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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DE L’11 DE MAIG DE 2018 Mercantil, Civil i Administratiu Reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica Euro http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/11/ RECULL DE PREMSA DE L’11 DE MAIG DE 2018 Fiscal La tasa google no afectará a las pymes La información ha sido proporcionada por el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quien ha asegurado que Hacienda se encuentra preparada para recaudar más de 1.000 millones de euros al año por este nuevo impuesto sobre los servicios digitales de las grandes empresas tecnológicas que el Gobierno presentará en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo. “En el nuevo Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas hace una semana, el Ejecutivo comunicaba a la Comisión Europea su intención de subir las pensiones conforme al IPC y que, para sufragarlo, plantearía la adopción de "nuevas figuras tributarias como el nuevo tributo a las grandes tecnológicas”. El director general de la AEAT ha detallado también que, de las 376 sentencias dictadas en el ámbito fiscal en 2017 a causa de denuncias presentadas, un total de 282 fueron favorables para el organismo al confirmar que se trataba de u delito. Esta cifra representa el 75% del total. "A nosotros nos gustaría no tener que denunciar a nadie por delito fiscal y poder encontrar mecanismos protocoralizados y regularizados, que den mayor seguridad jurídica a las empresas y los contribuyentes”, ha apuntado Menéndez. Del mismo modo, ha apuntado que de las reclamaciones presentadas por los contribuyentes en el ámbito contencioso-administrativo, entre 58% y el 67% de las sentencias fueron desestimatorias para los declarantes en el periodo 2015-2017. “En concreto, el grado de desestimación en 2015 fue del 57,7%, mientras que en 2017 se elevó al 66,58%. Así, el grado de desestimación total para la Administración es del 26,5%, mientras que se da la razón a la AEAT total o parcialmente en un 73,59% de los casos”, se señala. Hacienda obligará a tributar a las empresas españolas con sucursales en paraísos fiscales El impuesto a las tecnológicas que prepara el Ejecutivo para financiar la subida de las pensiones que ha pactado con el PNV prevé recaudar 600 millones este año y 1.500 millones el que viene junto con "nuevas figuras tributarias", según el Programa de Estabilidad. Estas subidas del Impuesto sobre Sociedades que prepara Hacienda engrosarán la recaudación. El Gobierno anuncia en el Programa Nacional de Reformas que ha remitido a Bruselas que "en 2018 aprobará medidas tributarias adicionales a las contempladas en el proyecto de Presupuestos de 2018 para luchar contra el fraude fiscal". En el Impuesto sobre Sociedades, avanza que va a introducir cambios para adaptarse a las nuevas Directivas de la UE anti-elusión fiscal que afectan al Impuesto sobre Sociedades. De esta forma, las sucursales de empresas españolas en territorios con un tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades por debajo del 50% del español -que es del 25%- esto es, del 12,5%, que no acrediten actividad y motivos económicos suficientes para situarse allí deberán tributar en España. Esto afecta a sucursales en Irlanda, Chipre, Luxemburgo o Bulgaria, entre otros, además de las situadas en paraísos fiscales. La norma comunitaria obliga a establecer este tipo mínimo, pero España puede endurecer la tributación. Hacienda ya grava a las filiales de empresas en territorios con un tipo de menos del 75% del español, es decir, por debajo del 18,75%. Una filial es una entidad con personalidad jurídica propia. Si no se constituye una filial, los activos del negocio pertenecen directamente a la sociedad española que invierte en el extranjero, lo que mercantilmente es una sucursal y fiscalmente se considera un establecimiento permanente. Operan con sucursales en el extranjero según datos de sus memorias y del ICEX, BBVA, Bankinter, FCC, Ferrovial, Acciona, ACS, Repsol, y Abantia, entre muchas otras. La Directiva quiere impedir que se sitúen filiales y sucursales en territorios