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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 19 AL 22 DE MAIG DE 2018

Fiscal

Junta y la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública

Orden HFP/506/2018, de 21 de mayo, por la que se crean y regulan la Junta y la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
(BOE, 22-05-2018)

Laboral

Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación del alcantarillado
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación del alcantarillado.
(BOE, 21-05-2018)

Tablas salariales para el año 2018 del V Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del V Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales.
(BOE, 21-05-2018)

Mercantil, Civil i Administrativo

Euro
Resolución de 21 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 21 de mayo de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 22-05-2018)

Reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores
Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores.
(BOE, 19-05-2018)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 18 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 19-05-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/22/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/22/index.php?d=124&s=3

http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/21/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/21/index.php?d=123&s=3

http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/index.php?d=122&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 22 DE MAIG DE 2018

Fiscal

Las familias podrán pedir las nuevas ayudas en el IRPF desde julio
Más de 300.000 contribuyentes podrán pedir desde el 1 de julio la ampliación de las ayudas para familias numerosas y con cónyuges discapacitados a cargo que contiene el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ahora se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Así lo establece el proyecto de orden ministerial al que ha tenido acceso ABC que desarrolla esta rebaja fiscal.

El borrador de Presupuestos pactado entre PP y Ciudadanos amplía a 600 euros por hijo anuales ‘50 mensuales’ para la deducción en el IRPF de familias numerosas por cada vástago a partir del cuarto, este incluido. Un guiño que repartirá 23 millones de euros entre 50.111 contribuyentes a través del llamado modelo 143. Por ejemplo, una familia numerosa con 4 hijos podrá deducirse hasta 1.800 euros; otra con 5, hasta 2.400 euros; y otra con 6, hasta 3.000 euros

Sin embargo, solo la mitad de este importe llegará este año, ya que, como especifica la orden, las ayudas que se pidan de forma anticipada para cobrarlas mes a mes se determinarán «tomando en consideración exclusivamente los meses iniciados con posterioridad a la entrada en vigor» de la Ley de Presupuestos, que entrarán en vigor en julio. Es decir, el montante de los seis primeros meses de 2018 no se percibirá de forma anticipada

Algo parecido ocurrirá con la nueva deducción en el IRPF por cónyuge con discapacidad a cargo, que añade 1.200 euros anuales ‘cien mensuales’ siempre que no cuente con rentas superiores a 8.000 euros mediante el modelo 122. En este sentido, se distribuirán 375 millones para 312.679 contribuyentes: 180 millones este año, ya que repercutirá mes a mes entre julio y diciembre. Mismo efecto tendrán las retenciones del IRPF para los que ganan entre 12.000 y 18.000 euros: disminuirán desde julio, pero un buen pellizco de rebaja llegará en 2019. Las ayudas de los seis primeros meses de 2018 ‘300 euros por hijo o 600 por cónyuge discapacitado’ se reembolsarán en la declaración de la Renta del próximo año.

La orden también recoge que los contribuyentes que ya hayan pedido cobrar de forma anticipada mes a mes la deducción en el IRPF para familias numerosas, no tendrán que hacer trámite alguno para recibir el nuevo reembolso. “Este le será abonado por la Agencia Tributaria, de acuerdo con la modalidad de abono anticipado solicitada”, señala el borrador de orden. Las familias de este colectivo tampoco deberán aportar ningún dato adicional: “la Agencia Tributaria calculará el incremento de esta deducción que corresponda”.
(Expansión, 22-05-2018)

Hacienda perderá más de 100 millones al elevar el mínimo exento de los premios de lotería
El sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula que la subida del mínimo exento de tributación en los premios de loterías provocará una pérdida de recaudación superior a los 100 millones de euros, después de que PP y Ciudadanos hayan acordado a través de una enmienda de los Presupuestos elevar este mínimo hasta los 10.000 euros este año, los 20.000 euros en 2019 y los 40.000 euros en 2020.

