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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 8 DE JUNY DE 2018

Fiscal

Plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2018 relativos a las cuotas nacionales y provinciales
Resolución de 24 de mayo de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2018 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.
(BOE, 08-06-2018)

 Laboral

Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales
Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales.
(BOE, 08-06-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Acuerdo entre España y Paraguay sobre transporte aéreo
Acuerdo entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre transporte aéreo, hecho ad referéndum en Madrid el 9 de junio de 2015.
(BOE, 08-06-2018)

Formatos de documentos registrales para la inscripción y anotación de actos administrativos y otros actos de gestión de personal en el Registro Central de Personal
Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se modifican formatos de documentos registrales para la inscripción y anotación de actos administrativos y otros actos de gestión de personal en el Registro Central de Personal.
(BOE, 08-06-2018)

Euro
Resolución de 7 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 7 de junio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 08-06-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/08/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/08/index.php?d=139&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 8 DE JUNY DE 2018

Fiscal

El Gobierno no subirá los impuestos “por ahora” y ofrece pactar en pensiones
El margen de actuación económica para el año en curso es escaso en la medida en que el Gobierno de Pedro Sánchez asumirá el Presupuesto aprobado por PP, Ciudadanos y PNV. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibió ayer la cartera ministerial de las manos de su antecesor Cristóbal Montoro. Ambos se conocen perfectamente y mantuvieron duras batallas dialécticas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Montero actuaba como consejera de Hacienda de Andalucía. Esa rivalidad ha quedado aparcada. A pesar de que el programa socialista contempla la subida del IRPF, del impuesto sobre sociedades y crear nuevos impuestos sobre la banca, Montero señaló que “por ahora”, no tiene intención de subir los tributos.

La ministra agradeció el trabajo de Montoro y su equipo en “tiempos especialmente duros”. Aseguró que cuenta con los profesionales de carrera de la casa e hizo un discurso que bien podría haber firmado el ya exministro Montoro. La nueva responsable de la caja del Estado aseguró que su prioridad será “dar estabilidad a las cuentas públicas y transparencia”. Ya desde el debate de la moción de censura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha insistido en esta idea. La elección de Nadia Calviño como ministra de Economía, que abandona su puesto como directora general de Presupuestos en la Comisión Europea, supone también un mensaje claro de que el nuevo Ejecutivo pretende ser respetuoso con el Pacto de Estabilidad de la UE.

María Jesús Montero ten­drá un margen de maniobra limitado. Trabajará sobre el Presupuesto pactado entre PP, Cs y PNV. Las posibilidades de aplicar una política social ambiciosa son escasas. España debe rebajar su déficit público al 2,2% del PIB este año, un límite que probablemente se incumplirá. Y más teniendo en cuenta que los Presupuestos contemplan incrementos del gasto y reducción de impuestos. Montero deberá empezar ya a trabajar en el próximo Presupuesto de 2019 y aquí tendrá muchos corsés. La CE exige que la tasa de gasto aumente solo un 0,6% en 2019 y que el déficit estructural se reduzca un 0,65% del PIB. Cumplir esos compromisos exigiría aplicar nuevos ajustes. Y eso Sánchez no lo contempla. Su Gobierno se ha ideado con el objetivo de impulsar su candidatura a las próximas elecciones.

Durante su etapa en la Junta de Andalucía, Montero denunció la infrafinanciación de las comunidades autónomas, criticó el cupo vasco y defendió una mayor armonización tributaria. Ahora, ya como ministra, se limitó a defender una mayor transparencia sobre los regímenes forales y abogó por explicar mejor cómo se calcula el cupo vasco. Entre los principales temas que figuran en la agenda política se encuentra la reforma de las pensiones. “Estoy convencida de que en España va a haber un gran pacto de pensiones. Yo lo voy a impulsar y lo voy a propiciar” dijo ayer la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, tras el traspaso de carteras con su predecesora al frente de Empleo, Fátima Báñez. Valerio hizo ayer su primera intervención en la sede del Ministerio ante los representantes de los interlocutores sociales, aunque de los primeros espadas sindicales y patronales solo acudió el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