de baja tributación, como Irlanda, para rebajar la tributación. El artículo 59 establece que las empresas que localicen una filial en un territorio en el que la tributación sea menos de la mitad que lo que tributaría en el Estado donde está la matriz serán gravadas según lo que deberían haber tributado en la matriz si no demuestran que el traslado obedece a motivos económicos. Esta medida podría afectar a deslocalizaciones a Irlanda como la de Grifols, si no hay actividad. La Directiva y la Ley del Impuesto sobre Sociedades establecen que estas obligaciones de transparencia concurren si la empresa no acredita actividad económica, requisito que podrían endurecerse. Albert Mestres, responsable del área de fiscalidad internacional de Toda & Nel-lo, recuerda que la norma española ya prevé reglas para una transparencia parcial (de ciertas rentas), estipulando que se transparenten rentas por alquileres de inmuebles, dividendos (salvo que se cumplan determinados requisitos), plusvalías en la venta de activos, intereses, etc. La financiación autonómica se reformará en dos fases En las dependencias del Ministerio de Hacienda calculan los tiempos para ir despejando la agenda pendiente. Primero hay que aprobar los Presupuestos de 2018, despejarse la situación en Cataluña, relanzar el Pacto de Toledo para abordar la reforma de las pensiones y abrir, de una vez por todas, la financiación autonómica. Los barones regionales claman en público porque el sistema se reforme cuanto antes. Algunos, sin embargo, reconocen en privado que la presión ha perdido intensidad en algunos de los territorios que tradicionalmente han sido más beligerantes con el asunto. La recuperación económica está provocando que las comunidades reciban más recursos que nunca procedentes del sistema de financiación y, además, la recaudación de los tributos propios está creciendo a ritmos de dos dígitos por la reactivación del sector inmobiliario. A pesar de esta supuesta bonanza, el gasto de estas administraciones también sufre presiones al alza. El envejecimiento de la población, la recuperación de los servicios recortados en la crisis y el aumento de la inversión por la proximidad de la carrera electoral comprometen el control del gasto regional. Está previsto que tras el verano se estrene la campaña electoral que ya da sus primeros coletazos. Ya están programadas autonómicas, locales y europeas para el último domingo de mayo de 2019 y las andaluzas se dibujan en el horizonte otoñal. En este contexto de complejidad política, las comunidades reconocen que es difícil negociar una reforma del sistema de financiación que arrojará perdedores y ganadores, según diversas fuentes autonómicas y gubernamentales. Estas mismas fuentes reconocen que el panorama en Cataluña debería despejarse porque son un actor principal en el cierre del nuevo sistema de financiación. Por eso, las comunidades empiezan a resignarse a que la reforma se acometa en dos fases. La primera parte sería la reestructuración de la deuda autonómica. La segunda, se dejaría para más adelante, tras el proceso electoral. En esta fase se atenderían los asuntos más técnicos y espinosos. Hacienda trabaja con todos los escenarios. Convocará un Consejo de Política Fiscal para reunir a las comunidades a finales de mayo o en junio. Les presentará una propuesta base. Su primera opción pasa por un cambio integral del sistema. Simplificando los cinco fondos existentes en dos, con más transparencia y otorgando más recursos al fondo de compensación interterritorial, que estaría fuera del modelo y serviría para que las autonomías más pobres converjan con las prósperas. La AIReF calcula que la economía crecerá un 0,7% en el segundo trimestre La AIReF explica que los últimos datos coyunturales conocidos constituyen un saldo de "sorpresas negativas" que "muestran una ligera desaceleración de la economía". Para el tercer trimestre, el Mipred espera un crecimiento económico del 0,67%. Hacienda admite que no es perfecta y pide revisar el borrador por sus 'olvidos' De este incremento, más de 235.000 se corresponden con contribuyentes que en la anterior campaña esperaron a recibir