Gestha considera que esta medida "no es oportuna", pues alejará todavía más el cumplimiento del déficit "sólo por favorecer el juego y a unos pocos agraciados", y recuerda que Bruselas ya corrigió al alza sus estimaciones para el desvío presupuestario de España, que cerraría 2018 en el 2,6%, cuatro décimas por encima del objetivo pactado con las autoridades comunitarias.

En este sentido, señala que esa corrección se produjo sin contar los aproximadamente 1.500 millones de euros extras que costará ligar la subida de las pensiones al IPC, a lo que se comprometieron el Gobierno y el PNV de cara a la aprobación de los PGE; ni el repunte que está experimentando el precio del petróleo durante las últimas jornadas, lo que también dificultará el saneamiento de las cuentas públicas.

Si finalmente se aprueba la enmienda al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, la nueva exención se aplicaría también a los premios de las comunidades autónomas, así como a los de Cruz Roja y la ONCE.

Los técnicos destacan que se trata de "un pacto sorpresivo, de una medida de última hora que ni siquiera figura en la actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021 que recientemente envió el Gobierno a Bruselas", y critica que 40.000 euros es una renta "lo suficientemente significativa como para tener que tributar por ella, independientemente de que se haya obtenido por el azar o por el esfuerzo diario de trabajadores o de autónomos".

De igual modo, apunta que los declarantes que ingresan rentas por debajo de los 40.000 euros (futuro umbral exento de loterías) son 17,9 millones de personas, es decir, el 92,3% de los declarantes del IRPF.
(El Mundo, 21-05-2018)

Laboral

Empleo, Fomento y Hacienda perseguirán a las compañías extranjeras que trasladan a España a sus trabajadores pagando menos cotizaciones e impuestos.
El Gobierno ha decidido presionar a las empresas extranjeras que trabajan de forma fraudulenta en España con los empleados que contratan en su país. Especialmente en el transporte por carretera. Son las denominadas empresas buzón cuyas características fundamentales son las siguientes, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social: "Se trata de sociedades sin actividad económica real en el país en el que tienen su sede donde contratan a los trabajadores, pero con actividad en otros Estados miembros de la Unión Europea".

Es en estos países donde prestan sus servicios realmente. "Utilizan de forma fraudulenta los desplazamientos transnacionales [de trabajadores] para eludir las normas que resultan de aplicación y abaratar los costes salariales, tributarios y de Seguridad Social, con los graves perjuicios que ocasionan tales prácticas".

Como consecuencia de ello, estas empresas compiten de forma fraudulenta con las compañías del país en el que actúan los trabajadores de las "sociedades buzón". Estas empresas están especialmente extendidas en el sector del transporte por carretera y, fundamentalmente, proceden del Este de la Unión Europea. Sobre todo, de Bulgaria y Rumanía.

De hecho, la Inspección de Transporte ha detectado veinte empresas ilegales en el sector y otras 45 compañías cargadoras de mercancía. Sin embargo, y aunque no todas trabajan en España de forma irregular, la patronal más grande de los autónomos del sector, Fenadismer, ha informado al Gobierno de que empresas del Este controlan un 27% de la exportación española por carretera, y un 25% de la importación; casi una tercera parte del transporte por carretera español.

Un hecho que, en su opinión, "está afectando muy negativamente al actual tejido empresarial español". Los empresarios sostienen que en el caso de las flotas rumanas y búlgaras "registran crecimientos superiores al 50% anual". "Algunas de las que trabajan de forma irregular tienen la desvergüenza de tener la cabeza tractora del camión con la matrícula de su país y el semirremolque, con la placa española", explica a Juan José Gil, secretario general de Fenadismer. "España es de los pocos países de la UE que obliga a poner la matrícula al semirremolque". O, dicho de otra manera, el camión y su conductor son los que proceden del Este, y hacen la competencia desleal con costes mucho más bajos, mientras la mercancía es española.

