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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 25 D’ABRIL DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 24 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 24 de abril de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 25-04-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/25/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/25/index.php?d=100&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 25 D’ABRIL DE 2018

Fiscal

Los Presupuestos afrontan el debate de totalidad
Hoy se inicia el debate de totalidad del Proyecto de Presupuestos de 2018. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, subirá esta mañana a la tribuna del Congreso para defender las cuentas del Gobierno, los séptimos consecutivos que llevan su firma.

PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDECat, Compromís y EH Bildu han presentado enmiendas a la totalidad, algo que entraba dentro de los planes de Hacienda. Quien no lo ha hecho es el PNV. Si bien los nacionalistas vascos podrían apoyar la enmienda de alguna otra formación y tumbar así los Presupuestos, todo apunta que no lo hará. Así, con el PNV, el Gobierno contará con el apoyo de 175 diputados para superar el debate de totalidad que se inicia hoy y que concluirá el jueves. Si se supera ese trámite, algo que Hacienda da prácticamente por descontado, el viernes se cerrará el plazo para presentar enmiendas parciales y continuar con el partido.

Montoro defenderá que el proyecto de Presupuestos de 2018 es especialmente positivo para asalariados, funcionarios y pensionistas. Recordará que las cuentas contemplan incrementar un 3% las pensiones mínimas y no contributivas. Un 2% las de viudedad y entre un 1,5% y un 1% las prestaciones de jubilados que cobran menos de 860 euros al mes Estas medidas, siempre según los datos facilitados por el propio Gobierno beneficiarán a 5,7 millones de pensionistas. El PNV, tras apoyar al Gobierno para superar el debate de totalidad, podría presentar enmiendas para que la subida de las pensiones fuera ligeramente superior o beneficiará a un número mayor de este colectivo que cada vez tiene un peso electoral más notable.

El ministro de Hacienda aprovechará su comparecencia para repasar las medidas que incorpora el proyecto de ley y recordará que los Presupuestos prevén elevar de 12.000 euros a 14.000 euros, el límite a partir del cual se tributa por IRPF. Además, la factura fiscal también bajará para aquellos trabajadores que ganan menos de 18.000 euros. La medida beneficiará a 2,5 millones de asalariados y a un millón de pensionistas, cuyas prestaciones también tributan en el IRPF como rentas del trabajo.

También en el ámbito fiscal, los Presupuestos contemplan ampliar la deducción por maternidad con hasta 1.000 euros adicionales para aquellas madres que tengan gastos de guardería para sus hijos entre 0 y tres años. Se trata de una medida que propuso Ciudadanos. También se amplían los beneficios fiscales para las familias numerosas. La rebajas y ayudas tributarios elevarán la renta disponible de 4,1 millones de contribuyentes, según los cálculos de la Agencia Tributaria.

Y si los Presupuestos no salen adelante, ¿el Gobierno podría aprobar las medidas como la subida de las pensiones o la rebaja fiscal a través de un real decreto? Hacienda no quiere plantearse este escenario. Si finalmente las cuentas no recibieran el visto bueno del Gobierno, el incremento de las prestaciones por jubilación sí que recibirían el apoyo de partidos como el PSOE o Podemos. En cualquier caso, es probable que exigieran una subida mayor.

Los socialistas también apoyarían el aumento del sueldo de los funcionarios que también figura en los Presupuestos. En concreto, el pacto cerrado con Hacienda contempla un incremento acumulado entre 2018 y 2020 del 6,12% y que podría llegar hasta el 8,21%, en función de variables como el crecimiento.
(Expansión, 25-04-2018)

Más de 3,45 millones de contribuyentes han presentado ya su declaración, el 3,6% a través de la 'app'
Durante las primeras tres semanas de la campaña de la Renta 2017, la Agencia Tributaria (AEAT) ha devuelto hasta este martes 1.400 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado. Esta cifra supone un aumento del 28% en la recaudación respecto al mismo período del año anterior. También se ha registrado una mejora en el número de contribuyentes a los que se ha reembolsado dinero: 2,23 millones, un 29% más que en las primeras tres semanas de la campaña de la Renta 2016.