asistencia en las oficinas a partir de mayo y, sin embargo, este año han aprovechado las distintas vías de presentación no presencial para acelerar el proceso e igualmente la eventual devolución que les corresponda, informan desde Hacienda. Esta novedad ha despertado el recelo entre los expertos fiscales que advierten que la app "es peligrosa porque incita al contribuyente a presentarla sin revisar los datos". Hoy la Agencia Tributaria, en la presentación de la apertura del plazo de las presentaciones físicas, ha admitido que resulta conveniente revisar la propuesta de declaración que ofrece la Agencia Tributaria. "La Agencia puede no disponer de todos los datos con trascendencia en la declaración, datos que quizá el contribuyente deba incorporar a la propuesta de declaración", explican desde el organismo. Los casos más típicos que deben ser revisados y que suelen perjudicar al contribuyente por no ser incluidos son los datos de inmuebles y sus referencias catastrales, circunstancias personales y familiares, arrendamientos de inmuebles, transmisiones, aportaciones a planes de pensiones, cuotas sindicales, percepciones por subvenciones, deducciones familiares y por maternidad, deducción por inversión en vivienda habitual y deducciones autonómicas. La Agencia Tributaria ha devuelto ya 2.473 millones de euros, un 14,1% más que en las mismas fechas del año pasado, a 3.741.000 contribuyentes, lo que supone 467.000 más, un 14% más que en la anterior campaña. Las declaraciones con solicitud de devolución suman 4,8 millones (13% más con respecto al año anterior) y, en estos momentos, casi el 78% de los contribuyentes que han solicitado su devolución, ya la han recibido. Pero la agilización de las presentaciones ha alcanzado de nuevo también a aquellas declaraciones con resultado a ingresar, que totalizan 826.000, con un crecimiento interanual de más del 32%. Laboral El Tribunal de Cuentas pide que la gran empresa deje de autogestionar las bajas de sus plantillas En concreto, el informe sobre el funcionamiento de esta modalidad de gestión permitida por la Seguridad Social se corresponde a 2015. Ese año, había 240 grandes empresas autorizadas para autogestionar las bajas temporales de sus empleados. Según este sistema, estas compañías pagan directamente las prestaciones por Incapacidad Temporal (IT) a sus trabajadores y gestionan su asistencia sanitaria derivada de esa baja, pero, a cambio, se reducen el pago de cotizaciones (por contingencias comunes, profesionales o ambas) en un 4,5% respecto a la cuota que les correspondería abonar si no existiera dicha colaboración. Al analizar este sistema y el detalle de la gestión de seis grandes empresas, el Tribunal de Cuentas asegura que en 2015 el importe de estas deducciones de dichas compañías colaboradoras, según el presupuesto de ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social, ascendía a 105,4 millones de euros. Sin embargo, esta cantidad no cuadra con lo que estas empresas comunicaron a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a través de las fichas que este organismo envía a las compañías para su control, cuya cifra era de 99,5 millones. Así, ha detectado un desajuste de casi 5,9 millones entre lo declarado por las compañías y lo que efectivamente dejaron de ingresar. El Tribunal también considera un "sobrecoste" para la Seguridad Social la diferencia entre los 99,5 millones que las empresas dejaron de ingresar por la bonificación de sus cuotas del 4,5% y los 88,1 millones que abonaron en pagos por prestaciones de IT a sus trabajadores que estuvieron de baja médica. Desde la Seguridad Social han alegado que estos descuadres no son atribuibles a ningún tipo de malversación, sino más bien a la obsolescencia de la normativa que regula esta modalidad de colaboración, que el Tribunal de Cuentas califica de "significativamente antigua y escasa" y que incluye unos deficientes sistemas de información. El informe fiscalizador encuentra otras irregularidades relativas al sistema de información, como que en 2015 no se facilitó ningún dato por parte de 52 de las 240 empresas autorizadas a colaborar en este sistema. Si bien desde