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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 26 D’ABRIL DE 2018

Laboral

Acuerdo estatal de formación profesional para el empleo del sector del transporte aéreo
Resolución de 16 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo estatal de formación profesional para el empleo del sector del transporte aéreo.
(BOE, 26-04-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 25 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 25 de abril de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 26-04-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/26/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/26/index.php?d=101&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 26 D’ABRIL DE 2018

Fiscal

Montoro abre la puerta a reestructurar la deuda autonómica en el plazo de enmiendas al Presupuesto
La disposición adicional centésima trigésima sexta del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno presentó en el Congreso contempla la posibilidad de que Hacienda perdone parte de los intereses de la deuda que las comunidades han contraído con el Estado a lo largo de los últimos años o, como mínimo, suavice aún más las condiciones financieras.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha planteado hoy que la reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas y las corporaciones locales se aborde a lo largo del trámite de enmiendas parciales al proyecto presupuestario de 2018.

En el Congreso de los Diputados, Montoro ha recordado que el proyecto presupuestario, que hoy aborda el debate de enmiendas a la totalidad, habilita al Gobierno para que pueda acometer la reestructuración de la deuda autonómica y local.

Esta deuda, ha recordado, está "muy centrada" con el Estado y ha considerado que este no debería financiarse en el futuro con los intereses de la deuda "que ha generado esta crisis". Por ello, ha planteado que "en las enmiendas totales se pueda abordar esa reestructuración de la deuda, aquí en el Congreso y después en el Senado", así como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de la Administración Local.

Ha añadido que el Gobierno pretende reformar la financiación autonómica y local "en paralelo" para garantizar que la recuperación financie los gastos del Estado del bienestar. Montoro ha garantizado que las pensiones siempre se pagarán en España y ha afirmado que se seguirán actualizando según vaya aumentando la capacidad de la economía, después de recordar la subida de estas prestaciones más bajas. Ha defendido la "generación de trabajadores que ha hecho un gran trabajo para el país" y que hoy son pensionistas.

Ha elogiado que se trata una generación que ha hecho la transición política y que también con su trabajo fuera de España ha realizado una gran aportación. Montoro ha afirmado que los Presupuestos de este año son los "de las pensiones", y ha puntualizado que este sistema es "el gran canal de solidaridad entre los españoles" al tiempo que ha transmitido un mensaje de tranquilidad porque -ha dicho- "no están en peligro".

En este sentido, ha recordado que "una cosa es que la Seguridad Social esté en déficit y otra confundirlo interesadamente con el peligro en el pago de las pensiones". "Las pensiones se van a pagar en España y las garantiza el Estado", ha asegurado.
(El País, 26-04-2018)

Los transportistas avisan del "notable impacto" sobre las familias del alza fiscal sobre los carburantes
La subida de los impuestos a los carburantes oculta en la letra pequeña del proyecto de Presupuestos Generales del Estado agitó ayer el mundo político y económico. El incremento, adelantado por EL MUNDO, propone igualar al alza el tramo autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos para romper las fronteras fiscales entre las distintas autonomías. Esto implicará que en nueve de ellas el litro de gasolina y gasóleo se encarecerá en hasta 4,8 céntimos para alcanzar el rango máximo del tributo que ya pagan siete regiones.

Navarra será una de las comunidades donde más se note el alza fiscal, ya que hasta ahora el tramo regional no incluía ningún gravamen. Por este motivo, el Partido Socialista Navarro (PSN) advirtió ayer de que el aumento de impuesto se traducirá «en un notable incremento» del precio de los carburantes para los navarros y pidió tanto a Unión del Pueblo Navarro (UPN) como al PNV -presente en el Ejecutivo regional- que tengan esto en cuenta «a la hora de decidir su apoyo a los presupuestos».

Por otro lado, las principales patronales de transportistas avisaron de que el encarecimiento de los carburantes afectará al comercio exterior y golpeará a familias y las empresas. Estas asociaciones valoraron positivamente la supresión de las fronteras fiscales entre autonomías siempre y cuando siga en vigor la devolución fiscal que permite a miles de transportistas devolver el pago del tramo autonómico y de parte estatal del impuesto. En este sentido, alertaron de que el impacto recaerá sobre el transporte ligero con una carga inferior a las 7,5 toneladas al no poder acceder a la devolución.

"Siendo obligatoria la modificación para unificar los tramos autonómicos, lo que no es obligatorio es unificar al tipo máximo. Podría haberse optado otra cifra menor", critican desde la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic).
(El Mundo, 26-04-2018)

Laboral

La tasa de paro sube al 16,74% en el primer trimestre tras destruirse 124.100 empleos
Los contratos vinculados a la campaña de Semana Santa no han sido suficientes para compensar los datos de un trimestre habitualmente malo para el empleo. Así, en los tres primeros meses del año se destruyeron 124.100 puestos de trabajo y el paro aumentó en 29.400 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que el INE ha publicado hoy.

