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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 12 AL 14 DE MAIG DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización
Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
(BOE, 14-02-2018)

Nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg
Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.
(BOE, 14-02-2018)

Reglamento del Sector Ferroviario
Real Decreto 271/2018, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.
(BOE, 12-02-2018)

Euro
Resolución de 11 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de mayo de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 12-02-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/index.php?d=117&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/12/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/12/index.php?d=116&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 12 AL 14 DE MAIG DE 2018

Fiscal

Las gestoras piden eximir de impuestos a los fondos que invierten fuera del Ibex
Crear un instrumento específico con ventajas fiscales para sus inversores con la misión que las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan acceder mejor a los mercados de capitales. Esta es la propuesta normativa de la asociación de fondos de inversión, Inverco, y que tiene encima de la mesa el Ministerio de Economía.

La idea clave es crear un régimen fiscal para fondos que inviertan en pymes establecidas en España. Esa figura, que tendría que ser regulada específicamente, también sería una novedad en la normativa nacional. Sería un fondo de inversión vigilado y autorizado por la CNMV, pero para disfrutar de los beneficios fiscales tendría que cumplir una serie de requisitos.

“El fondo de inversión debe invertir al menos un 70% del patrimonio en valores emitidos por empresas con domicilio social en España o en la UE, siempre que tengan establecimiento permanente en España. Del citado 70%, un 30% mínimo debe invertirse en valores de empresas no integradas en el Ibex 35”, señala Inverco.

La gran recompensa sería que los inversores no tendrán que pagar ni un solo euro por las eventuales plusvalías. Ahora, las ganancias patrimoniales tributan al 19% para los primeros 6.000 euros, al 21% desde esa cantidad y hasta 50.000 euros, y a partir de ahí, al 23%. Se ahorrarían tener que entregar ni una sola parte de sus ganancias a la Agencia Tributaria, con la condición de haber permanecido al menos cinco años en el producto.

Los partícipes también quedarían exentos del Impuesto sobre el Patrimonio por esas participaciones desde el primer año (con la condición de haberse quedado un lustro) y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en este caso sin necesidad de cumplir el plazo mínimo.
(Cinco Días, 14-05-2018)

Los ayuntamientos de Madrid y Palma con riesgo de incumplir el objetivo de estabilidad
Los ayuntamientos de Madrid y Palma de Mallorca tienen un riesgo "alto" de incumplir en 2018 el objetivo de estabilidad mientras que las corporaciones de Barcelona, Bilbao y Valencia se encuentran en riesgo "moderado", según fuentes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La AIReF, que ha presentado hoy el informe sobre los presupuestos iniciales para 2018 de las corporaciones locales, ha explicado que el riesgo de incumplimiento no radica en obtener un saldo negativo, sino en las "dificultades para alcanzar el superávit necesario para cumplir con la regla de gasto", y en estas corporaciones la situación es "tan ajustada" que "cualquier mínima variación" supondría un incumplimiento.

No obstante, y con carácter general, la AIReF ha estimado que 21 grandes corporaciones locales prevén alcanzar en 2018 un superávit de 2.179 millones de euros, casi 300 millones más que en 2017. Además de la evaluación de las 21 grandes entidades locales, este órgano de vigilancia de las previsiones económicas del Estado ha hecho el seguimiento de ayuntamientos más pequeños y ha advertido de que 18 tienen "claros problemas de sostenibilidad a medio y largo plazo", por manifestar ratios de deuda por encima del 200 por ciento de sus ingresos corrientes.

De esos ayuntamientos, la AIReF ha colocado en situación "crítica" a las corporaciones de Jerez de la Frontera, Parla y Jaén. En riesgo "alto" a los ayuntamientos de Algeciras, Gandía, Línea de la Concepción, Aranjuez, Totana, Navalcarnero, Isla Cristina y Ayamonte. Entran en la categoría de riesgo "moderado" los ayuntamientos de Alcorcón, Valdemoro, Sanlúcar de Barrameda, San Andrés de Rabanedo y Almonte, y en riesgo "bajo" se sitúan las corporaciones de Granada y Cuenca.
(Expansión, 13-05-2018)

La previsión de crecimiento del 2,7% del Ejecutivo para el conjunto del año es "consistente"
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé un alza trimestral de la economía española del 0,7% en el segundo y el tercer trimestre, con un avance interanual del 2,8% en el segundo trimestre, de acuerdo con la última actualización de su modelo 'Mipred', que pronostica la tasa de crecimiento en tiempo real.

