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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 5 DE JUNY DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Acuerdo entre España y Guinea Ecuatorial sobre transporte aéreo
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial sobre transporte aéreo, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2012.
(BOE, 05-06-2018)

Euro
Resolución de 4 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 4 de junio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 05-06-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/05/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/05/index.php?d=136&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 5 DE JUNY DE 2018

Fiscal

El TJUE declara excesivas las multas fijadas por la ley antiblanqueo española
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que la libertad de circulación de capitales, se opone a una normativa de un Estado miembro, como la española, que establece que el incumplimiento de la obligación de declarar sumas elevadas de dinero efectivo que entren o salgan de su territorio, se sancione con una multa de hasta el doble del importe no declarado.

Esta sentencia responde así a la cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que llegó el caso de un ciudadano chino que viajaba en avión de Gran Canaria a Hong Kong haciendo escala en Madrid y Ámsterdam con 92.900 euros en dinero efectivo en su equipaje. Hecho que se descubrió durante un control efectuado en la escala en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Este dinero fue incautado, previa deducción de la cantidad de 1 000 euros, correspondiente al mínimo de supervivencia establecido Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Meses más tarde el Ministerio de Economía y Competitividad, impuso una multa administrativa de 91.900 euros al nacional chino, teniendo en cuenta, como circunstancias agravantes, la notoria cuantía del importe no declarado, la falta de acreditación del origen lícito del dinero efectivo, la incoherencia de las declaraciones del interesado sobre su actividad profesional y el hecho de que el dinero efectivo se encontrara en un lugar que mostraba la intención deliberada de ocultarlo. El hombre recurrió entonces la multa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, invocando la vulneración del principio de proporcionalidad.

El tribunal español decidió interponer una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo para que éste interpretase el Reglamento relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad y determinase su alcance y compatibilidad con la legislación española antiblanqueo.

En su sentencia, el TJUE señala, en primer lugar, que, puesto que el nacional chino debía salir del territorio de la Unión por el aeropuerto de Ámsterdam, según el Reglamento estaba obligado a declarar el dinero efectivo a las autoridades competentes neerlandesas, no a las autoridades españolas.

Asimismo, declara el tribunal que la finalidad de la Ley española y del Reglamento no consiste en castigar posibles actividades fraudulentas o ilícitas, sino el incumplimiento de una obligación de declaración. Por tanto, atendiendo a dicha finalidad, considera que la normativa española es desproporcionada, puesto que excede de lo que resulta necesario para garantizar el cumplimiento de esa obligación de declaración.

El Tribunal de Justicia señala que la desproporción radica en el hecho de que el importe máximo de la multa pueda ascender hasta el doble de la cuantía de dinero efectivo no declarada como sucede en este asunto. Sin embargo, el Reglamento no se opone, en principio, a la normativa de un Estado miembro imponga obligaciones de declaración distintas a las que él establece, de modo que los Estados miembros pueden llevar a cabo controles nacionales de los movimientos de dinero efectivo dentro de la Unión.
(Expansión, 05-06-2018)

Laboral

Récord de creación de empleo en mayo y el paro en el nivel de finales de 2008
Según los datos oficiales hechos ayer públicos en mayo pasado el sistema ganó 237.207 cotizantes, lo que sitúa este mes como el mejor en creación de empleo desde julio de 2005. Si bien en aquel mes ese récord se batió debido al impacto de la regularización de inmigrantes, que incorporó al registro de Seguridad Social a más de 700.000 personas en pocos meses.

Por tanto, puede afirmarse que Mariano Rajoy se despide del Gobierno con los mejores datos de creación de empleo en un mes de la serie histórica, que comienza en 2001, hace 17 años. Así, el mes pasado se crearon 7.651 empleos al día. Esta mejora ha vuelto a incrementar el ritmo de creación de empleo anual hasta el 3,11%, con 570.354 afiliados más en los últimos doce meses, tras tres meses consecutivos de desaceleración en la creación anual de ocupación.

