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NOVETATS LEGISLATIVES DEL 20 DE JUNY DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso
Orden ICT/657/2018, de 13 de junio, por la que se modifican los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto.
(BOE, 20-06-2018)

Euro
Resolución de 19 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 19 de junio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 20-06-2018)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 19 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 20-06-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/index.php?d=149&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 20 DE JUNY DE 2018

Fiscal

España es el decimocuarto país con más millonarios: tiene 224.200
España cerró el año 2016 con algo más de 200.000 millonarios, y ha terminado 2017 con un incremento superior al 10%. Hoy, según el informe Mundial de la Riqueza (World Wealth Report 2018 o WWR) publicado por Capgemini, España cuenta con 224.200 grandes riquezas, lo que sitúa al país en el puesto decimocuarto del ranking mundial de fortunas. Así, según los datos recabados por la consultora, los millonarios en España contaron, durante el año pasado, con un patrimonio total de 653.200 millones de dólares (565,5 millones de euros), un 11,9% más respecto a los 583.900 millones de dólares (505,5 millones de euros) del ejercicio anterior.

La mejora de la economía mundial impulsó el aumento del patrimonio de las grandes fortunas (población HNWI, por sus siglas en inglés) hasta superar por primera vez el umbral de los 70 billones de dólares en 2017. De esta forma, la riqueza que concentran los ultrarricos registra incrementos durante seis años consecutivos. En 2017 creció un 10,6%, el segundo año de mayor crecimiento patrimonial desde 2011.

El aumento ha tenido un especial impulso en la región de Asia-Pacífico y América del Norte, que representan el 74,9% del crecimiento mundial de los nuevos ricos (1,2 millones de nuevas grandes fortunas) y el 68,8% del crecimiento de la riqueza en manos de grandes patrimonios (4,6 billones de dólares). Europa también tuvo un comportamiento significativo en 2017, donde creció un 7,3% el volumen de riqueza de las grandes fortunas. Por ello, a cierre del año, los cuatro mercados con más volumen de millonarios (Estados Unidos, Japón, Alemania y China) representaban el 61,2% del total de la población mundial de grandes fortunas y el 62% de los nuevos ultrarricos.

España, donde el crecimiento ha sido significativo, se mantiene por detrás de Corea del Sur (243.000) y delante de Rusia (189.000), y en el séptimo lugar en Europa, por detrás de, en este orden, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Italia y Países Bajos. Para muestra del posicionamiento de España basta con echar la vista 10 años atrás: si los números actuales se comparan con el año 2008, cuando la cantidad de millonarios se movía en torno a los 127.100, el número de ricos en España ha aumentado un 76%.

Según el informe, las rentabilidades globales de las inversiones de las grandes fortunas (es decir, de los activos administrados por las sociedades de gestión patrimonial) crecieron un 27,4% en 2017. La renta variable siguió siendo la principal clase de activos en el primer trimestre de 2018, con un 30,9% de la riqueza financiera de las grandes fortunas, seguida del efectivo y activos líquidos equivalentes, con un 27,2%, y bienes inmuebles, con un 16,8% (un incremento de 2,8 puntos porcentuales).

Los millonarios más jóvenes (de menos de 40 años) afirman haber conseguido una rentabilidad con sus inversiones mucho más alta que la conseguida por los de mayor edad (37,9% frente al 16,9%), posiblemente debido a la necesidad de centrarse en la creación de riqueza en esa primera etapa de su vida, frente al mayor interés por la preservación del patrimonio de aquellos con más de 60 años.
(Expansión, 20-06-2018)

La Airef cree que un impuesto a la banca no tendría por qué encarecer el crédito
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, rebaja las advertencias de los banqueros sobre la propuesta de Pedro Sánchez, antes de auparse a La Moncloa, de crear un impuesto a los bancos para sufragar las pensiones.

En declaraciones a los periodistas tras participar en unos cursos organizados por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, patrocinados por BBVA, Escrivá ha señalado que habría que analizar los efectos de gravar la actividad de las entidades financieras, pero ha descartado a priori que pueda suponer un encarecimiento del crédito en España.

Ayer, en la inauguración de las jornadas, el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, advirtió al nuevo Gobierno de que un impuesto a los bancos "distorsiona" el mercado y haría menos accesible y más caro el crédito.

El presidente de la Airef se ha remontado al año 2000 para argumentar su consideración. Ese año, el Banco de España empezó a exigir a los bancos las llamadas provisiones anticíclicas para forjar un colchón de capital durante los tiempos de bonanza. Algo pionero esos años sobre las políticas macroprudenciales.

