Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 23 DE MAIG DE 2018

Fiscal

Protocolo que modifica el Convenio entre España y Bélgica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio
Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Bélgica tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas el 14 de junio de 1995, modificados por el Acta Adicional firmada en Madrid el 22 de junio de 2000, hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2009.
(BOE, 23-05-2018)

Corrección de errores de la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido
Corrección de errores de la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y otra normativa tributaria, y el modelo 322 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana", aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre.
(BOE, 23-05-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 22 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 22 de mayo de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 23-05-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/23/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/23/index.php?d=125&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 23 DE MAIG DE 2018

Fiscal

La AIReF ve muy difícil cumplir la senda de déficit fijada entre 2018 y 2021
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve muy difícil cumplir con la senda de déficit para el periodo 2018-2021 incluida en la Actualización del Programa de Estabilidad, según la cual se pasaría de un déficit del 3,1% del PIB en 2017 a un superávit del 0,1% en 2021. De acuerdo con el informe de la AIReF publicado hoy, la falta de credibilidad es mayor conforme avanza el periodo, en tanto que sitúa las mayores incoherencias en el capítulo de gasto, dado que es muy improbable que se reduzca en 2,4 puntos porcentuales el peso del gasto sobre el PIB.

Solo en 2018 la Autoridad prevé que el déficit llegue al 2,6% del PIB, frente al 2,2% comprometido por el Ejecutivo, incluyendo el coste de la responsabilidad patrimonial del Estado en la quiebra de las autopistas. Lograr el escenario presupuestario del Gobierno implicaría "sobrecumplir" la regla de gasto cada año del periodo contemplado, lo que la AIReF ve imposible por medidas como el aumento de los sueldos públicos, la subida de pensiones superior a lo inicialmente previsto, la suspensión de la aplicación del factor de sostenibilidad de las pensiones o las tensiones alcistas observadas en el gasto sanitario.

Por el contrario, las previsiones de ingresos están en línea con las estimaciones de la AIReF, ya que la recuperación de la actividad económica impulsará la recaudación de los impuestos directos, descontando el efecto de la reforma del IRPF. La AIReF no incluye en sus previsiones la creación del gravamen sobre determinados servicios digitales anunciado por el Ministerio de Hacienda ante la falta de concreción sobre su diseño e implementación.

Por ello, reclama al Gobierno un "esfuerzo de concreción" de las medidas para poder verificar la verosimilitud de la senda fiscal prevista en el Programa de Estabilidad, al tiempo que le recomienda la implantación de un marco fiscal presupuestario a medio plazo que cuente con un mayor consenso y participación de todas las administraciones implicadas. Respecto al cuadro macroeconómico, la AIReF avala las previsiones del Gobierno y dice que es verosímil la composición del crecimiento para el periodo, con la demanda interna como principal motor del crecimiento, sustentada por la evolución positiva de la inversión productiva y en construcción.

Asimismo, considera equilibrado el escenario de riesgos, pero piensa que podrían materializarse "sorpresas negativas" antes de lo previsto. En el corto plazo, dice que está por ver si el encarecimiento del petróleo responde a factores temporales o si existen razones más profundas que sostengan el nivel del equilibrio en torno a los valores actuales.
(Cinco Días, 23-05-2018)

El Banco de España pide subir el IVA y reformar ya el sistema de financiación autonómica
El supervisor recuerda al Gobierno la larga lista de tareas pendientes que debería abordar sin más dilaciones si quiere garantizar a medio y largo plazo una tasa razonable de incremento del producto interior bruto (PIB).

Así, destaca cómo la economía española ha completado una fase de crecimiento de más de cuatro años. Desde finales de 2013, el PIB ha crecido casi un 13% en términos acumulados, sobrepasando desde mediados de 2017 el nivel precrisis. En términos per cápita, el PIB se situó, al cierre del año pasado, casi un 1% por encima del nivel de 2007, recuperándose una parte de la pérdida acumulada frente al promedio de los países del área del euro durante la crisis.