La nueva ministra centró su discurso en instar a la renovación del Pacto de Toledo para reformar la Seguridad Social. “Están las bases sentadas para un gran acuerdo” insistió, aunque no dio detalles sobre los cambios que, en su opinión reunirá el consenso aún lejano. Valerio tampoco hizo ninguna referencia expresa en su discurso a cuál será su política en materia de empleo ni si pretende retocar la reforma laboral de 2012, cuya derogación exigieron insistentemente los socialistas durante los últimos seis años. No obstante, a la luz de las primeras decisiones sobre la nueva estructura del Ministerio, la política estrictamente de empleo pierde peso, ya que la actual Secretaría de Estado de Empleo desaparece y, en teoría, las políticas laborales se integran en la Secretaría de Estado de Seguridad Social y en la nueva Secretaria de Estado de Migraciones.

A su vez, la nueva ministra de Economía avanzó que su agenda será “modernizadora, feminista y europea”, como lo es, dijo, el Ejecutivo de Sánchez. Calviño recibió la cartera de Román Escolano, que no ha cumplido ni tres meses en el cargo y cuya figura recordaba a todos los presentes la inestabilidad del nuevo Gobierno en minoría parlamentaria. La ministra le agradeció su labor, y el haber sido su “preparador [de las oposiciones] y amigo”. Escolano le deseó “suerte” en “un momento difícil” porque sus “éxitos serán los de España”. La ministra, que cuenta con el respaldo expreso de Bruselas, contó ayer con el respaldo expectante de los responsables del Banco de España, la patronal bancaria AEB o el vicepresidente de Santander en España.
(El País, 08-06-2018)

Laboral

Los trabajadores que hacen servicios mínimos no tienen derecho al salario completo
Los empleados en huelga que realicen servicios mínimos no tienen derecho a cobrar el mismo sueldo que si hubieran trabajado toda la jornada en su horario habitual. En consecuencia, su remuneración debe reducirse en la misma proporción que su jornada laboral.

En caso de huelga no resulta por tanto aplicable el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores (ET), ya que éste establece que el trabajador mantiene el derecho a su salario íntegro siempre que las causas por las que no pueda realizar su trabajo no le sean imputables, y secundar una huelga no es una razón ajena a la voluntad del empleado.

Este ha sido el fundamento principal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para respaldar la decisión de una empresa, de descontar el 70% de las retribuciones a los trabajadores, que estuvieron de huelga y realizaron los servicios mínimos fijados en el 30% (pinche aquí para acceder a la sentencia).

Todo ello, en contra de lo que alegaron los representantes de los trabajadores en su recurso, que consideraban que al empleado que es llamado a trabajar a pesar de estar en huelga y al que la empresa le ordena cumplir el servicio mínimo, sí le surge una imposibilidad para desarrollar su trabajo, por lo que debería serle de aplicación dicho artículo 30 del ET, y debería cobrar su sueldo completo.

Asimismo, el tribunal ha añadido que, puesto que los servicios mínimos sólo están fijados para que sean asumidos por los trabajadores en huelga, ya que los demás realizarán su horario habitual, no resulta lógico que se les retribuya del mismo modo. De modo que, que, si en virtud del decreto de servicios mínimos la jornada de trabajo de quienes secundaron la huelga se redujo al 30%, su retribución debía sufrir la misma reducción proporcional.

En su recurso el comité de empresa también se quejaba de que la compañía, adjudicataria del servicio de transporte urbano de Alicante, no había organizado bien la distribución de los servicios mínimos determinados por la Consellería. En su opinión, la empresa debería haber espaciado más los turnos de trabajo correspondientes a los servicios mínimos para cubrir toda la jornada nocturna, en vez de concentrarlos entre las 23:30 y las 2:15 horas.

