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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 27 D’ABRIL DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Modificación del Reglamento interno del Banco de España
Resolución de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno del Banco de España, por la que se aprueba la modificación del Reglamento interno del Banco de España, de 28 de marzo de 2000.
(BOE, 27-04-2018)

Euro
Resolución de 26 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 26 de abril de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 27-04-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/27/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/27/index.php?d=102&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 27 D’ABRIL DE 2017

Fiscal

La recaudación por IRPF sube un 6,4%
El Ministerio de Hacienda ha informado que el déficit público del Estado se situó en 4.459 millones en el primer trimestre del año, un 14,3% menos que el año pasado. Una mejora que ha sido posible por la mejora de la recaudación tributaria y especialmente del IRPF. El principal tributo del sistema fiscal aportó a las arcas públicas hasta marzo 21.277 millones, un 6,4% más. Un crecimiento que va en línea con las previsiones presupuestarias.

No sucede lo mismo en el IVA, cuya recaudación aumentó un 2,8% hasta marzo y se quedó en 19.101 millones. Hacienda señala que, si se descuenta el efecto de la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información (SII), la recaudación avanza un 4,2% y, en términos homogéneos, un 3,6%. Cualquier de estas tres cifras refleja una evolución peor de la prevista.

En el impuesto sobre sociedades, el tributo que grava los beneficios empresariales, las cifras hasta marzo no son significativas. Hacienda ingresó por los impuestos especiales que gravan el tabaco o los hidrocarburos un 0,4% menos. La previsión es que en todo 2018, los impuestos especiales aporten a las arcas públicas un 6,8% más. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya advirtió que las previsiones en este epígrafe podían estar infladas.

Por el lado del gasto público, los datos hasta marzo, reflejan un aumento del 0,7%. La partida de gasto de personal y las inversiones son dos de los capítulos que influyen en este crecimiento. Y, si se aprueban los Presupuestos, la partida destinada a pagar los salarios públicos aumentará significativamente porque las cuentas que actualmente se tramitan en el Congreso incluyen el pacto salarial alcanzado entre los sindicatos y Hacienda. Las nóminas de los empleados de la Administración aumentarán este año un 1,95%.
(Cinco Días, 27-04-2018)

Luxemburgo avala los impuestos autonómicos a los centros comerciales
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado este jueves tres sentencias en las que declara la compatibilidad de los impuestos autonómicos que gravan a las grandes superficies establecidas en su territorio, con el Derecho de la Unión europea. En primer lugar, el tribunal europeo ha aclarado que la libertad de establecimiento no se opone a estos impuestos puesto que el criterio de la superficie de venta de la instalación, elegido para determinar cuáles son los establecimientos gravados, no resulta discriminatorio ya que no perjudica a los nacionales de otros Estados miembros, o a sociedades que tengan su domicilio social en otros Estados miembros.

Cataluña, Asturias y Aragón son las tres comunidades autónomas con este tipo de impuesto, cuya finalidad es compensar el impacto sobre el territorio y el medioambiente que puede tener la actividad de los grandes establecimientos. El origen de estas sentencias europeas es una cuestión planteada por el Tribunal Supremo hasta el cual llegó la impugnación de dichos impuestos autonómicos por parte de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED).

El Tribunal de Justicia ha confirmado que estos impuestos tienen como objetivo contribuir a la protección del medioambiente y a la ordenación del territorio, tratando de corregir y de compensar el impacto de la actividad de los grandes establecimientos comerciales (debido, en especial, a los flujos de circulación generados) mediante la contribución de estas grandes superficies a la financiación de medidas en favor del medioambiente y de la mejora de las infraestructuras.

Por otro lado, en respuesta a la pregunta planteada por el Tribunal Supremo en la cuestión prejudicial sobre si las exoneraciones previstas por los tres impuestos autonómicos basadas en las dimensiones de estas instalaciones podían ser constitutivas de ayudas de Estado prohibidas con arreglo al Tratado FUE, el tribunal de Luxemburgo ha considerado que no lo son. El tribunal ha afirmado que es innegable que el impacto medioambiental de los establecimientos comerciales depende en gran medida de sus dimensiones. De manera que dichas exoneraciones sólo podrían valorarse como ayudas de Estado si los establecimientos comerciales excluidos del ámbito de aplicación de estos impuestos estuvieran en una situación comparable a la de aquéllos que sí están sujetos.