la Seguridad Social se precisa que la liquidación de esta modalidad solo se produce, según la ley vigente, en el momento en el que la empresa solicita el cese de la colaboración. Además, este organismo arremete contra dicha Dirección General de Ordenación al asegurar que "en la información que remitió a las empresas contenía un error en el importe correspondiente al incentivo por baja siniestralidad", que podría haber llevado a estas compañías a ahorrarse "un importe mayor al que determina la normativa aplicable". El salario medio pactado por convenio crece un 1,56% hasta abril Según estos datos, pertenecientes a la Estadística de Convenios Colectivos, la jornada media pactada para el total de los convenios se fijó en 1.764,1 horas al año por trabajador. Para los convenios de empresa, la cifra se situó en 1.717,5 horas, mientras que para los de ámbito superior ascendió hasta 1.767,3 horas. Durante los cuatro primeros meses de 2018 se registraron 403 inaplicaciones de convenios, que afectaron a 8.039 empleados. De ese total, el 90,8% se resolvieron por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Del total de 403 faltas de aplicación, el 60,1% correspondió a descuelgues de la cuantía salarial, mientras que el 12,4 % estuvo relacionado, además, con el sistema de remuneración. En términos acumulados, desde marzo de 2012 -cuando entró en vigor la reforma laboral que permitió no aplicar el convenio en estas situaciones-, se han producido 9.575 inaplicaciones de convenios, que afectaron a 362.006 trabajadores. Aumentan las posibilidades de encontrar empleo, pero los salarios se estancan No solo hay más puestos de trabajo en la web, sino que la competencia se ha reducido. En 2017, la media de inscritos por vacante fue de 44 candidatos frente a los 56 que había el año anterior. La proporción es la más baja desde el año 2009. Estas buenas vibraciones del mercado laboral parecen seguirán en aumento, atendiendo a las intenciones que las empresas que utilizan la plataforma de Infojobs como medio de selección de candidatos han transmitido a la compañía. En total, el 54% de las empresas españolas asegura que aumentará las contrataciones en 2018 y también en los próximos años. Lo que todavía tardará en llegar es la recuperación de los salarios y las finanzas de las familias. Frente al más del 29% de incremento de vacantes de 2017, los salarios apenas subieron un 0,7%. Además, según ha explicado la profesora de Esade Anna Ginés, “el incremento del empleo” tampoco lleva aparejado una subida de ingresos porque la evolución de los salarios está muy lejos del 2% que subió el IPC”. Tampoco ayuda a la recuperación de las finanzas familiares la calidad del empleo creado. La tasa de temporalidad todavía se mantiene en el 26%, y el 15% de la población activa tiene un empleo parcial “indeseado”, es decir, lo acepta ante la incapacidad de poder acceder a uno indefinido. La directora general de Infojobs, Dominique Cerri, ha preferido destacar el lado positivo de estos datos al asegurar que “más de medio millón de las 2.619.679 registradas ofrecieron un contrato indefinido”. Esto significa, explicó, un 13% más que en 2016 y supone un peso del 30% del total de vacantes. Cerri también aseguró que, en general, “la recuperación de los mercados laborales siempre llega primero desde el lado de la oferta de empleos y la recuperación de los salarios siempre tarda más”. Curiosamente, los datos registrados por la plataforma de Infojobs arrojan una extraña realidad laboral. Son los autónomos los que consiguen una mayor remuneración, 37.108 euros al año de salario bruto para los que tienen un “contrato” a tiempo completo. Mientras que los asalariados con contratos indefinidos consiguieron un salario medio de 28.924 euros brutos anuales. Mercantil, Civil i Administratiu La gasolina ya supera los 1,4 euros por litro, máximos desde 2015 Sin embargo, hay cientos de gasolineras que van más allá y ya establecen precios superiores a 1,4 por cada litro de gasolina 95, 1,3 euros por litro de gasóleo, y hasta por encima de 1,5 euros para la gasolina 98, de acuerdo con los datos publicados ayer