El supervisor admite que este buen comportamiento de la actividad sorprendió a propios y extraños y se congratula de que ese mayor avance del PIB, que superó todas las previsiones, se esté llevando a cabo de una manera más equilibrada que lo ocurrido en anteriores recuperaciones. Destaca que buena parte de esa actividad se esté traduciendo en una mayor creación de empleo, pero, al mismo tiempo, y aquí viene el primer reproche a la política del Gobierno, subraya que la tasa de paro de finales de 2017, del 16,7%, continúa siendo muy elevada.

En este sentido, advierte que la economía española continúa presentando elemento de vulnerabilidad, que se unen a un entorno exterior donde persisten ciertos focos de riesgo e inestabilidad. "A pesar de los avances en la reducción del déficit público, el desequilibrio presupuestario estructural continúa siendo pronunciado y la corrección del elevado endeudamiento del sector está manifestándose, hasta la fecha, muy modesta", resalta el informe.

Por todo ello, el Banco de España marca al Ejecutivo la que, en su opinión, debería ser la agenda de reformas más urgentes que no pueden retrasarse por más tiempo dado que las condiciones tan favorables de financiación tienden a agotarse (ante los próximos cambios en la política monetaria). En insiste en que los llamados vientos de cola, como son los precios moderados de las materias primas o un expansivo entorno internacional, también parecen tener los días contados.

Para no decaer en la tarea de reducir el déficit estructural, el Banco de España recomienda actuar sobre el lado de los gastos, ya que cree que todavía existe margen para reducir ineficiencias, pero también sobre los ingresos.

Dice la institución que preside Luis María Linde que "existen márgenes para considerar una revisión y definición de la cesta de impuestos hacia estructuras más favorables al crecimiento potencial. En este sentido, los análisis disponibles muestran que España presenta un menor peso de la imposición al consumo sobre PIB que la media de la UE, lo que se refleja en una menor recaudación tanto por IVA como por impuestos especiales, en particular medioambientales".

Dicho de otra manera, el Banco de España ve margen para un nuevo incremento del principal impuesto indirecto, el IVA, y también recuerda que el sistema impositivo español cuenta con un nivel de beneficios fiscales elevado. Con ello se refiere a la existencia de numerosas exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, "que tienden a generar pérdidas de recaudación, así como posibles distorsiones sobre la eficiencia y la equidad".
(Expansión, 23-05-2018)

Hacienda quiere aplicar un impuesto a toda la economía digital
El impuesto a las tecnológicas que prepara Hacienda para financiar la subida de las pensiones va a ser "español" y se va a adelantar "mucho" al europeo. Este tributo va a gravar los servicios de intermediación, la publicidad y la venta de datos digitales de empresas extranjeras y españolas en España hasta un 5%.

Según fuentes conocedoras de su diseño, el impuesto quiere gravar a todas las empresas que ofrezcan estos servicios en España, aunque no estén físicamente en territorio nacional, y que tengan unos niveles de facturación por determinar, umbrales que van a ser mucho más reducidos que los que plantea Bruselas para el impuesto europeo que promueve -al menos 750 millones globales y 50 millones en la UE-.

De esta forma, la tasa Google, que el Gobierno prevé aprobar a la vuelta del verano en un proyecto de ley, se perfila mucho más amplia de lo que se deducía de las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de otros responsables del Fisco, que han hablado de "grandes tecnológicas", lo que parecía dirigirse a las multinacionales de Silicon Valley, con Google, Apple, Amazon y Facebook a la cabeza, tradicionalmente blanco de las críticas del Gobierno por no tributar en España por los beneficios generados aquí.
(Expansión, 23-05-2018)

Hacienda se muestra favorable a una armonización fiscal en los impuestos cedidos de las comunidades, en Sucesiones y Patrimonio
Hacienda no dará a las comunidades autónomas más participación en el IRPF, IVA ni Impuestos Especiales. Así lo dice tajantemente en el documento que ha elaborado a partir de las reuniones que han mantenido las autonomías entre diciembre y marzo. Este informe es esperado por las comunidades como agua de mayo ya que supone el pistoletazo de salida para que empiece la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Una vez que las comunidades hagan observaciones, que deben entregar antes de las 11 horas del próximo viernes 25 de mayo, el Ministerio convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para analizar la reforma.