Por esta razón, Fenadismer quiere que el Gobierno aumente el control sobre estas empresas aprovechando el traslado a la legislación española de una directiva comunitaria sobre el desplazamiento de trabajadores. Por todas estas razones también, las inspecciones de Trabajo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y de Transporte, con la colaboración de la Agencia Tributaria, consideran "imprescindible" la siguiente estrategia: emprender acciones comunes, y con prioridad, contra aquellas empresas que "incurran en comportamientos que inflijan la normativa del orden social".

Así, el empresario que desplace trabajadores a España, para una prestación de servicios transnacionales, deberá comunicar el viaje a la autoridad laboral española, antes de su inicio, y con independencia de su duración. La empresa también deberá informar a la comunidad autónoma en la que vaya a prestar sus servicios.
(Expansión, 22-05-2018)

La CEOE propone alzas salariales de más del 2% para los sueldos bajos
Las patronales CEOE y Cepyme proponen una subida salarial general de “hasta el 2%”, y superior para los sueldos bajos. Sin detallar cuáles, los empresarios dijeron este lunes que buscan “la convergencia con el acuerdo sobre el Salario Mínimo Interprofesional para 2020”, cuando debe llegar a 850 euros, con lo que el alza sería para los sueldos mínimos. Los sindicatos se opusieron al considerar la propuesta insuficiente.

La CEOE defiende que su propuesta de subida “supera sensiblemente la variación salarial media del 1,56% pactada en los 2.148 convenios firmados” en 2018, que suponen la mitad de los acuerdos salariales del país. La patronal, que propone fijar también subidas de sueldo variables en cada sector en función de la productividad o el índice de absentismo, recordó que incluso los convenios laborales de los propios sindicatos están por debajo de estas cifras, con alzas del 1,8% en UGT y del 1,9% en CC OO.

Sin embargo, la propuesta de los empresarios para la negociación del IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) fue criticada por los representantes de los trabajadores. Alegan que la postura patronal no se ha movido un ápice durante las negociaciones. Critican, por ejemplo, que, aunque el presidente de CEOE, Juan Rosell, sugirió en su última asamblea que estaba dispuesto a adelantar a 2019 la subida del salario mínimo a los 850 euros, esa propuesta no se les ha planteado en la mesa de negociación.

La discusión entre las partes hizo que la reunión de este lunes se despachara en solo unos minutos. De hecho, a su fin, los representantes sindicales ratificaron su intención de celebrar este martes importantes protestas ante las principales sedes patronales del país reclamando subidas salariales superiores al 3% y salarios mínimos de convenio en el entorno de los 1.000 euros. Así, los máximos líderes sindicales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, prevén manifestarse este martes, megáfono en mano, ante la sede de la CEOE en Madrid, mientras que actos similares se repetirán por las sedes patronales de otras regiones.

Esta reivindicación que se presenta como la vuelta de los máximos representantes de CC OO y UGT a la clásica reivindicación sindical a pie de calle con megáfono en mano, está previsto que se produzca pocas horas después de que los técnicos de las centrales y las patronales CEOE-Cepyme intentaran, sin éxito, reunirse para desbloquear las negociaciones para firmar un acuerdo de negociación colectiva plurianual para este año y los dos o tres años, que incluiría las recomendaciones salariales para dichos ejercicios. Esta protesta de CC OO y UGT se repetirá, además, delante de numerosas sedes patronales en toda España.
(El País, 22-05-2018)

La jubilación a los 67 (y más) se expande
El último informe de la Comisión Europea sobre sistemas de pensiones, conocido este mismo mes de mayo, destaca que las reformas llevadas a cabo por la mayoría de los socios comunitarios siguen afectando a los criterios que se usan para calcular la pensión: sobre todo la edad de jubilación, el periodo de cómputo que se tiene en cuenta para fijar las cuantías y las reglas de revalorización de las pensiones.