En cuanto a las exoneraciones previstas para algunas de las actividades ejercidas por los establecimientos, como, por ejemplo, las actividades de los viveros, la venta de vehículos o de materiales de construcción (así como, en el caso del impuesto catalán, la reducción del 60 % de la base liquidable también en el caso de determinadas actividades), los Gobiernos autonómicos alegan que las actividades de que se trata, por su propia naturaleza, requieren grandes superficies de venta, que no están destinadas a atraer al mayor número posible de consumidores ni aumentan el flujo de compradores que se desplazan a ellas en vehículos privados.

Precisan que, de este modo, estas actividades tienen un menor impacto negativo sobre el medioambiente y la ordenación del territorio que las actividades de los establecimientos sujetos a los impuestos controvertidos. El Tribunal de Justicia considera que esta circunstancia puede justificar la distinción que establecen los referidos impuestos, de modo que no atribuirían ventajas selectivas en favor de los establecimientos comerciales exonerados. Sin embargo, corresponde al Tribunal Supremo comprobar si efectivamente ocurre así.
(El País, 27-04-2018)

Laboral

El año arranca con una destrucción de 124.100 empleos y 29.400 parados más
El mercado laboral ha decepcionado en el comienzo del año. Se han destruido 124.100 empleos, la cifra más alta desde 2014 para ese periodo, y ha subido el paro en 29.400 trabajadores, elevando la tasa de desempleo hasta el 16,7%, según el INE. Estos números han decepcionado a los economistas, como también lo ha hecho que la población activa vuelva a caer. Entre enero y marzo el número de personas en edad y disposición de trabajar bajó en casi 95.000 personas, devolviendo al mercado laboral a su tamaño de finales de 2007. Cuatro años de recuperación laboral no han detenido una dinámica que se mantiene desde 2012.

Una de las cosas que se predicen con cierta facilidad en el mercado laboral español es que entre enero y marzo se destruye empleo y sube el paro. Así ha sido en los últimos 10 años y 2018 ha mantenido la tradición. Pero en esta ocasión se esperaba cifras menos malas. Lo señalaron al poco de conocerse los datos en BBVA Research. Abundó Asempleo, la patronal de empresas de trabajo temporal: “La Semana Santa no ha tenido el efecto esperado”. Y lo destacaban economistas como Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas.

Los 124.100 empleos en total destruidos hubieran sido más de no ser por el aumento de plantillas en el sector público, donde se han creado 31.000 empleos en el último trimestre, según la encuesta de población activa (EPA) divulgada. En cambio, en el sector privado se han destruido 155.200 puestos de trabajo.

Esta caída se ha producido a pesar que buena parte de la Semana Santa ha caído en marzo. Esto tiene una explicación económica, que ya se apuntó en la afiliación a la Seguridad Social comparada con 2017, y otra metodológica de la propia EPA, una encuesta continua, que se elabora durante 13 semanas y cuyo resultado se parece más a lo que sucede a mitad de trimestre que al final.

A pesar de la decepción, el mercado laboral español conserva una tendencia muy positiva de fondo. En los últimos 12 meses se han creado 435.900 empleos que han situado el nivel total en 18,87 millones. El incremento anual es del 2,36%, varias décimas menos que en las ediciones de la EPA anteriores, algo que constata el Banco de España en la nota que emitió al subrayar “una moderación en el ritmo de crecimiento del empleo”.

Esa tendencia de recuperación también se observa en los números desestacionalizados, las cifras limpias del efecto de temporadas turísticas, contrataciones extraordinarias o campaña agrícolas. Desde esta óptica, el paro durante el primer trimestre cayó un 2,97% y el empleo creció un 0,46%.

A continuación, los economistas de supervisor destacan que la desaceleración del empleo “ha tenido lugar en un contexto de un nuevo descenso de la población activa (–0,1%), a pesar del mayor dinamismo de la población total (0,4%), tras el incremento del 3,5% de la población extranjera”.

El mercado laboral español lleva años menguando. Ni los cuatro años largos de recuperación del empleo a un ritmo alto han cambiado el signo que se mantiene en los últimos seis años y que ha llevado a España a tener una población activa de 22,67 millones de personas en edad y disposición de trabajar. Un anverso que tiene un reverso: por primera vez España tiene más de 16 millones de inactivos entre los mayores de 16 años.