El documento no contiene una postura clara e inequívoca de Hacienda en la mayoría de los asuntos que se han debatido, pero sí que llega a una conclusión clara respecto a la cesión de mayores porcentajes de los impuestos estatales, que se deniega. El Gobierno sí que se muestra favorable a una armonización fiscal en los impuestos cedidos de las comunidades, tanto en Sucesiones como en Patrimonio, aunque admite que de momento no hay consenso.

Así, el Ejecutivo concluye que "no procede" la posibilidad de instrumentar un tramo colegiado en el IVA o en los Impuestos Especiales, como pedía el Comité de Expertos que entregó su informe en julio. La Administración General del Estado considera que "no existe consenso para su articulación", que "podría generar competencia fiscal entre las comunidades y el Estado". En cuanto a la modificación de la cesión del IRPF, el Gobierno considera que "alteraría la capacidad redistributiva de la Administración central". Eso sí, el documento plantea que podría "profundizarse en el análisis de otros posibles instrumentos de obtención de recursos que podrían atribuirse a las comunidades para reforzar su corresponsabilidad fiscal".

Hacienda considera "deseable que se trate de avanzar en la coordinación fiscal entre las comunidades a través del impulso de una armonización de la normativa tributaria, dirigida fundamentalmente a armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente". En Sucesiones y Donaciones, constata que "se ha debatido la conveniencia de establecer tipos fijos". Sin embargo, el Gobierno advierte de que "no existe consenso en relación con algunos aspectos técnicos". En Patrimonio, apunta que "la posición mayoritaria ha sido la de mantener el impuesto, abogándose por la homogeneización [...] así como el establecimiento de niveles mínimos de tributación". Pero es la posición mayoritaria, no la única.

En esta "armonización" de impuestos cedidos, defiende "una unificación de las reglas de determinación de las bases imponibles y de las bases liquidables [...] de manera que las competencias de las comunidades queden centradas en la posibilidad de establecer escalas o tipos de gravamen y deducciones en cuota". Además, Hacienda constata que hay consenso sobre la incorporación de la población ajustada entre los costes fijos.

Respecto a los fondos, el Ejecutivo apuesta por el modelo que propusieron los expertos, basado en la capacidad tributaria, un Fondo Básico de Financiación (PBF), un Fondo de Nivelación Vertical (FNV) y un Fondo Complementario de Financiación (FCF). El Gobierno deja al CPFF el análisis sobre la creación de un Fondo para instrumentar la garantía de statu quo. Las entregas a cuenta se extenderán a todos los recursos, con lo que la financiación se incrementará en el corto y medio plazo, pero no llegarán al 100%.
(El Mundo, 23-05-2018)

Laboral

Los sindicatos dicen que no les vale cualquier acuerdo y anuncian nuevas protestas
Los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han decidido pasar a la acción y recrudecer la negociación del Acuerdo de Negociación de Convenios. Ambos han liderado hoy una protesta de delegados sindicales ante la sede de las patronales CEOE y Cepyme para exigir a los empresarios un acuerdo salarial más generoso de lo que ofrecen. Al tiempo, los máximos líderes sindicales han advertido a los empresarios que, si estas negociaciones no llegan a buen puerto, el conflicto laboral está servido.

"El desacuerdo no será pacífico", ha alertado el responsable de CC OO, Unai Sordo, ante centenares de delegados sindicales que se han manifestado hoy a las puertas de la sede patronal en la mítica calle Diego de León, 50, donde han protagonizado varias pitadas a los representantes empresariales que estaban en el edificio.