Escrivá ha recordado que las entidades presionaron al supervisor para rebajar estas provisiones y que en ese momento utilizaron el mismo argumento de que estas exigencias subirían el precio de los préstamos a los clientes. Una advertencia, según ha relatado, que luego quedó en papel mojado por la competencia entre el sector financiero.
(Expansión, 20-06-2018)

El nuevo Gobierno descarta reformar el sistema de financiación autonómica esta legislatura
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, admitió en la primera sesión de control del Senado a la que se sometía que en lo que resta de legislatura no podrá acometer la reforma del sistema de financiación autonómica. El anuncio causó verdadera sorpresa y decepción entre la mayoría de los grupos de la Cámara Alta, ya que esta iniciativa se había situado como una de las prioritarias en la lista de tareas que tiene por delante el Gabinete de Sánchez.

El presidente aludió como única explicación a este descarte la falta de tiempo para abordar un proyecto de esta envergadura. Sin embargo, lo cierto es que para que una reforma de la financiación autonómica llegue a buen puerto y sea estable en el tiempo, necesitará contar no solo con el apoyo de una mayoría parlamentaria suficiente, sino también con el respaldo del PP, principal grupo de la oposición.

Tanto es así, que todavía durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegó a ofrecer al PSOE para sacar adelante los presupuestos de este año iniciar ya la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.

El entonces titular de Hacienda argumentó que, si existía la voluntad política suficiente, la reforma podría completarse en cuestión de meses. Además, hay que recordar que abordar el difícil melón de cómo ampliar la participación de las comunidades autónomas en la cesta de impuestos estaba considerada como una de las vías para empezar a encauzar las deterioradas relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña.

A cambio de dejar esta reforma para más allá de 2020, Sánchez ofreció este martes la posibilidad de negociar con cada una de las comunidades mejoras que les permitan incrementar su capacidad de financiación... ahí es nada.

Así, Sánchez descartó llevar a cabo una reforma en profundidad del actual sistema en respuesta a una pregunta de la senadora de Coalición Canaria María del Mar del Pino Julios sobre el compromiso del nuevo Ejecutivo con la agenda canaria. El presidente se comprometió a actualizar del estatuto de autonomía de las islas para antes de final de año.
(El País, 20-06-2018)

Laboral

Destopar la cotización costaría más de 4.400 millones a empresas y empleados
El pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostó por destopar la cotización para incrementar los recursos de la Seguridad Social y también así lo estudiaron ayer en el seno de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que analiza la reforma de las pensiones.

Pero ¿qué supondría eliminar estos topes de cotización? Actualmente, los empresarios y los trabajadores aportan a la Seguridad Social el 28,3% del salario de cada trabajador –el 23,6% lo abona el empresario y el 4,7%, el trabajador–; es lo que se denomina cotización por contingencias comunes. Y lo que se recauda con dicha cotización–algo más de 10.000 millones de euros cada mes– conforma la principal fuente de financiación del sistema de pensiones. No obstante, este tipo de cotización del 28,3% no se aplica a la totalidad de los salarios de los trabajadores, sino que tiene un suelo mínimo y un techo máximo que cada año fija la ley.

Así en 2018, la base mínima de cotización de los trabajadores asalariados está fijada en 1.199 euros y la máxima en 3.751,20 euros al mes (poco más de 45.000 euros anuales). De esta forma, toda la parte del salario que ahora mismo supere dichos 45.000 euros no cotiza a la Seguridad Social. Esto es, ni el empresario ni el trabajador aportan nada por las cantidades que exceden.

En contraprestación, las pensiones máximas también están topadas, de forma que no pueden superar un límite que también se fija cada año por ley. En 2018, la pensión máxima es de 2.580,1 euros al mes. Lo que propone el nuevo Gobierno socialista es eliminar dicho tope máximo y que empresarios y empleados coticen por la totalidad del salario que perciben.

En términos monetarios, solo aplicar el tipo de cotización del 28,3% a la parte de los salarios que ahora no cotiza supondría elevar la recaudación de la Seguridad Social en 4.400 millones de euros anuales. O lo que es lo mismo, esta medida que persiguen los socialistas supondría elevar un 25%, en términos agregados, el coste laboral que se paga por aproximadamente el 15% de los trabajadores que están por encima de la base máxima y ganan, por tanto, 45.000 o más euros al año.

