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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 15 DE JUNY DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Red y procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria
Orden FOM/642/2018, de 13 de junio, por la que se modifican la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria y la Orden FOM/189/2015, de 11 de febrero, por la que se desarrollan principios básicos de aplicación de incentivos en el sistema de los cánones por utilización de las infraestructuras ferroviarias, establecidos en el artículo 73 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
(BOE, 15-06-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/15/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/15/index.php?d=145&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 15 DE JUNY DE 2018

Fiscal

El Presupuesto pasa al Pleno del Senado tras incorporar enmiendas del PP y PAR
El proyecto presupuestario de 2018 ha finalizado su trámite en la Comisión de Presupuestos del Senado con la incorporación de 44 enmiendas del PP y Partido Aragonés (PAR), con lo que el texto pasa al Pleno de la Cámara Alta, donde el próximo lunes se debatirán las enmiendas parciales. Tal y como estaba previsto, la Comisión solo ha incorporado -con la mayoría absoluta del PP y la abstención del PSOE- enmiendas de Partido Popular y PAR que habían sido aceptadas en la fase de ponencia, con lo que quedan fuera las más de 5.000 presentadas por el resto de grupos.

En total, las enmiendas aceptadas suponen cambios por algo más de 179 millones de euros, la mayoría -más de 144 millones- destinadas a Aragón a propuesta del PAR, sobre todo para infraestructuras. También se han adoptado una serie de enmiendas del PP para conceder impulsos fiscales o indemnizar a los afectados por la Talidomida, junto con iniciativas para zonas despobladas y Canarias que merman de dotaciones que hasta ahora iban al País Vasco.

Sin embargo, finalmente no se han incorporado las propuestas del PP para dejar de revisar la retribución de las pequeñas instalaciones renovables ni para suprimir la figura del gestor de cargas, que son los únicos que pueden prestar el servicio de recarga de vehículos eléctrico. Las enmiendas que no han sido incorporadas volverán a debatirse y votarse en el Pleno del próximo lunes, cuando finalizará el trámite presupuestario en el Senado para volver al Congreso de los Diputados, que tendrá que decidir si acepta o rechaza los cambios introducidos en la Cámara Alta.
(El País, 15-06-2018)

Madrid y Andalucía son los polos opuestos en riqueza
Mientras los primeros puestos por renta lo ocupan municipios madrileños, nueve de Andalucía hacen lo propio por la cola, según datos del proyecto europeo ‘Urban Audit’ hechos públicos por el INE este jueves. Pozuelo de Alarcón, en Madrid, es el municipio más rico de España, con una renta neta media anual de 23.861 euros. Los datos toman como referencia cifras de 2015 y ofrecen un panorama detallado de los municipios de más de 20.000 habitantes.

El podio lo completan otros dos municipios madrileños. Son Boadilla del Monte, con 19.510 euros, y Las Rozas, con 18.798 euros. El cuarto lugar es para Majadahonda, con 18.627 euros, mientras que Sant Cugat, con 18.326, se pone quinto, siendo el primero fuera de Madrid.

El resto del top ten lo ocupan Getxo (Vizcaya) con 18.212 euros, Tres Cantos (Madrid) con 17.992, Torrelodones (Madrid) con 17.844, Alcobendas (Madrid) con 17.417 y Vitoria-Gasteiz (Álava) con 16.808 euros.

En el lado contrario, los cinco municipios con menor renta de España son Níjar (Almería), con 6.264 euros; Los Palacios y Villafranca (Sevilla, 6.327 euros); Alhaurín el Grande, en Málaga, con 6.474 euros; Vícar, Almería, con 6.521 euros; y Barbate, Cádiz, con 6.676. Salvo Almoradí, décima por la cola, nueve municipios andaluces ocupan los diez puestos más bajos.
(La Vanguardia, 15-06-2018)

Laboral

El Gobierno prevé autorizar hoy la extra de las pensiones con el crédito extraordinario
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social trabaja a contrarreloj para poder llevar hoy al Consejo de Ministros la autorización para el abono de la paga extraordinaria de verano a 8,5 millones de pensionistas. Así, una vez se confirme hoy esta autorización --si un cambio de última hora no retrasa el visto bueno al Consejo de Ministros del viernes siguiente--, la Tesorería de la Seguridad Social podrá dar la orden de pago de los 9.000 millones para abonar la nómina mensual de las pensiones, por un lado, y otros 9.000 millones de la paga extra, por otro.