Sordo y el líder de UGT, Pepe Álvarez, hicieron sendas intervenciones entre constantes gritos que pedían "huelga, huelga". Ante la oferta patronal de subir los salarios un 2% generalizado y algo más los sueldos más bajos; e incorporar la productividad hasta el entorno del 3% allí donde se pueda, los dos sindicalistas reiteraron que "no les vale cualquier acuerdo" y tampoco que los empresarios "den un portazo" y abandonen la negociación.

"La negociación no va a acabar sencillamente sin acuerdo --como ya ocurrió el año pasado-- va a acabar con movilizaciones hasta que finalmente la patronal se siente en una mesa y sea capaz de entender cuál es la situación real que vive nuestro país. O hay acuerdo o va a haber conflicto", ha insistido Álvarez.

Es más, a pesar de la próxima reunión técnica con la patronal está fijada para el próximo 31 de mayo y pese a que, según Sordo, los sindicatos tienen "voluntad de apostar por un acuerdo y se está a tiempo de ello", porque el pacto sería para los próximos dos años, las centrales no piensan abandonar la estrategia de movilizaciones iniciada, en paralelo con la negociación. De hecho, ya han anunciado hoy nuevas protestas para el próximo día 16.
(El País, 23-05-2018)

Los atrasos de la subida de las pensiones se abonarán antes de que acabe julio
Los atrasos de la subida de las pensiones recogida en el proyecto presupuestario de 2018 -un 1,6% con carácter general, que se eleva al 3% para las mínimas y la subida para las de viudedad- se abonará antes de terminar el mes de julio.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha apuntado este martes durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados con motivo del debate las enmiendas parciales al proyecto presupuestario de 2018, que, dado que el incremento de pensiones tiene efecto desde el 1 de enero, los atrasos se abonarán en una segunda paga.

No obstante, fuentes del Ministerio de Empleo han recordado a Efe que el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56% no tiene carácter retroactivo, por lo que no se actualizarán atrasos desde el 1 de enero.

Báñez ha explicado que la subida de las pensiones tiene efecto desde enero, pero no se aplicará hasta que entre en vigor el Presupuesto, por lo que la diferencia entre este repunte y el ya aplicado desde principios de año, del 0,25%, correspondiente a ese periodo se abonará en una segunda paga este verano.

Ha destacado que la subida, pactada con el PNV, pretende "devolver el esfuerzo que han hecho nuestros mayores en la salida de la crisis", y ha señalado que, además, más de 186.000 mujeres con hijos que se jubilen este año podrán obtener un complemento en su pensión, con lo que el número de jubiladas que reciben este suplemento alcanzará el medio millón a final de año.

La ministra ha destacado en su intervención que ya se ha recuperado el 75% del empleo perdido en la crisis y ha defendido la necesidad de crear "mejores empleos" porque todavía "queda mucha tarea por completar".
El proyecto presupuestario, ha recordado, recoge políticas de empleo para mejorar la protección por desempleo, la activación para desempleados, la adaptación a las transformaciones económicas o la modernización de los servicios públicos de empleo.

En materia de formación, ha destacado la apuesta por la formación profesional dual y el complemento de garantía juvenil para jóvenes que trabajan y estudian, que se complementa con una bonificación de 3.000 euros durante tres años para su contratación.

Asimismo, ha subrayado que la mejora de la protección social también llegará a los policías locales tras recoger los Presupuestos una cotización adicional del 10,6% sobre la base de cotización por contingencias comunes para hacer efectiva la jubilación anticipada de este cuerpo de policía.

