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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 31 DE MAIG DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Color de los sobres y papeletas en caso de coincidencia de las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones municipales
Acuerdo de 23 de mayo de 2018, de la Junta Electoral Central, sobre el color de los sobres y papeletas en caso de coincidencia de las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones municipales.
(BOE, 31-05-2018)

Euro
Resolución de 30 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 30 de mayo de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 31-05-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/index.php?d=132&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 31 DE MAIG DE 2018

Fiscal

La subida de las pensiones pone en riesgo el equilibrio fiscal a largo plazo
“La economía española seguirá creciendo en 2018 y 2019 a un ritmo sólido, aunque más moderado", ha considerado hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por ello ha aumentado sus previsiones de crecimiento del PIB al 2,8% este año y al 2,4%, el próximo, lo que supone tres y cinco décimas más, respectivamente, que lo que habían previsto en noviembre.

Si bien, esta buena marcha no está exenta de riesgos, según los expertos de esta organización. Y uno de ellos es la última subida de las pensiones, ya que, en opinión de la OCDE "la aplicación de la reforma de las pensiones resulta clave para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo". Consecuentemente, el pacto del Gobierno con el PNV que incumple los dos factores creados en la última reforma de pensiones --el de revalorización y el de sostenibilidad-- pone en entredicho las garantías de equilibrio financiero de la economía española para los próximos años.

Según distintos cálculos la aplicación de estos factores aprobados en 2013 supondría alrededor del 30% del control del incremento del gasto para el futuro en pensiones para hacerlo sostenible, mientras que el 70% de dicho freno al gasto provendría de la reforma socialista de 2011.

Económicamente, solo la subida de pensiones del 1,6% prevista para este año y para 2019 tendrá un coste acumulado hasta el año 2030 en de casi 40.000 millones de euros, según un cálculo elaborado por BBVA Resecar. Y esto suponiendo que en 2020 volviera a aplicarse el índice de revalorización creado en 2013, que fija una subida máxima del 0,25% de las pensiones siempre que haya déficit en el sistema de Seguridad Social.

No obstante, pese a esta advertencia, las previsiones de la OCDE para España son buenas y colocan su crecimiento económico por delante de la media de crecimiento del PIB de la zona euro (2,2% para 2018; y 2,1%, para 2019). Y también por delante de sus principales socios como Alemania, que prevén que crezca un 2,1% este año y el próximo; o Francia (1,9% también para ambos ejercicios).

Según la OCDE las condiciones económicas favorables y la fuerte creación de empleo continuarán sustentando la demanda privada nacional. Mientras que las exportaciones también continuarán contribuyendo de forma clave al crecimiento del PIB, aseguran estos expertos.

Además, consideran que esta revisión al alza de las previsiones para España ha sido posible porque "hasta el momento se han contenido las consecuencias económicas de la incertidumbre política en torno a Cataluña". Si bien, al mismo tiempo, desde la OCDE apuntan que "la persistente incertidumbre en Cataluña podría mermar aún más la confianza y golpear la demanda interna".

¿Qué otros riesgos ven desde la OCDE para el crecimiento de la economía española? Entre otros, apuntan a una posible subida de los precios del petróleo, que podría ejercer presión sobre la inflación --que se sitúa ya en el 2%--. También alerta sobre la posibilidad de que el Gobierno en minoría de Mariano Rajoy, "podría tener dificultades para seguir adelante con el programa nacional de reformas".

Precisamente, dentro del capítulo de reformas, estos analistas piden al Ejecutivo que se centren en el mercado laboral y en el sistema tributario. La primera de ellas debería estar orientada a incrementar la eficacia de las políticas activas de empleo "y a reducir la dualidad mediante una mejor supervisión del abuso del empleo temporal". Seguidamente aconsejan una nueva reforma fiscal "que elimine gradualmente las exenciones existentes y mejore aún más la administración del IVA". Asimismo, recomiendan un mayor uso de los impuestos medioambientales.

