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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 5 AL 7 DE MAIG DE 2018 Fiscal Estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública Laboral Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro Mercantil, Civil i Administratiu Modificación de la Orden EHA/1049/2008 de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 19 de abril de 2018 Euro Comptable Procedimiento de remisión de las cuentas anuales y demás información que las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado han de rendir al Tribunal de Cuentas http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/07/ RECULL DE PREMSA DEL 5 AL 7 DE MAIG DE 2018 Fiscal Dudas de que la 'tasa Google' pueda recaudar 600 millones para pagar las pensiones en 2018 En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes 27 de abril, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, cifró en 1.500 millones de euros el coste adicional de la subida de pensiones pactada con el PNV para que se incrementen un 1,6% en 2018, tomando como referencia el IPC. El ministro afirmó que esta subida "es perfectamente factible" y explicó que se financiaría gracias a la subida por parte de las agencias de 'rating' de la calificación de la deuda española, lo que reduce los costes de los intereses; a un menor coste del esperado inicialmente sobre las sentencias de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones (RPA) respecto a las autopistas; y a los ingresos que supondría la implantación de un impuesto a las empresas digitales, que cifran en 600 millones para 2018. "Dudo mucho que consiguiera 600 millones de euros este año", asegura Torres, quien considera que "esto puede ser algo a largo plazo si hay una armonización europea de la fiscalidad de las tecnológicas, que es algo que no sé si puede hacer de forma aislada un sólo país, lo veo complicado". Torres considera que la parte de la recaudación de este impuesto a nivel europeo que correspondería a España "son apenas unas decenas de millones de euros, lo que parece muy insuficiente para cubrir el coste adicional de la subida de las pensiones de 1.500 millones". Por ello, el director de coyuntura de Funcas señala que "sería más importante asegurarse de que las empresas en general pagan sus impuestos" y destaca la importancia de una armonización de las bases fiscales. "Es algo muy deseable, no un impuesto específico a las tecnológicas, sino la armonización de la fiscalidad y la lucha contra la evasión", asegura. Según Torres, los 1.500 millones adicionales para la subida de las pensiones en 2018 y los casi 2.000 millones que estima Funcas para el rescate de las autopistas de peaje, supondrían que el déficit público en 2018 ascendiera al 2,6%, cuatro décimas por encima del objetivo establecido y tres más que su previsión inicial al analizar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018. En cuanto al menor coste de los intereses de la deuda, Torres contradice al ministro de Hacienda al explicar que en la previsión inicial de Funcas, que estimaba un déficit del 2,3%, una décima peor que el objetivo marcado por el Gobierno, "ya estaba incorporada una reducción de los tipos efectivos de interés sobre la deuda pública". Sobre este punto, Funcas estima que los tipos efectivos se reducirán en dos décimas respecto a 2017. En este sentido, señala que "hasta ahora el factor reducción de la prima de riesgo fue más importante que el factor aumento de los tipos de interés internacional, y llegará un momento que esto se va a acabar, sin contar que en 2019 aumentarán los tipos; pero para este año tenemos una hipótesis bastante favorable que es realista y que no hace falta revisar". Murcia, Extremadura y Comunidad Valenciana no cumplirán el objetivo de déficit En cuanto a la regla de gasto, la AIReF sostiene que el riesgo de incumplimiento es "alto" en Andalucía, Baleares y Madrid, y "moderado" en diez comunidades: Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. En las cuatro restantes (Aragón, Canarias, Castilla y León y La Rioja) el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto es "bajo". Laboral Miles de personas vuelven a manifestarse en toda España en demanda de unas pensiones "dignas" Esta mañana en