En este punto el tribunal valenciano también ha dado la razón a la empresa, ya que ha considerado que ésta tiene amplia libertad para organizar su actividad empresarial como le convenga, siempre que no dañe derechos de los trabajadores, como en este caso su derecho de huelga.
(Cinco Días, 08-06-2018)

La justicia avala que una empresa habilite los sábados como laborables
Una empresa puede decidir que sus empleados trabajen los sábados por necesidades de la producción, siempre y cuando lo haya negociado previamente con los representantes de los trabajadores, y se haya llegado a la conclusión de que es la única medida adecuada y eficaz para solucionar de forma permanente los picos de trabajo.

Así lo ha manifestado una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que ha validado que una empresa, dedicada a la fabricación de productos de papel y cartón, habilite los sábados como jornada ordinaria de sus trabajadores en las épocas de mayor volumen de trabajo.

El tribunal explica que la opción de trabajar los sábados era la única con la que la empresa podía hacer frente al colapso que sufría todos los años en los meses de mayo a junio/julio y de septiembre a noviembre/diciembre, coincidiendo con los periodos de mayor demanda del sector agrícola.

Y es que hasta que la empresa impuso esta nueva medida, aun funcionando a tres turnos de lunes a viernes al 100% de su capacidad productiva, no eran capaces de atender todos los pedidos. Además, a pesar de que existían otros períodos en los que la fábrica reducía considerablemente su volumen de trabajo, las características del producto demandado impedían que se adelantara la producción.

La sentencia también reconoce que considerar los sábados como días laborables es una modificación sustancial, y como tal, a pesar de que según señala el propio tribunal está plenamente justificada por razones productivas y organizativas, era necesario que se negociara de buena fe con los representantes de los trabajadores.

Un requisito que como se recoge en la sentencia sí se dio, ya que se mantuvieron distintas reuniones en el periodo de consultas en las que la empresa contestó a las preguntas de los representantes de los trabajadores, les facilitó la información que solicitaron y se estudiaron las alternativas que éstos plantearon.

Por lo tanto, según declara el tribunal, existió una verdadera negociación en la que no se desprende que hubiera mala fe por parte de la compañía.
(Expansión, 08-06-2018)

Los empresarios y los sindicatos contemplan un incremento paulatino a 1.000 euros mensuales del salario mínimo de convenio hasta 2020
La nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, puede recibir una buena noticia en los próximos días. La primera de su mandato: las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT "están muy cerca" de cerrar un acuerdo para la negociación colectiva en 2018 y 2019, según todas las fuentes conocedoras de las conversaciones.

La negociación tiene varias claves para entender por qué, en las últimas semanas, ha sido posible el acercamiento de posturas, donde antes había un enfrentamiento claro. La primera clave es que la discusión la están llevando personalmente los cuatro dirigentes de las organizaciones en reuniones semanales. Es decir, los presidentes de la CEOE, Juan Rosell; Cepyme, Antonio Garamendi; UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo.

La segunda clave es el papel de mediadora que ha jugado hasta ayer la ya exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, con algunas reuniones de los cinco en el propio Ministerio. Ironías del diálogo social. Por el resultado de la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy, una ministra del PP ha trabajado a fondo para que el Gobierno socialista pueda apuntarse el primer acuerdo social de su mandato. Ni que decir tiene que un pacto de este alcance, después de un año sin él, con 5.000 convenios anuales y 13 millones de asalariados, ayuda a consolidar la confianza de los inversores y de los mercados en España.

La tercera clave de la cercanía entre los empresarios y los sindicatos está en el cuidado trabajo de amanuense en la redacción del acuerdo. Según los medios consultados por EXPANSIÓN el pacto salarial recomendará una subida de "en torno" al 2%.
(Expansión, 08-06-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

May da otro paso atrás en el 'brexit' y acepta la unión aduanera hasta 2022
El brexit de nunca acabar tiene un nuevo plazo. Y retrasa hasta finales de 2021, como muy pronto, la salida definitiva de Reino Unido de la unión aduanera por lo que el país no quedará completamente fuera de la órbita comunitaria hasta el 1 de enero de 2022, casi seis años después del referéndum que aprobó la retirada del club.