El organismo explica que la evolución prevista del 0,7% para el primer y el segundo trimestre se fundamenta en una "sólida" aportación de la demanda interna, aunque algo más contenida, junto con una "modesta" contribución positiva de la demanda externa. De esta forma, la Autoridad Fiscal augura un crecimiento en línea con el avance del PIB del cuarto trimestre del 2017, cuando la economía creció un 0,7%, pero inferior al del tercer trimestre del año pasado, cuando alcanzó un avance del 0,8%.

El organismo, que cree que las proyecciones económicas del Gobierno son "prudentes", estima que España creció a una tasa interanual del 2,9% en el primer trimestre y que lo está haciendo a un ritmo del 2,8% en el segundo trimestre. Según la AIReF, la previsión de crecimiento del 2,7% del Ejecutivo para el conjunto del año es "consistente" con una "desaceleración significativa" en la segunda mitad del año. Así, pronostica un crecimiento anual en 2018 similar al del año pasado (+3%).

El último termómetro en tiempo real de la Autoridad Fiscal constata una "ligera desaceleración" de la economía en el segundo trimestre conforme a los últimos datos coyunturales.
(Expansión, 13-05-2018)

Los tribunales impiden que Hacienda discrimine a los no residentes
La Justicia veta la discriminación de Hacienda a no residentes y aplica directamente el derecho de la UE. En una sentencia firme, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Pamplona da la razón a una empresa belga y le devuelve cerca de un millón de euros tributado de más. La operación consistió en la venta de su filial navarra, por la que tuvo que tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), cuando una entidad residente en España, en igualdad de condiciones, no habría tenido tributación efectiva alguna.

El juzgado ha ordenado la devolución de los importes pagados a cuenta del IRNR debido a que derivaron de la aplicación de una norma interna contraria al derecho europeo que trataba de manera discriminatoria a un no residente frente a un residente. La sentencia anula la aplicación del artículo 14.1 c) de la ley del IRNR en su redacción vigente hasta 2014 pese a que no hubo pronunciamiento expreso por parte del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) declarando la ilegalidad de dicho precepto. Sí lo hubo, en cambio, del Tribunal Supremo en sentencia del 25 de octubre de 2013 en un supuesto similar.

No obstante, sobre esta sentencia del Alto Tribunal no se ha generado doctrina. Además, con la reforma fiscal, a partir de 2015 entró en vigor una nueva redacción de dicho artículo coherente con las libertades y derechos del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Este caso es, por tanto, un ejemplo de la aplicación del principio de primacía del derecho europeo sobre las normas nacionales, siendo de aplicación directa cuando es un particular quien lo invoca frente a un Estado miembro, sin necesidad de que el precepto contrario al derecho europeo deba ser declarado nulo por el TJUE.
(El País, 12-05-2018)

La Agencia Tributaria ha elevado desde 2012 el cobro de recargos
Así se desprende de los datos ofrecidos por el Gobierno a los diputados socialistas Juana Amalia Rodríguez, Carmen Cuello, Antonio Hurtado y Patricia Blanquer, que habían registrado en el Congreso sendas preguntas para conocer la evolución de ingresos por recargos, sanciones e intereses en los últimos seis años.

En su respuesta, el Ejecutivo expone una evolución positiva, creciente año a año, en las cantidades cobradas por recargos y sanciones, mientras que en el caso de los intereses la situación es justamente la contraria. Desde 2012 la evolución es negativa, con la única salvedad de un año, 2016, en el que estos fueron superiores a los cobrados el año anterior.

Ese año, la cantidad cobrada en concepto de intereses por parte de la AEAT aumentó un 10%, hasta los 444,5 millones de euros, frente a los 403,8 millones cobrados en 2015. Sin embargo, 2017 volvió a dar continuidad a esta tendencia negativa, con una caída del 24,5% en los intereses cobrados.

Así, los 335,7 millones cobrados el pasado año en intereses por parte de la AEAT suponen la cifra más baja en los últimos seis años, suponiendo un 36% menos que lo cobrado por la Agencia en 2012, cuando la cantidad recaudada por este concepto ascendió a 526,6 millones.

Respecto a los recargos, estos ascendieron en 2107 a 722,2 millones, lo que supuso un aumento del 10,5% frente a los recargos cobrados en 2016, pero hasta un 27,8% más que los cobrados en 2012, cuando la cifra recaudada por este concepto fue de 565,1 millones.
(El Mundo, 12-05-2018)

Laboral

Empleo realiza 30.000 inspecciones laborales a empresas por denuncias ciudadanas
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social está muy satisfecho con la colaboración ciudadana en la lucha contra el fraude laboral, a través del buzón electrónico que el Departamento puso en marcha con este fin en 2013. En los cinco años que lleva en funcionamiento -hasta diciembre de 2017-, el dispositivo ha proporcionado los siguientes datos a la Inspección de Trabajo: "La información ha permitido finalizar 31.245 inspecciones, que han derivado en 11.437 empleos y la tramitación de expedientes liquidatarios por un importe total de más de once millones de euros".