Hacienda explica que la agilización en las devoluciones es el resultado de una nueva y fuerte aceleración de las presentaciones en este inicio de campaña, impulsada por el adelanto en los servicios de asistencia y con el apoyo de las dos nuevas vías incorporadas este año para la presentación de declaraciones, la nueva aplicación móvil y el plan 'Le Llamamos' de confección telefónica de declaraciones.

De esta forma, en las tres primeras semanas de campaña más de 3,45 millones de contribuyentes han presentado ya su declaración, lo que supone 755.000 más (un aumento del 28%) que el año pasado en igual periodo. Las declaraciones con solicitud de devolución suman 2,98 millones (+25%) y aquellas con resultado a ingresar totalizan 380.000, con un incremento del 53%.

La AEAT prevé que en la Campaña de la Renta 2017 se registren 19,94 millones de declaraciones, 217.000 más que el año anterior (+1,1%), de las que 13,77 millones darán derecho a devolución, un 2% menos, por un importe de 9.468 millones de euros (-5,3%), mientras que 5,24 millones saldrán con resultado a ingresar, un 8% más, por importe de 9.621 millones (+4,9%).

Este año, los contribuyentes han tenido desde el primer día la opción de presentar su declaración a través de 'Renta Web', la herramienta universal que ofrece la Agencia para la gestión de todas las declaraciones de Renta, con independencia del canal de confección y presentación (nueva 'app', teléfono, página web de la Agencia y oficinas).

El plazo de presentación de las declaraciones de la Campaña de la Renta 2017 finaliza el próximo 2 de julio, tanto para las declaraciones a ingresar como para aquellas con resultado a devolver. No obstante, en las declaraciones a ingresar, si se opta por realizar el pago mediante domiciliación bancaria, el plazo de presentación abarcará hasta el 27 de junio. La atención presencial en oficinas comenzará el 10 de mayo, pudiendo pedir cita desde dos días antes (8 de mayo).

Igualmente, más de 126.000 contribuyentes han presentado hasta el momento su declaración a través de la nueva 'app' de la Agencia Tributaria, que está disponible en los 'markets' de Google y Apple para todos los teléfonos móviles (y tabletas, en su caso) que funcionen con Android e iOS. Esta cifra supone un 3,6% del total de 3,45 millones de contribuyentes que han presentado su declaración hasta la fecha.

De ese total, algo más de 103.000 son declaraciones sencillas que han sido presentadas 'en un solo clic' a través de la 'APP' y el resto son contribuyentes a los cuales la aplicación ha derivado a la web de la Agencia para realizar alguna modificación y han vuelto a la APP para concluir la presentación.

Además, hasta el momento son casi 183.000 los contribuyentes que han solicitado ya cita previa por internet o teléfono para que la Agencia les llame y les asista en la confección y presentación de su declaración, lo que supone el 5,3% del total.

Cuando pide su cita, el contribuyente elige un tramo de 15 minutos entre las 9 y las 20.30 horas, y simplemente debe tener lista la información necesaria para realizar la declaración en el momento en que haya acordado la llamada de la Agencia.
(La Vanguardia, 25-04-2018)

Laboral

Los partidos abren la puerta a volver a ligar las pensiones en parte al IPC
La Comisión del Pacto de Toledo propondrá que se establezca una nueva fórmula para revalorizar las pensiones donde el IPC sea un elemento "troncal" y deja la puerta abierta a que la Mesa del Diálogo Social pueda añadir otros parámetros como salarios, productividad o el crecimiento del PIB.

Fuentes parlamentarias han señalado a EFE que los portavoces del Pacto de Toledo acordaron este martes redactar una nueva recomendación segunda que instaría a que se sustituya el actual Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) por otro mecanismo en el que la inflación sea fundamental.

Las mismas fuentes han incidido en que se ha llegado a un consenso para que la recomendación segunda del Pacto de Toledo -que este martes volvieron a debatir la Mesa y Portavoces de esta comisión- garantice que no habrá pérdida de poder adquisitivo.

