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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 19 DE JUNY DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Reestructuración de la Presidencia del Gobierno
Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno.
(BOE, 19-06-2018)

Euro
Resolución de 18 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 18 de junio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 19-06-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/index.php?d=148&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 19 DE JUNY DE 2018

Fiscal

Pedro Sánchez anticipa nuevos impuestos para financiar las pensiones
El presidente del Ejecutivo señaló este lunes que entre las prioridades de su Gobierno en materia económica se encuentran además "redistribuir el crecimiento económico", porque "a día de hoy no se redistribuye", y acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres.

En la primera entrevista concedida a un medio de comunicación desde que accedió a la presidencia del Gobierno el pasado 2 de junio tras el triunfo de la moción de censura contra Rajoy, Pedro Sánchez confesó este lunes en TVE que su aspiración es "agotar la legislatura" y "convocar elecciones en 2020".

"Tarea hay para regenerar la vida democrática", señaló el jefe del Ejecutivo, que sugirió que ese plazo de tiempo es necesario para normalizar la vida política y las relaciones con las comunidades autónomas. En el ámbito económico, las prioridades de Sánchez se centran esencialmente en "redistribuir el crecimiento económico", porque "a día de hoy no se redistribuye"; buscar fórmulas para garantizar el futuro de las pensiones públicas, y acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres.

En el caso de las pensiones, Sánchez aseguró que "este Gobierno se va a remangar para garantizar el sistema público de pensiones", añadiendo que "va a hacer todo lo posible para garantizar la sostenibilidad y su solvencia". Sin embargo, señaló la necesidad de adoptar medidas porque, en su opinión, el Gobierno anterior "no dejó muy en forma las cuentas de la Seguridad Social, esa es la verdad".

Preguntado sobre el impuesto a las tecnológicas para sufragar las pensiones anunciado por el anterior Gobierno, Sánchez se limitó a señalar que tiene una capacidad recaudatoria "muy baja", aunque no aclaró si mantendrá o no su aprobación.

Respecto al copago farmacéutico, coincidió con la ministra de Sanidad en su deseo de eliminarlo para los pensionistas. Sin embargo, reconoció que no será fácil: "Vamos a ver si hay suficientes recursos para sacar adelante el fin del copago farmacéutico".
(El País, 19-06-2018)

El Senado aprueba los Presupuestos de 2018 y los devuelve al Congreso
El Pleno del Senado ha aprobado el dictamen y las nuevas enmiendas introducidas en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2018 con la mayoría de votos del PP y con la abstención del PSOE, después de que los socialistas hayan insistido en que asumen estas cuentas para no prorrogar las anteriores. Además, el Pleno ha rechazado las más de 5.000 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición y que habían quedado vivas tras su paso por la Comisión de Presupuestos en el Senado.

El dictamen del Presupuestos ha recibido 155 votos a favor, 28 en contra y 60 abstenciones y pasará la próxima semana al Congreso con 44 enmiendas más, que suponen un importe de 179 millones de euros de los que 144 millones se destinan sobre todo a infraestructuras en Aragón, una vez que el PP ha apoyado 27 enmiendas del PAR.

PP, Ciudadanos, Foro Asturias, UPN, el PAR y la Agrupación Socialista Gomera se han posicionado a favor del dictamen de los Presupuestos que incluyen los cambios promovidos por el PP y que restan cerca de 31 millones de euros a varias partidas pactadas por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy con el PNV. El PSOE y CC se han abstenido mientras que PNV, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu, entre otras formaciones, han rechazado el Presupuesto.

El texto deberá volver a votarse en el Congreso y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado hoy que "no tiene sentido que se pongan inconvenientes a la aprobación del Presupuesto". Montero ha afirmado que el Gobierno "camina sobre estos Presupuestos con la mirada puesta en el 2019" y que el Ministerio está con los "trabajos técnicos" para la elaboración del techo de gasto del próximo año, lo que incluye la convocatoria "en los próximos días" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El senador del PSOE Juan María Vázquez ha argumentado la abstención a los Presupuestos porque "lo que beneficia al país y genera confianza es dar normalidad", y ha reiterado que sería peor prorrogar las cuentas de 2017. Vázquez ha dicho que los socialistas dialogarán con todos los grupos parlamentarios para elaborar las cuentas del 2019.