No obstante, aunque la recaudación de cotizaciones del mes de junio supere los 10.000 millones de euros, estos no serán suficientes para financiar los 18.000 millones que costarán estas dos nóminas. Por ello, lo que debe autorizar hoy el Consejo de Ministros es la disposición de algo más de 7.000 millones de euros del crédito adicional de casi 10.200 millones incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que están prorrogados en la actualidad.

En principio, disponiendo de este dinero del crédito extraordinario el Gobierno no necesitaría, al menos para abonar la paga extra de verano, disponer de dinero del fondo de reserva de las pensiones, en el que actualmente ya solo quedan poco más de 8.000 millones de euros (el 0,73% del PIB).

Esta hucha de las pensiones rozó los 67.000 millones de euros en 2011 cuando Mariano Rajoy llegó al poder y, desde entonces, se ha utilizado año tras año para costear las pagas extra de verano y Navidad de los pensionistas. Dichas pagas no podían costearse en su totalidad con lo recaudado por las cotizaciones debido al desplome recaudatorio de la Seguridad Social por la destrucción de 3,8 millones de empleos.

Otra cosa será cuando el Ejecutivo deba abonar la paga extra de Navidad el próximo mes de diciembre. Entonces, y si el Gobierno no acomete antes cambios normativos que incrementen de manera inmediata la recaudación de la Seguridad Social, sí podría tener que utilizar una parte del fondo de reserva para las pensiones. Si bien esto no es del todo seguro y dependiendo de la marcha de la recaudación de las cotizaciones o de posibles medidas adicionales que aumenten los ingresos, la cantidad que se utilice podría ser pequeña o incluso no tener que retirar dinero de la hucha de las pensiones este año.

De hecho, los Presupuestos Generales del Estado para 2018 –que ahora se están tramitando en el Senado– se aprobarán previsiblemente antes del verano, por lo que estarán plenamente disponibles a final de año, cuando haya que abonar la segunda paga extra del ejercicio a los pensionistas. En estas cuentas públicas, el anterior Gobierno popular ya previó la disposición de 3.826 millones de euros del fondo de reserva. Esta cantidad se sumaría al préstamo del Tesoro a la Seguridad Social de hasta 15.164 millones incluido en el Presupuesto para este mismo concepto. Si bien de este crédito habría que detraer los algo más de 7.000 millones que aprueben disponer hoy para la extra de verano.

Según todo esto, el Gobierno aún dispondría a final de año de más de 7.500 millones del crédito del Tesoro para 2018 con los que costear la extra de Navidad. No obstante, Trabajo deberá abonar también en los próximos meses el incremento de las pensiones que va desde el 0,25% aprobado a principios de año al 1,6% incluido en los Presupuestos pendientes de aprobación en junio. Y con efectos retroactivos desde enero.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy también los nombramientos de los responsables de las secretarías de Estado y los subsecretarios de la mayoría de los ministerios que aún están sin designar.

Una vez que se conozcan los nombres de estos responsables la maquinaria ministerial podrá ponerse en marcha y el Ejecutivo comenzará a llevar a los Consejos de Ministros algunas de las medidas que ya ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los miembros de su Ejecutivo, empezando por las de carácter más social.

A propuesta del Ministerio de Fomento, el Consejo de Ministros también tiene previsto aprobar hoy la distribución territorial definitiva entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de las ayudas financieras estatales para instrumentar las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, acordada en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, celebrada el 30 de mayo de 2018, por importe de 1.443 millones de euros. Una vez completado este trámite, podrán hacerse efectivos los convenios entre cada comunidad y Fomento y se dará luz verde a la concesión de las ayudas.
(Cinco Días, 15-06-2018)

Octavio Granado dirigirá otra vez la Seguridad Social
Octavio Granado (Burgos, 1959) será previsiblemente nombrado mañana por el Consejo de Ministros como nuevo secretario de Estado de Seguridad Social. Granado ya ocupó este cargo entre 2004 y 2011 con los Gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, según han confirmado a este diario fuentes de la Administración.

Este burgalés, profesor de instituto de Secundaria y con más de 40 años cotizados y mítico militante socialista, es un profundo conocedor del sistema de pensiones español, que se encuentra ahora con la tarea fundamental de tomar medidas para aumentar los ingresos de la Seguridad Social.