Sin tener en cuenta el efecto del calendario, la ocupación desestacionalizada aumentó en 71.000 personas, el mejor dato desde octubre pasado. En total, la Seguridad Social tiene 18,91 millones de afiliados, dato que no se registraba desde finales de 2008.

Cuatro de cada diez empleos asalariados generados en mayo estaban en el sector de la hostelería (con 74.642 ocupados más) o en el comercio (con 15.435 nuevos afiliados). Aunque también se produjo una fuerte creación de empleo en la construcción (17.543 trabajadores más en un solo mes) y en las actividades administrativas y empresas de servicios auxiliares (22.047 cotizantes más en mayo).

En resumen, no se destruye empleo, de hecho, en ninguno de los 21 sectores de actividad de la Seguridad Social, salvo los 87 empleos menos en servicios relacionados con el suministro de agua. En el régimen de autónomos se han creado 14.000 empleos.

Asimismo, y por tercer mes consecutivo la afiliación de mujeres sigue en cifras récord, con 8.773.053 trabajadoras cotizando. Nunca había habido tantas mujeres cotizando. Por el contrario, aún faltaría más de un millón de cotizantes masculinos para llegar a los niveles de 2007.

El mes pasado también los registros de parados se comportaron favorablemente. El volumen total de desempleados bajó en mayo en 83.738 personas respecto al mes anterior hasta sumar un total de 3.252.130 personas, su nivel más bajo desde diciembre de 200 Desde los máximos alcanzados en febrero de 2013, el paro se ha reducido en casi 1,8 millones de personas.

En términos desestacionalizados, el paro bajó en mayo en 3.236 personas, y en los últimos doce meses se ha reducido en 208.998 desempleados (-6%).

La distribución regional del nuevo empleo fue bastante desigual. Solo Baleares aportó 52.830 nuevos afiliados, un fuerte crecimiento de su ocupación del 10,74% en un solo mes. mensual en Baleares, Cataluña fue la segunda comunidad que más empleo creó en términos absolutos 42.321, un 1,26% más que el mes anterior, seguida de Andalucía con 30.247 (+0,99%). Madrid se ha quedado en 19.000, creciendo a ritmo más lento.

Con esta mejora del empleo, la relación entre afiliados y pensionistas ha vuelto a niveles de 2013, con 2,27 cotizantes por pensionista. Esto es también una buena noticia, ya que cuanto mayor sea este ratio, más financiable es el sistema público de pensiones.
(Cinco Días, 05-06-2018)

La CEOE reclama al nuevo Gobierno estabilidad para crear más empleo
La CEOE ha valorado los datos "positivos" de creación de empleo y reducción del paro en mayo, con mayor contratación indefinida, aunque reclama al nuevo Gobierno estabilidad para avanzar en el "proceso de recuperación y creación de empleo". En un comunicado, la patronal ha asegurado que esto dará continuidad a la "credibilidad y confianza entre los inversores y organismos económicos internacionales".

El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, ha afirmado este lunes que derogar la reforma laboral es "prácticamente imposible", ya que, ha asegurado, en España hay unas 7.000 leyes laborales que derivan de la reforma, y que tienen provienen de legislación autonómica, estatal y europea. Rosell, quien ya ha pedido que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no revierta las grandes reformas, ha alertado de que no se puede derogar todo de un día para otro. Aun así, ha apostado por adaptar la reforma laboral a la realidad actual.

Rosell ha intervenido en la clausura del tercer Congreso de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña, que se ha celebrado en Barcelona, donde ha asegurado que hablar de derogar una ley "tan complicada y compleja" como la reforma laboral es "no saber de lo que se está hablando". Ha insistido en que hay que "ser serio" y que lo razonable con la reforma laboral es modificarla para adaptarla a la realidad, como por ejemplo la del mundo digital.