Los registros del primer trimestre de este 2018 son bastante peores que los del mismo periodo de 2017, cuando el desempleo se incrementó en 17.200 personas y la ocupación descendió en casi 70.000. Tras el frenazo en la creación de empleo en el primer trimestre, el número de ocupados se sitúa en 18.874.200 y el de desempleados en 3.796.100, y deja la tasa de paro en el 16,74%, 20 centésimas más que en el trimestre anterior.

El incremento de la ocupación en el sector público en 31.000 personas ha sido insuficiente para compensar la fuerte destrucción de empleo en el sector privado con 155.200 ocupados menos. Por sectores, los servicios y la industria fueron los principales responsables de la caída de la ocupación en los tres primeros meses del año, con 110.500 y 34.900 ocupados menos. Por el contrario, la agricultura y la construcción crearon empleo, con 13.100 y 8.200 ocupados más.
(Amado Consultores, 26-04-2018)

Rosell arremete contra la "grave parálisis sindical" en el pacto de salarios
El presidente de la patronal, Juan Rosell, ha cargado con dureza contra "las cúpulas sindicales" por no aceptar su oferta salarial: una subida este año hasta un 2% más un punto adicional en función de factores como la facturación o el absentismo. "Demuestran una parálisis preocupante", ha atacado y ha llegado a utilizar los incrementos firmados por los propios sindicatos para sus empleados, el 1,8% y el 1,9%, para acusarles de incoherencia.

La carga de Rosell, en su último discurso ante la asamblea general anual de CEOE como presidente, ha empezado por pedir explicaciones por el fracaso del Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva el año pasado. "Ofrecimos un acuerdo mucho mejor del que se firmó aguas abajo en convenios sectoriales y de empresa. Todavía estamos a la espera de que nos expliquen la negativa. ¿Por qué? Porque se equivocaron", ha arrancado.

"Igual está pasando este año", ha continuado, "los convenios se están firmando sin problema". El argumento del máximo dirigente de la patronal es que en este momento el incremento pactado en los convenios, hasta marzo, es del 1,5% y que su oferta del 2%, sin contar el punto adicional condicionado, ya mejora este aspecto. Lo resume con esta expresión: "No entendemos como proponen aguas arriba unas cosas y hacen otras aguas abajo están firmando otra". De ahí que muestre incomprensión y critique con dureza: "Demuestran una parálisis preocupante".

En su discurso, Rosell incluso ha defendido las subidas del salario mínimo y ha recordado a quienes advirtieron de consecuencias negativas por esto -hubo críticas en el seno de CEOE- que los informes de la Unión Europea y del Banco de España dicen que no perjudicó al empleo. Y ha ido más allá al apuntar que su organización es partidaria de mejorar los salarios más bajos, antes de decir: "Subir salarios no es una cuestión de decencia, sino de inteligencia especialmente cuando se puede".

Después del discurso ha aclarado que cuando habla de mejorar los salarios más bajos y de estudiar cómo hacerlo, se refiere a que, "convenio a convenio", adelantar el incremento del SMI en la negociación colectiva. La senda pactada con sindicatos y agentes sociales marca 850 euros mensuales en 14 pagas para 2020.
(Cinco Días, 26-04-2018)

PNV y Gobierno llegan a un acuerdo sobre los PGE y suben un 1,6% todas las pensiones
El Gobierno ha aceptado retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad a 2023. Estaba previsto que a partir del 1 de enero de 2019 entrara en vigor el denominado factor corrector de sostenibilidad, que implicará que todos los trabajadores que se jubilen a partir de entonces vean como se reduce su pensión. Se trata del elemento troncal de la reforma de las pensiones impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 que tiene por objetivo adecuar las pensiones a la cada vez mayor esperanza de vida.

Según los cálculos elaborados por los actuarios el pasado mes de enero, el recorte de las pensiones nuevas que se den de alta a partir de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad se situará en el entorno del 0,5% respecto a lo que les habría correspondido según la ley actual. Un recorte que tiene carácter acumulativo -a los empleados que se jubilen un año después, el recorte será del 1%, un 1,5% para los del tercer año- y que además será revisable cada cinco años.

La reforma de las pensiones de 2013 contemplaba un cambio en la fórmula de revalorización de las mismas, que tiene en cuenta los gastos e ingresos del sistema y establece una subida mínima del 0,25% y un techo máximo del IPC más un 0,50%.