Pero, fundamentalmente, los expertos europeos destacan que todas estas medidas tienen como objeto “ajustar el tiempo de cobro de la pensión a la esperanza de vida”. Por ello, en los últimos años los Estados europeos han tomado otras medidas de ajuste automático del gasto–la mayoría vinculados a la esperanza de vida–; u otras para incentivar a la prolongación de la vida laboral y dificultar el retiro anticipado.

La edad de retiro es el parámetro que más han modificado todos los países y en casi todos los casos para incrementarla e igualarla para hombres y mujeres. ¿Cuáles son las edades legales de jubilación en Europa? Como hizo España en 2011, las ampliaciones de la edad de retiro se hacen de forma gradual a lo largo de varios años, décadas incluso.

La mayoría de los países han fijado los 67 años como edad de retiro para los próximos años. En concreto Bélgica (a partir de 2030); Dinamarca (desde 2022); Alemania (67 años en 2013; dependiendo de los años cotizados y el sector); España (a partir de 2027); Francia (2022); Croacia (en 2038), e Italia y Holanda (a partir de 2021). Mientras que en dos países la edad elegida es 68 años: Irlanda (a partir de 2028); y Reino Unido (en 2046). Los británicos se jubilan ahora a los 65 años (ellos), por delante de los 63 y cinco meses de ellas y lo harán ambos a los 66 a partir de 2020.

No obstante, estos retrasos en la edad de jubilación no son tampoco definitivos porque hay cada vez más Estados que en algún momento a partir de 2020 lo vinculan a la evolución de la esperanza de vida. Así lo han aprobado Bulgaria, Dinamarca, Grecia, Italia, Chipre, Holanda, Portugal, Eslovaquia y Finlandia. Los finlandeses han estipulado que existan cinco años de diferencia entre la edad más baja de retiro, que será de 65 en 2027 y la máxima, que alcanzará entonces los 70 años. A partir de 2030 la ley finlandesa ha fijado, además, que la edad de jubilación se fijará directamente a la esperanza de vida, aumentando entre uno y dos meses por cada cohorte poblacional.
(Cinco Días, 21-05-2018)

La subida de pensiones de 2018 y 2019 tendrá un coste acumulado de 40.000 millones
Subir las pensiones un 1,6% este año en lugar del 0,25% que marca la ley, tal y como ha decidido el Gobierno, costará unos 1.600 millones este año y una cantidad similar el que viene, según cálculos del propio Ejecutivo. Si bien estas cuantías se consolidan en el sistema y quedan en él para siempre, con lo que su coste acumulado durante el tiempo medio que se abonará esta cantidad será de unos 40.000 millones de euros; siempre teniendo en cuenta que en 2020 se volviera al actual índice de revalorización.

Este cálculo facilitado hoy por el responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech, es el resultado de multiplicar la consolidación de esta subida adicional (3.200 millones) por el número de años que se cobrarán. La vida media de un pensionista que acceda hoy a la jubilación es de alrededor de 21 años, pero como este promedio se aplicará a los 8,5 millones de pensionistas que ya existen --y un buen número de ellos ya lleva siendo pensionista muchos años-- el número de años por los que se multiplican estos 3.200 millones es considerablemente inferior, en el entorno de los 12 años de media, según este cálculo.

Doménech, que ha participado hoy en el III Encuentro sobre Economía Laboral organizado por el Colegio General de Economistas que ha debatido sobre las propuestas para la mejora de las pensiones, ha defendido la necesidad de que la Seguridad Social vuelva al equilibrio y lo mantenga, como premisa imprescindible para garantizar la sostenibilidad y la suficiencia del sistema.

Así, ha defendido el actual índice de revalorización de las pensiones (IRP) --en cuyo diseño inicial participó Doménech-- como el mejor instrumento para lograr ese equilibrio; si bien reconoció que sin ninguna otra medida adicional el esfuerzo recaería enteramente sobre la población pensionista con una pérdida acumulada de su poder adquisitivo. Por ello, Doménech ha considerado la necesidad de que las reformas actúen también sobre la fórmula de cálculo inicial de las pensiones, para repartir el esfuerzo de los futuros ajustes entre las distintas generaciones (activos y pasivos).