Granado escribe habitualmente en publicaciones especializadas y artículos de prensa en los que ha criticado lo que ha llamado en más de una ocasión "el saqueo" del fondo de reserva de las pensiones que reprocha a los anteriores Gobiernos populares de Mariano Rajoy.

Antes de dirigir la Seguridad Social ocupó el cargo de portavoz de Presupuestos del Senado, donde se dio a conocer para dar el salto al Ministerio de Trabajo e Inmigración que entonces dirigía Jesús Caldera.
(Expansión, 15-06-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

La UE fija un objetivo del 32% de energías renovables en 2030
Después de 12 horas de negociación entre el Parlamento Europeo, la Comisión y los Gobiernos de los 28 esta madrugada se ha llegado a un acuerdo sobre la directiva de energías renovables, que debe servir de guía para la transformación del sistema energético europeo para los próximos años. Finalmente, se ha acordado que el 32% de toda la energía final consumida en la UE en 2030 deberá ser de origen renovable. Es un punto intermedio entre la posición de partida de los Gobiernos de los 28, que propusieron un 27%, y la de la Eurocámara, que pedía un 35%.

El acuerdo incluye también, según fuentes del Parlamento Europeo, la creación de un fondo para el desarrollo de energías renovables que ayude a las comarcas carboneras de Europa. El carbón para generar electricidad se perfila como el gran perdedor de la lucha contra el cambio climático debido a los gases de efecto invernadero que expulsa cuando se quema. Y algunos países muy dependientes de este combustible (como Polonia) pedían ayudas como compensación para sus zonas mineras. En España, algunas áreas de Asturias y Castilla y León, también se podrán beneficiar.

El objetivo general del 32% para 2030 es un punto de entendimiento entre los Gobiernos de los 28 y el Parlamento Europeo. Ahora esa cuota europea ronda el 17%. Pero más allá de la meta concreta para 2030 es importante que se haya incluido una revisión (al alza) en 2023. Ese objetivo deberá aumentar si se requiere para que Europa cumpla con los compromisos del Acuerdo de París o si la reducción de costes de las tecnologías renovables hace que sea más fácil ser más ambiciosos.

Lo que no se ha logrado, por la oposición frontal de los Gobiernos desde el principio de la negociación, es incluir objetivos individuales para cada Estado, como los que existen ahora. Estos objetivos son un arma de presión para los Gobiernos, que se ven examinados en el cumplimiento de esas metas por la opinión pública. La Comisión sí elaborará informes sobre los esfuerzos de cada país y lo que contribuyen al objetivo general de 2030. Pero solo serán indicativos.

"Este acuerdo es una victoria duramente trabajada para desbloquear el verdadero potencial de la transición de Europa hacia una energía limpia. Esta nueva ambición nos ayudará a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y se traducirá en más empleos, facturas energéticas más baratas para los consumidores y menos importaciones de energía", ha celebrado en Bruselas el comisario de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

En representación de la posición de la Eurocámara en esta negociación ha estado el parlamentario europeo del PSOE José Blanco, quien ha celebrado también el pacto alcanzado esta madrugada: "Nos va a permitir cumplir con el Acuerdo de París". Blanco también ha resaltado la importancia para España del fondo para la "transición justa" en las comarcas afectadas por el cierre del carbón.

Finalmente, las cargas al autoconsumo (con sistemas de paneles solares en los hogares, por ejemplo) como el llamado impuesto al sol estarán vetadas en la UE hasta al menos diciembre de 2026. A partir de ese momento, según señalan fuentes de la negociación, los Estados podrán decidir si las incluyen atendiendo a una serie de parámetros fijados para que el sistema eléctrico pueda sostenerse económicamente.

Además, se establece una cláusula por la que se fija como derecho recibir una remuneración de acuerdo con el valor de mercado por la energía que se vierta a la red. Y también se fija que los paneles en una vivienda o conjunto de viviendas pueden ser propiedad de un tercero, siempre según las mismas fuentes negociadoras. En el pacto a tres bandas se ha incluido también un apartado sobre interconexiones entre Estados; se fija un objetivo del 15% para 2030.