El senador Ferrán Martínez de Unidos Podemos ha confiado en poder llegar a un acuerdo con el PSOE para 2019, ya que los Presupuestos del PP "han lastrado" España, "recortado" los derechos y aumentado los niveles de pobreza y desigualdad. Desde el PDeCAT, Joan Bagué ha pedido al PSOE atender las demandas catalanas en infraestructuras en el próximo Presupuesto al igual que Coalición Canaria, que también ha confiado en mejoras para su comunidad. CC se abstiene en la votación porque no comparte que las nuevas enmiendas del PP hayan ralentizado la aprobación de los Presupuestos.

Por su parte, el PNV ha rechazado el dictamen porque las nuevas enmiendas introducidas "penalizan el empleo y la investigación" en Euskadi, y ha criticado que el PP haya utilizado el Senado para "echar para atrás un acuerdo entre gobiernos", como es la transferencia de 26,6 millones de euros al servicio de empleo vasco. La senadora María Dolores Etxano ha insistido en que su formación no ha roto ningún acuerdo presupuestario y ha lamentado que el anterior Gobierno quiera detraer cerca de 31 millones (inicialmente eran 35 millones, pero una de las enmiendas del PP no ha prosperado).

También, ERC y Compromís han criticado que los Presupuestos sigan "asfixiando" a la economía catalana y valenciana, y la senadora de Esquerra Mirella Cortés ha recalcado que aún no tienen confianza en un PSOE que votó a favor de aplicar el artículo 155 en Cataluña. Desde Ciudadanos, Lorena Roldán ha argumentado su apoyo al proyecto de Ley de Presupuestos, porque es el momento de "devolver los esfuerzos" que han hecho las familias tras la crisis y ha aludido a los 8.000 millones en concepto de políticas sociales que fueron pactados por la formación naranja con el anterior gobierno del PP.
(El Mundo, 19-06-2018)

Laboral

Los empresarios podrían aceptar llegar a un salario mínimo de convenio de 1.000 euros al año
Las inusitadas movilizaciones que protagonizaron los secretarios generales de CC OO y UGT ante la sede de la patronal son agua pasada y las protestas previstas para el 16 de junio han quedado “suspendidas”, que no “desconvocadas”, según responsables sindicales. Dependiendo a quien se pregunte los motivos por los que se han reactivado las conversaciones y están ya “muy maduras”, según reconoció ayer mismo la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, son distintos.

Pero lo que está claro es que hay dos cuestiones que han hecho que el pacto pueda cerrarse esta misma semana con un preacuerdo que deberá ser ratificado por las organizaciones firmantes. La primera es que la recomendación de subida salarial se fije en el entorno del 2% más un punto de productividad en las empresas y sectores que puedan y quieran permitírselo.

Y, en segundo lugar, y no menos importante, que los empresarios hayan aceptado a mencionar la intención de llegar a un salario mínimo de convenio –que no legal– de 1.000 euros al año en 14 pagas (14.000 euros anuales) en el horizonte del año 2020. Si bien, según fuentes consultadas la redacción final de esta recomendación será lo suficientemente ambigua como para que no se vea como una obligación empresarial.

En cualquier caso, el colectivo afectado por estas subidas no será tan amplio como pudiera imaginarse. De hecho, en la actualidad ya existen grandes convenios sectoriales de carácter nacional que recogen salarios mínimos de entrada a las empresas de esos sectores que superan los 14.000 euros anuales que están negociando actualmente la patronal y los sindicatos para 2020.

En concreto, hay ya dos millones de trabajadores que en su convenio colectivo sectorial nacional de referencia a finales de mayo se recogían salarios mínimos para las categorías más bajas de cuantías superiores a los citados 14.000 euros.

