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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 26 DE JUNY DE 2018

Laboral

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad
Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad.
(BOE, 26-06-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/26/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/26/index.php?d=154&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 26 DE JUNY DE 2018

Fiscal

La rebaja del IRPF de este año beneficia a rentas medias, jóvenes y jubilados
La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE), que pactaron PP y C´s pero que ahora hereda el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, beneficiará a 3,1 millones de contribuyentes, que lograrán una rebaja fiscal media de 500 euros.

Así lo estima el Banco de España en una simulación publicada este lunes dentro de su informe sobre la evolución de la economía española del segundo trimestre del año, en el que advierte que la sostenibilidad de la reforma requerirá de más ingresos o menos gastos en el futuro.

Las cifras ofrecidas por el supervisor financiero se aproximan a las previsiones del anterior Gobierno, que presentó la modificación aseverando que supondría un ahorro de 440 euros anuales para unos 3,5 millones de personas. El informe del Banco de España destaca, no obstante, que el coste total de la rebaja fiscal superaría los 1.500 millones de euros frente a los 2.200 millones de euros que figuran en el proyecto de Presupuestos.

El organismo que gobierna Pablo Hernández de Cos matiza, sin embargo, que esta desviación podría deberse a varios factores como el hecho de que su simulación no tiene en cuenta la nueva deducción por gastos de guardería y utiliza los datos sociodemográficos de 2014, por lo que el cálculo podría haber quedado desfasado teniendo en cuenta la creación de empleo de los últimos años.

Aun así, el informe concluye alertando de que “en un horizonte temporal más dilatado” financiar esta rebaja del IRPF “requeriría, bien reducciones de gasto, bien la obtención de recursos adicionales”, lo que acabaría afectando “de manera desigual, a las rentas netas de los diversos grupos de contribuyentes”. De momento, el Banco de España estima que el colectivo más beneficiado por la rebaja fiscal impulsada en las cuentas de 2018 serán los trabajadores con ingresos brutos de entre 12.000 y 18.000 euros anuales.

Se estima que lo componen 2,3 millones de trabajadores, que verían reducida su tributación en el IRPF en unos 480 euros de media anual. Por edades, el supervisor calcula que el 21% de los contribuyentes menores de 35 años (0,8 millones de declarantes) se beneficiaría de una rebaja de 450 euros.

En paralelo, un 16% de los mayores de 65 años (0,6 millones de contribuyentes) se beneficiarían de una rebaja de 600 euros. “Hay que señalar que no existen contribuyentes cuya cuota del IRPF aumente como consecuencia de la reforma”, subraya el Banco de España.

Pese a ello, como adelantó este diario, la modificación del impuesto sí que introduce una anomalía al disparar el tipo marginal efectivo de las rentas bajas. Así, Hacienda y la Seguridad Social ingresarán el 62,5% de cada euro adicional de subida salarial a trabajadores con salarios de unos 17.000 euros.

El informe del Banco de España toma en consideración los principales cambios de la reforma del IRPF, concretamente, la elevación de 12.000 a 14.000 euros en el umbral de tributación; el aumento del importe en la reducción de la base por la obtención de rendimientos del trabajo para salarios de 14.000 a 18.000 euros brutos; la nueva deducción de 1.200 euros por cónyuge con discapacidad y la ampliación en 600 euros de la deducción por familia numerosa por cada hijo adicional.

El supervisor admite que no ha analizado en profundidad los posibles efectos secundarios de la reforma, pero recuerda que los cambios en la imposición de las rentas laborales afectan a la decisión de los trabajadores, impulsando a los inactivos a incorporarse al mercado laboral y animando a los ya ocupados a elevar el número de horas que trabajan.
(El País, 26-06-2018)

Laboral

La campaña de rebajas creará casi 180.000 nuevos empleos, un 9% más que en 2017
La campaña de rebajas de verano generará este año 179.875 contratos, un 9% más que en el mismo periodo de 2017, según las previsiones realizadas por la compañía de recursos humanos Adecco. Las comunidades autónomas que más empleos crearán en esta campaña serán Cataluña, con 35.210 nuevos contratos; Madrid (23.750 contratos); Andalucía (21.340 contratos), Murcia (19.850 contratos) y Comunidad Valenciana (18.750). Estas cinco regiones efectuarán en esta campaña dos de cada tres contratos previstos.