La supresión de trabas como el impuesto al sol ha sido aplaudida por las organizaciones ecologistas, como Greenpeace. "Acabar con estas medidas era una de las exigencias centrales de Greenpeace y de la sociedad civil recogidas por el Parlamento Europeo durante las negociaciones", ha resaltado la organización ecologista.
(Expansión, 15-06-2018)

El BCE inicia la retirada de estímulos y avisa de que podría subir tipos a partir del verano de 2019
El BCE ha dado la sorpresa y ha definido cuál será la hoja de ruta para la retirada de estímulos. El consejo de Gobierno de la institución, que se reunió hoy en Riga y cuenta por primera vez con el español Luis de Guindos en la vicepresidencia, ha decidido anunciar que las compras de deuda finalizarán en el mes de diciembre. Se prolongan por tanto desde el mes de septiembre, fecha inicial para su término y a partir de la cual se reducirán desde los 30.000 millones de euros al mes a los 15.000 millones, hasta finalizar al término del año.

El BCE ha dado además una primera indicación sobre cuándo llegaría la subida de tipos. Ha señalado que seguirán en los niveles actuales al menos hasta el verano de 2019, o el tiempo que considere necesario para alcanzar los objetivos de inflación y estabilidad de precios. El alza de tipos de interés, en el 0% desde marzo de 2016, podría llegar por tanto a partir de septiembre del próximo año, si bien Mario Draghi ha evitado dar cualquier pisa del momento para esa primera subida. La institución ha reiterado además que continuará con la reinversión de los vencimientos de deuda por un tiempo prolongado una vez hayan finalizado las compras netas de deuda, sin que en la reunión de hoy se haya debatido sobre el futuro de las reinversiones, según ha explicado Draghi.

El BCE sorprendió al comenzar a poner fechas a su repliegue de estímulos, que en todo caso está en línea con lo que esperan los expertos. Pero en ningún caso lanzó el mensaje de acelerar la subida de tipos. De hecho, Mario Draghi recordó que la política monetaria va a seguir siendo acomodaticia, con los tipos al cero, la extensión de las compras de deuda a diciembre y la reinversión de los vencimientos.

El presidente del BCE ha explicado en rueda de prensa que la institución considera que se dan las condiciones para confiar en que la inflación se acerca al objetivo cercano al 2%, de manera sostenida y generalizada en la zona euro. En mayo registró el 1,9% interanual, con una subyacente del 1,3%. Draghi también reconoce que los últimos indicadores económicos son más débiles, después de que la zona euro alcanzara el pico de crecimiento tras la crisis el pasado año, y considera que aun así muestran una economía robusta, con ímpetu en las exportaciones. "Un crecimiento del 0,4% es aún un crecimiento elevado", ha señalado Draghi.

Aun así, el BCE ha reducido a la baja su estimación de alza del PIB en 2018 respecto a sus previsiones de marzo y ahora espera el 2,1% este año (frente al 2,4% de hace tres meses), el 1,9% en 2019, que permanece sin cambios, y el 1,7% en 2020. Las estimaciones de inflación se han revisado al alza respecto a marzo, con una previsión del 1,7% para este año y 2019 (frente al 1,4% de marzo para ambos años) y también para 2020. Tales estimaciones no incluyen el efecto de los aranceles anunciados por EE UU a los productos europeos, que Draghi cree tendrán un efecto limitado por lo conocido hasta ahora.

Draghi ha explicado que las decisiones tomadas hoy han sido por unanimidad y que hay plena sintonía en el BCE en que hay que seguir siendo "pacientes, prudentes y persistentes" hasta lograr la convergencia en la estabilidad de precios en la zona euro, que debe ser sostenible y no un fenómeno puntual.

Al BCE no le ha temblado el pulso a la hora de anunciar cómo será el repliegue de los estímulos monetarios, a pesar de los recientes acontecimientos que invitaban a pensar en un aplazamiento a la reunión de julio. Draghi ha reconocido que las incertidumbres son evidentes, pero ha insistido en que la situación de fondo de la economía de la zona euro no ha cambiado. De hecho, el BCE ha afrontado su reunión de hoy bajo la resaca de la reciente crisis política en Italia, que hizo por momentos temer por el compromiso de la tercera mayor economía de la zona euro con la divisa comunitaria, y con la inquietud por la tensión comercial y la amenaza proteccionista de EE UU y los indicadores que muestran un crecimiento económico en la zona euro más débil.