Los diputados se han mostrado partidarios de que la Mesa del Diálogo Social -compuesta por Gobierno, patronal y sindicatos- puedan incluir en la revalorización anual de las pensiones nuevos elementos que también las vinculen al crecimiento de los salarios o al de la economía. No obstante, los acuerdos del Diálogo Social deberían ser refrendados en el Congreso.

Los portavoces parlamentarios se volverán a reunir el 9 de mayo para previsiblemente cerrar la redacción de esta recomendación y avanzar en el resto de recomendaciones que debe renovar el Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social. Fuentes socialistas han explicado a EFE que en la recomendación sobre la revalorización no debe haber distinción entre pensiones, sean mínimas, contributivas o no.

Fuentes de Ciudadanos han dicho que su formación es partidaria de un nuevo mecanismo porque el actual IRP es "muy agresivo" y ha provocado pérdida de poder adquisitivo a los pensionistas, aunque insisten en que la redacción de la nueva recomendación tiene que ser lo suficientemente abierta como para que cualquier Gobierno la pueda llevar a cabo. Además, Ciudadanos supedita su apoyo final a esta recomendación a que el conjunto de recomendaciones (22 en total) garanticen el equilibrio del sistema de pensiones.

El consenso en torno a un nuevo indicador se produce después de que todos los partidos, a excepción del PP, hayan criticado el IRP, un índice incluido en la reforma de pensiones de 2013 que desligó la revalorización de las pensiones de la inflación y la vinculó a la situación financiera de la Seguridad Social, de forma que solo suben el 0,25% anual mientras el sistema esté en déficit. PSOE, Unidos Podemos y PDeCAT presentaron varias proposiciones de ley recientemente para que en 2018 las pensiones subieran el 1,6 %.
(Cinco Días, 25-04-2018)

Las pensiones de viudedad aumentarán un 3,8% en 2018
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado que las pensiones de viudedad subirán un 3,8% durante este año. Así, las pensiones de viudedad verán mejoradas su base reguladora este año, puesto que pasará del 52% al 54%, hasta alcanzar el 60% que se recogía en el proyecto de Real Decreto que publicó el Ministerio el pasado mes de diciembre en el que desarrollaba la disposición adicional trigésima de la reforma de pensiones de 2011, en la que se establecen mejoras para las pensiones de viudedad de los mayores de 65 años con menores ingresos.

La disposición de la Ley 27/2011 establece que el Gobierno adoptará las medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública, equivalga al 60% de la base reguladora, siempre que no perciban ingresos por la realización de un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia ni tampoco rendimientos o rentas que, en cómputo anual, superen el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.

Durante su intervención, Báñez le ha trasladado al senador del grupo socialista Francisco Javier Oñate que el Gobierno respeta en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año la legalidad vigente y los compromisos del Pacto de Toledo, sobre todo en lo referente a la revalorización de pensiones. Según la titular de Empleo, estos son los Presupuestos "más sociales" de la historia de la democracia española, ya que 41 de cada 100 euros se dedican al gasto en pensiones. "Las pensiones tendrán un gran incremento, animo al PSOE a que vote sí a estos Presupuestos porque son las cuentas públicas de los pensionistas", según ha asegurado Báñez.

Por su parte, el senador del grupo socialista ha señalado que las medidas para las pensiones impulsadas por el Gobierno en los PGE se parecen "más bien al beso de Judas", ya que son, según Oñate, "una traición para desmovilizar a la gente que está en la calle y para seguir el año que viene rompiendo la sostenibilidad del sistema" subiendo las pensiones solo un 0,25%. "Su reforma de 2013 está muerta, cuanto antes se dé cuenta, mejor", ha apostillado.

Ante estas afirmaciones, Báñez ha insistido en que estos Presupuestos son "buenos" para los pensionistas porque suben las pensiones más bajas y las de viudedad. Además, ha pedido a Oñate que el PSOE diga "sí" a la subida de las pensiones.
(El País, 25-04-2018)

Los sindicatos amenazan con un conflicto social si no suben los salarios y no baja la precariedad
"España lleva desde 2014 creciendo a una media anual del 2,8%"."Las empresas ganan más que antes de la crisis. Producimos los mimos bienes y servicios que hace 10 años, pero con un millón menos de trabajadores". "La subida de las pensiones [del 0,25%] es una subida de mierda]"."En España hay dinero". "Empieza a haber indignación, rabia e impotencia". Todas estas frases las han pronunciado los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, antes de lanzar una advertencia con un destinatario claro, la patronal: "O se reparte el crecimiento o habrá conflicto".

