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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 13 DE JUNY DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Cumplimiento a la disposición adicional segunda de la Orden EHA/1049/2008 de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada
Resolución de 8 de junio de 2018, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, por la que se da cumplimiento a la disposición adicional segunda de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.
(BOE, 13-06-2018)

Euro
Resolución de 12 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 12 de junio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 13-06-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/index.php?d=143&s=3

 
RECULL DE PREMSA DEL 13 DE JUNY DE 2018

Fiscal

La recaudación por transmisiones aumentó un 7,8%, mientras que las comunidades ingresan un 3,8% menos por sucesiones
El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el impuesto sobre sucesiones son dos de los tributos que las comunidades recaudan íntegramente y sobre los que tienen una amplia competencia. Los últimos datos de ejecución presupuestaria reflejan que ambas figuras fiscales siguen caminos opuestos. En el primer trimestre, las comunidades recaudaron 2.076 millones por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, un 7,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Estos impuestos gravan la compraventa de viviendas de segunda mano y actos como la firma de una hipoteca. Su evolución al alza refleja la buena situación del mercado inmobiliario.

En cambio, el impuesto sobre sucesiones ha seguido tradicionalmente una senda más errática, ya que no depende del mercado. Los datos del Ministerio de Hacienda indican que, hasta el primer trimestre del año, las comunidades recaudaron por el impuesto sobre sucesiones y donaciones 790 millones, un 3,8% menos que en el mismo periodo del año anterior.

La caída de este tributo no solo está relacionada con un posible descenso del número de herencias, sino que también guarda relación con las medidas fiscales adoptadas por las comunidades autónomas. La tendencia iniciada por la Comunidad de Madrid hace más de una década de rebajar el tributo se ha extendido, especialmente en el caso de transmisiones entre familiares directos. El último informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) indica que cinco autonomías han rebajado el impuesto sobre sucesiones para las herencias entre familiares directos en 2018. Son Andalucía, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Murcia.

Solo han optado por subirlo Cantabria y Navarra. Para las herencias del grupo I (hijos menores de 21 años), se pagan importes simbólicos en Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja, Navarra y País Vasco. En el resto de comunidades, no se tributa si se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, en Andalucía se ha fijado un límite de un millón de euros.

Estas medidas explican en parte la caída de la recaudación en el impuesto sobre sucesiones. En cambio, las comunidades han visto que el nuevo empuje del sector inmobiliario podría generar mayores ingresos. En 2018, solo Cantabria ha incrementado este tributo, pero muchas autonomías optaron por elevarlo en ejercicios anteriores. Por defecto, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa de viviendas de segunda mano, está fijado en el 6%. Un gravamen que solo se aplica en Madrid y Navarra. En Canarias es del 6,5% y del 7% en La Rioja y País Vasco. El resto de comunidades gravan la compraventa de inmuebles a tipos entre el 8% y el 10%.

Los datos del INE reflejan que la compraventa de viviendas se ha disparado en los últimos años tras tocar suelo con la dura crisis económica que tuvo su foco en el sector inmobiliario. En abril, se registraron un 29,7% más de compraventas que en el mismo mes del año anterior. Los consejeros de Hacienda sonríen al ver estos datos.
(Cinco Días, 13-06-2018)

Hacienda emite una nota recordando los tributos que se pagan por poner en alquiler un apartamento para uso turístico
La Agencia Tributaria (AEAT) ha recordado que los propietarios de viviendas en alquiler turístico tienen que tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tanto el tiempo que la vivienda está ocupada como cuando no lo está, en este caso como renta inmobiliaria. En un documento sobre la tributación de los alquileres turísticos publicada en su página web, la Agencia detalla los diferentes impuestos que aplican a esta actividad y en qué casos son efectivos.

Así, apunta que los arrendadores tienen que tributar sus ganancias en la declaración del IRPF como rendimientos del capital inmobiliario, sin posibilidad de aplicarse la reducción del 60% prevista para los alquileres que satisfacen una necesidad permanente de vivienda.