Dicho todo esto, la OCDE también detecta elementos que podrían contrarrestar todos estos riesgos e impulsar el crecimiento por encima de las perspectivas. Se trata del aumento de la inversión en construcción y una demanda más sólida por parte de Europa, que es principal destino de las exportaciones de España.
(Expansión, 31-05-2018)

Hacienda da más margen a las plataformas de pisos turísticos para enviar datos fiscales
El Ministerio de Hacienda ha decidido dar algo más de margen a las nuevas plataformas de pisos turísticos para suministrar los datos fiscales y tendrán de plazo hasta el 31 de enero de 2019 para comunicar las operaciones de 2018, por lo que no comenzarán a hacerlo en octubre de este año como inicialmente estaba previsto, según la Orden Ministerial.

Así, las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico, como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba, comenzarán a suministrar a la Agencia Tributaria los datos fiscales relativos a esta actividad entre el 1 y el 31 de enero de 2019, dado que para el ejercicio 2018 la presentación de esta declaración informativa de la cesión de viviendas con fines turísticos tendrá “excepcionalmente” carácter anual.

En el resto de ejercicios, la declaración informativa será trimestral y deberá presentarse en relación con las operaciones realizadas en cada trimestre natural, en el plazo comprendido entre el primer y el último día del mes natural posterior a la finalización del trimestre a que se refiera la declaración.

La nueva obligación fiscal, aprobada por el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2017, entrará en vigor en julio de este año. Para ello, el departamento de Cristóbal Montoro ha aprobado el modelo 179 de ‘Declaración informativa trimestral del arrendamiento de viviendas con fines turísticos’, así como la forma, plazo y lugar de presentación, y el resto de datos relevantes para el cumplimiento de esta nueva obligación de información.

En concreto, se requerirá la identificación del titular o titulares de la vivienda, la identificación del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la vivienda) y la identificación de las personas o entidades cesionarias.

De esta forma, Hacienda trata de ponerle coto a determinados alquileres turísticos bajo los cuales se encuentran incluso cadenas hoteleras que alquilan sus viviendas mediante plataformas enmascaradas de usuarios particulares.

De igual forma, los intermediarios tendrán que incluir en sus declaraciones la identificación del inmueble objeto de cesión (dirección completa), la referencia catastral del inmueble objeto de cesión, en su caso, y el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos. También debe figurar el importe percibido por el titular cedente del derecho y el número de contrato en virtud del cual la declarante intermedia en la cesión de la vivienda.

Con carácter voluntario, las plataformas turísticas podrán informar también de la fecha de inicio de la cesión de la vivienda, la fecha de intermediación de la operación y la identificación del medio de pago. Hacienda aclara que aportar esta información adicional evita “potenciales requerimientos” de información.
(El Mundo, 31-05-2018)

Laboral

Báñez: “los autónomos han sido la locomotora para salir de la crisis”
La ministra de Trabajo y Empleo, Fátima Báñez, ha inaugurado este lunes el Foro “qué es un referente del emprendimiento” junto al presidente de la Asociación de Federaciones de Autónomos (ATA). La tercera edición de este Foro de Emprendedores y Autónomos se ha querido centrar en el futuro y el presente de este colectivo, así como en los mecanismos de prevención de quiebra.

Lo primero que ha querido realizar la ministra ha sido una defensa del sector, ya que para ella “hablar de autónomos es hablar de la España real”, la que representa “el presente y futuro” del país. “Los autónomos han llevado la ilusión de la recuperación cuando, durante la crisis, la situación económica estaba inundada de desesperanza”, ha añadido.

En cuanto a las cifras positivas en el número de afiliados al RETA durante el primer cuatrimestre del año, Báñez ha querido mostrar sus impresiones: “Hasta marzo se han producido 42.000 nuevas altas, lo que supone un 37% más respecto al mismo periodo del año anterior”.

Los PGE 2018, ha dicho, destinan “1.000 millones de euros” de los que pueden beneficiarse “150.000 autónomos” con medidas como la Tarifa plana Rural de 24 meses para residentes en poblaciones con una población inferior a los 25.000 habitantes.

Por otro lado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha hecho énfasis en que en los 23 años de historia de la Asociación se han aprobado 63 medidas. “58 de ellas en los últimos ocho años, que han sido claves para la economía española”. Se refiere al plan de pago a proveedores, a la tarifa plana de 50 euros o a la ayuda de la reincorporación laboral tras la baja maternal.