Vitoria, la marcha ha recorrido el centro de la ciudad en la primera de las tres manifestaciones convocadas por las plataformas de pensionistas para este 5 de mayo en Euskadi, dado que las movilizaciones de Bilbao y San Sebastián están programadas para las seis de la tarde. La manifestación de la capital alavesa ha sido secundada por miles de personas, que han lanzado proclamas y portado pancartas en defensa de un sistema público que garantice unas pensiones "dignas". Los organizadores de la protesta han leído un manifiesto en el que se ha vuelto a reclamar una pensión mínima de 1.200 euros mensuales y actualizada en función del IPC. PACTO PNV-PP. Cerca de un millar de personas han reiterado este sábado en Valladolid sus reivindicaciones en defensa del sistema público de pensiones y han dicho "basta" a las retribuciones de "miseria" que obtienen. Uno de los portavoces de la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones, Jesús Isabel Martín, ha explicado que los pensionistas han vuelto a salir a la calle para protestar en contra del "chantaje de voto" que se pretende hacer con las pensiones y ha criticado el mantenimiento del límite del 0,25%, así como del factor sostenibilidad. Asimismo, ha asegurado que no consentirán que la brecha salarial se mantenga con una diferencia de hasta el 60% en la cotización y se ha mostrado firme en su objetivo de visibilizar el trabajo doméstico y ha reivindicado el papel de las mujeres al señalar que la "lucha" por la defensa de las pensiones dignas va de la mano de la protesta del pasado 8 de marzo, a la cual ha "tomado el relevo". También los pensionistas gallegos han vuelto a manifestarse en las plazas de Galicia para lanzar el mensaje de que continuarán con las movilizaciones para pedir unas "pensiones dignas", ya que creen que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV para subir las prestaciones será "un espejismo" y no supondrá la "consolidación" de las mejoras que reclaman. Diez localidades de la geografía gallega -A Coruña, Vigo, Santiago, Ourense, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Ribadeo (Lugo), Noia y A Pobra do Caramiñal (A Coruña)- han albergado en la mañana de este sábado concentraciones convocadas por el Movemento Galego en Defensa das Pensións Públicas (Modepen). Y en Extremadura, los pensionistas han pedido hoy en más de una decena de actos reivindicativos repartidos por la región un sistema de pensiones digno y que las mismas suban en relación al coste de la vida. "Según la Constitución, las pensiones tienen que subir según el coste de la vida, pues eso que está en la Constitución nosotros queremos que quede garantizado", ha asegurado el portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones de Mérida, Celedonio Salguero. UGT, CC OO y CSIF reclaman un salario mínimo de 1.200 euros para todos los funcionarios del Estado En concreto, los sindicatos reclaman un salario mínimo de 1.200 euros para todos los empleados públicos de la AGE, así como que se homologuen las condiciones retributivas del personal laboral con el personal funcionario, ya que se trata del único nivel de la Administración donde sigue existiendo una brecha salarial entre ambos colectivos de 200 euros de promedio. Por ello, tal y como explica Carlos Álvarez, secretario de AGE de UGT, para lograrlo, proponen un incremento lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros por efectivo para el establecimiento de la carrera profesional. Álvarez calcula que de los 200.000 efectivos con que cuenta la Administración General del Estado, unos 50.000 son personal laboral, por lo que se verían afectados por esta mejora salarial. CC OO, UGT y CSIF han denunciado que la Administración General del Estado ha sido "castigada" de manera especial durante los últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal y por los recortes efectuados "con la excusa de la crisis". El representante de UGT admite que el reciente acuerdo suscrito con el Ministerio de Hacienda para la mejora del salario y el empleo público es muy positivo para el conjunto de la Administración, pero no tanto cuando se trata de analizar las condiciones de la AGE. En este sentido, los sindicatos han exigido el desarrollo del II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el