Con su decisión, Draghi manda además un mensaje a Italia, que se encontrará a un BCE en retirada en caso de que la política del nuevo gobierno y una posible indisciplina fiscal ante las exigencias de Bruselas puedan volver a tensar su coste de financiación como se vio en jornadas pasadas.
(El País, 15-06-2018)

Las empresas vuelven a endeudarse por primera vez desde 2010
Las empresas volvieron a endeudarse en 2017 por primera vez en siete años. Se trata de un incremento leve, del 0,8% del PIB, unos 9.300 millones de euros, según un informe del Banco de España publicado ayer. Sin embargo, representa un importante hito tras dos años con la cantidad de deuda congelada y reduciéndose en los cuatro anteriores. Aun así, si se mide en relación al Producto Interior Bruto, el endeudamiento sigue bajando porque el PIB, incluyendo la inflación, creció mucho más que lo que aumentaron los pasivos de las compañías.

De acuerdo con las cifras del supervisor, las sociedades no financieras recortaron su deuda sobre PIB en 5 puntos durante 2017. Si se compara con el máximo registrado en 2010, el endeudamiento cae en 39 puntos hasta el 78% del PIB. Estos pasivos exigibles se componen de crédito bancario y títulos de deuda. Los préstamos concedidos por las entidades nacionales siguieron descendiendo muy ligeramente, así que fueron las emisiones de valores y los créditos foráneos los que hicieron que el saldo de deuda en euros arrojara ese repunte del 0,8% del PIB.

Las empresas no sólo aumentaron el año pasado la financiación ajena. También elevaron sus recursos propios un 3,2%. En parte esto se debe a la revalorización de las carteras propiciada por la buena evolución de los mercados financieros. Pero además se puede achacar en gran medida al aumento de los márgenes empresariales, de los que una porción importante se ha destinado a reforzar la situación financiera. El Banco de España ya había señalado en su informe anual que los márgenes empresariales habían permanecido estables durante la recuperación sin apenas contribuir a las ganancias en competitividad. A juicio del supervisor, se trataba de un hecho normal cuando las firmas se enfrentaban a un contexto de restricción financiera como sucedió durante la crisis. Sin embargo, en opinión del banco, revela falta de competencia ahora que hay una recuperación y, en principio, deberían entrar nuevos competidores.

Los datos del INE muestran que las sociedades no financieras obtuvieron en 2017 unos 89.000 millones más en rentas que en 2008. Con esos mayores ingresos, las empresas casi han recuperado los niveles de inversión; destinan 15.000 millones más a dividendos y, sobre todo, han saneado sus cuentas, bajando deuda y aumentando su capital. Al mismo tiempo, gastan unos 10.000 millones menos en salarios.

Además, en 2017 la capacidad de financiación de las empresas fue muy elevada, alcanzando los 34.238 millones. Esto es: generaron más recursos que los que emplearon. Incluso si subió la deuda, los activos de las empresas engordaron todavía más gracias a esa alta capacidad de financiación. Y tras nueve años acumulando capacidad de financiación positiva, las compañías presentan una situación mucho más saneada con más capital y más fondos propios.

En cuanto a las familias, su deuda bancaria cayó en 2017 en tres puntos hasta el 61% del PIB, unos 24 puntos por debajo de la cota máxima de 2010. “Como en años anteriores, se produjo un descenso de los préstamos para adquisición de vivienda, que se vio parcialmente compensado por el aumento de los créditos destinados a consumo y otros fines”, señala el informe del Banco de España, titulado Evolución de los flujos y balances financieros de los hogares y las empresas no financieras en 2017.
(El País, 15-06-2018)

Sector

Crece el atasco en los juzgados en el primer trimestre de 2018
Los juzgados y tribunales españoles ingresaron entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año más de millón y medio de asuntos, lo que supone un incremento del 0,2% respecto al mismo periodo de 2017. Esta es una de las principales conclusiones del informe Situación de los órganos judiciales publicado por la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial, que también revela que la cifra de asuntos pendientes de resolución se ha incrementado un 10,4% con respecto a la misma fecha del año pasado.

La jurisdicción civil es la que ha sufrido el mayor aumento en la entrada de asuntos durante este primer trimestre del año, con una subida del 14%. Le sigue, aunque con cierta distancia, la jurisdicción contencioso-administrativa con un incremento del 2,1%. Sin embargo, tanto la jurisdicción penal como la social han experimentado un descenso en la entrada de asuntos respecto al primer trimestre del pasado año, de un 7,6% en el orden penal y de un 5,5% en el laboral.