“Uno de cada cuatro empleos que se crean en España es autónomo. España no está para precipitarse, no está para experimentos o para italianizar la política y la economía del país”; ha advertido. “Los profesionales por cuenta propia son la gasolina de la economía española. A los autónomos les va bien si a España le va bien”, ha sentenciado Amor.

Otra de las voces más reflexivas ha sido la de Pablo García Valdecañas, director de la Unidad de Autónomos, Economía Social y RSE de la Comunidad de Madrid. Ha dicho lo siguiente: “Tiene que haber una normalización administrativa en, no puede haber 17 sistemas diferentes en España y 27 en la Unión Europea”.
(Cinco Días, 31-05-2018)

Los salarios están siendo los últimos en sumarse a la recuperación
En parte es lógico que sea así, la tasa de paro todavía es muy alta (16,7%), pero entre economistas y organismos internacionales como el FMI o la OCDE llama la atención y alerta casi a partes iguales. Y con los datos que este martes publicó el INE no hay motivos para pensar que estas opiniones vayan a cambiar.

El sueldo medio apenas creció un 0,2%, quedó en 23.156,34 euros anuales, y el mediano, el que divide el conjunto analizado en dos mitades iguales según el nivel de ingresos, también se redujo, hasta los 19.433 euros brutos.

Este es un claro síntoma (otro) de que la gran creación de empleo que se está dando en los últimos años —también se dio en 2016— es precario y barato. También de que dentro del mundo laboral no se reduce la desigualdad, puesto que quienes están en la mitad con salarios más bajos ganan menos y quienes están en la más alta gana más, tanto como para compensar el retroceso del escalón más bajo.

Lo mismo indica la marcha del salario más frecuente, que quedó en 16.497,4 euros y que vinieron a cobrar en torno a medio millón de asalariados. Este sueldo bruto es prácticamente el mismo que un año antes, cuando quedó en 14.498,4. Esta cantidad es también algo mayor, pero no mucho que justo un año antes (14.490 euros brutos).

La hipótesis de que el anémico comportamiento de los sueldos en los últimos ejercicios no está reduciendo desigualdad dentro del mundo laboral la se sostiene cuando se observa la evolución del índice Gini entre los asalariados. Este indicador, que mide la desigualdad con un termómetro entre 0 y 100 (también entre 0 y uno) en el que 0 en la igualdad absoluta y 100 más desigualdad máxima, se sitúa en el 34,3.

Este índice es el mismo que se marcó en 2015 y se sitúa cuatro décimas por debajo del que se alcanzó en 2014, ejercicio en que se situó en el máximo desde que comenzó la crisis en 2008. Cuando se compara con ese momento, en que empezó la primera recesión, la desigualdad medida según Gini sigue todavía 2,1 puntos por encima.
(El País, 31-05-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Bruselas propone un fondo anticrisis de 30.000 millones de euros
La Comisión Europea tiene previsto aprobar este jueves el proyecto de creación de un fondo anticrisis dotado con 30.000 millones de euros, destinado a los países de zona euro que sufran un schock económico coyuntural que no afecte al resto del club. Se trata de la primera propuesta basada puramente en la solidaridad tras una década de crisis en la zona euro.

El nuevo fondo, que estará integrado en los futuros Presupuestos de la UE para 2021-2027, concedería préstamos sin coste ni condiciones para que el país afectado pueda mantener la inversión mientras atiende financieramente con sus propios recursos otras necesidades presupuestarias más urgentes.

La propuesta de la CE coincide con el debate sobre las medidas necesarias para completar la Unión monetaria y evitar que la zona euro sufra una sacudida tan tremenda como la de la última crisis, que ha llevado a varios países (sobre todo del Sur) a retroceder casi una década en términos de PIB, salario y empleo.

Las primeras medidas podrían pactarse en la cumbre europea de finales de junio, de la que se espera un calendario para completar la unión bancaria y, tal vez, un acuerdo para empezar a crear una "capacidad fiscal" de la zona euro. El fondo de estabilización que propone la CE aspira a ser el embrión de ese proyecto. Bruselas confía en que de los 30.000 millones iniciales se pueda pasar a una dotación más ambiciosa que ronde los 100.000 millones.