Esta evolución sorprende a Torres, de Funcas, quien subraya que el comportamiento de la población activa durante la última década fue atípico durante la crisis y lo está siendo en la recuperación. Lo dice destacando que la tasa de participación de quienes tienen entre 16 y 64 años creció hasta bien entrada esta década, cuando se destruía empleo, y ahora se está reduciendo lentamente pese al vigor que viene manteniendo la recuperación en los últimos años (del 75,7% en 2015 al 74,7%). La caída es mayor cuando se contempla la tasa de actividad de mayores de 16 años, en ese caso la bajada es del máximo del 60,5% tocado en 2012 al 58,5% del último trimestre.
(Cinco Días, 27-04-2018)

El 40% del salario de los españoles se destina al pago de impuestos y a la Seguridad Social
El 39,3% del salario de los trabajadores españoles se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social en 2017, frente al 35,9% de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según el informe 'Taxing Wages 2018'. Durante el año 2017, la presión fiscal de una persona trabajadora en España, soltera y que gane el salario medio, se redujo en dos décimas, debido a una disminución de tres décimas del impuesto sobre la renta (IRPF), que se situó en el 11,3%. De esta forma, casi cuatro de cada diez euros que el trabajador ingresa van para Hacienda.

De su lado, las cotizaciones a la Seguridad Social abonadas por los trabajadores españoles se mantuvieron estables en el 4,9%, muy por debajo de la media de la OCDE, que se situó en el 8,2%. Asimismo, la empresa se hace cargo de otro 23% de la Seguridad Social del empleado. En este caso, muy por encima de la media, que fue del 14,2%. De esta forma, España se coloca en el décimo quinto puesto de países con una mayor presión fiscal entre las 35 economías que conforman el 'club de los países ricos', en un ranking liderado por Bélgica, donde a los trabajadores se les retiene el 53,7% de su salario.

Los belgas deben transferir a las administraciones públicas una suma mayor de su salario de la que ellos reciben en neto. Por detrás de Bélgica, los países con mayor diferencia entre salario bruto y neto son Alemania, donde se retiene el 49,7%, Italia (47,7%), Francia (47,6%), Austria (47,4%) y Hungría (46,2%). También por delante de España se sitúan República Checa (43,4%), Finlandia (42,9%), Letonia (42,9%), Eslovenia (42,9%), Suecia (42,9%), Eslovaquia (41,6%), Portugal (41,4%) y Grecia (40,8%).

Al otro lado de la balanza, entre los países con la presión fiscal más baja se sitúan Chile (7%), Nueva Zelanda (18,1%), México (20,4%), Suiza (21,8%), Israel (22,1%), Corea (22,6%), Irlanda (27,2%), Australia (28,6%) y Reino Unido (30,9%).
(Expansión, 27-04-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Coto a los abusos de los gigantes digitales en la intermediación comercial
La Comisión Europea ha aprobado este jueves un proyecto de Reglamento que pretende acabar con los abusos que numerosas compañías europeas dicen sufrir en su relación comercial con las multinacionales del sector digital. Desde hoteles a compañías aéreas pasando por cientos de pequeñas y medianas empresas se quejan de estar a merced de las condiciones que les impongan unas plataformas que se han convertido en escaparate imprescindible para acceder al mercado.

La nueva norma espera acabar con la discrecionalidad y los abusos que se permiten algunas plataformas con servicios de intermediación comercial aprovechando su posición monopolística o dominante en ciertos sectores. En el punto de mira, según Bruselas, compañías como Google (buscador), Facebook (red social para empresas), Booking.com (hoteles), Skyscanner (vuelos) o Uber (transporte urbano).

"Las plataformas y los buscadores son canales importantes para que las empresas europeas lleguen a los consumidores, pero debemos garantizar que no abusan de su poder", ha señalado la comisaria europea de Sociedad Digital, Mariya Gabriel, durante la presentación en Bruselas del proyecto de Reglamento recién aprobado.

La nueva norma obligará a esas plataformas a facilitar de manera clara e inteligible los términos y condiciones que aplican a sus usuarios profesionales. Y les prohíbe cambiar las condiciones sin un período mínimo de preaviso.

El Reglamento permitirá a las empresas europeas conocer los principios en que se basa su posición en el ránking de los buscadores de las plataformas, así como las condiciones en que se puede mejorar ese resultado mediante el pago de comisiones.

Las plataformas también deberán explicar cómo tratan sus propias ofertas en relación con las de terceras partes y cómo explotan en beneficio propio los datos comerciales o sobre clientes que obtienen gracias a la actividad de las empresas a las que ofrecen el servicio de intermediación.

El Reglamento también intenta corregir la sensación de impotencia que numerosas empresas sienten a la hora de enfrentarse a los colosos digitales. Bruselas obligará a las plataformas a ofrecer mecanismos de resolución de disputas.

Si el conflicto llegara a los tribunales, el Reglamento permite que la empresa presuntamente perjudicada por una plataforma sea representada en el juicio por la patronal de su sector, lo que mitigaría la sensación de David frente a Goliat.
(Cinco Días, 27-04-2018)

El BCE no ha modificado una coma de su política monetaria
El Banco Central Europeo, en su reunión de ayer, mantuvo sin cambios los tipos en el cero y la facilidad de depósito en el -0,4%, además de prolongar las compras de deuda por 30.000 millones de euros al menos hasta septiembre y de recordar que los tipos seguirán bajos durante un largo período de tiempo, mucho tiempo después de que se hayan terminado las compras netas de activos.