Desde el PP, su portavoz en el Pacto de Toledo y ex secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, que citó ayer algunos de estos cálculos, alertó también de que este incremento del coste laboral recaerá plenamente sobre los trabajadores más cualificados (los que cobran más), lo que podría penalizar un cambio del modelo productivo. Asimismo, otras fuentes consultadas consideran que este aumento podría traducirse en un recorte de salarios de los más cualificados o en un ajuste de empleo de los que menos cobran para costear el encarecimiento de quienes ganan más.

Camps también reclamó que si se destopan las bases máximas, también habría que “modular” las pensiones máximas. Según explicó, para mantener la contributividad del sistema (que la cuantía de la pensión responda al esfuerzo de cotización realizado) habría que destopar o aumentar las pensiones máximas. “De lo contrario, dejaría de ser un sistema contributivo para ser un sistema confiscatorio”, advirtió ayer.

Dentro del Pacto de Toledo solo Podemos apoya que este destope se produzca sin cambios en la pensión máxima. El resto de grupos estudiará cuánto deben aumentar las prestaciones máximas si se destopan las cotizaciones. Ahora, los perceptores de una pensión máxima reciben unos 20 puntos menos de pensión de lo que les correspondería por lo cotizado. La clave será fijar un margen para que esta correlación baje, pero no mucho más. El destope de las bases máximas sin subir la pensión máxima supondría que estos trabajadores recibirían el 50% menos de lo que les correspondería.
(Cinco Días, 20-06-2018)

El número de nacimientos en España se reduce una cuarta parte en la última década
La natalidad en España registra una caída en picado en la última década. Desde 2008, cuando nacieron 519.779 niños -el máximo en 30 años- frente a los 391.930 que nacieron en 2017, el número de nacimientos se ha reducido un 24,6%, casi una cuarta parte menos que hace diez años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso en la natalidad, sumado al aumento del número de defunciones el año pasado (el mayor desde 1976 hasta alcanzar 423.643 muertes) suponen una combinación peligrosa sintomática del envejecimiento progresivo de la población española.

Desde el estallido de la crisis en 2008, los años posteriores registraron una tendencia a la baja progresiva en la natalidad hasta el año 2014. Coincidiendo con la recuperación económica, ese año se produjo un ligero repunte de más de 2.000 nacimientos respecto a 2013. Desde el máximo histórico alcanzado en 1976 (677.456 nacimientos) el descenso es del 42,2%.

El indicador coyuntural de fecundidad también desciende ligeramente por primera vez en el último lustro. Este indicador mide el número de hijos que tendría cada mujer si se mantuviera la misma intensidad en la fecundidad. En 2017 el balance fue de 1,31 hijos por cada mujer en España. El dato supone una caída del 53,8% respecto al del año 1976, cuando había 2,77 hijos por mujer. Estas cifras suponen un cambio de tendencia en la concepción de la maternidad: las mujeres residentes en España tienen menos hijos y a edades más tardías.

De hecho, el número de mujeres en edad de ser madres (entre 15 y 49 años) se redujo hasta 10,57 millones en 2017. Se mantiene la tendencia a la baja que comenzó en 2009, debido a que ese rango de edad lo conforman generaciones menos numerosas nacidas durante la crisis de natalidad de mediados de los 80 y principios de los 90. La edad media de maternidad de las españolas se situó en 32,6 años, la cifra más alta de la última década, frente a los 29,7 años de las extranjeras.

España también registró en 2017 el mayor número de defunciones desde 1976. Las 423.643 muertes que se produjeron el año pasado suponen un incremento del 2,3% respecto a 2016 y un 8,9% más que en 2008. Desde el comienzo de la crisis económica se registran las cifras más altas de mortalidad en España, superando las 400.000 defunciones en 2012, 2015, 2016 y alcanzando el registro más alto en 2017.

El crecimiento vegetativo, que mide la diferencia entre nacimientos de madre residente en España y defunciones residentes en el país, volvió a ser negativo por segunda vez en los últimos diez años. En 2017 fue de 31.245 personas (en negativo), el número más alto de la última década.

También creció la mortalidad infantil -que contabiliza los decesos de menores de un año- situándose en 2,75 defunciones por cada mil nacidos. Aunque sufrió un ligero repunte respecto al año anterior (2,68 muertes por cada mil nacimientos) el informe del INE destaca que la tasa se mantiene por debajo del umbral del 3,0 desde 2013. La esperanza de vida de los españoles no sufrió variación respecto a 2016, y se mantuvo en 83,1 años. En hombres, la media es de 80,4 años mientras que en las mujeres se sitúa en 85,7 años.
(El País, 20-06-2018)

El Pacto de Toledo aplaza el debate sobre cómo aplicar el IPC a las pensiones
Los partidos políticos que negocian la reforma del sistema de las pensiones en la comisión del Pacto de Toledo han acordado retrasar las negociaciones hasta después del congreso de los populares que elegirá al sustituto de Mariano Rajoy al frente del partido.