Además, tienen que tributar los períodos en los que el inmueble no haya estado alquilado bajo el concepto de renta inmobiliaria, como lo haría cualquier otro inmueble que no sea la vivienda habitual ni genere rentas, como una segunda residencia.

En caso de que se presten servicios propios de la industria hotelera -como la limpieza periódica del interior de la vivienda, la recepción, lavandería o custodia de maletas-, el alquiler no tributará como rendimiento del capital inmobiliario sino como rendimiento de actividades económicas. La Agencia también explica que los arrendamientos turísticos de viviendas tienen que pagar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) cuando se presten servicios propios de la industria hotelera.

Los arrendamientos no sujetos a IVA lo están al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), bajo el concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas -el mismo que se aplica al alquiler durante largos períodos de tiempo- que tendría que abonar el inquilino o usuario en función de la cuota que haya establecido cada comunidad autónoma.

En caso de que la comunidad autónoma correspondiente no haya aprobado una tarifa, se aplica una escala que, por ejemplo, fija una cuota de 3,37 euros para alquileres de entre 480,82 y 961,62 euros. Respecto al impuesto de actividades económicas, el alquiler turístico estaría en principio sujeto, aunque existe una exención total siempre que la cifra de negocios de esa persona o sociedad no supere el millón de euros.

Por último, la Agencia Tributaria recuerda que los intermediarios en el alquiler turístico de viviendas -como las plataformas Airbnb o Homeaway- están obligadas a remitir información trimestral sobre la titularidad del inmueble, los días de disfrute o el importe abonado.
(El País, 13-06-2018)

Laboral

El Gobierno prepara un Consejo de Ministros monográfico sobre agenda social
El Gobierno está preparando un Consejo de Ministros monográfico sobre agenda social para el viernes de la semana que viene, según han avanzado este martes fuentes del Ejecutivo. Ya en el debate de la moción de censura que le llevó a La Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a que su Gobierno se centraría en atender las urgencias sociales fruto de las políticas de recortes y precariedad aplicadas por el PP.

Este viernes, el Consejo de Ministros avanzará en el nombramiento de altos cargos con el objetivo de completar casi en su totalidad el nuevo organigrama que ha diseñado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ejecutivo de Sánchez cuenta con 17 Ministerios, cuatro más de los que tenía el Gobierno anterior de Mariano Rajoy. De los distintos departamentos dependerán un total de 24 Secretarías de Estado, muchas de las cuales aún están pendientes del nombramiento de un nuevo titular.

Este martes han tomado posesión en el Palacio de la Moncloa los secretarios de Estado que dependen del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad que preside Carmen Calvo. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes es el catedrático de Derecho Constitucional José Antonio Montilla, mientras que la socióloga Soledad Murillo, exsecretaria general de Políticas de Igualdad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dirigirá la Secretaría de Estado de Igualdad.

Murillo es una mujer muy apreciada entre los movimientos feministas, algunos de cuyos representantes asistían como invitados al acto de toma de posesión y la recibieron entre vítores en cuanto prometió el cargo. Junto a Montilla y Murillo ha tomado también posesión del cargo el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Antonio Hidalgo López.

A todos ellos Calvo los ha descrito como unos servidores públicos extraordinarios que han abandonado la zona confortable en la que se encontraban para "trabajar por todos y todas" en España, un país diverso en el que se precisa "capacidad para entender al otro".

