Estados miembros que registraron un mayor superávit presupuestario, seguidos de Luxemburgo (+1,5%), Suecia y Alemania (+1,3%), Países Bajos (+1,1%) y Dinamarca (+1%).

En el conjunto de la eurozona, el déficit público en 2017 fue del 0,9% comparado con el 1,5% registrado un año antes, mientras que entre los Veintiocho este desequilibrio negativo fue del 1%, seis décimas menos que un año antes. La deuda pública baja al 98,3% Además, el nivel de deuda pública en España con respecto al PIB fue el quinto más alto de la Unión Europea, con un 98,3%, sólo superado por el registrado en Grecia (178,6%), Italia (131,8%), Portugal (125,7%) y Bélgica (103,1%).
(El País, 24-04-2018)

Laboral

La pensión media de jubilación sube un 33% en diez años, el triple que el IPC
La pensión media de jubilación en España asciende hoy a 1.080,52 euros al mes, un 33,2% más que hace diez años, cuando esta cuantía era de 811 euros, según las cifras sobre la nómina mensual del mes de abril de las pensiones hechas hoy públicas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La nómina de las pensiones ha alcanzado en abril los 8.965 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,93% respecto a un año antes y una cifra récord.

Aunque la tasa de crecimiento interanual de abril no es de las más altas dentro en la serie histórica de la última década, con ella ya se acumulan 27 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%. En los últimos doces meses, en ocho se ha alcanzado o superado un alza del 3%.

Las pensiones de jubilación han sumado la parte más cuantiosa de la nómina de abril (6.377,6 millones), seguidas de las de viudedad (1.540,5 millones), incapacidad permanente (894,2 millones), orfandad (130,3 millones) y a favor de familiares (22,5 millones). En este mes el sistema ha alcanzado un total de 9.592.024 pensiones, un 1,07% más que un año antes y también un máximo histórico, según ha dado a conocer hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La brecha entre hombres y mujeres es muy patente en las pensiones. La percepción media entre los hombres es de 1.152,55 euros al mes, mientras que, entre las mujeres, 729,52 euros. La prestación de jubilación media entre los hombres es algo mayor, de euros, mientras que las de las mujeres también: 801,22 euros.

La pensión media de jubilación se ha situado al inicio del presente mes en 1.080,52 euros mensuales, un 1,9% más que en igual mes de 2017, mientras que la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), ha alcanzado los 934,63 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,84%.

Por comunidades autónomas, las pensiones de jubilación media más elevadas se han encontrado en País Vasco (1.335,71 euros), Asturias (1.311,84 euros), Madrid (1.273,44 euros), Navarra (1.225,1 euros), Cantabria (1.148,66 euros), Aragón (1.130,57 euros), Cataluña (1.099,1 euros), Castilla y León (1.059,64 euros), La Rioja (1.025,4 euros) y Canarias (1.013,65 euros). han situado Castilla-La Mancha (996,21 euros), Baleares (993,84 euros), Comunidad Valenciana (985,64 euros), Andalucía (973,87 euros), Murcia (954,27 euros), Galicia (901,06 euros) y Extremadura (890,48 euros)
(Cinco Días, 24-04-2018)

El Estado destinará 170.000 € a un nuevo plan de emprendimiento digital
La inversión, 170.000€, pretende destinar el Estado para un nuevo plan de emprendimiento digital. La cifra proviene de un convenio de colaboración suscrito entre el Servicio Público de Empleo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Entidad Pública Empresarial Red.es y la Fundación EOI.

El nuevo plan de emprendimiento digital se englobaría dentro del Plan de Trabajo 2017-2018 del Centro de Referencia Nacional de Comercio Electrónico y Marketing Digital para fomentar el emprendimiento. Entre las medidas que contempla dicha iniciativa destacan diversos cursos relacionados con digitalización.

Uno de los principales objetivos del plan de emprendimiento digital es impulsar la inserción laboral a través del autoempleo. Para ello se ha desarrollado una línea de innovación en contenidos y metodología de trabajo. Además de eso, se intenta que se identifique la imagen del Centro de Referencia Nacional (CNR) como centro de emprendimiento.

También habrá la inclusión de cursos específicos de emprendimiento. El plan propuesto comenzaría con clases de emprendimiento digital. Una vez se haya completado esta formación, se continuaría con un análisis de las vías de financiación a emprendedores, así como las ayudas y subvenciones públicas que se podrían percibir. Tampoco se olvidarían de tratar proyectos de emprendimiento que están funcionando y que se han puesto en marcha siguiendo este plan de trabajo.