"Queremos mejorar los salarios, queremos reducir la precariedad [...] propuestas hay y voluntad de negociar hay", ha continuado Sordo, justo después de lanzar esta advertencia, que ha negado que sus palabras, más subidas de tono que en otras ocasiones, fueran una amenaza: "Son una advertencia".

A su lado, estaba sentado el líder de UGT, Pepe Álvarez, durante la presentación de las decenas de marchas que organizan ambas centrales para el Primero de Mayo. Álvarez pidió movilizaciones significativas este año para que sirvan de "advertencia" de que si no suben los salarios o cambia la política fiscal habrá movilizaciones.

"La calle tiene que llenarse de gente para romper la dinámica en la que está instalada la CEOE y Cepyme, fruto del sofá que le puso el Gobierno con la reforma laboral para que se situase en la esta zona de confort", ha pedido Álvarez sobre las manifestaciones del Primero de Mayo, que tendrá por lema Tiempo de ganar: igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas.

"Somos conscientes de que las movilizaciones son la palanca para cambiar las políticas", ha abundado Álvarez, que ha recordado que gracias a ellas se han conseguido cambios en los últimos meses: en referencia al aumento del 3% de las pensiones mínimas tras las protestas de los pensionistas o a las propuestas sobre igualdad entre hombres y mujeres después de la histórica jornada del 8 de marzo.

Creen los sindicatos mayoritarios que la protesta de las mujeres del 8 de marzo y las de las pensiones han demostrado que la sociedad española "está movilizada". Rechazan que en movilizaciones ellos hayan sido superados, sino que son formas de movilizaciones "más propias del siglo XXI que del último tercio del siglo XX". "Era imposible canalizar el 8 de marzo en términos clásicos, si alguien hubiera querido hacerlo como el 14-D [en referencia a la gran huelga general de 1988] se hubiera equivocado", ha apuntado Sordo.

"Hace mucho tiempo que España no está en una situación como ahora", ha apuntado Álvarez, en referencia a las últimas movilizaciones. Ni uno ni otro han descartado que se llegue a una huelga general en este contexto cuando se les ha preguntado expresamente por ello, pero también ha quedado claro que no es algo que esté en el horizonte cercano.
(La Vanguardia, 25-04-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El BCE gana tiempo con la guerra comercial y el retroceso en la confianza
El consejo de gobierno del BCE llega a la reunión de mañana jueves sin presión alguna para mover ficha en el esperado proceso de retirada de estímulos. Aun, al contrario, la incertidumbre que plantea la ola de proteccionismo iniciada desde la Casa Blanca y las señales de relativa debilidad que arrojan algunos de los últimos datos macroeconómicos de la zona euro ofrecen los argumentos necesarios para no mover una coma del mensaje lanzado tras la reunión de marzo. Los expertos de hecho no esperan novedades de los mensajes que lance mañana Mario Draghi y coinciden que será en junio cuando el presidente del BCE deberá despejar la gran incógnita que inquieta a los inversores, en qué momento finalizarán de forma definitiva las compras mensuales de deuda, si en septiembre de este año o un poco más allá.

En junio será cuando el BCE presente sus nuevas estimaciones macroeconómicas para la zona euro. Sin embargo, el foco sí de mañana estará en el análisis que hará Draghi de los últimos datos económicos y en si son síntoma de un crecimiento más débil del previsto, lo que daría una nueva tregua a la continuidad de los estímulos monetarios. La reunión del BCE se celebra bajo la resaca de la publicación del dato de confianza de los empresarios alemanes, que ha caído en abril por quinto mes consecutivo y se sitúa en su nivel más bajo desde 2017, según el índice del Instituto Ifo publicado ayer. El dato ha bajado a 102,1 puntos desde los 103,3 del mes anterior. “El optimismo entre los empresarios alemanes se ha evaporado”, reconoció el presidente del Instituto Ifo, Clement Fuest, sobre lo que influye indudablemente la amenaza de guerra comercial lanzada por EE UU y de incalculable impacto para una economía exportadora como la germana. El diagnóstico del Instituto Ifo concluye que “la economía alemana se está ralentizando”, a lo que tampoco contribuye la fortaleza del euro, que en el año se aprecia cerca del 2% frente al dólar.