Preguntado por la situación de Cataluña, en declaraciones a la prensa, Rosell ha dicho que tras la formación de un nuevo Govern y la derogación del artículo 155 se abren nuevos escenarios y "hay que mirarlos positivamente". El presidente de la patronal ha optado por "dejar un poco de tiempo" a los gobiernos de España y de Cataluña para que vean cómo está la situación en los distintos ámbitos y, a partir de ahí, empiecen a hablar con la patronal. "Vamos a ver con qué ideas, con qué iniciativas vienen y también con qué posibilidades", ha dicho, en referencia a las dificultades para construir mayorías parlamentarias.

También ha recordado que la patronal mantiene una negociación bilateral sobre los salarios y que están cerca de llegar a un acuerdo. Durante su conferencia, Rosell ha explicado que se viene de una crisis importante, en la que se perdieron 3,5 millones de puestos de trabajo, 10 puntos del PIB y 160.000 empresas que tenían trabajadores, lo que a su juicio es el dato más "dramático", porque muchas de éstas ya no se van a poder volver a abrir por las dificultades que hay en España para abrir y cerrar empresas.

En su conferencia, ha destacado que la economía española lleva desde 2013 y 2014 creciendo más que los países europeos y creando empleo. Rosell también ha pedido "simplificación" porque en España hay 160.000 leyes en vigor y en Europa, en general, hay muchas leyes, lo que dificulta competir con el resto del mundo, y además ha apostado por la formación, el I+D y la educación.
(Expansión, 05-06-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El 42% del software en las empresas españolas es ilegal
El 42% del software instalado en los ordenadores de las empresas españolas (cuatro de cada diez) no cuenta con las licencias pertinentes. La cifra está incluida en la Encuesta Global de Software 2018, que hará pública hoy, martes, a nivel mundial BSA/The Software Alliance, y a la que ha tenido acceso Cinco Días.

Aunque el porcentaje representa una ligera mejoría (2 puntos menos que el 44% detectado hace dos años, fecha de la última encuesta bianual), este sigue muy por encima del registrado por la media de la Unión Europea (28%), según el mismo informe. En Alemania, país muy concienciado en esta materia, el porcentaje de software ilegal es de solo el 20%, mientras que, en Grecia, en el extremo opuesto, alcanza el 61% de los paquetes informáticos. Fuera de Europa, destaca el bajo porcentaje en Estados Unidos (15%) y Japón (16%), frente a China (66%), país con escaso cultura de respeto a la propiedad intelectual.

En cuanto al valor comercial que supone el software sin licencia instalado en ordenadores de empresas en España, la cuantía asciende a 859 millones de dólares (717 millones de euros). Un coste nada desdeñable.

Los autores del informe indican que la reducción del 44% al 42% se ha conseguido gracias a las acciones puestas en marcha en los últimos años por el sector para afrontar un problema que afecta a fabricantes y desarrolladores de software, el canal de distribución y a la propia Administración.

Desde BSA destacan la cooperación entre el Gobierno y la industria a través de la iniciativa “Software legal, valor Seguro” cuyo fin es promover la gestión de activos de software en las organizaciones, concienciar a las pymes sobre el valor del software y de los riesgos de utilizar software sin licencia.
(Cinco Días, 05-06-2018)

La banca ofrece pagar 2.226 millones por la vía pactada a medio millón de afectados por las cláusulas suelo
La banca ha accedido ya a devolver 2.226 millones de euros indebidamente cobrados en aplicación de cláusulas suelo opacas a medio millón de clientes que reclamaron por vía extrajudicial. De momento, el sector ha formalizado la devolución de 2.088 millones a 463.236 consumidores ya que algunos pactos están por cerrar y otros clientes ven escasa la cifra que les han ofrecido.

Este es el resultado que arroja, a 31 de marzo de 2018, el mecanismo de negociación extrajudicial impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy en enero de 2017 para evitar un colapso de los juzgados españoles después de que el Tribunal de Justicia de la UE obligara a la banca a devolver todo lo cobrado indebidamente con retroactividad total.