Con entre 5.000 y 10.000 contratos se situarán Castilla y León (9.630), Aragón (8.910), Galicia (8.440), País Vasco (7.650), Castilla-La Mancha (6.520) y Canarias (6.220). Les siguen Navarra (4.200), Cantabria (3.140), Asturias (2.160), Baleares (1.670), La Rioja (1.490) y Extremadura, la región que menos contratos hará esta campaña, con 920. En valores relativos, los mayores repuntes se los anotarán Aragón, con un crecimiento interanual del 24% respecto a los contratos efectuados en la campaña de verano de 2017; Murcia (+22%), y Galicia (+16%).

De acuerdo con las previsiones de Adecco, el sector de distribución y retail y el comercio serán los que más contratos realicen en las próximas semanas, con incrementos que podrían rondar el 30% respecto a otros meses del año. También se esperan buenos datos en el sector logístico y de transporte debido al auge del comercio electrónico, por lo que las empresas de este sector reforzarán sus plantillas, con crecimientos esperados de la contratación próximos al 20%.

Por áreas, la de atención al cliente y fuerza de ventas será la que más contrataciones realice, hasta un 50% más que otros meses. Como es habitual en la campaña de rebajas de verano, los perfiles más buscados en estas semanas serán promotores, dependientes, comerciales, azafatos, teleoperadores, gestores del punto de venta, empaquetadores, cajeros, inventaristas, reponedores, mozos de almacén, preparadores de pedidos con radiofrecuencia y carretilleros.
(Cinco Días, 26-06-2018)

Sindicatos y patronal pactan una subida salarial de hasta el 3% anual para los tres próximos años
Los máximos dirigentes de las patronales CEOE-Cepyme y de los sindicatos CC OO y UGT acaban de cerrar un preacuerdo para recomendar a sus representantes en las empresas que pacten subidas salariales de entorno al 2% anual, más un 1% adicional, allí donde la productividad y otros indicadores lo permitan, para los años 2018, 2019 y 2020.

Entre los indicadores para que se aplique ese 1% adicional, los firmantes del acuerdo citan, además de la productividad, los resultados, el absentismo injustificado y otros "en base a unos indicadores cuantificados, medibles y conocidos por ambas partes". El texto sobre este punto añade que "los convenios colectivos podrán establecer mecanismos de revisión salarial, teniendo en cuenta los indicadores que en cada caso estimen aplicables los negociadores".

Asimismo, este preacuerdo incluye la medida perseguida por los sindicatos de incluir salarios mínimos de convenio de 1.000 euros al mes en 14 pagas. Si bien este compromiso se ha plasmado de la siguiente forma: los firmantes del acuerdo "instan" a que "durante la vigencia del acuerdo, de manera progresiva," se establezca un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales".

Si bien, el texto precisa que "este crecimiento gradual deberá enmarcarse en los propios convenios colectivos existentes vinculándose a su renovación". De esta forma, la recomendación queda postergada hasta que se renueve el convenio colectivo del que se trate, con lo que su aplicación en la práctica podría relegarse en el tiempo incluso más allá del 2020.

Hechas todas estas recomendaciones en materia salarial, los empresarios y los sindicatos hacen un llamamiento a todas las Administraciones Públicas, para que a la hora de adjudicar contratos en el sector público a las empresas tengan en cuenta que cumplen las recomendaciones pactadas hoy por las cúpulas de estas organizaciones.

Las cúpulas patronales y sindicales hacen también en este acuerdo una especie de enmienda parcial a la parte de la reforma laboral que puso un límite de un año a la renovación automática de los convenios (conocida como ultraactividad). Antes de la reforma de 2012, si un convenio era denunciado y tras agotarse el periodo de negociación no se llegaba a uno nuevo pacto, se mantenía la vigencia del anterior.

Pero la reforma del Gobierno del PP cambió la ley de forma que "transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si los hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación".

Por ello, empresarios y sindicatos han incluido en el pacto firmado hoy un punto en el que recomiendan a sus unidades de negociación en empresas y sectores que "impulsen la renovación y actualización de los convenios articulando reglas sobre vigencia, ultraactividad y procedimiento negociador". De esta forma, articularán lo que la ley tras la reforma prevé como "pacto en contrario" para negociar los plazos de vigencia que más les convengan a las partes.