En una muestra de 58 grandes convenios colectivos sectoriales nacionales que son de referencia para casi 5 millones de asalariados (el 60% de los protegidos por la negociación colectiva), se observa que los salarios más bajos de estos acuerdos colectivos oscilan entre los 14.229 euros anuales para los peones y limpiadores del convenio de Fabricación de alimentos compuestos para animales y los 18.589 euros al año que recoge el convenio colectivo de Banca para los niveles de acceso, según lo pactado en 2018. Este último acuerdo afecta a 103.593 empleados.

Si bien, aunque es necesario precisar que estas cuantías en los salarios más bajos de los convenios no son regla general, sí llama la atención algún caso por el importante número de trabajadores a los que afectan. Un ejemplo es el V convenio general del sector de la construcción, bajo cuyo paraguas están 1,12 millones de trabajadores y que recoge una remuneración mínima para el nivel XII de 1.159,61 euros al mes (16.234,53 euros anuales) para el presente ejercicio.

Por otra parte, el impacto de la recomendación para la subida salarial del entorno al 2% este año también será limitado, ya que en lo que va de 2018, casi 5,8 millones de trabajadores han cerrado sus condiciones laborales y han pactado su alza retributiva para el ejercicio.

De hecho, esos pactos recogen una subida salarial media del 1,59%. Este aumento es menor en los convenios de empresa, que recogen alzas medias pactadas de 1,29% para este año; aunque estos pactos solo afectan a unos 400.000 trabajadores. Mientras que 5,3 millones de asalariados protegidos por convenios sectoriales de ámbito superior a la empresa verán subir sus sueldos este año un 1,6%.

Además, también hay más de 611.000 trabajadores que ya han pactado para 2018 un incremento retributivo de más del 2% para este año. Las recomendaciones que ahora pacten patronal y sindicatos, tendrán por tanto mayores efectos en 2019 y 2020.
(Cinco Días, 19-06-2018)

Los sindicatos presionan a Sánchez para que derogue la reforma laboral
Los sindicatos siempre se han mostrado totalmente contrarios a la reforma laboral de 2013 y, ahora, tras el cambio que se ha producido en el Gobierno, consideran que se ha abierto un escenario propicio para derogar la legislación que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Así lo dejó claro ayer Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que afirmó que «no hay nada que merezca la pena mantener de la reforma laboral, ningún elemento positivo».

Por ello, durante su intervención en el seminario que la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) organiza en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, aseguró que «hay que derogar las reformas laborales del PP». En una línea similar se expresó Unai Sordo, responsable de CCOO, y quien descartó que el fuerte ritmo de creación de empleo y afiliación se deba a esta reforma. Éste era un argumento recurrente del Ejecutivo de Rajoy, pero en opinión de Sordo existe «una cierta trampa conceptual».

«La reforma laboral no explica la creación de 500.000 afiliados que se ha producido durante los años de recuperación, lo explica el crecimiento económico. En 2016, por ejemplo, dos terceras partes del crecimiento de la economía se debió a causas externas. Lo que realmente ha hecho la reforma laboral es devaluar los salarios», afirmó. Por ello, los representantes sindicales exigieron al Gobierno que busque los apoyos parlamentarios necesarios para modificar la legislación vigente. Por ahora, el Ejecutivo se ha mostrado favorable a realizar cambios, pero no a derogar totalmente la reforma, tal y como el propio PSOE había pedido cuando estaba en la oposición.

Pero esto para los sindicatos es totalmente insuficiente, y por ello han pedido al Ejecutivo que elimine los «elementos de empobrecimiento y la rebaja de las cotizaciones» que ha provocado la reforma. Precisamente sobre la situación de la Seguridad Social, Álvarez dio la bienvenida a la posible creación de un impuesto para financiar el sistema, pero consideró que hay herramientas que se pueden introducir inmediatamente y que tendrían un impacto muy importante.