Como titular de Igualdad, Calvo se ha comprometido a que su Ministerio ejercerá como "verdadero frontón de recepción" de las demandas de las mujeres que se echaron a las calles el pasado 8 de marzo para pedir una igualdad real de derechos.
(Expansión, 13-06-2018)

El Pacto de Toledo acuerda que las pensiones suban al menos el IPC siempre que haya crecimiento
La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que estudia la reforma de las pensiones ha retomado hoy sus trabajos tras casi dos meses interrumpidos por la falta absoluta de acuerdo respecto a cómo revalorizar las pensiones. La reunión de hoy ha sido también la primera con el nuevo Gobierno socialista y, por tanto, las expectativas eran máximas. Sin embargo, los avances han sido escasos. Todos los grupos parlamentarios se han mostrado de acuerdo en que el IPC vuelva a ser el "elemento medular" para actualizar las pensiones en épocas normales del ciclo e incluso por encima de la inflación en épocas de bonanza, pero las posturas están totalmente encontradas a la hora de recomendar a los Gobiernos qué hacer ante una crisis económica.

En ese punto hay dos claros bandos enfrentados. Por un lado, los partidos de izquierda (PSOE, Unidos Podemos y Compromís) se muestran inflexibles y quieren que el Pacto de Toledo indique en su recomendación número dos que todas las pensiones se revaloricen según el IPC (pasado) independientemente de cómo sea el ciclo económico. De esta forma, siempre se garantizaría en cualquier caso que todos y cada uno de los pensionistas mantendrían siempre su poder adquisitivo. Mientras que el bloque formado por PP, Ciudadanos, PdCat y PNV considera que el texto que se consensue en esta comisión debería establecer un distingo entre momentos altos y bajos del ciclo económico y entre las pensiones más bajas y el resto. En concreto, están de acuerdo en volver a la revalorizar todas las pensiones con el IPC solo cuando la economía lo permita, siempre "blindando" las pensiones "más bajas que no solo las mínimas" que, aunque hubiera crisis y la economía no creciera se deberían actualizar según la inflación; no así el resto de prestaciones.

Por ello este bando de populares, Ciudadanos y nacionalistas catalanes y vascos estarían "cómodos" con la redacción de la recomendación segunda propuesta hoy por el letrado de la Comisión del Pacto de Toledo. Dicho texto dice: "La Comisión coincide en establecer un mecanismo anual de revalorización de las pensiones que tenga como cometido básico garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas; que tenga en cuenta de manera medular en su configuración la revalorización del IPC. Vista además la experiencia de los peores años de crisis económica, la Comisión considera que dentro del marco pertinente del diálogo social, dicho mecanismo podría incorporar otras variables tales como la evolución del PIB y/o los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social con el objetivo de adaptar su aplicación al ciclo económico; protegiendo el poder de compra de las pensiones más bajas en tiempos de recesión y facilitando mejoras del conjunto de los pensionistas en momentos de crecimiento económico".

Sin embargo, esta propuesta no les vale al PSOE, Unidos Podemos y Compromís, que siguen encallados en defender una vuelta al IPC en cualquier circunstancia y para todos. Esto ha llevado al representante de Ciudadanos, Sergio del Campo, a criticar la inmovilidad del bloque de izquierdas para intentar alcanzar un acuerdo en este punto que impide que la comisión avance. Es más, Del Campo ha recriminado a estos grupos que quieran "blindar las pensiones más altas y eximan de hacer esfuerzos a los pensionistas que más cobran en épocas de crisis, en las que todos los demás trabajadores sí deben hacer esfuerzos y los han hecho".
(El País, 13-06-2018)

Sánchez recibirá a los agentes sociales en la Moncloa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá mañana por la mañana a los presidentes de la CEOE y de Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, y a los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, para tratar los cambios en materia laboral que quiere llevar a cabo el Ejecutivo. Según han confirmado a Efe fuentes de la Moncloa, será la primera toma de contacto del nuevo presidente con los agentes sociales, menos de dos semanas después de ser elegido, y previsiblemente abordarán las modificaciones en la reforma laboral que tiene intención de hacer el Ejecutivo.