La formación para los emprendedores no acabaría ahí. En el convenio también se incluyen otros cursos de perfeccionamiento técnico. Se trata de clases que podrían recibir tanto los formadores como los tecnólogos titulados universitarios y de formación profesional de grado superior.

A través de los cursos de perfeccionamiento técnico se prevé dar formación a unos 200 tecnólogos. Además, ellos recibirían acciones de formación en economía digital con alto carácter innovador y garantía de empleabilidad. Sin embargo, estos programas están ligado solo a empresas que han recibido ayudas del programa Emplea de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica.
(Expansión, 24-04-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Fomento ultima una ley para modificar planes urbanísticos cuestionados en los tribunales
El Ministerio de Fomento ultima un anteproyecto de ley para permitir que las administraciones territoriales puedan modificar planes urbanísticos y territoriales que hayan sido cuestionados por tribunales de Justicia, y evitar así que, en determinados supuestos, una sentencia judicial tumbe estos planes, que conllevan habitualmente años de preparación y aprobaciones.

Así lo ha comunicado el ministro Iñigo de la Serna durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso, a la que ha acudido este lunes para informar del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Según ha comentado De la Serna, la anulación de los planes territoriales y urbanísticos en España "se declara sin matices y sin posibilidad de subsanación de las deficiencias", que han causado esta anulación, en una "rotunda y desproporcionada conclusión", a juicio del ministro, como consecuencia de considerar estos planes como reglamentos.

"La anulidad absoluta e imposibilidad de subsanación no debería aplicarse sin más a las anulaciones formales, que son resoluciones administrativas, o a vicios formales", ha apostillado, explicando que la modificación que prepara el Gobierno permite "distinguir entre los supuestos de nulidad y de anulabilidad".

Estos supuestos de anulabilidad permitirán la convalidación del plan una vez se corrijan las deficiencias detectadas por la Justicia, para lo cual el Gobierno modificará la naturaleza de los instrumentos de ordenación y los efectos que tiene su anulación, así como la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa "para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas".

El ministro ha señalado que la iniciativa viene a dar respuesta a una reforma "que vienen demandando las comunidades autónomas" así como de "magistrados conscientes del problema que supone" esta realidad, ante la que algunas administraciones autonómicas "han aprobado medidas parciales y provisionales que tratan aportar cierta seguridad jurídica".
(El País, 24-04-2018)

Bruselas refuerza la protección a denunciantes de ilegalidades en empresas y administraciones públicas
La Comisión Europea ha propuesto un paquete de medidas para reforzar la protección de quienes denuncien el quebranto de leyes europeas por parte de empresas y administraciones públicas. El objetivo es crear un mecanismo que sistematice el modo de realizar este tipo de denuncias y blindar al denunciante de posibles represalias.

En la documentación relacionada, el Ejecutivo comunitario menciona explícitamente casos en los que este tipo de denunciantes han permitido sacar a la luz escándalos. Entre ellos, el Dieselgate (manipulación de pruebas de emisiones de gases tóxicos por parte de Volkswagen), el Luxleaks (concesión masiva de pactos fiscales por parte de Luxemburgo a multinacionales para que estas pudiesen rebajar su factura fiscal), o los Panama Papers (el uso de estructuras corporativas en paraísos fiscales para eludir o evadir impuestos).

Las medidas afectarán a todas las empresas con más de 50 empleados o una facturación superior a los 10 millones de euros, a todas las administraciones públicas estatales y regionales y a las de municipios con más de 10.000 habitantes.

La nueva legislación, que requiere el visto bueno del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, cubriría áreas como las licitaciones públicas, los servicios financieros, el blanqueo de dinero, la financiación terrorista, protección a los consumidores y al medio ambiente, seguridad nuclear, salud pública y alimentaria, bienestar animal, protección de datos y seguridad de sistemas de información.

Según la Comisión Europea, esta propuesta es necesaria porque en estos momentos solo 10 países de la UE garantizan una protección adecuada a los denunciantes. Serían Francia, Hungría, Irlanda, Lituania, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido. El mecanismo para denunciar establece tres canales. En primer lugar, el denunciante deberá comunicar la presunta quiebra de legislación en un canal interno que establezca su organización. Esta tendrá 3 meses para responder.

En el caso de que no haya respuesta o que el uso de ese canal pueda poner en peligro la investigación de la presunta ilegalidad (porque, por ejemplo, la dirección de la compañía está involucrada), el denunciante podrá reportar directamente a las autoridades públicas encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa vigente.