Pero la propuesta de la CE también coincide con la crisis política en Italia, que ha reabierto las heridas y desconfianzas dentro de la zona euro que parecían superadas tras la recuperación del crecimiento y el impulso en la creación de empleo.

El plan de la CE puede levantar serias reticencias en los países del norte, sobre todo, porque se trata de un fondo basado puramente en la solidaridad sin ningún tipo de condicionamiento macroeconómico.

"No queremos que se repita la experiencia de la troika en estos casos", señalan fuentes europeas en alusión a la supervisión ejercida por la CE, el BCE y el FMI sobre los cuatro países rescatados durante la crisis (Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre), una experiencia que ha resultado traumática para parte de la opinión pública.

Los préstamos del fondo, según el borrador del proyecto, serían reembolsable, pero sin intereses. Bruselas propone que el coste de la financiación se cubra con los beneficios que el Banco Central Europeo obtiene con la emisión de moneda y que ahora se reparten los países de la Unión Monetaria.

Esos derechos de señoreaje generan unos 8.000 millones de euros al año, por lo que bastarían para cubrir los intereses de unos préstamos que, en todo caso, solo se concederían casos excepcionales de schock asimétricos, es decir, que no afecten a toda la Unión.
(Cinco Días, 31-05-2018)

El Consejo de Economistas advierte: la inestabilidad y el crudo pueden frenar el crecimiento
El Consejo de Economistas ha advertido hoy de que la inestabilidad política en Italia y España y el repunte del precio del petróleo "amenazan con frenar" el crecimiento económico, según recoge su Observatorio Financiero publicado hoy. El Consejo mantiene su previsión de crecimiento económico en el 2,6% para este año y el 2,4% el próximo y subraya que los indicadores a corto plazo son positivos, aunque alerta de riesgos, entre los que cita la amenaza para el turismo del aumento de la seguridad en destinos como Túnez o Egipto.

Con respecto al encarecimiento del petróleo, subraya que afecta al poder adquisitivo de los hogares, lo que repercute negativamente en el consumo. El Consejo mantiene su previsión de inflación en el 1,6% este año y el 1,8% el próximo, mientras que espera que la tasa de paro se sitúe en el 15% en 2018 y el 14 % en 2019.
(Expansión, 31-05-2018)

EEUU aplicará nuevos aranceles al acero y aluminio de la UE
Estados Unidos va a anunciar en las próximas horas que aplicará los nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de la Unión Europea (UE), informó Theo Wall Street Journal (WSJ). La información fue posteriormente confirmada por la agencia Reuters o la cadena CNBC. La Administración de Donald Trump ya había anunciado esos aranceles hace meses, aunque estaba pendiente de negociaciones de última hora para evitar aplicarlos a la UE.

El nuevo arancel del 25% para el acero y del 10% para el aluminio fue anunciado por la Casa Blanca en marzo pasado, pero había aplazado su aplicación en determinados países hasta ver si las naciones afectadas ofrecían algún tipo de concesión compensatoria. Para la UE, la negociación tenía de plazo hasta mañana viernes. Trump invocó una norma de 1962 relacionada con la seguridad nacional para proteger a los productores de estos materiales. La Comisión Europea ha respondido que no debería ser sancionada por un exceso de oferta del que no es responsable.

La decisión de Trump podría desatar una respuesta europea; la Comisión en concreto ha amenazado con gravar importaciones por 2.800 millones de euros en productos como las motocicletas, los pantalones vaqueros o la mantequilla de cacahuete. La guerra comercial se puede agravar, toda vez que Trump ordenó la semana pasada al Departamento de Comercio investigar las importaciones de automóviles y camiones, lo que podría ser el primer paso de otro nuevo arancel.

Parte de los contactos entre EE.UU. y la UE se están llevando a cabo en París, con motivo de la reunión que celebra allí la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). El secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, dijo hoy en París que en caso de que finalmente Washington aplique esos nuevos aranceles al acero y el aluminio de la UE ello no debe impedir que sigan las negociaciones para llegar a un arreglo en este tema. "Puede haber negociaciones con o sin aranceles en vigor", afirmó Ross.