El balance del buzón electrónico está recogido en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2018-2020. Bien es verdad que, en comparación con los datos totales de la lucha contra el empleo irregular, los resultados del buzón electrónico son pequeños: 11.437 puestos de trabajo legalizados representan el 2,25% de los 506.274 aflorados en los seis años del plan general de lucha contra el fraude laboral, que entró en vigor en 2012.

Los once millones de euros recaudados por la liquidación de los expedientes de investigación sobre el trabajo irregular suponen el 1,25% de los 878,60 millones ingresados por la Inspección de Trabajo en esta cuestión del fraude en el empleo. Sin embargo, la satisfacción de la administración laboral está más en el hecho de que el buzón electrónico ha abierto nuevas vías de investigación a la Inspección de Trabajo, como consecuencia de la apertura de la colaboración ciudadana. Un camino que nunca había sido explorado por la administración, más allá del procedente de los propios trabajadores de las empresas.

Así, el Plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social destaca que "las comunicaciones recibidas en el citado buzón no sólo han servido para aflorar empleo, sino que también están demostrando ser una herramienta muy útil para la planificación de actuaciones inspectoras". Y también, para dar respuesta a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores".

El carácter anónimo del buzón es un elemento fundamental que resalta el Ministerio para valorar su función. Así, el Departamento de Fátima Báñez, subraya que, con este instrumento, "se consigue mejorar la colaboración ciudadana, así como vencer las resistencias que puedan tener los trabajadores y otras personas a comunicar los incumplimientos laborales de que tengan conocimiento mediante el procedimiento ordinario de la denuncia, que exige la identificación de quien la formula".
(Expansión, 14-05-2018)

Es posible renunciar a la cláusula salarial si se recupera poder adquisitivo
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, está dispuesto a renunciar a la cláusula de garantía salarial en el acuerdo marco que negocian con la patronal siempre que el alza pactada sirva para recuperar "clarísimamente" el poder adquisitivo perdido por los trabajadores durante la crisis. Sordo asegura que, si el pacto contempla subidas que se aproximen al 3%, "no es tan importante" incluir cláusulas de garantía vinculadas a la inflación, que prevén que se sitúe en torno al 1,6% en 2018.

Para Sordo no hay "líneas rojas", sino piezas "que se engranan" en las conversaciones para sacar adelante el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en las que el sindicato está inmerso junto a UGT y las patronales CEOE y Cepyme desde hace meses. Los sindicatos plantearon un alza salarial del 3,1% (1,6% de la inflación prevista más un 1,5% para recuperar el poder adquisitivo), así como un salario mínimo para los convenios de 1.000 euros y recuperar la cláusula de garantía salarial.

En opinión de Sordo, alcanzar ese salario mínimo de 1.000 euros facilitaría asimismo el acuerdo "porque es ahí donde está la gran devaluación", en tanto que también es determinante para CCOO que el pacto sea plurianual y que se incluyan medidas contra la precariedad que frenen la excesiva temporalidad y el abuso de la subcontratación. Sordo asegura que los sindicatos "no tienen miedo" a situar la productividad como una variable a la hora de pactar la subida salarial, algo que la patronal lleva años recomendando, un alza que ahora pide ligar a otras cuestiones "provocadoras" como absentismo, formación, afiliación a la Seguridad Social o el PIB.

Por ello acusa a la CEOE de "moverse en un continuo regate en corto" y de aplicar el "donde dije digo, digo Diego". Pese al anuncio de movilizaciones para presionar a la patronal, ve "posible y factible" lograr un consenso, aunque no "fácil", y advierte de que en caso de bloqueo "no habrá un fracaso pacífico" de la negociación.

A la movilización del 22 de mayo se sumará otra en junio, que "será potente" y buscará transmitir un mensaje claro: "si no hay acuerdo salarial de reparto de la riqueza, habrá lío". Sordo recuerda que, mientras los beneficios de las empresas son 36.000 millones superiores a antes de la crisis, los salarios siguen devaluados un 7% y, los más bajos, un 22%.
(Expansión, 13-05-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El IPC recorta su tasa anual al 1,1% por el abaratamiento del gas y el turismo
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 0,8% en abril en relación al mes anterior, pero recortó su tasa interanual una décima, hasta el 1,1%, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Estadística señala que en el descenso de la tasa interanual del IPC de abril ha influido principalmente el abaratamiento del gas y de los paquetes turísticos y los servicios de alojamiento, frente al aumento que experimentaron en igual mes de 2017.