En este punto, Doménech ha recordado que, según el último informe Ageing Report de 2015 que elabora la Comisión Europea, los activos españoles ya son, después de los chipriotas, los que más esfuerzo hacen para el pago de pensiones. Esto se mide por la denominada tasa de prestación, que es el porcentaje que representan las nuevas pensiones sobre el salario medio de la economía. En el caso español esta tasa supera el 65%, lo que supone unos 20 puntos más de media que el resto de grandes países europeos, donde esta tasa oscila, por ejemplo, entre el 45% de Alemania, el 50% de Suecia o el 55% de Francia.
(Expansión, 19-05-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Las grandes empresas prevén más ventas y más empleo hasta 2020
Una encuesta realizada por KPMG a 50 consejeros delegados en España entre el 22 de enero y el 27 de febrero muestra que los directivos confían en que las ventas y las plantillas de sus compañías seguirán creciendo a un ritmo similar al de los últimos tres años. Ninguno de los 50 ejecutivos entrevistados considera que la empresa que dirige vaya a tener menos actividad o menos empleo en los próximos tres ejercicios.

En concreto, el 4% de los encuestados vaticina que sus ingresos crecerán entre un 5% y un 10% anual en el próximo trienio, un 38% calcula que lo hará en una horquilla entre el 2% y el 5% y un 56% considera que el avance anual llegará al 2%. Lo más relevante de la encuesta es que tan solo el 2% augura que serán iguales y no hay ni un consejero delegado que vaticine que vayan a bajar.

Los consejeros delegados, que gestionan empresas que facturan como mínimo 200 millones de dólares (213 millones de euros), también auguran buenas perspectivas para sus plantillas en los próximos tres años. Al igual que sucede con las ventas, ninguno de los encuestados valora la posibilidad de que vaya reducir el empleo y solo el 10% prevé que se mantendrá el igual. El 90% restante cree que crecerá, aunque a distintas velocidades. Un 2% de los encuestados augura aumentos anuales del empleo de entre el 10% y el 25% anual, un 56% anticipa que el avance se limitará a una franja entre el 5% y el 10%, mientras que el 32% considera que no subirá más del 5%.

“Los consejeros delegados están pilotando con firmeza sus compañías entre las turbulencias que generan los riesgos con el objetivo de lograr que éstas sigan creciendo. El entorno es muy complejo: la incertidumbre geopolítica, la disrupción y las ciberamenazas se han convertido en la nueva normalidad. Impulsar el crecimiento en 2018 y más allá requerirá a los CEOs grandes dosis de realismo, valentía para cambiar sus modelos de negocio y adaptarse al mundo digital, e ingenio para encontrar oportunidades donde otros solo ven riesgos”, señala Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España.
(Cinco Días, 22-05-2018)

Los 80.000 vendedores de seguros deberán estar limpios de manchas penales
Las 80.000 personas ligadas al sector asegurador –3.200 corredores y 77.000 agentes, según el Ministerio de Economía– deberán cumplir con unos niveles de “honorabilidad” máximos. El borrador de la ley que adapta la directiva europea sobre seguros especifica que los empleados que participen directamente en actividades de distribución de seguros deben cumplir con el requisito de honorabilidad comercial y profesional. El 11 de mayo el Gobierno aprobó el proyecto de ley e inició la tramitación parlamentaria para adaptar la directiva al derecho nacional.

La mencionada “honorabilidad” implica que las personas que trabajen en el sector no tengan antecedentes por delitos graves. Es decir, quedan invalidados los empleados con infracciones penales relativas a actividades financieras, sancionadas en el ámbito administrativo en materias aseguradora, bancaria, de mercado de valores, de Hacienda, de Seguridad Social, de competencia desleal o de abuso de mercado.

También quedarán excluidos los sancionados por movimiento de capitales, transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y protección de consumidores y usuarios por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves o graves.