La actividad del sector privado de la zona euro ha arrojado además en el mes de abril su peor lectura en 14 meses en el caso del sector manufacturero, al caer a los 56 puntos, según los datos conocidos el lunes. “El telón de fondo del crecimiento en Europa no es tan fuerte como en la recta final de 2017 o principios de 2018”, reconocen en Citi.

En Goldman Sachs coinciden en que el ritmo de crecimiento de la zona euro se está ralentizando en los primeros compases del ejercicio y esperan un crecimiento más modesto en el segundo semestre a la vista de que el impulso en la actividad registrado en 2017 comienza a desvanecerse. Así, la zona euro habría alcanzado su pico de crecimiento económico. El propio BCE ya prevé un retroceso del avance del PIB en 2019 al 1,9%, desde el 2,4% para este año.

“El BCE volverá a indicar que el crecimiento es robusto y generalizado, en línea con las previsiones de marzo, incluso a pesar de que los riesgos a la baja se han incrementado”, señalan desde Goldman Sachs, que espera también que Draghi vuelva a insistir en la necesidad de conservar la paciencia, la prudencia y la insistencia en los estímulos monetarios.
(El País, 25-04-2018)

El Congreso aprueba la ley del desahucio exprés contra las 'ocupaciones'
La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes la proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de acelerar el proceso para agilizar el fin de la ocupación ilegal de una vivienda en determinados supuestos de propiedad. La iniciativa, una vez enmendada, ha contado con el respaldo del PP, Ciudadanos y el PNV, mientras que el PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC y Compromís han votado en contra. El texto ha sido remitido al Senado para completar su tramitación.

Finalmente, los socialistas se han descolgado de un texto que, en gran medida, habían acordado y respaldado en la fase de ponencia, lo que ha sido afeado por diferentes grupos durante el debate en Comisión. Según alegan, el resultado "final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes".

La ley ha acabado definiéndose como una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil "en relación con la ocupación ilegal de inmuebles", pese a que en un primer momento fue presentada como una modificación para regular "un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social".

En la votación de enmiendas en la Comisión se han excluido del proceso de desahucio exprés a las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social, que venían incluidas en el texto aprobado por la ponencia, lo que abría la puerta a que entidades financieras o fondos buitre pudieran acogerse a estos procedimientos.

Según la propuesta finalmente aprobada, podrán pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento" las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y "entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social".

En este caso, se trasladará una notificación a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen la situación de posesión. Ante esto, "exclusivamente" podrán fundamentar su oposición a la demanda en "la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título" por parte del demandante.

En caso de no aportarse "justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda". Contra este auto, reza la ley, "no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda".

Asimismo, también se dictará sentencia "de inmediato" en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
(Expansión, 25-04-2018)

España se posiciona como el país con mayor número de fintech por número de habitantes
España es uno de los países que cuenta con mayor número de fintech por habitantes, al contar con 300 empresas en el mes de abril, lo que supone un incremento del 53% respecto al mismo mes del año anterior. El auge de este sector también se aprecia en la generación de empleo: prevé crear 4.500 nuevos puestos de trabajo durante los próximos 12 meses.

Así se desprende del informe del Observatorio FinTech de Finnovating de 2018, que analiza el estado de este ecosistema a través de entrevistas a los principales CEO de estas empresas. De esta forma, se posiciona como el segmento del sector financiero que más empleo genera. El estudio destaca especialmente la expectativa de creación de empleo por empresas de fintech extranjeras que desembarcan en España.

Además, este informe del observatorio destaca el papel estratégico de España, a la que un 90% de las startups europeas y latinoamericanas considera un puente entre ambos mercados. Para los directivos latinoamericanos entrevistados, España es el cuarto país que más facilidades pone para crear una compañía fuera de América Latina, solo por detrás de Reino Unido, EEUU y Alemania. Sin embargo, seguimos lejos de casi el 70% que considera Reino Unido como el país más 'FinTech Friendly'.