Otros países, como Australia, Argentina o Corea del Sur, han sido eximidos permanentemente de los aranceles, si bien las importaciones están sujetas a cuotas.
(El País, 31-05-2018)

El IPC se dispara hasta el 2% por la luz y las gasolinas
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 0,9% en mayo en relación al mes anterior y elevó nueve décimas su tasa interanual, hasta el 2%, su nivel más alto desde abril de 2017, según el indicador adelantado publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estadística señala que en el repunte de la tasa interanual del IPC de mayo ha influido principalmente el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes, frente al descenso de precios que experimentaron en igual mes del año pasado.

La tasa interanual de mayo es la vigésima primera tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 2% superiores a los de hace un año. Tras haber registrado en enero una tasa interanual del 0,6%, la más baja en 16 meses, el IPC interanual volvió en febrero a superar el 1%, tendencia que se mantuvo en marzo y abril. Ahora, en mayo, ya se ha alcanzado la barrera del 2%, a la que no se llegaba desde abril de 2017 (2,6%).

En el quinto mes de 2018, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 2,1%, un punto por encima de la registrada en abril, mientras que la variación mensual fue del 0,9%. En términos mensuales, el IPC subió un 0,9% en mayo, su mayor repunte en este mes en al menos 12 años. El INE publicará los datos definitivos del IPC de mayo el próximo 13 de junio.
(La Vanguardia, 31-05-2018)

Sector

El CGPJ acusa a Justicia de generar "un clima de desconfianza institucional"
La huelga de jueces y fiscales del pasado 22 de mayo ha vuelto enfrentar al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. La Comisión Permanente del CGPJ ha sostenido este miércoles que la decisión del Ministerio de no facilitar los datos sobre la repercusión que tuvo el paro (el número de actos suspendidos) supone "obstaculizar" su trabajo y ha generado "un clima de desconfianza institucional". Antes de la huelga, el CGPJ pidió a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia que le aportaran información sobre la jornada. Los presidentes pidieron a su vez a los secretarios de Gobierno de cada tribunal que recabaran esos datos de los letrados judiciales (antiguos secretarios judiciales). Los secretarios de Gobierno, que dependen de Justicia, se negaron. El motivo fue que el Ministerio había contactado con ellos para indicarles que lo que se les reclamaba no estaba entre sus competencias.

"La Comisión Permanente considera que no contribuye a ese buen funcionamiento de la Administración de Justicia la actitud, el comportamiento y las instrucciones que hayan podido impartirse desde el Ministerio de Justicia que han obstaculizado el cumplimiento de los acuerdos dictados por este Consejo y, en su ejecución, por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que se dirigían a recabar información oficial y fidedigna sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro convocado el día 22 de mayo por las asociaciones judiciales y fiscales".

Se añade que, además de ser "inadecuadas en las formas", esas instrucciones de Justicia "desconocen los mandatos legales" sobre las funciones de los presidentes de los TSJ. "Estas actitudes originan un clima de desconfianza institucional, insólito hasta el momento presente, que compromete la buena marcha de la Administración de Justicia y la percepción que la ciudadanía debe tener sobre el equilibrado funcionamiento de las instituciones".

La actuación del CGPJ llega días después de que la misma Comisión Permanente arremetiera contra el proyecto estrella de Catalá, la implantación del expediente judicial, al considerar que se estaba implantando de forma que no agilizaba las actuaciones judiciales, sino que las ralentizaba. Ese reproche llegó a su vez, cuando aún estaban frescas las palabras del ministro arremetiendo contra el Consejo por no haber apartado antes al magistrado que redactó el voto particular del caso de La Manada.

Tras la negativa de los secretarios de Gobierno instada por Justicia, varios presidentes de TSJ les requirieron formalmente para que aportaran los datos, bajo la advertencia de que podían incurrir en desobediencia. Eso provocó que los secretarios pidieran amparo a Justicia. A través de una nota, el Colegio Nacional de Letrados Judiciales afirma que, en todo caso, "correspondería al CGPJ a través de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, recabar tantos datos como les sean necesarios de los propios Jueces y Magistrados que de ellos dependen".

El acuerdo de la Comisión Permanente concluye explicando que Carlos Lesmes contactará con Rafael Catalá "para la adopción de las medidas oportunas con el fin de que este tipo de situaciones no vuelvan a producirse".
(El Mundo, 31-05-2018)

 
 
 
 
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