Es más, coinciden en que "durante los periodos de negociación de los convenios colectivos, estos conserven su vigencia". En este punto proponen, entre otras cosas, respetar la autonomía de la voluntad de las unidades de negociación, "posibilitando la continuidad de las unidades de negociación, primándose para ello la buena fe negocial.

Además, estipulan que "cada una de las partes pueda decidir que la negociación está agotada y, por tanto, instar la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario". Y recomiendan que, para solucionar las situaciones de bloqueo en la negociación de un convenio, las partes acudan a los sistemas de solución autónoma de conflictos del ámbito autonómico y estatal.

Los máximos líderes sindicales y patronales han querido también recoger en este pacto una serie de "acuerdos alcanzados en el ámbito bipartito que deben ser desarrollados en el ámbito tripartito con el Gobierno de España". Esto significa que el diálogo social deberá concretar las siguientes propuestas:

Nueva regulación de las subcontratas (artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores). Los firmantes coinciden en que los procesos de descentralización --que se conocen en el argot laboral como externalización-- "no deben incentivar una competencia desleal entre empresas, ni un deterioro de las condiciones de empleo". Con ello apuntan a la posibilidad que no citan expresamente, de que los salarios de los trabajadores de las subcontratas deban equipararse a los de la empresa principal o a los de los convenios colectivos por los que esta última se rige.

Nuevas ayudas alternativas a los despidos. Proponen desarrollar una nueva medida para empresas con dificultades económicas, que incentive a estas compañías a hacer ajustes a través de la reducción temporal de la jornada en lugar de despedir a los trabajadores. Se trataría de crear nuevas ayudas que compensen el salario y la protección social recortada a los trabajadores afectados. Y, al tiempo, el establecimiento de ayudas para la formación de estos mismos trabajadores.

Reforma integral del actual sistema de formación de los trabajadores. Pretenden llegar a un acuerdo que, entre otras cosas, defina con mayor claridad el papel de empresarios, sindicatos, administraciones y entidades de formación. Que asegure la financiación del sistema y la reanualización automática de los excedentes y que abra nuevos procedimientos de asignación de recursos; así como que aumente la seguridad jurídica de los usuarios del sistema.

Control del absentismo. Las partes proponen la creación de un observatorio que en 6 meses emita un informe a partir del cual se puedan realizar pruebas piloto para mejorar las ausencias injustificadas al trabajo.

Jubilación. Reclaman un cambio legal que vuelva a permitir que los convenios colectivos incluyan la jubilación forzosa de los trabajadores cuando cumplan la edad ordinaria de jubilación y tengan el derecho a la pensión completa.

Nuevo procedimiento arbitral para poder cobrar las prestaciones por desempleo, por ejemplo, en el caso de finalización de un contrato de común acuerdo. Los firmantes también proponen un plan contra la economía sumergida; recuperar el contrato de relevo inicial; un plan integral para favorecer la igualdad salarial.
(Expansión, 26-06-2018)

Trabajo niega que vaya a negociar la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco
El Ministerio de Trabajo rechaza tajantemente que vaya a negociar con el País Vasco la transferencia de la Seguridad Social o su régimen económico. Fuentes del Departamento que dirige Magdalena Valerio ha negado que el Gobierno central esté dispuesto a tratar este asunto.

Este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con el lehendakari, Iñigo Urkullu. También se han visto la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, con la consejera vasca, María Jesús San José. Tras este último encuentro, San José habría afirmado, que ambas administraciones negociarán la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi, al igual que el resto de competencias pendientes, aunque reconoce la "complejidad" del proceso.

Desde el Departamento que dirige Valerio, han sido tajantes al desmentir este extremo. Y han subrayado que "no se ha tratado el asunto". Además, han insistido que en las informaciones publicadas no hay declaraciones directas de la consejera vasca sino interpretaciones a sus palabras. Otras fuentes gubernamentales confirman que el asunto no se ha tratado, ni siquiera se ha planteado en las reuniones interministeriales que se han venido celebrando en los últimos días.

La transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social es una reclamación histórica del PNV, apoyándose en que el Estatuto de Gernika tiene recogido esto en su artículo 18. No obstante, ningún gobierno central ha admitido que esto se pueda negociar con el argumento de que con ello se rompería la caja única y sería algo inconstitucional.
(El País, 26-06-2018)

La nómina de las pensiones supera por primera vez los 9.000 millones de euros
Así lo ha hecho público el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De acuerdo con estos datos, la pensión media de jubilación ha ascendido a 1.083,67 euros, lo que representa un aumento del 1,93% respecto al año pasado. La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), ha alcanzado los 937,19 euros mensuales, es decir, es un 1,84% más elevada que un año antes.