Ha valorado que todos los grupos parlamentarios se hayan sumado a esta iniciativa que supone "llevar a cabo una reivindicación histórica" de los policías locales, para poder jubilarse anticipadamente a los 59 años.
(El País, 23-05-2018)

El Banco de España rechaza que las pensiones suban con el IPC
“El envejecimiento poblacional supone un reto de primer orden para la sostenibilidad de las finanzas públicas”, argumenta el Banco de España. De acuerdo con estimaciones de la Comisión Europea, el gasto público por el envejecimiento subirá hasta 2050 en unos 3,5 puntos de PIB, casi 40.000 millones calculados con el PIB actual. En cuanto al sistema de pensiones, según el Banco de España las reformas aprobadas lograrían en un contexto económico favorable que el agujero se reduzca.

No obstante, si no se buscan ingresos adicionales, la corrección se produciría solo por un recorte de la pensión pública respecto al salario medio, lo que en la jerga se llama tasa de sustitución. Esta caería unos 20 puntos, desde el entorno del 60% al 40% del sueldo medio, según cifras del ejecutivo comunitario. Es decir, los jubilados tendrían una menor capacidad adquisitiva al duplicarse el número, pero mantenerse el gasto en pensiones sobre PIB.

“De cara al futuro, la clave consiste en delimitar, de acuerdo con las preferencias sociales, las tasas de sustitución de nuestro sistema de pensiones que se pretenden asegurar, de forma que se adecuen los ingresos para que la sostenibilidad quede garantizada. De los análisis disponibles se puede concluir que el mantenimiento de las tasas de sustitución actuales, que son elevadas en comparación internacional, exigiría incrementos de los ingresos del sistema muy significativos”, señala. O lo que es lo mismo, habría que subir demasiado los impuestos para mantener la generosidad actual. Por este motivo y justo cuando se han vuelto a subir las prestaciones con la inflación, la entidad recomienda que en cualquier caso “se mantenga un mecanismo de ajuste automático que garantice la sostenibilidad”.

Además, el banco sostiene que “las tendencias demográficas tendrán efectos negativos sobre el crecimiento potencial de la economía”, lo que deprimirá la productividad y el número de personas en edad de trabajar. De ahí que abogue por “una mayor participación de los grupos de más edad en el mercado de trabajo”, y por políticas que fomenten la conciliación familiar, la natalidad y la inmigración.

El otro lastre para la productividad se halla en el mercado laboral, muy marcado por la elevada temporalidad, la baja formación y el alto número de parados que llevan demasiado tiempo sin ocupación. "La calidad de los puestos de trabajo creados es, en muchos casos, mejorable", reconoce el organismo. El informe destaca que la ratio de temporalidad sigue siendo la más elevada de los países del euro, que “hay evidencia de una menor duración de los contratos temporales recientes” y que, en consecuencia, existe una mayor rotación de los trabajadores.

En esas circunstancias, parece difícil que un empleado pueda ganar experiencia y, por tanto, productividad en la empresa. Combinado con un bajo nivel educativo y un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial involuntarios, “todo ello ha llevado a una reducción del número de horas efectivamente trabajadas, con consecuencias no solo en la productividad media, sino también en la desigualdad de los ingresos laborales”, concluye. Incluso si la desigualdad está mejorando con la creación de empleo, esta se deterioró mucho con la crisis, afirma el Banco de España.
(La Vanguardia, 23-05-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Banco de España dice que las empresas han ajustado salarios, pero no sus márgenes
Cinco son los principales mensajes que ha lanzado el Banco de España en su informe anual publicado este martes: uno, es necesario que haya "un mecanismo de ajuste automático de las pensiones". Dos, la recuperación de la competitividad ha descansado en los costes laborales mientras que los márgenes empresariales han seguido estables, lo que indica falta de competencia entre las empresas. Tres, la calidad del empleo es "mejorable", un hecho que lastra la productividad de la economía y aumenta la desigualdad. Cuatro, los esfuerzos de ajuste y las reformas deben continuar para bajar la deuda y hacer frente al envejecimiento de la población. Y cinco, la fragmentación parlamentaria impide los consensos para esas reformas.