“[A los trabajadores] se les exige la no comisión de delitos graves –ya sea contra la propiedad o relativos al ejercicio de actividades financieras–, buena reputación y no haber sido declarados en concurso con anterioridad (salvo rehabilitación conforme a la ley nacional)”, resume en un documento el bufete Gómez-Acebo & Pombo.

El todavía supervisor del sector hasta que se apruebe la ley de reguladores que ultima Economía, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), colaborará con las autoridades supervisoras de la UE e intercambiará con ellas la información precisa. “En particular, en el proceso de registro, y de manera periódica, la DGSFP compartirá la información relativa a la honorabilidad y aptitud de los distribuidores de seguros y reaseguros”, señala el borrador de la ley.
(El País, 21-05-2018)

Los comerciantes deberán tener una alternativa al pago en efectivo en transacciones superiores a 30 euros
El Gobierno va a obligar a los comerciantes a ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar algún instrumento de pago, como alternativo al dinero en efectivo, en transacciones cuyo importe supere la cantidad de 30 euros. El instrumento de pago disponible deberá anunciarse en algún lugar visible del local, establecimiento o instalaciones del empresario o profesional. Esta iniciativa forma parte del Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago con el que se traspone la Directiva europea 2015/2366, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta.

Según informa el Ministerio de Economía en un comunicado, con este anteproyecto se va a dar cabida a dos nuevos servicios de pago. "Por un lado, a los servicios de iniciación de pagos, que son intermediarios, generalmente entre comerciantes y consumidores, que garantizan el pago del consumidor al comerciante directamente, constituyendo una alternativa a los pagos con tarjetas. A estos se suman, por otro lado, los servicios de información sobre cuentas (agregadores de cuentas), que son entidades que consolidan toda la información de las diversas cuentas que tiene abiertas un usuario en diferentes entidades y la clasifican por categorías (categorías de gasto o de ingresos, por ejemplo)", asegura.

Además, incluye que se reduzca de 150 a 50 euros las pérdidas máximas que un cliente deberá asumir en el caso de que se produzca una operación de pago no autorizada como consecuencia del uso fraudulento, extravío o robo de la tarjeta u otro instrumento de pago. Y también el plazo de respuesta para la resolución por parte de las entidades de las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago (a 15 días, frente a los dos meses que se establecía anteriormente). El texto debe obtener aún los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar la tramitación parlamentaria.
(Expansión, 19-05-2018)

Sector

El año pasado se tramitaron en España 408.402 herencias y, de éstas, 42.987 fueron rechazadas
El 10,5% de los legados no se aceptaron. Es el porcentaje más elevado de la serie histórica. Así lo dicen los datos del Consejo General del Notariado. Las estadísticas reflejan que las renuncias de herencias no han cesado de crecer desde que se inició la crisis económica. Aun así, esta situación parecía que se estaba mitigando. En 2016, los desistimientos aumentaron un 3,1%, un nivel bajo y alejado de las cifras superiores al 20% registradas en 2012 y 2013. Sin embargo, en 2017, las renuncias han aumentado un 11%, un repunte que pone fin de forma drástica a la tendencia a la baja que se venía registrando.

No hay datos sobre los motivos que hay detrás de las renuncias. Sin embargo, existe cierto consenso entre los expertos que el principal motivo son las deudas. La mayor parte del patrimonio de las familias españolas está en los bienes inmuebles, foco de la crisis económica. Es común que parte de las herencias que se tramitan tengan hipotecas asociadas. Incluso, en ocasiones, el pasivo supera el valor del activo. Cuando ello sucede, es lógico que se desdeñe el legado.

Es habitual escuchar que el incremento de la renuncia de herencias se debe al impuesto sobre sucesiones. El argumento es que este tributo que recaudan las comunidades lleva a muchos contribuyentes a renunciar a las herencias porque no pueden hacerse cargo de la factura fiscal. La dificultad para vender el legado y obtener liquidez también es un factor que apuntan como determinante.