En el último año, la nómina de las pensiones ha sumado incrementos interanuales todos los meses del entorno de 3%. Solo 4 meses ha quedado por debajo, con ritmos del 2,9%. Ya se acumulan 29 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%. En conjunto, el sistema público ha superado los 9,6 millones de pensiones contributivas (en concreto, ha registrado 9.613.641 prestaciones), un 1,13% más respecto al año pasado. Más de la mitad de ellas, 5.919.154 concretamente, han sido por jubilación; mientras que 2.359.486 han correspondido a viudedad; 952.456 a incapacidad permanente; 340.797 a orfandad y 41.748 a favor de familiares.

La mayor factura mensual la concentran las pensiones de jubilación (6.414.402 euros), aunque la partida que más se ha incrementado es la de a favor de un familiar (con un aumento del 4,13% interanual). Del total, 4.658.022 de los pensionistas son hombres y 4.955.416 son mujeres. La pensión media entre los hombres ha sido 1.155,23 euros al mes, con una edad media de 70 años, mientras que entre las mujeres la cuantía es bastante menor, de 732,25 euros al mes y cuentan con una edad media de 73 años. Respecto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación ha sido este mes de 1.369,28 euros, lo que supone un descenso del 2,61% en comparación con junio de 2017.

Por comunidades, la brecha en la pensión media es muy elevada (ver cuadro). En Andalucía, ha sido de 839,5 euros; en Aragón, de 986,43 euros; en Asturias, de 1.103,71 euros; en Baleares, de 869 euros; en Canarias, de 860,89; en Cantabria, de 985,43 euros; en Castilla y León, de 922,79 euros; en Castilla-La Mancha, de 863,25 euros; en Cataluña, de 973,86 euros; en la Comunidad Valenciana, de 862,86 euros; en Extremadura, de 777,48 euros; en Galicia, de 793,34 euros; en Madrid, de 1.106,23 euros; en Murcia, de 822,83 euros; en Navarra, de 1.078,56 euros; en País Vasco, de 1.164,29 euros; y en La Rioja, de 913,62 euros.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018, aún en trámite, incluyen subidas de las pensiones de un 1,6% con carácter general, que se eleva al 3% para las mínimas y la subida para las de viudedad. Este incremento aún no se ha efectuado.
(El Mundo, 26-06-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Los exportadores exigen a la UE mayor dureza frente a los aranceles de EE UU
Preocupación y pesimismo. Ese es el sentir generalizado de los exportadores españoles ante la guerra comercial que inició EE UU con la imposición de aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de la UE, China, México y Canadá y cuya primera respuesta ha sido la aplicación en dos fases de aranceles por parte de la UE a las exportaciones de EE UU. Los otros tres países también apuntan a medidas en ese sentido.

¿Qué impacto puede tener en el comercio exterior español? Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, recalca que tendría unas consecuencias nefastas para el tejido exportador español. “Una guerra comercial es mala para todos: exportadores, importadores, consumidores e incluso para la recaudación fiscal. Lo que sí que tenemos claro es que, si nos amenazan y nos ponen aranceles, como ha hecho EE UU, no nos podemos permitir no responder. Somos partidarios de que la Comisión Europea, que es la que tiene competencias frente a la imposición de aranceles que no están justificados y no encajan en los acuerdos internacionales de comercio, responda”, recalca. Frente a los aranceles al aluminio y al acero de la UE, la Comisión Europea ya ha respondido con recargos por valor de 6.400 millones de euros en dos fases: la primera afecta a 200 productos, que se verán gravados con un arancel del 25%, y entró en vigor el pasado 22 de junio.

El impacto de esa medida será de 2.800 millones. La segunda, por valor de 3.600 millones, solo la podrá aplicar tres años después o siempre que la Organización Mundial de Comercio tumbe los recargos de EE UU. Bonet señala que una primera consecuencia sería un retroceso del comercio mundial. “Cuando se está en una guerra comercial, desviar la exportación a otro país no es tan fácil. Supongamos que a una empresa española se le cierre el mercado de EE UU por los aranceles y decide desviar sus ventas a Canadá. En primer lugar, es un mercado mucho más pequeño y no tiene capacidad para absorber esa demanda. Y, en segundo lugar, la normativa de la Organización Mundial de Comercio permite poner barreras en situaciones excepcionales para evitar que se hunda la industrial local. Y esta lo sería”, recalca.