Luis Linde abandona el puesto de gobernador el próximo 8 de junio. Pese a que es poco dado a afirmaciones taxativas, deja un último informe anual trufado de avisos a navegantes. El documento subraya que "las reformas puestas en marcha durante la recesión contribuyeron a sentar las bases de la recuperación", que esta ha sido "intensiva en empleo" y que se ha logrado restablecer la competitividad con el exterior, el talón de Aquiles que abocó a España a la crisis. Sin embargo, también explica que una parte de esta recuperación obedece a estímulos monetarios y fiscales. Y que esos vientos de cola que han propulsado la economía española no siempre seguirán ahí. Hay que empezar a prepararse para el momento en el que la fiesta toque a su fin.

El primer capítulo del informe anual siempre se titula Rasgos básicos de la economía española. Pero esta vez el banco lo ha llamado de forma muy distinta: Límites a las políticas de demanda y retos para el futuro. Lo que traducido al cristiano significa que la expansión monetaria y fiscal no seguirá dando para mucho más. Tarde o temprano los tipos de interés subirán. El petróleo puede encarecerse como ya lo está haciendo. Incluso puede interrumpirse el crecimiento de los mercados de exportación.

En algún momento, el Gobierno tendrá que continuar bajando la deuda y garantizar la sostenibilidad de las pensiones. A medida que los dopajes vayan desapareciendo, la economía tenderá hacia un crecimiento mucho más lento, con una productividad muy baja lastrada por el envejecimiento de la población, la baja formación, la escasa inversión tecnológica o el elevado número de temporales y parados. Y eso se combinará en un cóctel explosivo con una deuda pública y exterior todavía muy alta y un gasto público que se disparará por la demografía.

Es decir, la economía española todavía presenta “un grado de vulnerabilidad muy notable ante perturbaciones externas”, recuerda el organismo. Pese a la sensación de agotamiento con las reformas, Linde brinda una frase lapidaria en la carta que rubrica precediendo al informe y que sirve de despedida de su mandato: "Los avances son indudables, pero el esfuerzo que la sociedad española debe realizar para consolidar y mejorar lo alcanzado es también significativo".
(El País, 23-05-2018)

Sector

Los bufetes españoles aumentan un 5% sus ingresos en 2017
Los bufetes españoles continúan mostrando buena salud con un crecimiento sostenible en 2017, ya que la facturación global ha aumentado un 5,3%, una décima más que la registrada en 2016, aunque aún lejos del 6,8% de 2015. Sin embargo, los datos son positivos y el buen momento que atraviesa la economía española también se está reflejando en el sector legal.

En los puestos de cabeza nada ha cambiado en el último ejercicio y Garrigues, Cuatrecasas y Uría Menéndez -que ha sido el que se ha comportado mejor de los tres con un crecimiento del 5,9%- se mantienen como los despachos de abogados más grandes por facturación con una gran ventaja respecto a sus competidores. A pesar de ello, las tres grandes firmas españolas no deben relajarse, ya que Gómez-Acebo & Pombo y Ontier, cuarto y quinto, respectivamente, han crecido en 2017 a un ritmo superior (6% y 8,6%).

Junto con Arriaga Asociados, Pérez-Llorca ha sido el bufete que más ha crecido dentro del top ten en el último ejercicio. La firma dirigida por Pedro Pérez-Llorca ha aumentado su facturación un 20,5% en 2017, con lo que supera la barrera de los 40 millones de euros de ingresos. Sin embargo, el bufete que más ha crecido en 2017 ha sido CCS Abogados, dirigido por Jaime Concheiro. Con casi un 63% de alza, ha pasado de los cinco millones a los 8,1 millones.