Desde entonces, según los datos oficiales publicados ayer, las entidades financieras han recibido 1.136.623 solicitudes de devolución por estas cláusulas. La banca, sin embargo, solo ha admitido el 41% de ellas. Entre otros motivos para desestimar las peticiones, el sector ha rechazado 165.910 reclamaciones de clientes que se quejaron, pero no tenían cláusulas suelo en sus hipotecas.

La asociación de consumidores Adicae, presente en la comisión de control que junto al Gobierno y la banca revisa periódicamente el funcionamiento de este mecanismo, denuncia, sin embargo, que los datos facilitados por la banca no están auditados y no se pueden comprobar.

Desde la asociación critican que no hay un control real de la respuesta que está dando la banca y que esta vía tampoco descarga de trabajo a la Justicia, en vista de las 247.000 demandas recibidas por los juzgados especializados en materia hipotecaria en el mismo periodo de tiempo.

Ahora mismo, en cualquier caso, está por ver el futuro de esta comisión de seguimiento, que este lunes se ha reunido con representantes en funciones del Banco de España, el Ministerio de Economía y el de Justicia, a la espera de los inminentes cambios en la cúpula del supervisor financiero y en todo el Ejecutivo.

Manuel Pardos, presidente de Adicae, expresa su confianza en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez muestre una mayor sensibilidad con la defensa de los consumidores y eleve su protección ante condiciones abusivas como las cláusulas suelo opacas.
(Expansión, 05-06-2018)

La CNMC presenta un nuevo recurso contra Energía por arrebatarle competencias
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue la batalla contra el Ministerio de Energía de Álvaro Nadal aun después de haberse ido. El organismo ha presentado un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se aprobaron las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica.

El recurso, presentado el viernes, supone un paso más en el frente que se abrió entre el organismo presidido por José María Marín Quemada y el exministro de Energía Álvaro Nadal en la pugna entre regulador y Gobierno por las competencias para fijar, entre otros aspectos, la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos.

Ya en diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la CNMC contra el Real Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico.

En este nuevo recurso ante la Audiencia Nacional, en este caso presentado ante esta instancia debido al grado de la normativa aprobada, la CNMC denuncia el apropiamiento por el Gobierno de unas reglas para fijar el mercado intradiario eléctrico, que sirve para ajustar las ofertas al consumo en cada una de las horas y que supone un volumen de entre un 3% y 5% de la energía.

A partir del próximo 12 de junio este mercado intradiario debe acoplarse con los del resto de Europa y operar como la Bolsa, aceptando ofertas de manera continua y a precios diferenciados. No obstante, la CNMC defiende que había negociado con el regulador portugués un sistema transitorio por el que se mantendría un modelo de subasta parecido al actual para este mercado intradiario, para, posteriormente, dentro de dos años proceder a su evaluación definitiva y decidir si se modificaba o no.

En su recurso, debido a la entrada en vigor este mes de junio de las normas, la CNMC solicita también medidas cautelarísimas para suspender de forma inmediata la normativa. Asimismo, fuentes conocedoras del proceso indicaron que, ante la situación de cambio de Gobierno producida la pasada semana tras prosperar la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, hay lugar a una desestimación de este recurso si hubiera por parte del nuevo Ejecutivo algún cambio respecto a la estrategia del anterior de arrebatar sus competencias a la CNMC.

La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que el gabinete respondiera con una negativa al requerimiento de la institución para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones. La CNMC recurrió varios artículos, así como varias disposiciones del Real Decreto 903/2017, aprobado el pasado mes de octubre, que desarrolla adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que contemplan que el Ministerio pase a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC.

Entre esas funciones que pasa a desempeñar el ministerio se encuentran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.
(Expansión, 05-06-2018)

El Supremo considera ajustado a derecho y no discriminatorio el límite de una licencia VTC por cada 30 taxis
La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado la imposición de limitaciones a la actividad de las VTC, siempre que sean necesarias y proporcionadas, como forma de garantizar el equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano, para asegurar el mantenimiento del servicio del taxi como un servicio de interés general y establece en una licencia de este tipo de vehículos por cada 30 taxis.