pasado de 9 de marzo, con la apertura de los ámbitos de negociación establecidos en el pacto para lograr avanzar en tres ejes: empleo, derechos (restablecimiento de todas las retribuciones en situación de incapacidad temporal y la recuperación del carácter máximo de la jornada de 37,5 horas) y salario. Al mismo tiempo, han demandado que se desarrolle y aplique la jubilación parcial en el ámbito de la AGE, que se desbloquee el IV Convenio Único del personal laboral, y que se desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público para establecer el derecho a la carrera profesional y adaptar la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones. "España ha recuperado todo el empleo indefinido que perdió con la crisis" "Los datos de abril favorecen la igualdad entre hombres y mujeres, entre los jóvenes y muestran avances en el empleo de calidad", ha dicho Báñez. La ministra ha destacado que ya "se encadenan 55 meses de descenso interanual del paro". Cada día se crea empleo de más calidad. En abril se encadenan 51 meses de aumento interanual de empleo indefinido, algo que no había ocurrido antes", ha destacado la ministra. De hecho, Báñez ha asegurado que "España ha recuperado todo el empleo indefinido que perdió con la crisis". Además, ha dicho que del empleo total (temporal e indefinido) ya se han recuperado también 3 de cada 4 puestos de trabajo destruidos durante la recesión. La titular de Empleo también ha querido destacar que hay más mujeres trabajando que nunca, concretamente, 8.655.000. El número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social creció en todas las CCAA en 2017 Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a finales de diciembre del año pasado había 1.815.240 extranjeros afiliados a la Seguridad Social, un 8,1% más que los 1.678.926 censados en enero de ese mismo año. Una cifra que ha seguido aumentando a lo largo de los tres primeros meses de 2018, hasta situarse en 1.896.569 trabajadores. De ese número, alrededor de 834.000 proceden de Europa (754.000 de la Unión Europea), otros 235.395 de África (unos 230.000 de Marruecos, en concreto), 440.496 de Asia (con mayoría de chinos, que superan los 101.000), entre otras procedencias. En términos absolutos, en Cataluña es donde más extranjeros hay dados de alta en la Seguridad Social, con 428.213, por delante de Madrid, con 375.561, y Andalucía (232.031) y la Comunidad Valenciana (202.003).Por el contrario, en Cantabria, Extremadura y La Rioja es donde menos afiliados extranjeros hay, coincidiendo también con menores cifras globales de población, y en los tres territorios superan por poco los 10.000.Sin embargo, en la Comunidad Valenciana fue donde más aumentó el año pasado número de afiliados extranjeros, al cerrar diciembre con el 10,4% más que en enero, seguido del País Vasco, que repuntó el 10,1%.Baleares, con el 9,7%; Navarra, con el 9,5%, y Cataluña, con el 9,4%, también destacaron por sus subidas. Las que menos crecieron fueron Asturias (0,5%) y Murcia (2,6%), así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por debajo de la media quedaron asimismo Andalucía (5,1%), La Rioja (5,5%), Aragón (7,5%) y Madrid (7,9%), mientras que Extremadura tuvo el mismo aumento que el promedio (8,1%). El incremento de afiliados a la Seguridad Social coincide con el alza en el número de extranjeros que vive en España, que en 2017 aumentó en 146.611 personas (3,2%), frente al descenso del 0,05% de los españoles. A fecha 1 de enero de 2018 hay 46.698.569 personas empadronadas en España, 126.437 más que un año antes, un 0,3% más que se explica por el aumento del número de extranjeros y que consolida el crecimiento de la población iniciado en 2016, tras cuatro años ininterrumpidos de caídas. Mercantil, Civil i Administratiu El pequeño comercio tradicional se queda estancado y pierde empleo Pero si el análisis se segmenta en los formatos de distribución, los datos cambian. El INE distingue entre cuatro modelos: empresas unilocalizadas, es decir, que solo tienen un establecimiento; pequeñas y grandes cadenas, y grandes superficies. En el primer trimestre, fueron las grandes cadenas las que generaron la mayor parte del crecimiento del comercio minorista, con un aumento de su