Entre 2014 y 2017 las pensiones subieron el mínimo legal previsto, un 0,25%, porcentaje que iba a mantenerse para este año. El Gobierno, azuzado por las manifestaciones de pensionistas, y los partidos de la oposición, modificó su propuesta inicial y decidió mejorar la revalorización de las pensiones mínimas, las no contributivas y de las de viudedad.

Así, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que contempla una subida de las pensiones mínimas y no contributivas del 3%. Además, las prestaciones contributivas de menor cuantía aumentarán entre el 1,5% (las inferiores a 9.800 euros al año) y el 1% (entre 9.800 y 12.040 euros al año).

Ahora, el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos entre Gobierno y PNV contempla que todas las pensiones se eleven además con el IPC (el portavoz del PNV, Aitor Estaban, ha dicho que sería el 1,6%). Según fuentes de la negociación presupuestaria, aún no se ha concretado si esta subida será para todas las pensiones o quedarán excluidos los tres millones de prestaciones mínimas a las que ya se les aplicó una revalorización de entre el 1% y el 3%.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha anunciado además que se elevará la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52% al 56% este año (en los Presupuestos se contemplaba una subida al 54%), y al 60% en 2019. Además, las pensiones de viudedad más bajas se elevarán un 2%, según lo anunciado a principios de abril.
(Expansión, 26-04-2018)

Decenas de miles de personas podrían ver peligrar la percepción de su prestación
Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra- han denunciado hoy que si la actual propuesta del Ministerio de Empleo sobre la nueva ayuda a parados de larga duración sale finalmente adelante "decenas de miles de personas podrían ver peligrar la percepción de su prestación", según anunció este miércoles la Consejería de Empleo andaluza en un comunicado.

La intención del Departamento que dirige Fátima Báñez es tener lista esta nueva ayuda con la que se pretende sustituir a los actuales programas -el Plan Prepara, el Plan de Activación Para el Empleo (PAE) y la Renta Activa de Inserción (RAI)- antes de que termine este mes. De momento, se han filtrado algunos detalles de cómo será la nueva ayuda, que consistiría en una prestación única de 430 euros al mes con el nombre de Renta Complementaria de Desempleo (RED).

Después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales algunos aspectos del Plan Prepara en lo relativo a la distribución de las competencias, el Ejecutivo comenzó a trabajar junto a los interlocutores sociales en el diseño de una nueva ayuda a parados de larga duración -aquellos que llevan más de un año en situación de desempleo- que unificara los actuales programas. El próximo día 30 finaliza la vigencia de la última prórroga del Plan Prepara, por lo que apenas queda tiempo para alcanzar un acuerdo y evitar que ningún beneficiario se quede sin prestación.

Desde Empleo señalan que el objetivo es lograr «un programa único, permanente, con amplia cobertura y transparente». Y, por eso, en los Presupuestos hay una partida de 258 millones destinada a este programa de acción conjunta para la atención a los parados de larga duración.

Pero, de momento, el borrador de Empleo no parece haber convencido ni a sindicatos ni a algunas CCAA, que han presentado hoy una propuesta alternativa, ya que consideran que con la actual "un alto porcentaje de los beneficiarios de los tres programas existentes, que ascendían a más de 232.000 personas en febrero de 2018, corre el riesgo de dejar de percibir una ayuda", "un riesgo", añaden, "especialmente alto entre los perceptores de la RAI, que superan los 178.000 beneficiarios". Y esto sucedería, según denuncian estas nueve comunidades, porque la nueva ayuda "plantea requisitos más exigentes".

Además, explican que con los recortes que propone el Ejecutivo el coste anual de 1.200 millones que suponen estos tres programas debería ser financiado en parte por las comunidades, a través de sus respectivas rentas sociales, para que se pudiera mantener el actual nivel de cobertura.

Para evitar que esto finalmente ocurra, las nueve comunidades anteriormente mencionadas han presentado una propuesta alternativa y han pedido la convocatoria extraordinaria de una conferencia sectorial monográfica para tratar esta cuestión. Pretenden "hallar una solución de consenso que asegure la cobertura actual, y que se amplíe en futuros ejercicios", teniendo en cuenta que se trata del colectivo con "mayores dificultades de inserción laboral y vulnerabilidad".
(Expansión, 26-04-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

La AIReF estima que los ayuntamientos acumularán 28.000 millones en depósitos bancarios
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que los más de 13.000 ayuntamientos existentes en España acumularán a cierre del ejercicio 2018 un superávit de 7.000 millones de euros y en torno a 28.000 millones de euros en depósitos bancarios, al tiempo que reducirán su deuda incluso por debajo del límite del 3% fijado para las corporaciones locales.

Así lo ha señalado durante su participación en la sesión inaugural de la V jornada de auditoría del sector público, organizada por el Consejo General de Economistas (CGE) y el REA auditores, en el que ha destacado que las corporaciones locales han ido disminuyendo su deuda en los últimos años mientras que han aumentado sus depósitos en los bancos, que este año rondarán los 28.000 millones de euros.