Pero, aunque no hay cambios en las medidas de estímulos, Draghi sí ha reconocido que el BCE analiza con lupa el actual escenario económico de la zona euro, marcado por la amenaza de proteccionismo lanzada por Estados Unidos –que no da tregua a la fortaleza del euro frente al billete verde- y por unos indicadores económicos algo más flojos.

El presidente del BCE ha reconocido que algunos indicadores económicos apuntan a un crecimiento algo más reducido que el observado a finales de año, si bien afirma que su moderación se debería a factores puntuales y que el crecimiento de la zona euro sigue siendo sólido y sostenido por la demanda interna. Tales factores puntuales serían el frío, las huelgas o la Semana Santa en algunos países, según ha señalado Draghi, que ha justificado que esa moderación, inesperada en algunos casos, viene después de un fuerte crecimiento de la zona euro. "Casi todos los países de la zona euro han experimentado una moderación del crecimiento o una pérdida de momentum", reconoce Draghi.

Pero el presidente del BCE ha apuntado también al impacto potencial del proteccionismo sobre la economía. Ha reconocido que aún es difícil saber el alcance de la "retórica" proteccionista de Estados Unidos. Y aunque ha señalado que no parece que vaya a ser "sustancial", sí ha apuntado su efecto sobre la confianza y el riesgo consecuente de impactar sobre el crecimiento. "No somos indiferentes", reconoce Draghi.

El presidente del BCE afirma que la institución estudia el alcance que puede tener el proteccionismo que, por otro lado, llega cuando la economía de la zona euro viene de crecer a un ritmo muy fuerte. "La lectura de lo sucedido en lo que va de año es muy importante para decidir los próximos pasos en política monetaria. Hay que entender primero qué pasa y ponerlo en contexto. Saber si es el principio de un declive o una normalización tras un fuerte crecimiento", ha afirmado el presidente del BCE.

De cualquier modo, Draghi ha insistido en que tal moderación económica de la zona euro no mina la confianza de la institución en cumplir sus objetivos de inflación. Y ha reiterado la necesidad de ser paciente y persistente para su consecución. Tras su mensaje, el euro ha alcanzado máximos del día en los 1,22 dólares.
(Expansión, 27-04-2018)

La CNMV abre 16 expedientes sancionadores a entidades por 23 presuntas infracciones en 2017
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha detallado que el supervisor abrió en 2017 un total de 16 expedientes sancionadores a entidades por la comisión de 23 presuntas infracciones a la Ley del Mercado de Valores, la mayoría muy graves.

Estos expedientes se refirieron a normas de conducta en relación con clientes o inversores, a la información que las cotizadas deben enviar sobre remuneraciones, a abuso de mercado, a comunicación de participaciones significativas, a normativa de ventas en corto y a regulación de empresas de servicios de inversión o instituciones de inversión colectiva.

Además, durante el año la CNMV concluyó 16 expedientes por 29 infracciones a la ley, la mayoría de ellas muy graves, según ha señalado Albella durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Concretamente, hubo una inhabilitación para ejercer cargos en entidades financieras por cinco años. De acuerdo con el presidente del supervisor, en 2017 se impusieron 27 multas que sumaron 14 millones de euros. Albella ha recordado que estas cantidades se ingresan en el Tesoro Público.

Por otra parte, el supervisor envió unos mil requerimientos a bancos y empresas de servicios de inversión en 2017. Estos requerimientos se remitieron después de realizar inspecciones 'in situ' en entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así como revisiones horizontales sobre el cumplimiento de aspectos concretos por parte de una muestra representativa de entidades.

El pasado año, asimismo, el número de comunicaciones de operaciones sospechosas fue de 235, un 22% más que el año anterior, y la mayoría se refirió al potencial uso o intento de uso de información privilegiada.

Albella ha señalado que en 2017 el supervisor recibió 998 reclamaciones de inversores, frente a las 1.205 del año anterior, un descenso debido, principalmente, a la superación del efecto de la crisis de las preferentes.
(Expansión, 27-04-2018)

Los vendedores de seguros tendrán que pasar un examen de pólizas y leyes
Conocimientos, responsabilidad y productos adecuados. Este es el triunvirato en el que sustenta la directiva Mifid 2 para que los mercados funcionen mejor. Esta regulación incluye un tema clave: la formación de los empleados que comercializan productos financieros. Cualquiera que abra la boca en una sucursal deberá contar con un título que lo habilite para informar. Si quieren asesorar, habrán de contar con un certificado que se lo permita.