No obstante, en julio seguirán los trabajos de la comisión con las comparecencias de la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y del nuevo Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, así como con comparecencias en materia de género.

El principal punto de discordia entre los partidos del Pacto de Toledo es la fórmula de revalorización de las pensiones, que ha quedado bloqueada. Por un lado, el PP, Ciudadanos, PNV y PDeCat aceptan que el IPC sea un elemento troncal, pero quieren que se module en función del ciclo económico. También quieren diferenciar según el nivel de las pensiones, garantizando siempre la revalorización de las más bajas.

En el otro lado están Podemos, PSOE y Compromís que quieren que se revaloricen siempre con el IPC nominal y que sean todas las pensiones, con indiferencia de su cuantía.
(La Vanguardia, 20-06-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

La guerra comercial entre EE UU y China se acelera y amenaza el crecimiento mundial
La guerra comercial entre EE UU y China se recrudece y amenaza con extender sus consecuencias sobre el resto del mundo. Tras imponer aranceles a las exportaciones de aluminio y acero procedentes de China, al igual que hizo con la Unión Europea, el ejecutivo dirigido por Donald Trump anunció el pasado viernes una segunda ronda de aranceles al gigante asiático por valor de 50.000 millones de dólares (43.000 millones de euros), que se aplicarían sobre un listado de 1.300 productos chinos, entre los que destacaban aparatos de alta tecnología de la industria aeroespacial y robótica. El anuncio de Trump encontró respuesta rápida. “Nuestra posición sigue siendo la misma, si EE UU toma medidas unilaterales y proteccionistas que dañen los intereses chinos responderemos inmediatamente tomando las decisiones que sean necesarias para salvaguardar nuestros legítimos derechos e intereses”, apuntó el portavoz de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang.

Esta madrugada fue todavía más allá al anunciar una tercera ronda de aranceles, en el caso de que el Ejecutivo chino cumpla la amenaza del viernes, algo que parece inevitable como medida para blindar el sector exterior frente a imposiciones de otros países. “Si China decide seguir subiendo sus tarifas, impondremos unos aranceles de 200.000 millones de dólares (174.000 millones de euros). La relación comercial entre Estados Unidos y China debe ser mucho más equitativa”, apuntó en un comunicado la Administración Trump. Lejos de rectificar, el Ministerio chino de comercio recalcó en un comunicado que las medidas adoptadas por Pekín el pasado viernes en respuesta a la decisión de Washington serán “firmes”.

Desde que llegó al Ejecutivo en enero de 2017, el presidente estadounidense, Donald Trump, puso en el punto de mira a China como el principal responsable de los problemas económicos. EE UU acusa al Ejecutivo de Xi Jinping de destruir actividad y empleo en EE UU con precios bajos y con la deslocalización de empresas estadounidenses en busca de costes más baratos hacia el continente asiático. Aunque el quid de la cuestión está en el déficit comercial. EE UU es el país con mayor déficit comercial del mundo, con un desfase cercano al medio billón de euros, de los que más de dos tercios corresponden a China.

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Angel Gurría, advirtió hoy de que las tensiones comerciales a nivel internacional amenazan con ralentizar la recuperación económica. “Las tensiones comerciales, especialmente después del anuncio de ayer, amenazan, si no con hacer descarrilar, al menos con ralentizar la recuperación”, dijo Gurría en la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. Un informe de la agencia de calificación Moody´s alertaba el pasado viernes de que, además de un menor crecimiento económico, podría tener un impacto negativo sobre la confianza y la concesión de crédito.
(Expansión, 20-06-2018)

Draghi promete que el BCE será “paciente” con la subida de tipos de interés
La normalización monetaria por parte de los bancos centrales es ya un hecho. El Banco Central Europeo ya dejó clara la semana pasada su hoja de ruta para la retirada de los estímulos económicos sobre la zona euro. Su presidente Mario Draghi avisó entonces que los tipos se mantendrán en los niveles actuales hasta al menos el verano de 2019, o el tiempo que la institución considere necesarios para alcanzar sus objetivos de estabilidad de precios y de inflación.

“Seguiremos siendo pacientes en la elección del momento para una primera subida de tipos de interés y seguiremos de ahí en adelante un abordaje gradual para ajustar la política” monetaria, aseguró este martes Draghi en el foro anual que el BCE celebra estos días en Sintra, Portugal.