En el primer trimestre del año se ingresaron 57.955 asuntos relativos a cláusulas abusivas en contratos hipotecarios, por lo que se mantiene la tendencia descendente iniciada a partir del cuarto trimestre de 2017. Asimismo, los 179.566 asuntos relativos a cláusulas abusivas pendientes al finalizar el primer trimestre de 2018 representaban el 14,2% de la pendencia en la jurisdicción civil y el 7,4% del total.

En cuanto a la tasa de litigiosidad en España, en estos tres primeros meses de 2018 es de 32,2 litigios por cada mil habitantes. Una media que es superada por las comunidades autónomas de Canarias (41,8), Andalucía (36,1), Asturias (33,8), Comunidad Valenciana (33,3), Madrid (32,9), Cantabria (32,5), la Región de Murcia (32,4) y Baleares (32,3).

Por otro lado, las comunidades con una tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (22,8), Navarra (24,1) y el País Vasco (25,4). Destaca, además, el caso de Galicia con una litigiosidad especialmente baja (22,1), debida fundamentalmente a la huelga de funcionarios de la Administración de justicia, que supuso una disminución del 28,1% en el número de asuntos ingresados.
(Cinco Días, 15-06-2018)

Los socios minoritarios consiguen más poder
La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), dependiente del Ministerio de Justicia, ha vuelto a aclarar cómo pueden actuar los socios minoritarios para hacer valer sus derechos. En este caso ha resuelto las dudas sobre la posible convocatoria de juntas generales en los casos de empresas concursadas y estima, en contra del criterio defendido hasta ahora por el Registro Mercantil de Madrid, que la administración concursal está obligada a convocarlas cuando lo requiera la minoría.

En este sentido, Carlos Pavón, socio director de Gaula Abogados, bufete que ha asesorado a una socia durante todo el proceso que ha llevado a esta resolución de la DGRN, insiste en que este cambio interpretativo "permitirá a los socios y accionistas de las concursadas cobrar mayor protagonismo en el seguimiento y control de las funciones de la administración concursal, al quedar ésta obligada a someterse al ejercicio del derecho de información de aquéllos en el marco de la junta general que habrá de convocarse necesariamente al efecto".

Así, la literalidad de la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado no deja dudas sobre las obligaciones del administrador en este tipo de procedimientos: "Entre los deberes que han de considerarse incluidos en el mandato del administrador concursal debe comprenderse el de convocar junta en los casos determinados por la ley, entre los que se incluye cuando la convocatoria de junta lo sea a instancia del socio que reúna los requisitos del artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, pues subsistiendo el órgano social, la junta de socios, así como la obligación de convocarla en los casos legalmente previstos, no existe razón alguna que excluya la aplicación del régimen de convocatoria a instancia de socio minoritario que reúna los requisitos legales".

No en vano, el socio director de Gaula Abogados señala que precisamente la apertura de la liquidación de una empresa no afecta ni a la obligación de convocar junta, ni al derecho del socio minoritario a solicitarla. En este sentido, "las especialidades propias del proceso de liquidación no restringen las obligaciones del órgano de administración ni los correlativos derechos individuales de los socios que subsisten con las debidas adaptaciones cuando así es preciso".

A este respecto, la resolución de la DGRN, con fecha de 28 de marzo, añade que "no pueden confundirse los distintos planos en los que ejerce su competencia el administrador concursal como no pueden confundirse las obligaciones de proporcionar información en el ámbito del procedimiento y frente al juez que del mismo conoce, con las obligaciones del administrador frente a los socios de la sociedad de capital y de las que pueden derivarse las acciones de responsabilidad previstas en el ordenamiento".

Asimismo, Carlos Pavón recuerda que precisamente esta convocatoria de junta general tiene una ventaja añadida para los socios y accionistas, que no es otra que obtener con anterioridad a su celebración "cuanta información y documentación se requiera en relación a los puntos del orden del día que habrán de debatirse, sin perjuicio de que la administración concursal deba dar respuesta a cuantas preguntas puedan formularse por parte de los socios en el seno de la junta, lo que de facto constituye una auténtica rendición de cuentas extraconcursal".

De esta manera, si el administrador se niega a suministrar a los socios esa información podría incluso estar cometiendo un delito tipificado en el artículo 293 del Código Penal, que será castigado con la pena de multa de seis a doce meses.
(Expansión, 15-06-2018)

 
 
 
 
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