Si en un plazo que oscila entre 3 y 6 meses no ha recibido respuesta o, al igual que ocurre con el primer canal, la denuncia ante la administración pública relevante puede poner en peligro una investigación de los hechos, se abriría la tercera vía: denuncia en los medios de comunicación o redes sociales.
(El Mundo, 24-04-2018)

España pide a la UE que «lidere» el libre comercio ante el proteccionismo
Los temores a una guerra comercial entre EE UU y China llevan sobrevolando toda la semana en la reunión anual del FMI con el Banco Mundial que se está celebrando en Washington. Este sábado el ministro de Economía, Román Escolano, mostró el firme rechazo de España a las medidas arancelarias aprobadas por la administración de Donald Trump y abogó por que la UE asuma el «liderazgo internacional en la defensa del orden multilateral y el libre comercio».

En este sentido, el titular de Economía resaltó el impacto a escala global que podría tener un enfrentamiento comercial entre las dos principales potencias económicas del planeta. De hecho, Escolano advirtió sobre el riesgo de entrar en una dialéctica de «unos contra otros» propia del proteccionismo que «crea dudas y genera reacciones adversas en los mercados financieros».

El ministro, que participó en una cena junto a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, y sus homólogos europeos, puso de manifiesto la importancia de que el club comunitario coordine la respuesta ante este reto. «Debemos estar seguros de que la UE permanece unida y que transmitamos a las autoridades estadounidenses nuestro rechazo al plazo de imposición de aranceles y que la UE no debe ser objeto de estos aranceles», apuntó. De momento, los Veintiocho han quedado excluidos de las tasas impuestas por EE UU a las importaciones del acero (25%) y al aluminio (10%), que afectan principalmente a China. Sin embargo, la decisión final tendrá que tomarla la administración norteamericana en las próximas semanas.

Hay que tener en cuenta que España lleva varios meses luchando para convencer a Washington de que retire un arancel medio del 21,6% impuesto de manera provisional a la aceituna negra española. El gobierno estadounidense argumenta que el gravamen se debe a la competencia desleal por las subvenciones recibidas. Algo que el ejecutivo español rechaza.

En este sentido, Escolano recordó que España defenderá el intercambio comercial y la internacionalización de las empresas como elemento estratégico para el crecimiento a través de las exportaciones, que, en su opinión, permiten crear puestos de trabajo. Por ese motivo, insistió en que el Gobierno tiene un claro interés en este debate y participará de forma «muy activa».
(La Vanguardia, 24-04-2018)

Sector

Los recursos de casación tributaria, a punto de colapsar el Supremo
Durante el tiempo que lleva vigente el nuevo recurso de casación, aprobado el 21 de julio de 2015, el Tribunal Supremo ha dictado 100 sentencias, de las que la mitad correspondieron al ámbito tributario, según se informó en una jornada sobre las experiencias acumuladas desde la entrada en vigor del nuevo modelo casacional, organizadas por Garrido Abogados, y que reunió a cuatro magistrados del alto tribunal: Manuel Vicente Garzón Herreros, Emilio Frías Ponce, José Antonio Montero Fernández y Joaquín Huelín Martínez de Velasco.

Sin embargo, los recursos no paran de llegar y los expertos alertan del riesgo de que este flujo llegue a colapsar el sistema. En este sentido, en 2017, de los 917 recursos de casación admitidos por el Tribunal Supremo, la mitad correspondieron al ámbito tributario, de los que tenían carácter repetitivo 357 de ellos. Por este motivo, los cuatro magistrados del Supremo que participaron en la jornada organizada por Garrido Abogados coincidieron en que la justicia tributaria necesita una profunda reforma para acortar al máximo el tiempo que transcurre entre la casación y la resolución.

"Las inspecciones de Hacienda duran cuatro años y es imposible que se hable de liquidaciones de tributos con menos de quince años de trámite", afirmo el magistrado Montero. Y añadió: "Soy partidario de crear dentro del Supremo una jurisdicción especializada en derecho tributario".

A este respecto, Emilio Frías recordó que "muchos de los recursos de casación que llegan de los tribunales superiores tienen entre 12 y 15 años de antigüedad y tenemos que resolverlos teniendo en cuenta que están planteados sobre normativas tributarias que, en muchas ocasiones, están obsoletas o no han sido adaptadas a las directrices de la Unión Europea".
(Expansión, 24-04-2018)

 
 
 
 
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