Otra de las principales conclusiones de este informe, es la consolidación de las colaboraciones entre las fintech y empresas del sector tradicional. El 75% de las 300 compañías españolas colaboran con, al menos, una empresa ya asentada, mientras un 50% de las entidades financieras tiene acuerdos con estas nuevas empresas.

En este sentido, Jesús Pérez Sánchez, Director de Estrategia de Finnovating, destaca que "desarrollar el ecosistema FinTech es clave para el futuro económico de España. Por eso organizamos las Unconferences, encuentros entre los principales CEOs y agentes del sector de España, Europa y América Latina, para impulsar su desarrollo a través de la colaboración. El próximo tendrá lugar el 24 de mayo en Madrid".

Laura Ruiz, directora de las Unconferences dentro de Finnovating, afirma "la importancia de acercar la innovación y la tecnología de las FinTech a los grandes operadores para impulsar el crecimiento del sector y generar un diálogo de entendimiento entre ambas partes". En este sentido, destaca que "detrás de estas alianzas los bancos buscan la agilidad de las FinTech para adoptar nuevas tecnologías, probar nuevos modelos de negocio, su cercanía al cliente, flexibilidad y eficiencia. Mientras las empresas tradicionales les ofrecen la confianza, el conocimiento del sector y un músculo financiero y de clientes que las pequeñas tardarían mucho tiempo en alcanzar".

En cuanto a las tecnologías más importantes para el sector, el 66% de los CEO entrevistados apuesta por el protocolo Blockchain, seguido del Big Data Analytics y la Inteligencia Artificial y el Machine Learning. Ejemplo de ello es la aplicación del Blockchain y los smart contracts al sector, que permiten la ejecución automática de contratos dadas unas condiciones; o el uso de la inteligencia artificial para automatizar análisis de grandes conjuntos de datos para reconocer patrones.
(Expansión, 25-04-2018)

La población española alcanza los 46,69 millones debido al aumento de los extranjeros
Así se desprende del Padrón Continuo, que ha dado a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística. Se trata del nivel más elevado desde 2014 y el segundo aumento seguido tras cuatro de caídas. La población extranjera se ha incrementado un 3,2%, es decir, en 146.611 personas, hasta un total de 4.572.807. Es el primer incremento desde el 1 de enero de 2010 y la tasa más elevada de crecimiento desde la registrada al inicio de 2008, cuando marcó una subida del 7,2%. El año anterior lo había hecho un 16,6% debido al boom de inmigrantes. Hay que recordar que al inicio se produjo en España una revolución demográfica sin precedentes al pasar el número de extranjeros de 923.879 a 5.751.487 a 1 de enero de 2011, según el padrón.

Durante 2017, los extranjeros comunitarios han aumentado un 0,2% (en 2.709 personas), los no comunitarios se han disparado un 5,1% (en 143.902 personas). En cuanto al número neto de españoles inscritos, ha descendido en 20.174 personas (un 0,05% menos), hasta 41.999.325. De acuerdo con estos datos, el 86,4% de la población ha nacido en España y el 13,6% en el extranjero. Por nacionalidad (muchos de los extranjeros han adquirido la nacionalidad española), el 94,9% de los españoles ha nacido en España, mientras que en el caso de los extranjeros esta cifra es del 10,2%. Se trata del nivel más elevado desde 2015.

Por nacionalidades, los mayores aumentos durante el año pasado se han producido entre los venezolanos (un 38,6% más, hasta 95.474 personas), hondureños (un 27,7% más, hasta 75.137 personas) y colombianos (13,9% más, hasta un total de 165.608). Por su parte, las nacionalidades extranjeras más numerosas son: la marroquí (con 769.050 personas), rumana (673.017 personas) y la británica (240.934 personas), a 1 de enero.