El número de empleados de banca era de 192.604 a cierre del año pasado. Y alrededor de un 50% de ellos deberá contar con un título, según fuentes del sector. Quedan excluidos los que no trabajan de cara al público, como los del back office o los de los servicios centrales.

Pero la segunda vuelta de tuerca viene ahora. No solo los empleados de banca deben probar sus conocimientos; también los vendedores de seguros a través de otra directiva europea, con distinto nombre, pero similar objetivo a Mifid 2. A partir de febrero de 2019 será de aplicación esa normativa.

“Se hace necesario establecer un marco normativo en materia de formación que garantice que todos los distribuidores de seguros y de reaseguros poseen los conocimientos mínimos necesarios”, sentencia el borrador de una norma de Economía específica sobre la formación de los empleados del sector.

El número de personas afectadas asciende a más de 45.000, según el último anuario de Unespa, la asociación empresarial del seguro. Hasta ahora, requerían formación los mediadores de seguros y corredores de reaseguros y demás personas que participasen directamente en la mediación de seguros. Pero se dejó fuera de esa exigencia a las entidades aseguradoras que distribuyen directamente sus productos de seguros y a sus empleados. Estos últimos no tenían obligación alguna de probar sus conocimientos. A partir de unos meses, esto va a cambiar.

Con todo, portavoces de Unespa afirman que los empleados de las aseguradoras cumplían con dichos requisitos de forma natural, “recibiendo formación de calidad por parte de las propias aseguradoras”. De hecho, Economía exime de certificar su formación a los empleados que ya participasen en actividades de distribución. Sí deberán cumplir con la formación continua. A

“Los requisitos de formación inicial sí serían aplicables a los nuevos empleados de la entidad, así como a aquellos que, formando parte de la plantilla, pasen por primera vez a realizar actividades de distribución”, añaden en Unespa.
(El País, 27-04-2018)

Sector

El Supremo facilita la impugnación de la derivación de responsabilidad y la liquidación de las deudas tributarias
La deuda pendiente de la Agencia Tributaria asciende a 42.365 millones de euros. Cobrar esa inmensa bolsa de pasivo es una de las principales tareas de Hacienda. Para hacerlo, la Administración utiliza diversos instrumentos y uno de ellos es la derivación de responsabilidad que contemplan los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria. Se trata de una figura que permite, por ejemplo, reclamar deudas de una sociedad de forma subsidiaria a los administradores de las mismas.

Ahora, una sentencia del Tribunal Supremo ha dado a este tipo de profesionales más herramientas para defenderse ante el fisco. Así lo explica el socio del despacho Ático Jurídico, José María Salcedo, que señala que los administradores tendrán mayores posibilidades para recurrir la derivación de responsabilidad. Lo que sucedía hasta ahora era que Hacienda y la Audiencia Nacional entendían que los administradores, al recurrir la derivación de responsabilidad, no podían impugnar la liquidación que originó la deuda, si cuando estaban al frente de la compañía tuvieron conocimiento de la actuación de Hacienda contra el deudor principal.

“Esto es lo que ocurre en el caso de los administradores de sociedades, que no solo conocen las actuaciones de comprobación seguidas contra la sociedad, sino que pueden intervenir en nombre de la misma para plantear los recursos oportunos”, señala Salcedo. Y aclara que ello significa que “el administrador solo podría recurrir el propio acuerdo de derivación de responsabilidad, es decir, su propia consideración como responsable y no las liquidaciones de las que trae a causa la derivación de responsabilidad”.

El Tribunal Supremo ahora rechaza este criterio y en una sentencia establece que el administrador puede impugnar la derivación de responsabilidad y también la liquidación de la que proviene la deuda que exige Hacienda. “Y a ello no obsta su condición de administrador, ni que en su día tuviera perfecto conocimiento de las actuaciones y liquidaciones seguidas contra el obligado principal”, apunta Salcedo. De hecho, tiene derecho a impugnar, aunque hubiera recurrido anteriormente en nombre de la sociedad.

Para este abogado y asesor tributario, la sentencia supone una buena noticia para los muchos administradores que, tras gestionar empresas que han quebrado durante la crisis económica, ahora se enfrentan a abultadas deudas con el fisco. “Se amplían para el administrador los motivos de impugnación, y los argumentos a alegar, y, por tanto, será más fácil anular la deuda que se exige al responsable”, concluye Salcedo.
(Cinco Días, 27-04-2018)

 
 
 
 
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