«Dejar de cargar a la Seguridad Social las bonificaciones, la tarifa plan para los autónomos, el propio coste de la estructura de la Seguridad Social debería pasar a los PGE o destopar las cotizaciones», resumió el responsable de UGT. Sobre este mismo aspecto, y unas horas antes, la ministra de Industria, Reyes Maroto, había reconocido que el Gobierno estudia un posible impuesto a la banca. Junto a ella se encontraba el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, quien le advirtió de que una figura de este tipo sería «un error» y encarecería el crédito.
(Cinco Días, 19-06-2018)

Sánchez: “Debemos destopar las cotizaciones máximas a la Seguridad Social”
El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a TVE1 durante la primera entrevista que concede desde que prosperó la moción de censura que presentó hace unos días contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, aprovechó para avanzar sus objetivos en el ámbito económico: “redistribuir el crecimiento” de una forma más social, garantizar el sistema público de pensiones, universalizar la atención sanitaria tratando de acabar con el copago e impulsar una auténtica unión bancaria apoyando la creación de un fondo de garantía de depósitos comunitario en el marco europeo.

“Ofrezco la garantía de que este Gobierno hará todo lo posible por garantizar la solvencia y la sostenibilidad del sistema público de pensiones”, garantizó Sánchez, subrayando que el Gobierno anterior y la crisis han dejado muy deterioradas las cuentas de la Seguridad Social, con la hucha de las pensiones en mínimos históricos. Ante este panorama, el nuevo presidente del Ejecutivo avanzó que su intención es buscar “nuevas figuras impositivas” que permitan fortalecer las arcas públicas.

Aunque aseveró que serán los agentes sociales quienes guíen las reformas, expuso que hay que “abrir el debate” y “hablar de destopar las cotizaciones máximas” a la Seguridad Social para elevar los ingresos del sistema. “La capacidad recaudatoria es muy baja”, subrayó. En paralelo, Sánchez apostó porque la subida salarial que están negociando empresarios y sindicatos “será una suerte de alivio para la Seguridad Social”.

Sánchez se mostró convencido de que las fuerzas progresistas, como Podemos –con cuyo líder, Pablo Iglesias, se reunió el pasado jueves– apoyarán una modernización del sistema que permita garantizar la sostenibilidad de las pensiones. El presidente del Gobierno también remarcó que su objetivo es volver a universalizar la atención sanitaria, lo que pasa por acabar con el copago farmacéutico que soportan las personas de mayor edad, para lo cual buscará apoyos parlamentarios.

En cuanto a la reforma laboral, el presidente del Gobierno aseveró que le "gustaría" derogarla, como también la llamada Ley Mordaza, pero admitió que depende de los apoyos parlamentarios que logre. En el caso de la normativa laboral, adujo, ve margen para cambiar algunos aspectos como ultraactividad de los convenios, si no es posible modificar la norma completa.

“Hay que instalar una costumbre de otros Parlamentos, en los que el presidente comparece en el Congreso antes de las cumbres para informar de la posición del Gobierno”, propuso, aseverando que comparecerá ante la Cámara Baja para exponer sus propuestas ante la próxima cumbre europea. Los principales asuntos a tratar son la inmigración y la integración monetaria. "Hay amplio consenso en la Cámara sobre ambos”, dijo. Así, de un lado, Sánchez expuso que su intención es apostar por la creación de fondo de garantía de depósitos comunitario como paso cumbre para la culminación de la unión bancaria. “Vamos a trabajar con el gobierno francés y el alemán”, dijo, para tratar de lograr un acuerdo en este sentido.
(El País, 19-06-2018)

La mitad de los trabajadores dejaría su empleo por tener un salario bajo
Un salario demasiado bajo es la principal causa de los españoles para cambiar de empleo. Así lo manifiesta un 51% de los ciudadanos encuestados en el estudio de Randstat publicado este lunes. Precisamente, la revalorización salarial para recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis es una de las principales reivindicaciones de los sindicatos de cara a cerrar un acuerdo con la patronal sobre la negociación colectiva.

Los otros dos grandes motivos de los trabajadores para cambiar de destino según el estudio son la falta de oportunidades de crecer en la empresa (44%) o la ausencia de reconocimiento (33%). Le siguen los problemas para conciliar la vida laboral y personal (30%) y en último lugar considerar que su trabajo es poco interesante (29%).