Londres ni siquiera da por seguro que se puedan cumplir esos plazos. Y no descarta que el país deba seguir indefinidamente en la unión aduanera, lo que le obligaría a aplicar los aranceles europeos y acatar la política comercial comunitaria sin poder pronunciarse sobre ella.

El nuevo calendario figura en la propuesta entregada en Bruselas este jueves por el Gobierno de Theresa May para intentar evitar la aparición de una frontera física entre Irlanda del Norte (parte del Reino Unido) y la República de Irlanda, Estado miembro de la UE.

El documento, según la prensa británica, ha provocado un grave enfrentamiento entre los miembros más euroescépticos del ejecutivo y los proclives a la permanencia. La batalla ha resquebrajado el equipo negociador británico, cuyo líder, David Davies, ha eludido varias veces en las últimas horas desmentir que había amenazado con su dimisión.

La primera ministra quería dejar abierta la posibilidad de una permanencia indefinida en la unión aduanera, posibilidad rechazada por los euroescépticos, que temen una marcha atrás en el brexit. Davies también exigía una fecha límite para la recuperación de las fronteras británicas, so pena de renunciar al cargo.

El texto pactado incluye ese límite temporal, como quería Davies, y lo fija en "finales de diciembre de 2021". Pero no lo establece de manera taxativa y se limita a señalar que Reino Unido "espera" que para entonces se haya encontrado una solución definitiva para el problema de Irlanda. De no ser así, todo el país seguiría sometido a la política comercial europea.

El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ha acusado recibo de la propuesta británica. Y ha asegurado que la estudiarán para comprobar si realmente permite resolver el problema irlandés y si no supone una amenaza para la integridad del mercado único y de la unión aduanera. May también defenderá su plan durante la cumbre europea de finales de junio en Bruselas. Pero la UE contempla con creciente escepticismo, y hasta incredulidad, la errática estrategia negociadora de Londres.
(Cinco Días, 08-06-2018)

Linde finaliza hoy su mandato como gobernador del Banco de España
El todavía gobernador del Banco de España, Luis María Linde, finaliza este viernes su mandato tras seis años al frente del organismo supervisor, apenas unos días después de que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez haya tomado posesión de sus cargos.

Tras casi seis años consecutivos al frente del Banco de España, Linde dará el relevo en el cargo a Pablo Hernández de Cos, que asumirá las funciones al frente del organismo el próximo lunes tras haber sido nombrado por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, días antes de que prosperase la moción de censura de Pedro Sánchez, circunstancia que fue criticada en su día por el PSOE.

Entre los retos que ha tenido que encarar Linde durante los últimos seis ejercicios al frente del Banco de España se encuentran los procesos de resolución de las entidades en las que ha actuado el FROB, así como los planes de saneamiento de las entidades para cumplir con las exigencias de provisiones de las últimas normas.

Al llegar a su mandato en junio de 2012, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció el crédito de hasta 100.000 millones de euros concedido el pasado sábado por la Unión Europea para recapitalizar la banca española, de los que el FROB ha ido devolviendo buena parte en ejercicios sucesivos.

En estos años el sector financiero ha acometido, con Linde como gobernador del Banco de España, un profundo ajuste de plantillas, cierre de oficinas y procesos de saneamiento y fusiones de caja, así como la constitución de la Comisión de investigación sobre la crisis financiera y el rescate bancario, y diferentes procesos judiciales, como el referido a Bankia.

También ha tenido que lidiar desde su posición asuntos como la pérdida de la competencia supervisora del BDE en favor del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) u otros más polémicos como las reclamaciones por las cláusulas suelo o la resolución del Banco Popular.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 31 de mayo el cese de Luis María Linde como gobernador del Banco de España y el nombramiento en su lugar de Pablo Hernández de Cos con efectos desde el próximo lunes, 11 de junio.