Hay que tener en cuenta que la Semana Santa, que suele impulsar el precio de los servicios turísticos, se celebró en 2017 en abril y este año en marzo. La tasa interanual de abril es la vigésima tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 1,1% superiores a los de hace un año.

Tras haber registrado en enero una tasa interanual del 0,6%, la más baja en 16 meses, el IPC interanual volvió en febrero a superar el 1%, tendencia que se ha mantenido en marzo y abril. La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, bajó cuatro décimas en abril, hasta el 0,8%, con lo que se sitúa tres décimas por debajo del IPC general.

En el cuarto mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 1,1%, dos décimas por debajo de la tasa de marzo.
(La Vanguardia, 12-05-2018)

Vender seguros será más difícil para los bancos
El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros privados, que traspone una directiva europea, con el objetivo de aumentar la protección de los asegurados mediante nuevas normas de conducta y el incremento de la transparencia en la venta de seguros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha destacado que la norma persigue, además, establecer unas condiciones de competencia “equitativa” para todos los operadores del sector, que sean “adecuadas” y “proporcionadas” a los distintos tipos de canales de distribución. La norma establece unos requisitos adicionales para la distribución de productos de inversión basados en seguros, para evitar conflictos de interés que puedan perjudicar al cliente.

Así, las compañías deben informar de todos los costes y gastos asociados, además de advertir sobre los riesgos ligados a los productos de inversión basados en seguros o a determinadas estrategias de inversión propuestas, y proporcionar una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión cuando se ofrezca asesoramiento.

También se introduce el concepto de ventas vinculadas y combinadas, es decir, aquellas que ofrecen productos de seguros conjuntamente con otros servicios o productos distintos de los seguros como parte de un mismo paquete o acuerdo.

El distribuidor de seguros deberá informar en este caso si los distintos componentes se pueden adquirir de forma separada, e indicar los correspondientes justificantes de costes y gastos de cada uno de ellos. Según ha explicado el Ministerio de Economía, la norma también incluye requisitos en materia de gobernanza de productos, en particular en su diseño, aprobación y control.

De esta manera, los distribuidores de seguros que diseñen sus propios productos para su venta deberán elaborar, mantener y revisar un proceso de aprobación para cada uno de ellos, así como de las modificaciones que puedan sufrir.
(El Mundo, 12-05-2018)

Sector

El TJUE celebra esta semana cinco vistas en dos días sobre la ejecución de las hipotecas
España se ha convertido en un asunto recurrente para los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Tras dictar algunas sentencias clave en los últimos años sobre las cláusulas suelo o la capacidad de los jueces para interrumpir una ejecución hipotecaria, la Corte de Luxemburgo tiene pendiente pronunciarse sobre otros cinco asuntos clave de los préstamos españoles: los intereses de demora, el uso del índice IRPH, la venta de créditos a fondos buitre, el efecto de las prácticas desleales o el incumplimiento del código de buenas prácticas y las cláusulas que permiten a la banca iniciar el desahucio del deudor. Solo este último asunto copará la agenda del TJUE de esta semana con la celebración de cinco vistas diferentes sobre distintas cuestiones de esta condición en solo dos días.

El apartado en cuestión se denomina cláusula de vencimiento anticipado, y es la que habilita a prestamista a iniciar la ejecución de la hipoteca ante determinado umbral de impagos del cliente. La banca española solía incluir una condición draconiana que le permitía impulsar los desahucios ante el impago de una única cuota. Aunque en la práctica no solía aplicarse, y lo normal es que las entidades pasaran meses negociando con el cliente antes de iniciar el procedimiento para adjudicarse el inmueble, los jueces dejaron claro que la mera inclusión de este articulado debía anularse por su abusividad.

El aluvión de sentencias en contra llevó al Gobierno a elevar de una a tres cuotas impagadas el umbral desde el que la entidad puede ejecutar el crédito en la reforma hipotecaria de 2013. Sin embargo, la doctrina europea acabó tumbando también esta opción estableciendo que para iniciar un desahucio la mora en que incurra el deudor debe ser sustancial respecto al conjunto del préstamo.

A fin de acabar con esta polémica, la nueva reforma hipotecaria que tramita el Congreso de los Diputados, impulsada por el Gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, prevé elevar el umbral de ejecución al impago del 2% del préstamo, o nueve cuotas, en la primera mitad de vida de la hipoteca, o 12 meses a deber o el 4% del monto financiado, en la segunda. La cifra está en cuestión, y el PSOE propone que el desahucio no sea posible hasta alcanzar al menos un impago del 5%, pero sea cual sea el umbral definitivo el Ejecutivo tiene intención de establecer la nueva cláusula con carácter universal y retroactivo para evitar nuevos litigios al respecto.
(Cinco Días, 14-05-2018)

 
 
 
 
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