Por otra parte, la encuesta también pregunta por los motivos que más valora un empleado para continuar en la empresa. En este caso, la mayoría de las respuestas (44%) se decantan por lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal. Asimismo, le sigue de cerca que la compañía les ofrezca seguridad laboral (43%) en un momento en el que la contratación temporal supone prácticamente el 90% de los nuevos contratos. También son factores importantes que el trabajo sea interesante (40%), que el salario sea atractivo (40%) o que la localización sea buena (39%).

Desde Randstad destacan que mientras el salario es la causa principal para cambiar de compañía, no es tan destacado a la hora de quedarse. Un desajuste que los autores del estudio consideran que se debe a que la «fidelización de los profesionales» debe ir más allá de la retribución. «Los trabajadores cada vez valoran más otros beneficios», explican.

Además, los motivos para cambiar de trabajo también varían según la formación de cada trabajador. Así, según Randstad, entre los profesionales con educación superior es más probable que dejen una empresa si su empleo no les supone un reto. Sin embargo, entre los profesionales con educación media, el motivo más determinante es el salario.

Por último, los factores también son distintos según la edad. Así, una de las razones que hacen más probable que los trabajadores más jóvenes, los menores de 25 años, se queden en su empresa es la oportunidad de desarrollar su carrera profesional. Sin embargo, para los mayores de 45 años la seguridad laboral a largo plazo es la causa más determinante.
(El Mundo, 19-06-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Trump amenaza con imponer nuevos aranceles de 200.000 millones de dólares a China
La respuesta de China, añadió, buscará proteger los intereses del país y de las personas y defender un sistema de libre comercio. "No importa cómo cambie la situación en el exterior, China se adherirá al ritmo establecido, colocará a las personas en el centro, fomentará firmemente la reforma y apertura, avanzará en el desarrollo económico de alta calidad y acelerará la construcción de un sistema económico moderno", destacó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado la preparación de nuevos aranceles del 10% a productos procedentes de China por un valor de 200.000 millones de dólares. Trump ya impuso la semana pasada aranceles del 25% a productos chinos por valor de 50.000 millones, a los que el gigante asiático respondió con nuevos gravámenes. Rápidamente ha llegado la respuesta china: si el Gobierno de Estados Unidos "se vuelve irracional" y presenta una nueva lista de aranceles a productos importados chinos, Pekín "tendrá que adoptar nuevas medidas cuantitativas y cualitativas" en respuesta, según informó el Ministerio de Comercio del país.

"Esto es inaceptable. Deben tomarse medidas adicionales para alentar a China a que cambie sus prácticas (comerciales) desleales, abra su mercado a los productos estadounidenses y acepte una relación comercial más equilibrada con Estados Unidos", dijo hoy Trump en un comunicado. El mandatario estadounidense ha indicado en un comunicado que ha solicitado al representante comercial del país, Robert Lighthizer, que identifique productos susceptibles de ser sometidos a las nuevas tarifas.

La medida tendría lugar en respuesta a la decisión de Pekín de imponer aranceles a las importaciones de bienes estadounidenses. "Después de que se complete el proceso legal, estos aranceles entrarán en vigencia si China se niega a cambiar sus prácticas y también si insiste en seguir adelante con las nuevas tarifas que ha anunciado recientemente", ha aseverado Trump.

Trump considera que el déficit comercial de Washington respecto a Pekín, que cifra en 376.000 millones de dólares anuales, es inaceptable y tiene que equilibrarse.

Por su parte, China ha indicado que "EEUU ha iniciado una guerra comercial y ha violado las leyes del mercado. No ha cumplido con la tendencia actual de desarrollo del mundo, ha dañado el interés de personas y empresas de China y de EEUU y ha perjudicado el interés de todos los pueblos del mundo", lamentó el Ministerio chino en un comunicado en su página web.
(Expansión, 19-06-2018)

La CNMV exige a la banca que revele ya su modelo de venta de fondos
La CNMV considera que la nueva norma sobre mercados y productos financieros, Mifid 2, está plenamente vigente, pese a que Economía todavía no haya adaptado la directiva a la legislación española. La fecha límite venció el pasado 3 de enero.