El tribunal considera ajustado a derecho y no discriminatorio el límite de una licencia VTC por cada 30 taxis, así como la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80% de sus servicios en el ámbito de la comunidad autónoma donde esté domiciliada su autorización.

Por el contrario, el tribunal da la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y a las plataformas Uber y Unauto, en el requisito impuesto a las empresas de VTC de que dispongan al menos de una flota de siete vehículos dedicados a dicha actividad, ya que excluiría a los pequeños empresarios de su ejercicio sin razón de interés general o necesidad que lo justifique. Por ello, anula tal limitación.

Los magistrados recogen estos criterios en la sentencia que resuelve los recursos de la CNMC, Uber, Unauto y Maxi Mobility Spain (Cabify) contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y que estableció las referidas restricciones a la actividad de VTC. En la posición contraria, que respaldaba el decreto, estaban la Administración del Estado, numerosas federaciones del taxi, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, o la Asociación Española de la Economía Digital.

En primer término, la Sala rechaza declarar la pérdida sobrevenida parcial del objeto del recurso derivada de la aprobación por el Gobierno, después de celebrarse la vista de los recursos en el Tribunal Supremo (el pasado 17 de abril) del Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril, que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

Señala que la revisión jurisdiccional de legalidad del Real Decreto impugnado no puede ser evitada por la aprobación del Real Decreto-Ley porque durante el periodo de vigencia (de dos años y cinco meses) de los preceptos del primero, ahora derogados, han podido originar efectos que pudieran verse afectados por una eventual declaración de ilegalidad de los mismos.

El Supremo examina si las limitaciones del Real Decreto de noviembre de 2015 incumplen prohibiciones contenidas en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado o el ordenamiento europeo, como sostenían los recurrentes, quienes alegaban que no estaban amparadas por una razón imperiosa de interés general, eran desproporcionadas y discriminatorias, y por su carácter económico o finalidad de planificación del sector.

Sobre la limitación de licencias VTC en relación al número de taxis, el Supremo destaca que "una vez admitida la justificación de preservar un equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano a fin de asegurar una modalidad como la del taxi, la previsión de una proporción entre el número de licencias es sin duda medida idónea y proporcionada, sin que parezca fácil arbitrar una medida alternativa que pudiera ser menos restrictiva ni corresponda hacerlo en esta Sala".

En cuanto a la concreta proporción de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, admite que la Administración no ha ofrecido una justificación razonada a esas cifras, pero considera que es ajustada a derecho y no discriminatoria, ya que los recurrentes tampoco han planteado una posible alternativa a la misma, y además se trata de un límite máximo y que puede ser rebajado por las administraciones competentes, permitiendo que haya más de una licencia VTC por cada 30.

La Sala también acepta la restricción de que el 80% de los servicios de VTC deban desarrollarse en el ámbito territorial de la comunidad autónoma donde está domiciliada su autorización. Esta limitación, señala el tribunal, tiene la finalidad de evitar que la utilización de autorizaciones de VTC en localidades de otras comunidades autónomas se convierta en una forma fraudulenta de incumplir la regla de la proporcionalidad. En cualquier caso, señala que en este punto tampoco la Administración ni la CNMC han justificado las razones de la proporción elegida (en el caso del Gobierno) o de la que sería adecuada (por los recurrentes).

En cuanto a los requisitos materiales relativos a los vehículos, la Sala tampoco estima el recurso de la CNMC al entender que también se exigen medidas análogas al servicio del taxi para asegurar los niveles de calidad y seguridad en los mismos. Por el contrario, la Sala estima de forma parcial el recurso de la CNMC, de Uber y de Unauto, y anula por ser contraria a derecho la exigencia de una flota mínima de siete vehículos a las empresas que se dedican a esta actividad por entender que constituye una limitación a la actividad de VTC que excluye a pequeños empresarios del ejercicio de la misma y que carece, sin embargo, de una razón de interés general o de necesidad que la justifique.