Respecto al negocio internacional, Uría Menéndez lidera la clasificación con casi 60 millones de ingresos obtenidos fuera de nuestras fronteras, lo que representa algo más de un cuarto de su facturación. No obstante, Ontier y Auren son las firmas españolas en las que el negocio internacional tiene más peso, ya que sus ingresos suponen un 60,4% y un 50,9%, respectivamente, sobre el total.
(Expansión, 23-05-2018)

El 65% de los jueces y el 52% de los fiscales secundan la huelga
Después de cuatro paros en las últimas semanas, la fecha acordada para la huelga por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, ha llegado. Según los últimos datos facilitados por el comité de huelga a las 18:00, más de 4.800 jueces y fiscales se han sumado al paro convocado este martes para reivindicar una reforma de la justicia. De ellos, 3.537 jueces y 1.297 fiscales, lo que se traduce en un 65,4% de los miembros de la carrera judicial y 51,9% de los fiscales. Una cifra que difiere respecto a los datos remitidos por los Tribunales Superiores de Justicia y los órganos centrales al Consejo General del Poder Judicial, que cifran en 2.916 el número de jueces y magistrados que han comunicado su participación en esta jornada de paro.

Los primeros resultados dados por el comité de huelga llegaban a las 13 horas y señalaban que el 41% de los miembros de la carrera judicial, 2.294 jueces, y el 51% de los fiscales, 1.264, habían secundado la huelga. En un comunicado conjunto las asociaciones judiciales y de fiscales han señalado que la diferencia de resultados se debe al colapso que la dirección de correo electrónico corporativo poderjudicial.es, lo que ha provocado que hasta las 17:00 no se liberaran del servidor más de mil mensajes de jueces que comunicaban su adhesión a la huelga.

Los motivos que sustentan esta convocatoria según han manifestado ambos colectivos son, por el lado de los jueces, que no se hayan aprobado las catorce propuestas que presentaron en julio del año pasado ante el Congreso para la reforma de la Justicia, y por el lado de los fiscales, que no se hayan tomado medidas para garantizar su autonomía presupuestaria o la creación de nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal.

En una entrevista concedida al Diario la Ley, el magistrado Manuel Almenar, miembro del comité de huelga (pincha aquí para acceder a la entrevista completa), ha explicado que "ante el silencio de las instituciones", se han visto "obligados a adoptar una serie de movilizaciones que culminan con la huelga y con las que quieren instar a los responsables para que se apueste de verdad por la Justicia en beneficio de la ciudadanía".

Esta misma publicación recoge también el punto de vista del otro colectivo protagonista de esta huelga, los fiscales. "Llevamos demasiados años necesitados de una reforma en la Administración de Justicia que no solo no llega, sino que cada vez se aleja más" ha destacado Cristina Dexeus, fiscal y miembro del comité de huelga.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha manifestado que está impulsando la mayor parte de las propuestas planteadas las asociaciones judiciales y de fiscales, y que para llegar a un acuerdo sigue apostando por el diálogo "como pauta necesaria e imprescindible para la mejora y modernización de la justicia".

Además de las causas de estas movilizaciones el propio derecho a la huelga de jueces y fiscales no es un tema exento de polémica. Y es que, a pesar de que se trata de un derecho recogido en la Constitución, sus normas orgánicas no se lo reconocen explícitamente. Aunque, por otro lado, tampoco lo niegan como sí se hace por ejemplo con el derecho de sindicación en el artículo 127 de la Constitución.

Tres han sido las ocasiones en las que los jueces han hecho huelga - 18 febrero de 2009, huelga general a la que se adhirieron el 14 noviembre de 2012 y 20 febrero de 2013-. En la última a la que también se sumaron las asociaciones de fiscales la participación de jueces y magistrados fue del 41% según las cifras del Consejo General del Poder Judicial y de un 62 % según las asociaciones judiciales. La Fiscalía General del Estado no facilitó datos del seguimiento entre los fiscales. Las reivindicaciones de esta huelga fueron principalmente la imposición de tasas judiciales o la externalización del Registro Civil.

En todos estos casos, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Ministerio de Justicia no reconocieron las huelgas alegando la falta de regulación legal específica y, en consecuencia, no fijaron servicios mínimos ni descontaron ese día de salario.
(El País, 23-05-2018)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).