Sebastián Albella, el presidente del supervisor, anunció en el Congreso el pasado abril que se iba a realizar una “revisión temprana con una trasposición tardía” de la directiva. No era un brindis al sol. Desde comienzos de año, la CNMV ha realizado una oleada de solicitudes de información a todas las entidades financieras para conocer cómo están poniendo en marcha la nueva normativa, según fuentes del sector.

La norma, que está en proceso de aprobación parlamentaria, impone requisitos para los comercializadores de fondos. En esencia, solo podrán embolsarse los incentivos por la venta de estos productos (retrocesiones, en la jerga) si ofrecen asesoramiento o si ponen en su escaparate carteras de otras gestoras.

Los distribuidores se quedan con alrededor de seis de cada diez euros de comisión de gestión. El año pasado fueron 1.534 millones de euros de los 2.490 que ingresaron, según las últimas estadísticas del supervisor de los mercados.

El objetivo es conocer qué modelo está adoptando cada entidad. De momento, solo son solicitudes de información dentro de la actuación horizontal sobre aplicación de la nueva regulación prevista en el plan de actividades para 2018.

La intención es efectuar una revisión del nivel de adaptación de los bancos y de las empresas de servicios de inversión –sociedades y agencias de valores– a las nuevas obligaciones de información relativas a incentivos y costes de acuerdo a los contenidos de Mifid 2. En teoría, las comprobaciones de la aplicación efectiva de la nueva regulación comenzarán a partir del 1 de julio.

“La revisión se centrará en la información previa y a posteriori [si bien, esta será anual con carácter general] sobre incentivos y costes de las operaciones con instrumentos financieros”, aclara la CNMV.
(Expansión, 19-06-2018)

Fomento eliminará los peajes de las autopistas cuando acabe su concesión
El Ministerio de Fomento va a eliminar los peajes de las autopistas cuyas concesiones vencen ahora y va a auditar el plan para sacar a concurso las nueve autopistas de peaje quebradas y rescatadas por el Estado que ha heredado del anterior Ejecutivo. "Hemos decidido que se libere de peaje", ha anunciado el titular de esta cartera, José Luis Ábalos, en una entrevista en el diario "El País", según el cual esta decisión afecta directamente a tres autopistas (AP-1 entre Burgos y Armiñón, AP-7 entre Alicante y Tarragona y AP-4 entre Sevilla y Cádiz) cuyas concesiones vencen en 2018 y 2019 y cuentan con 468 kilómetros en total.

Además, según el rotativo, crea un precedente para las autopistas que vencen en 2021 (AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, con 479 kilómetros en su conjunto).Sobre las autopistas quebradas, ha destacado que la información que le han trasladado "no es muy coincidente en términos de los ingresos que podría reportar esa relicitación, ni tampoco en los costes que tiene que asumir el Estado tanto por RPA (responsabilidad patrimonial del Estado) como por las expropiaciones o por algún otro coste pendiente de asumir".

De acuerdo con el ministro, las cifras que le han trasladado varios responsables de ese departamento es que los ingresos previstos por la licitación son 700 millones y la RPA entre 2.000 y 2.600, frente a los 1.000 millones que esperaba obtener el Ejecutivo anterior y los 1.800 que preveía abonar. "Tenemos que saber exactamente de cuánto estamos hablando y de la afectación al propio déficit del Estado", ha recalcado Ábalos, que ha destacado además de que le han advertido de que "las concesionarias que tenían esas autopistas van a provocar conflictos judiciales".

La supresión del peaje de las autopistas tendría un coste de unos 450 millones de euros anuales para las 'arcas públicas' sólo en el caso de la media docena de vías que terminan su plazo de concesión entre este año y 2021, importe que se eleva hasta los 1.000 millones si se contempla toda la red de pago de 2.550 kilómetros del país, según calcula la patronal de constructoras y concesionarias Seopan.
(El País, 19-06-2018)

 
 
 
 
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