La sentencia explica que el Real Decreto impugnado no obliga a tener una flota mínima de siete vehículos destinados al ejercicio de la actividad de VTC, sino que, "simplemente, obliga a disponer de uno o más vehículos en las condiciones reglamentarias que se determinen, esto es, simplemente a disponer al menos de algún vehículo destinado a la actividad para la que se solicita autorización". Para el tribunal, este requisito resulta por completo irrelevante desde la perspectiva de dicha razón de interés general, pues el equilibrio entre taxis y VTC no se ve ni favorecido ni perjudicado por esta exigencia ni tampoco lo justifica la seguridad de las transacciones comerciales.
(El País, 05-06-2018)

La confianza del consumidor cae al nivel más bajo desde febrero de 2017
La confianza del consumidor cayó en mayo a su nivel más bajo desde febrero de 2017 ante una peor valoración de la situación actual y, en especial, de las expectativas, de acuerdo con los datos publicados hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se situó en mayo en 97,7 puntos -cuando 100 puntos marca el umbral entre una percepción positiva y negativa-, 2,2 puntos por debajo de lo que anotaba en abril.

Con respecto a mayo del pasado año, la confianza del consumidor perdió 7,7 puntos, lastrado tanto por la peor valoración de la situación actual (baja 7,3 puntos) como de las expectativas (8 puntos). En mayo, los consumidores valoraron la situación actual en 91,3 puntos, 1,4 puntos menos que en abril, ante la caída de la evolución general de la economía (2,7 puntos) y mercado de trabajo (3,9 puntos), aunque la percepción de la situación de los hogares avanzó 2,4 puntos.

En comparación con mayo de 2017 retroceden los tres indicadores de valoración de la situación actual, especialmente de la situación económica (pierde 10,6 puntos) y mercado de trabajo (9 puntos) y, en menor medida, de la situación de los hogares (2,5 puntos). Por su parte, el índice de expectativas se situó en 104,1 puntos, con un descenso de 3,1 puntos con respecto a abril, después de que sus tres componentes tuvieran un comportamiento negativo.

La expectativa respecto a la situación futura de la economía bajó 4,3 puntos; la del mercado de trabajo, 3,7, y la de evolución de los hogares, 1,2 puntos. En términos interanuales, descienden las expectativas de la situación económica, que baja 10,2 puntos, y las del futuro del empleo, 12,8, mientras que las perspectivas de los hogares permanecen prácticamente estables (0,8 puntos menos). Además, el ICC revela un descenso en las expectativas de consumo y de ahorro, así como unos mayores temores de inflación y de subida de los tipos de interés.

Según la encuesta del CIS, el 44,3 % de los españoles llega justo a final de mes, mientras que un 33,5 % ahorra un poco de dinero y un 11,6 % se ve obligado a recurrir a sus ahorros. La mayoría de los hogares (un 63,6 %) cree que la situación de su hogar es igual que hace seis meses y un 23,5 % confía en que mejorará en los próximos seis meses, un porcentaje que supera a los que creen que empeorará (18,1 %).

Un 14,4 % de los entrevistados cree que tendrá mayores posibilidades de ahorrar en el próximo año y un 13,4 % espera que mejoren sus posibilidades de adquirir bienes duraderos, como coches o electrodomésticos.

Casi la mitad de los encuestados (un 44,5 %) no tiene a ninguna persona de su entorno buscando trabajo, una situación que no ha variado para un 75,5 % de los españoles, aunque un 33,4 % cree que es más difícil encontrar un empleo que hace seis meses.