Durante el encuentro, al que posiblemente asistirá también la titular de Trabajo, Magdalena Valerio, podrían tratar la evolución de la negociación salarial que mantienen los agentes sociales y la reforma del sistema de pensiones. La ministra de Trabajo ya manifestó la semana pasada que la reforma laboral que puso en marcha el Gobierno del PP ha propiciado precariedad y devaluación salarial, por lo que tiene intención de modificar al menos "los aspectos fundamentales" y "más negativos".

Por ello, aseguró que se pondría a trabajar "inmediatamente" con los agentes sociales y que recuperaría las mesas de diálogo social como la "metodología habitual" de abordar las cuestiones laborales y de Seguridad Social. Durante su toma de posesión, Valerio reseñó la que será su hoja de ruta al frente de Trabajo, con la intención de "animar y propiciar un gran pacto de pensiones" como primer paso.

Asimismo, dejó claro que va a trabajar para mejorar la situación de las personas que trabajan o buscan un empleo, así como para los que quieren tener garantía de una pensión digna ahora o los que la esperan en el futuro. También añadió que luchará por aquellos que se han tenido que ir fuera de España porque aquí no tenían trabajo, así como por los que han venido buscando mejores condiciones de vida.

Por su parte, los sindicatos ya han explicado que tienen intención de comunicarle al Gobierno cuál es su agenda social, con la petición de mejoras salariales, mayor protección social, garantía de pensiones y medidas de igualdad. Desde la parte patronal, esta mañana el presidente de la CEOE, Juan Rosell, se ha mostrado abierto a "estudiar los pros y contras" de los cambios en la reforma laboral que quiere hacer el Gobierno.
(El Mundo, 13-06-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Bruselas plantea conceder 1.120 millones a España en fondos de pesca
Según el borrador planteado por la Comisión Europea, España recibirá 150,8 millones en 2021, 153,8 millones en 2022, 156,9 millones en 2023, 160 millones en 2024, 163,2 millones en 2025, 166,5 millones en 2026 y 168,9 millones en 2027. La Comisión Europea ha presentado entre martes los detalles de su propuesta para el próximo presupuesto del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, que incluye una dotación de 1.120 millones de euros para España durante el periodo entre 2021 y 2027.

En total, el presupuesto total de este fondo que ha planteado Bruselas dentro del próximo marco financiero plurianual de la UE asciende a 6.140 millones de euros. Sin embargo, al igual que el resto de las partidas del próximo presupuesto a largo plazo de la UE, todavía debe ser negociada entre el Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE.

Así, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca funcionará a través de dos sistemas de entrega. El primero se basará en una gestión compartida con los Estados miembros a través de las estrategias nacionales y contará con una dotación de 5.300 millones de euros. El Ejecutivo comunitario gestionará de manera directa los 829 millones restantes.

Dentro de los fondos de gestión compartida, España será el que más fondos reciba, con 1.120 millones de euros repartidos entre esos siete años, a mucha distancia del resto de países con mayor dotación, que son Francia (567 millones), Italia (518 millones) y Portugal (512 millones).

En concreto, según el borrador planteado por la Comisión Europea, España recibirá 150,8 millones en 2021, 153,8 millones en 2022, 156,9 millones en 2023, 160 millones en 2024, 163,2 millones en 2025, 166,5 millones en 2026 y 168,9 millones en 2027.
(Cinco Días, 13-06-2018)

La compraventa de viviendas se dispara un 29,7% en abril
La compraventa de viviendas se disparó un 29,7% el pasado mes de abril en relación al mismo mes de 2017, hasta sumar 42.014 operaciones, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El avance contrasta con el descenso del 3,1% registrado en marzo, mes en el que se celebró la Semana Santa, mientras que en 2017 tuvo lugar en abril, lo que infla ahora la mejora.

Las transacciones sobre viviendas usadas se incrementaron un 29,8%, hasta 34.909, mientras que la compraventa de viviendas nuevas avanzó un 29,3%, hasta 7.105 transacciones. El 90,3% de las viviendas transmitidas por compraventa fueron viviendas libres y el 9,7%, protegidas. La compraventa de viviendas libres aumentó un 30,4% en abril en tasa interanual, hasta sumar 37.930 transacciones, en tanto que las operaciones sobre viviendas protegidas avanzaron un 23,3%, con 4.084 transacciones.