José Luis Lledó, vicepresidente del Consejo General del Notariado y decano del Colegio de Andalucía, sostiene que es una “leyenda urbana” que el impuesto sobre sucesiones esté detrás del incremento de las renuncias de herencias. Además, la mayor parte de autonomías mantiene bonificaciones cuando el patrimonio pasa de padres a hijos.

De hecho, la comunidad con un menor porcentaje de renuncias es Aragón, que mantiene uno de los impuestos sobre sucesiones más elevados de España. Lo que diferencia a Aragón es el hecho de que ha establecido por ley que quienes reciben una herencia solo deben responder de las deudas con los bienes del propio legado.

Lledó señala que aceptar los bienes a beneficio de inventario es una posibilidad que todos los herederos tienen. Así, se aseguran que no responderán con su patrimonio previo de las posibles cargas que lleve el legado. Salvo en comunidades como Aragón, donde la herencia a beneficio de inventario se aplica por defecto, en la mayoría de autonomías es preciso solicitarlo ante notario.

Y, en cualquier caso, siempre es recomendable cerciorarse bien de las posibles cargas ligadas a una herencia. En este sentido, Lledó recuerda que una persona puede en cualquier notaría conocer qué escrituras y avales ha firmado la persona que ha dejado el legado. La posibilidad de acceder al “informe de actividad del fallecido” existe desde que los notarios tienen acceso al índice único, una base de datos que reúne todas las escrituras.
(Cinco Días, 22-05-2018)

El CGPJ establece los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos en los tribunales
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podrá dictar criterios sobre el modo en que los jueces han de supervisar y controlar el estado de los asuntos en el proceso de implantación del expediente digital. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la constitución de un grupo de trabajo cuyo objetivo será elaborar un documento que establezca los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos para que su uso obligatorio pueda ser exigido a los jueces y magistrados.

Según informa el Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces ha tomado esta decisión tras aprobar un informe en el que se concluye que el CGPJ podrá dictar criterios "sobre la manera específica en que las facultades de dirección e inspección por jueces y magistrados se llevase a cabo en aquellos órganos judiciales en los que se hubiese incorporado el expediente digital", es decir, sobre el modo en que los titulares de Juzgados y Tribunales han supervisar y controlar el estado de los asuntos en el proceso de implantación del expediente digital.

La facultad de dirección de los jueces y magistrados se verificará mediante la dación de cuenta por parte del letrado de la Administración de Justicia de la Unidad de Apoyo Directo o, en aquellos órganos judiciales en los que no se haya desplegado la nueva oficina judicial, en los términos previstos en la legislación procesal.

El CGPJ señala que, de los informes emitidos por el Servicio de Inspección y la Sección de Informática, se desprende la ralentización en la actividad jurisdiccional que en el momento actual supone el expediente digital electrónico y la necesidad de que todos los documentos que conforman el mismo estén debidamente nominados e indexados, siendo ese contenido responsabilidad del letrado de la Administración de Justicia.

También se considera imprescindible la integración en una interfaz única de las tres herramientas informáticas: el sistema de gestión procesal (Minerva), el visor documental y el portafirmas, que debe permitir editar la resolución directamente por el juez o magistrado, sin que sea precisa su devolución a la oficina judicial. Además, y hasta que se realicen las mejoras necesarias, se estima necesario mantener "un soporte físico testigo de los asuntos pendientes de decisión judicial que facilite la función jurisdiccional", mientras que en lo relativo a la dación de cuenta al titular del órgano del estado de los asuntos se apuesta por "mantener los métodos actuales basados en la relación directa entre el juez y los funcionarios y/o la carpetilla-testigo en soporte papel" hasta que se implanten las nuevas versiones anunciadas por el Ministerio de Justicia, momento en el que se deberá suprimir cualquier medio no telemático.
(Expansión, 21-05-2018)

 
 
 
 
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