Un 74,7 % de los españoles cree que el precio de la vivienda subirá en el próximo año y solo un 4,4 % tiene intención de adquirir un inmueble.
(El Mundo, 05-06-2018)

Sector

Claves para que triunfen los despachos de los abogados jóvenes
Los inicios en una profesión tan competitiva como la abogacía no son fáciles. La falta de experiencia, de confianza o, simplemente, el no saber por dónde empezar son problemas habituales entre los abogados principiantes. Además, la gran influencia de factores como la globalización o la tecnología hacen que el mercado sea cada vez más complejo. Así lo manifiesta Soledad Atienza, vicedecana de IE Law School: "los jóvenes letrados se enfrentan a un entorno que atraviesa un proceso de cambio".

Sin embargo, este escenario también presenta oportunidades. Las redes sociales, por ejemplo, como señala David Gómez, abogado y vocal de la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Madrid, "sirven de altavoz para darse a conocer de forma gratuita". Alberto Cabello, abogado y presidente de AJA-Madrid coincide en la importancia de que un letrado en sus inicios "apueste por la creación de su marca personal, comunicando en redes sus especialidades e, incluso, elaborar una web personal o corporativa con un blog para posicionarse".

Todo ello, sin olvidar que el primer paso que debe dar un letrado novel es informar sobre su profesión dentro de su entorno más cercano. "Estar en la mente de los más allegados para ser una de las primeras alternativas a quién consultar una duda jurídica, lo que se conoce en marketing como el top of mind, es básico" explica Cabello. Asimismo, "inscribirse en las actividades y eventos promovidos por las asociaciones e instituciones de la profesión resulta de gran ayuda", subraya Atienza.

En cualquier caso, ganarse la confianza de los clientes en un primer encuentro es indispensable y, para ello, desde el IE Law School aconsejan "suplir la falta de experiencia con mucho estudio y preparación además de motivación y actitud". Es por ello, que Cabello recomienda realizar una conversación telefónica previa en la que el cliente exponga cuál es su conflicto e incluso "pedirle que nos facilite la documentación necesaria para estudiar su caso". "El cliente tiene que ser tratado como único en el despacho para poder conseguir que se quede" añade Gómez.

Sin embargo, como puntualiza el presidente de AJA, esto no significa que haya que aceptar todos los casos que lleguen al despacho, "es importante saber realmente qué le ocurre al posible cliente para determinar si nosotros somos el abogado idóneo para evitar frustraciones".

De tal manera que, tanto el exceso de confianza como la inseguridad resultan contraproducentes en esta profesión. "Pasar de cero a cien sin pasar por las etapas intermedias supone un gran error" indica Cabello, que añade que, es preferible reducir al mínimo los gastos fijos al principio y aumentar las inversiones una vez que se esté en una posición más estable y de crecimiento.

Otro de los errores que con frecuencia cometen los abogados al comenzar su carrera, es considerar a los compañeros de profesión como rivales. En este sentido, Cabello explica que lo conveniente es verlos como una "posible alternativa a la hora de satisfacer las necesidades de un cliente al que no podamos atender porque no se corresponde con nuestra especialidad, además así conseguiremos la confianza de ese compañero para que en el futuro actúe de igual modo". Incluso en un juicio, colaborar con el letrado que defiende a la parte contraria puede resultar muy productivo, según destaca Gómez "gracias a ello probablemente lleguemos a grandes acuerdos en beneficio del cliente".

Tampoco es fácil para los abogados novatos competir en la bajada de honorarios que sólo los grandes despachos pueden asumir. Por ello, muchos de ellos optan por no cobrar la primera consulta al cliente. Una práctica que tanto a Gómez como a Cabello les parece perjudicial, porque en definitiva se trata de retribuir el tiempo y los conocimientos del profesional que tienen un importante valor.

"Es habitual que el cliente quiera poner las condiciones de la contratación, y en esos casos el abogado debe tener mucha mano izquierda y dejar claro que sus honorarios son los que son, y que ellos los marcan" apunta Gómez.
(Cinco Días, 05-06-2018)

 
 
 
 
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