negocio del 4,7%. Las grandes superficies mejoraron un 1,6% y las pequeñas cadenas, un 3,6%. Las empresas unilocalizadas, es decir, las clásicas tiendas tradicionales, no crecieron en el primer trimestre, y en marzo redujeron sus ingresos un 0,8%. En empleo, han sido las únicas que han destruido, un 0,1%. En el conjunto de 2017, esa caída fue del 0,2%. La recuperación de la actividad comercial no está llegando a estos formatos. “Es una tendencia que va a ir a más”, afirma Florencio García, director de retail de Kantar Worldpanel. “El tejido especialista tiene más peso aquí que en otros países. En alimentación, belleza o droguería representa el 25% del mercado. En Portugal, por ejemplo, es un 9%”, apunta. No hay un caso parecido en Europa. Esto provoca, según García, “que haya una bolsa grande de negocio que la distribución moderna puede atacar. Tiene más capacidad de oferta, para bajar precios, para digitalizar... La competencia se endurece”. Una prueba es la reducción de los locales comerciales que no tienen asalariados, es decir, que están regentados por los mismos empresarios. Estos son, además, los más numerosos. En 2017 eran 294.400, 4.000 menos que un año antes y 16.300 menos que en 2012. La morosidad de los propietarios de viviendas sigue siendo muy elevada La morosidad bancaria disminuyó un 12,2% alcanzando los 330,8 millones de euros. El porcentaje de las comunidades de propietarios en las cuales las entidades financieras tienen pagos pendientes alcanza al 7,29%. Es decir, en una de cada cinco fincas con morosidad hay un banco que no paga a tiempo. Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo General de Colegio de Administradores de Fincas, explica a este diario que el problema es de falta de gestión de las entidades: "Cuando van a venderlos siempre se ponen al corriente de pago". No sólo los bancos, todos aquellos que venden sus viviendas deben ponerse al corriente en el pago de las cuotas de la comunidad, porque las deudas se heredan. Si el anterior propietario no ha pagado, el nuevo dueño tiene que hacer frente a las cuotas del año corriente y los tres anteriores. Aunque la morosidad total bajó en todas las autonomías, los mayores descensos se produjeron en Melilla (-9,9%), Ceuta (-9,1%), Asturias (-9,6%), País Vasco (-8,9%), Cantabria (-8,7%), Castilla y León (un 8,5%), Galicia (-8,4%), Navarra (-8,3%), Castilla-La Mancha (-8,2), Andalucía (-8%), Madrid (-8,1%) y Andalucía (un 8%).Al cruzar los datos de morosidad vecinal de cada provincia con el número total de pisos se obtiene una ratio muy reveladora para determinar dónde son mayores los impagos. Almería es la ciudad en la que más dinero se debe por cada vivienda: 92 euros, de media. Le siguen Las Palmas (88,4 euros de deuda por cada casa construida), Murcia (87,4), Córdoba (84,3), Islas Baleares (83,9), Cádiz (79,6), Santa Cruz de Tenerife (79,2) y Huelva (78,7). Como se ve, hay una gran preponderancia de provincias costeras. Esto ocurre, en parte, por la incidencia de las urbanizaciones semidesiertas construidas antes del estallido de la burbuja. "Con la crisis ha habido un cambio de ciclo en las comunidades de propietarios", explica Díez Lloris. "Históricamente, las deudas no eran lo suficientemente altas como para reclamarlas, porque las costas judiciales del proceso las pagaba la comunidad de vecino, y eran tan elevadas que la demanda no cundía, en la mayoría de los casos", agrega. Después, en 1999, se modificó la Ley de Propiedad Horizontal y la situación mejoró, pero con la crisis económica se dispararon de nuevo las deudas. "El problema económico es coyuntural, pero siempre hay una morosidad estructural (morosos profesionales)", aclara. "Cuando alguien deja de pagar, deja de pagarlo todo", agrega Díez Lloris. El procedimiento para reclamar es sencillo. Primero es muy importante que cuando se aprueba una cuota, quede muy claro en el acta la obligación de pago. El segundo paso es que cuando alguien deje de pagar, se debe convocar una junta, en la que la comunidad tiene que acordar la liquidación de la deuda y hacerla constar en acta. Entonces, se le notifica al deudor y se le da un plazo de pago. Si no lo cumple, se le interpone una demanda el juzgado. |
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