Desde 1998, primer año del que hay datos oficiales del Padrón Continuo (que aglutina a todos los padrones municipales), la población española había aumentado ininterrumpidamente hasta 2012, cuando se invirtió la tendencia que en 2016 se consiguió revertir, tendencia que se ha mantenido en 2017.

El perfil de los que muestra el padrón ha envejecido. La edad media de la población empadronada en 2017 ha sido de 43,1 años, frente a los 39,9 años que registraba en 2000. "Las edades medias más altas entre las nacionalidades predominantes se dan en los ciudadanos británicos (53,5 años), alemanes (49,3) y franceses (42,7). Por el contrario, las más bajas corresponden a los ciudadanos hondureños (30,4 años), marroquíes (30,8) y pakistaníes (31)", asegura el organismo estadístico.
(El Mundo, 25-04-2018)

Sector

Competencia considera insuficiente la nueva normativa para ser procurador o abogado
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) valora positivamente las reformas propuestas por el Gobierno para unificar las vías de acceso a las profesiones de abogado y procurador, aunque las considera insuficientes.

El organismo, a petición del Ministerio de Justicia, ha emitido un informe sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales en el que analiza las nuevas medidas que plantea el Gobierno para reformar el acceso y ejercicio de ambas profesiones.

En la nueva propuesta se unifican las vías de acceso a las profesiones de abogado y procurador, se permite que una misma sociedad profesional preste servicios de abogacía y de procura, y se reduce el montante máximo de honorarios de un procurador por un mismo proceso a 75.000 euros. Competencia considera que estos cambios suponen "una flexibilización de las condiciones de acceso y ejercicio de estas actividades", aunque aún "seguirán existiendo barreras contrarias a la competencia en estos sectores". Además, subraya que dichas restricciones "plantean dudas en cuanto a su adecuación a la normativa europea y a las leyes de transposición".

En su informe, el organismo público advierte de que, pese a que existirá un único título profesional para ser abogado y procurador, se mantendrá la incompatibilidad de ejercicio de ambas profesiones, de modo que un abogado no podrá realizar funciones de procura o viceversa. El cambio de profesión, además, se verá lastrado por la exigencia de colegiaciones separadas para cada una, algo que restará "eficacia liberalizadora" a la reforma, según el citado escrito.

Consideran además que no queda justificado que los procuradores mantengan la exclusividad para las funciones de representación técnica y los actos de comunicación a los tribunales y que se debe evitar que se acabe imponiendo a los abogados las incompatibilidades profesionales existentes en la procura. En la actualidad, los procuradores cobran por un sistema de aranceles bajo el que solo se les permite efectuar un descuento sobre el arancel regulado para cada supuesto.

La propuesta prevé una futura reforma de este sistema para acercarlo a la libertad de precios que ha sido defendida por la CNMC, sin embargo, consideran que no se aborda dicha reforma en profundidad y que solo concreta la reducción de la cuantía máxima que un procurador puede percibir por asunto.
(Cinco Días, 25-04-2018)

Justicia aborda con los letrados sus reivindicaciones retributivas
La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, ha mantenido una reunión con los representantes de las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia para analizar las principales reivindicaciones en materia salarial del colectivo. Entre ellas se encuentran el incremento en las retribuciones variables en función de la productividad, la remuneración de los servicios de guardia o el complemento específico.

Administración y asociaciones han analizado la actual situación retributiva del cuerpo de letrados y durante el encuentro el Ministerio de Justicia se ha comprometido a estudiar las reivindicaciones planteadas. Para ello, ambas partes se han comprometido a avanzar en su estudio y se han emplazado a un nuevo encuentro en un plazo de dos semanas.

A la reunión ha asistido además de la secretaria de Estado y el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, el director general de Función Pública, Javier Pérez Medina, quien ha explicado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos de la Administración General del Estado el pasado 9 de marzo y ha abogado por su implementación en el ámbito de la Administración de Justicia.

En representación de los letrados de la Administración de Justicia han estado presentes el presidente del Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia, Rafael Lara; la portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Lidia Urrea; y José Antonio Castillo por la Asociación Independiente de Secretarios Judiciales (Ainseju), según explica una nota informativa remitida por el Ministerio de Justicia.
(Expansión, 25-04-2018)

 
 
 
 
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