De esta forma, Escrivá ha estimado que reducirán su nivel de deuda incluso por debajo del límite del 3% y a finales del año tendrán tantos depósitos como deuda pública, con lo que registrarán "prácticamente el equilibrio" en su posición financiera neta, una situación "bastante anómala" respecto al resto de administraciones.

Escrivá ha explicado que el objetivo de déficit del 2,2% del PIB comprometido para este año es "factible", pero ni la Seguridad Social ni el Estado cumplirán sus metas del 0,7% y el 1,1%, respectivamente, mientras que las CC.AA. seguirán corrigiendo su déficit al "0,3% o 0,2%" y las corporaciones locales volverán a registrar un superávit similar al del año pasado, de unas seis décimas del PIB (7.000 millones de euros).

En este sentido, ha subrayado que la situación de las corporaciones locales es "singular, diferencial y bastante estable", y ha explicado que su superávit resulta de unos ingresos "significativamente más altos" de los que presentaban en 1999 gracias a los ajustes en el IBI. Y es que, según ha indicado Escrivá, el porcentaje de tributos propios de las corporaciones locales es "muy superior" al de las CC.AA., al suponer más del 50% del presupuesto y contar, además, con una participación de un tercio de los tributos del Estado.

En esa mayor capacidad de tributación propia del subsector de corporaciones locales destaca el IBI, cuya recaudación se ha estabilizado en torno a 1,2 o 1,3 puntos del PIB, si bien su potencial recaudatorio podría duplicarse y llegar a alcanzar el 2% del PIB.
(Expansión, 26-04-2018)

La UE exigirá a las empresas que implanten un canal de denuncias
La norma que prepara la Comisión Europea para ofrecer un elevado nivel de protección a los denunciantes de irregularidades en la UE extenderá sus efectos también sobre las empresas privadas. Así, al contrario que la Ley que se encuentra en fase de debate en el Congreso de los Diputados en España, Bruselas quiere amparar también a los delatores que trabajen en sector privado, no limitándolo a los funcionarios y a los empleados públicos.

Según el Ejecutivo comunitario, los escándalos provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o actualmente Cambridge Analytica "ponen de manifiesto que los denunciantes de irregularidades pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad".

La futura regulación exigirá a todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros la creación de un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades. Unos requisitos que también deberán incorporar las administraciones nacionales y regionales, así como a los municipios que tengan más de 10.000 habitantes.
(El País, 26-04-2018)

Sector

"Los partidos no quieren un CGPJ elegido por los jueces"
El sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece haberse convertido en uno de los debates crónicos con relación a la Justica: cuestión que está sobre la mesa de forma perenne pero que nunca termina de resolverse. En este sentido, el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, mostró su escepticismo en torno a que ningún político desee realmente abordar una reforma de la Ley que devuelva a los jueces y magistrados la elección de los 12 vocales cuya elección no es atribuida expresamente por la Constitución al Congreso ni el Senado.

"La nostalgia por el sistema de elección por los jueces tiene mucho de retórica, pero la realidad es que no hay mucha gente que lo desee", manifestó en una conferencia celebrada en la Fundación Pablo VI, en Madrid; "tengo serias dudas de que ninguna fuerza política relevante quiera recuperar el modelo anterior".

El magistrado, si bien reconoció que el actual sistema "se presta a la politización", también subrayó que el modelo anterior "tiene un riesgo igual o peor, el del corporativismo". Y, sin decantarse por ninguno de los dos métodos de forma expresa, sí deslizó que "con todo, la experiencia de los últimos 20 años es positiva".

Díez-Picazo aseveró, en relación con la presencia interferencias políticas en la acción de la Justicia, que "es inusual que un ministro o alto cargo del Gobierno se acerque a un miembro de la carrera judicial para intentar influir". En este sentido, recordó que, en la inmensa mayoría de sistemas de nuestro entorno, salvo en Italia, la autoridad política interviene en alguna de las fases de la designación de los cargos judiciales. “Es muy probable que quien designa nombre a alguien de su agrado, pero eso no quiere decir que el designado vaya a ser un simplemente un vocero de quien lo nombró", reivindicó.

Por último, el magistrado se refirió a la presencia de los jueces en los medios de comunicación asegurando que mantiene una postura "muy clásica", que se traduce en "que de los jueces se hable lo menos posible, mejor que se hable de sus sentencias". A este respecto manifestó, desde un punto de vista deontológico, que aboga por la discreción y por "no estar en el ojo del huracán, porque no es bueno".
(Cinco Días, 26-04-2018)

 
 
 
 
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