Un segundo impacto sería un aumento del desempleo tanto en los países exportadores como en los importadores. “Para montar una fábrica de automóvil en EE UU que compense la perdida de exportaciones desde Alemania o Japón, se necesitan meses o años. Generará desempleo en el país exportador y en el importador, ya que el empleo no se genera en meses o años”. El presidente del Club de Exportadores también avisa de malas consecuencias para los consumidores. “En la medida en la que se restringe la oferta van a subir los precios. El aluminio o el acero lo compran fábricas que hacen productos intermedios. Estos se van a encarecer y van a provocar una subida de los precios de consumo”.

A ocho meses de la resolución del Brexit, Bonet se muestra preocupado por el desenlace. “Nuestra propuesta es que sea un brexit blando. Hay firmas españolas con grandes beneficios en Reino Unido, que es el principal inversor inmobiliario y el mayor emisor de turistas”, subraya.
(Cinco Días, 26-06-2018)

El Tesoro da mandato a los bancos para emitir bonos a 10 años
El Tesoro quiere aprovechar el respiro que vive el mercado de deuda. Con las tensiones del Gobierno de Italia contenidas, los inversores dan oxígeno a la deuda de la periferia y España está dispuesta a aprovecharla para captar financiación a precios bajos. La rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa por debajo del 1,4%. Es decir, se aleja del 1,62% que marcó el 29 de mayo. A ello ha contribuido la formación de Gobierno en Italia, el retraso en el proceso de normalización monetaria por parte del BCE y en la recta final de la semana el fin del rescate a Grecia.

En este contexto, el Tesoro ha dado mandato a Barclays, BNP Paribas, JP Morgan y Santander para efectuar una emisión sindicada a 10 años. Se trata de la primera emisión de este tipo llevada desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y la tercera en lo que va de año. El 23 de enero el Tesoro colocó 10.000 millones de euros en una emisión sindicada a 10 años en la que la demanda se superó los 43.000 millones, récord hasta la fecha. Días después, y aprovechando la mejora de la calificación por parte de Ficth (la primera de las tres agencias que elevó la nota de España a A-), el 20 de febrero el Tesoro colocó 6.000 millones en deuda a 30 años.

Las emisiones sindicadas son una estrategia a la que ha recurrido el Tesoro en los últimos años para los plazos de 10 años o más. Esto ha permitido alargar la vida de media de la deuda en circulación hasta los 7,51 año a cierre de mayo, lo que ayuda a aumentar la resistencia del Tesoro y reducir el riesgo ante una subida de tipos.
(Expansión, 26-06-2018)

Relevo al frente del Banco de España
Pablo Hernández de Cos tomará hoy martes posesión como nuevo gobernador del Banco de España, tras su nombramiento a finales de mayo por el Gobierno de Mariano Rajoy para sustituir en el cargo a Luis María Linde, quien permaneció seis años al frente del cargo. En concreto, Hernández de Cos tomará posesión en un acto en la sede del organismo supervisor en el que participarán su predecesor, Luis María Linde, y las ministras de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y de Hacienda, María Jesús Montero, entre otras personalidades.

El pasado lunes 11 de junio Hernández de Cos prometió ante Felipe VI su cargo de nuevo gobernador del Banco de España, delante de la Constitución y sin símbolos religiosos, al prescindir de la Biblia y del crucifijo, en un acto en el Palacio de La Zarzuela en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de las ministras de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y de Justicia, Dolores Delgado, en su condición de notaria mayor del Reino.

Hernández de Cos (Madrid, 1971) era el director general de Economía y Estadística del Banco de España hasta que a finales de mayo el exministro de Economía, Román Escolano, propuso su nombramiento, que se produjo días antes de que prosperase en el Congreso la moción de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, finalmente respaldada y que provocó la marcha del Gobierno de los 'populares' y la constitución del nuevo Ejecutivo socialista.