por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En concreto, 91 gasolineras marcan precios por encima de 1,40 euros por litro de gasolina 95, una cifra que se eleva hasta los 1,48 euros en Benifaió (Valencia). Aunque la mayoría de estos surtidores se encuentra en Barcelona, también hay bastantes en otras zonas de España, como Alicante, Granada, Gerona o Lérida. Además, 664 estaciones de servicio fijan el precio de la gasolina 98 por encima de 1,5 euros y una de ellas, en Barcelona capital, lo eleva hasta 1,63 euros por litro. Por otra parte, 146 gasolineras españolas ya rebasan la cota simbólica de 1,3 euros por litro de gasóleo. Estas gasolineras se concentran en las provincias de Valencia, Granada, Gerona, Barcelona, Alicante y Baleares. Alguna de ellas, incluso, fija un precio de 1,38 euros por litro, como es el caso de la ya mencionada de Benifaió. Es cierto que estas gasolineras no son representativas en un país con más de 10.000 estaciones de servicio, pero sí suponen un indicativo de hacia dónde tiende el mercado. Y más, cuando el precio de la gasolina antes de impuestos ya se sitúa en 60,2 céntimos por litro, la segunda posición de la Unión Europea y cinco céntimos por encima de la media. Por su parte, el gasóleo, en 61,7 euros por litro antes de impuestos, ocupa la séptima posición de la Unión Europea. La subida del 5,4% en el combustible tiene su origen en el avance de los precios del petróleo en las últimas semanas (ver información adjunta). Esta subida, sin embargo, no ha tenido una traslación directa al mercado minorista por el efecto divisa y el decalaje estadístico. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la fortaleza del euro con respecto al dólar en el primer trimestre ha supuesto un factor corrector de la escalada del petróleo, cuyo precio se fija en dólares. En segundo lugar, hay un cierto decalaje estadístico, debido a que el precio del petróleo fluctúa en tiempo real y como un futuro, mientras que las estadísticas de la Comisión Europea se refieren a datos recogidos el 30 de abril. Por todo ello, es muy probable que la escalada de los carburantes se prolongue en las próximas semanas, ya que, además, desde finales del mes pasado el dólar está viviendo una fuerte apreciación frente al euros y el resto de las divisas. Sector La justicia resolverá sobre la publicidad de la titularidad real La fórmula diseñada por Justicia, sin embargo, ha desatado una fuerte controversia entre registradores y notarios. El Consejo General del Notariado (CGN) y CEPYME anunciaron el lunes la presentación de un recurso contra la Orden, solicitando su suspensión por, según argumentan, atentar contra el derecho a la intimidad de pequeños y medianos empresarios. Según los notarios, la medida acaba con la eficacia en España de la lucha contra la corrupción y el blanqueo que, hasta ahora, había proporcionado la Base de Datos de Titular Real del Notariado, “que ya tiene acreditado el 86% de la titularidad real de las empresas”, como apunta José Corral, miembro de la Comisión Permanente del CGN. “No puede ser que, por ejemplo, lleguen peticiones de Europol y se den dos respuestas distintas”, advierte para ilustrar lo que, a su juicio, pasará si conviven ambos repositorios. Según explica, mientras el Registro Mercantil tendrá “la titularidad real manifestada” una vez cada año, la Base de Datos contendrá la “titularidad acreditada de forma actualizada”, porque en ella sí se contienen las escrituras de transmisión de información. Desde el Colegio de Registradores, por su parte, insisten en su “perplejidad” ante el recurso del Notariado y subrayan que “nadie sobra en la lucha contra el blanqueo”. “Las informaciones pueden ser complementarias”, afirma José María de Pablos, miembro de la junta de gobierno del organismo. Además, frente a la acusación de que está en peligro la intimidad de muchos empresarios, de Pablos recuerda que la información que proporciona el Registro Mercantil “no es indiscriminada”. Quien la solicite “deberá acreditar un interés legítimo y, además, se dará, en todo caso, respetando la normativa sobre protección de datos”. |
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