Hernández de Cos era hasta ahora el actual director general de Economía y Estadística del Banco de España. Desde Economía destacaron su "gran capacitación técnica", en particular en asuntos bancarios y monetarios, su "independencia política", y su "experiencia y prestigio" en el Banco de España y en el Banco Central Europeo (BCE).

El propio Linde calificó de "absolutamente excelente" el nombramiento de Pablo Hernández de Cos para sustituirle al frente del organismo supervisor, y destacó que se trata de una "estupenda" elección y un "enorme acierto del Gobierno", ya que es un economista "de primera categoría", una persona con un conocimiento "muy bueno" de Europa, del BCE y de los problemas económicos europeos. Además, valoró que su sustituto tiene unas relaciones "muy potentes" en el ámbito europeo.
(El País, 08-06-2018)

El FMI aprueba un préstamo de 50.000 millones de dólares a Argentina
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado este jueves un préstamo de 50.000 millones de dólares (42.400 millones de euros) a Argentina después de que el presidente del país, Mauricio Macri, solicitara apoyo financiero a la organización con el objetivo de poder hacer frente a un nuevo escenario global y evitar así "una gran crisis".

El ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, ha indicado que la primera cuota, de 15.000 millones de dólares (12.700 millones de euros) llegará en las próximas semanas, según ha recogido el diario local 'Clarín'.

El préstamo ha sido concedido a Buenos Aires a cambio de que el Gobierno argentino reduzca el déficit fiscal y aumente su independencia del Banco Central. Además, las autoridades se han comprometido a no interferir en la "libre flotación del dólar".

El dinero que llegará a la Argentina tendrá diferentes destinos. Una parte se usará para pagar vencimientos de deuda, otra para apuntalar las reservas del Banco Central del país y una tercera cuantía servirá para financiar el gasto público.

Por otra parte, las autoridades destinarán parte del dinero a cuestiones sociales, lo cual supone una novedad. "Va a haber en el acuerdo un fondo previsto para reforzar programas sociales en 2019, si fuera necesario", ha explicado un alto cargo del Gobierno al citado medio.

La decisión anunciada por el Gobierno surge de un acuerdo preliminar con el organismo que dirige Christine Lagarde. El préstamo del FMI se sumará a otros créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento.

Según explicó Macri el mes pasado, la política económica "gradualista" implementada en Argentina para equilibrar "el desastre" de las cuentas públicas heredadas depende "mucho" del financiamiento externo. De hecho, aseguró que es uno de los países del mundo que más dependen de este tipo de financiación.

Poco antes de anunciar el acuerdo, Macri destacó que "va a ser un gran acuerdo para los argentinos, para ayudar a la gente. Va a generar más oportunidades de desarrollo, ayudará a fortalecer el desarrollo y la creación de empleo".
(El Mundo, 08-06-2018)

Los precios de los carburantes suman once semanas al alza
Los precios de los carburantes han vuelto a subir en la última semana, un 0,15% la gasolina y un 0,16% el gasóleo, y siguen en máximos de junio de 2015 y de noviembre de 2014, respectivamente. La gasolina de 95 octanos se ha situado en 1,337 euros el litro y el gasóleo, en 1,242 euros. Ambos carburantes no han dejado de aumentar de precio desde el pasado 26 de marzo, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).

En el último mes, la gasolina se ha encarecido un 3,97% y el gasóleo, un 4,37%. Desde principios de año, el incremento ha sido del 7,65% en el caso de la gasolina y del 8,38% en el del gasóleo. Si la comparación se hace con la misma fecha del año pasado (año móvil), la gasolina se ha encarecido un 10,77% y el gasóleo, un 15,11%.No obstante, los precios todavía están lejos de los máximos registrados en septiembre de 2012: un 12,16% por debajo la gasolina y un 14,05% menos el gasóleo.
(El Mundo, 08-06-2018)

 
 
 
 
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