En términos mensuales (abril sobre marzo), la compraventa de viviendas avanzó un 6,2%, frente al retroceso mensual del 20,7% de abril de 2017. El pasado mes de abril el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en la Comunidad Valenciana (158), Madrid (130) y Baleares (126). Andalucía fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó en el cuarto mes del año, con 8.181 compraventas, seguida de Madrid (6.648), Catalunya (6.521) y Comunidad Valenciana (6.172).

Todas las comunidades incrementaron el número de compraventas de viviendas en abril en tasa interanual. Los mayores avances se registraron en La Rioja (+59,1%), Murcia (+50,2%) y Castilla-La Mancha (+48,7%) y los menores los protagonizaron Baleares (+13,8%) y País Vasco (+16,5%). Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), las fincas transmitidas el pasado mes de abril alcanzaron las 161.444, cifra un 20,8% superior a la del mismo mes de 2017.

Por compraventa se transmitieron un 27,5% más de fincas que en abril de 2017, mientras las transmisiones por donación subieron un 17,4%, las operaciones por permuta repuntaron un 23,9% y las transmitidas por herencia progresaron un 23,3%.
(Expansión, 13-06-2018)

Sector

María José Segarra, nueva fiscal general del Estado
María José Segarra, fiscal jefe de Sevilla desde 2004, es la nueva fiscal general del Estado en sustitución de Julián Sánchez Melgar, quien ha estado solo seis meses en el cargo. Segarra, con una buena relación con la ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, pertenece a la Unión Progresistas de Fiscales y era una de las principales candidatas a ocupar el puesto con el nuevo Ejecutivo socialista. El nombramiento, confirmado por diversas fuentes, se hará oficial en las próximas horas.

Segarra, de 54 años, fue nombrada fiscal jefe de Sevilla en 2004 con Cándido Conde-Pumpido al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) por encima de otros candidatos como el exconsejero de Justicia andaluz Emilio Llera. Entonces tenía 41 años y se convirtió en una de las fiscales jefe más jóvenes de España y en una de las primeras mujeres en llegar a ese cargo.

Desde entonces se ha mantenido al frente de la esta fiscalía provincial andaluza en los dos Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y los de Mariano Rajoy. Fue renovada por última vez en 2015 bajo el mandato de Consuelo Madrigal en la FGE, que se decantó por ella frente a otros candidatos de perfil teóricamente más afín al PP. Su mandato estaba previsto que alcanzara hasta 2020.

Mujer sobria y de ideas progresistas, a Segarra le gusta mantener un perfil bajo, poco dada a salir en los medios de comunicación, aunque defensora de informar con transparencia cuando la ocasión lo requiere. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, aprobó las oposiciones a fiscal en 1987 y desde 1993 permanece en la capital andaluza.

La nueva fiscal general comenzó ejerciendo en Barcelona de la mano de Carlos Jiménez Villarejo. El pasado mes de abril fue designada al igual que Delgado miembro del Consejo Fiscal, que es el órgano consultivo que asesora al fiscal general del Estado.

Durante su candidatura al Consejo Fiscal, Segarra destacó la importancia del despliegue territorial de las fiscalías, del desarrollo digital -que actualmente presenta importantes carencias- y llamó la atención sobre las escasas plantillas en las secretarías de las fiscalías.

Entre los candidatos que habían sonado, para ocupar la Fiscalía General del Estado figuraban el fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Pedro Crespo y otros fiscales también de la UPF, entre ellos Sofía Puente y Álvaro García. También habían sonado en diferentes círculos el exmagistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez y la actual miembro de la Sala de lo Penal de este órgano, Ana Ferrer.
(La Vanguardia, 13-06-2018)

 
 
 
 
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