El BCE decidió además la semana pasada ampliar las compras de deuda hasta el mes de diciembre, aunque en menor cuantía. Así, a partir de septiembre las reducirá de 30.000 millones de euros a 15.000 millones. Draghi se ha comprometido a que la política monetaria se mantendrá “paciente, persistente y prudente” en líneas generales, y repasó la situación macroeconómica de la zona euro, en la que hay una buena recuperación de empleo y se mantiene “el círculo virtuoso entre empleo y consumo”, según explicó.

El banquero italiano insistió en que la retirada de las compras de deuda se debe a la mejora económica si bien reconoció que es innegable que la incertidumbre se ha incrementado” por la posibilidad de un aumento del proteccionismo, un alza en el precio de los combustibles y el temor a la “volatilidad” del mercado financiero. Por el contrario, la política fiscal de Estados Unidos podría servir de estímulo al crecimiento de la economía global.

El encuentro organizado por el BCE está centrado en la fijación de los precios y salarios de las economías más avanzadas, aspectos que tienen su relevancia en la evolución de los precios de la zona euro. Draghi explicó ayer que los sueldos comienzan a moverse al alza, y subrayó que los recientes convenios salariales firmados en países como Alemania, Francia o España, apuntan a la continuación de esta dinámica salarial. “Hay indicios de que la moderación en el crecimiento salarial del sector público, que en el pasado había lastrado el crecimiento salarial agregado, está comenzando a relajarse”, dijo.
(Expansión, 20-06-2018)

Sector

España, entre los países con menos condenas de los tribunales europeos
España se encuentra entre los países con menos reclamaciones y condenas por parte de los tribunales europeos. Unos datos que vienen a desmentir uno de los mantras del independentismo catalán, que asegura que el Estado vulnera de forma sistemática los derechos humanos y que, si bien "formalmente" es una democracia, en la práctica no funciona como tal.

Según el informe España ante los tribunales europeos. Una visión a través de datos estadísticos, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre los años 2014 y 2017, la media anual de reclamaciones que estudió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con origen en nuestro país fue de 622. Puesta en relación con el número de habitantes, la ratio es de 0,14 demandas por cada 100 habitantes. Un dato similar al de Francia o Bélgica, y muy inferior a la media del conjunto de los Estados sometidos a dicho organismo, que es de 0,64.

En cuanto a las sentencias del TEDH en las que se declara la existencia de una violación de derechos fundamentales, España también aparece en la parte baja de la tabla, tomando como parámetro la ratio condenas por población. Así, la media de sentencias anuales en las que se encuentra al menos una vulneración es de seis, lo que supone 0,1 por cada millón de habitantes. Un dato similar al de Alemania, Holanda, Reino Unido o Irlanda, e inferior a otros Estados como Bélgica, Austria, Italia, Portugal o Suiza.

Si se atiende a los recursos por incumplimiento de los Estados elevados al TJUE en los últimos cinco años, puestos en relación a la población de cada uno de los países, la ratio española es inferior a la del conjunto de la Unión: un 0,05. Una cifra muy cercana a la que registran Alemania, Italia, Holanda y Suiza. En cuanto al resultado de las sentencias dictadas por el TJUE en esos recursos por incumplimiento de los Estados, España –con 0,07 sentencias estimatorias por millón de habitantes- se sitúa en la media europea, que es de 0,06.
(Expansión, 20-06-2018)

El CGPJ avala la idoneidad de Segarra para ser fiscal general
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado por unanimidad el nombramiento de María José Segarra como fiscal general del Estado, después de que el Consejo de Ministro elevara su propuesta el viernes pasado. La evaluación por parte del órgano de gobierno de los jueces es preceptiva, tal y como establece la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Examinada la trayectoria profesional de Segarra, el Pleno ha concluido que "se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada y que, teniendo en cuenta además los méritos reflejados en su currículum y a los efectos del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento para el que ha sido propuesta".

María José Segarra se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene acreditados más de 30 años de servicios prestados en la Carrera Fiscal, en la que ingresó por oposición en 1987 y en la que ha ocupado destinos en la Fiscalía de la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y en la Fiscalía Provincial de Sevilla, de la que es fiscal jefe desde diciembre de 2004.

Especializada en Familia y Protección de Menores, ha participado como ponente en numerosos cursos, jornadas y seminarios sobre esta materia organizados por la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andalucía y otras instituciones. Miembro del Consejo Fiscal entre los años 1990 y 1991, volvió a resultar elegida vocal de este órgano en las elecciones celebradas el pasado mes de marzo.
(El País, 20-06-2018)

 
 
 
 
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