Doctor en Economía por la Universidad Complutense, licenciado en Ciencias Económicas y empresariales por CUNEF y licenciado en Derecho por la UNED, Hernández de Cos inició su carrera profesional en 1997 en el Banco de España, donde ha desempeñado una larga dilatada carrera hasta llegar a ser nombrado gobernador de la institución.

Entre los desafíos que tendrá que afrontar Hernández de Cos durante los próximos seis años se encuentra apuntalar los cambios en la estructura actual del organismo, tras la creación de la Dirección General Adjunta de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado.

También deberá trabajar por aumentar la presencia del organismo en el ámbito monetario y aunque llega en un momento en el que la banca española se encuentra en una posición más sólida, previsiblemente se producirán nuevas fusiones en el sector financiero español y continuarán los ajustes de plantilla y oficinas.
(Expansión, 26-06-2018)

El Gobierno plantea elevar el peso de la industria al 20% del PIB
La ministra de Industria, María Reyes Maroto, ha asegurado este lunes que el Gobierno de España tiene como objetivo situar a “la industria en el 20% del PIB”. En la actualidad se encuentra en torno a cuatro puntos por debajo. “La industria es fundamental. Hay que prestarle más atención que la que ha tenido hasta ahora, tanto en el ámbito nacional como en la defensa del sector en los ámbitos comunitarios internacionales. Por eso este Gobierno, en su primera decisión ha recuperado la cartera de industria”, ha explicado. También, ha remarcado que el Ejecutivo está intentando recuperar “lo más rápido posible la tramitación para la concesión de las ayudas pendientes, acumuladas durante los últimos años por la incertidumbre política y parlamentaria”. Además, ha añadido que tienen “previstas ayudas en concepto de subvención al tipo de interés, por valor de 50 millones de euros”.

Reyes Maroto ha realizado estas declaraciones durante la junta general de accionistas de Pymar, sociedad que representa a los astilleros privados, donde fue invitada para clausurar el acto. “Me comprometo a seguir ofreciendo y mejorando las ayudas a los proyectos de I+D de los astilleros, para sus procesos productivos y sus buques innovadores, para los que este año esperamos conceder al menos 5 millones de euros”, aseguró.

La ministra de industria ha felicitado a Pymar por los buenos resultados del sector, que en 2017 aumentaron un 80% sus contrataciones. En total, las empresas que componen esta sociedad consiguieron 35 nuevos contratos el año pasado, por un importe de 832 millones de euros. La demanda extranjera supuso el 85% de sus ingresos. “Somos un referente internacional gracias a la alta tecnología, la capacidad de adaptación y la gran cualificación de nuestros astilleros”, remarcó la consejera delegada de la compañía, Almudena López del Pozo.

Según datos de Pymar, España es el segundo país de la Unión Europea y el décimo del mundo con más unidades navales contratadas para construir en 2017. Álvaro Platero Díaz, presidente de esta sociedad, ha asegurado que “el sector ha sabido reinventarse después de la crisis del petróleo (...) estos datos demuestran la gran competitividad y la buena imagen del sector en el exterior”.

A pesar de los buenos datos, Platero ha puntualizado que la industria de la construcción naval privada se enfrenta a desafíos importantes. “No estamos exentos de enemigos, como la desleal competencia asiática y las políticas proteccionistas que han surgido”, ha asegurado. La economía global está sumida en una guerra arancelaria entre Estados Unidos y el resto del mundo. A la pregunta de cómo puede afectar esta crisis a la industria española, Reyes Maroto ha dicho que todavía “no se puede determinar el efecto que va a tener”. “De momento son todo señales muy inciertas de lo que se puede hacer o no, estamos esperando a que haya decisiones en firme”, ha explicado la ministra.
(El País, 26-06-2018)

Sector

Los jóvenes abogados ya no aspiran a ser socios
Si hace unos años la aspiración para un abogado que empezaba en un gran despacho era llegar a ser socio, en la actualidad parece que la tendencia ha cambiado. Como señala Adela García de Tuñón, directora de recursos humanos de DLA Piper, "estamos viviendo un cambio de paradigma en la carrera de los abogados, mucho más flexible de lo que era antes, y convivimos con diferentes aspiraciones y desarrollos profesionales dentro del sector jurídico". Algo que también destaca Nuria Martín, directora de recursos humanos de Cuatrecasas: "Las nuevas generaciones aportan una nueva percepción de la carrera y del mundo profesional y hacen que nos replanteemos cómo atraer y retener el talento".

Es por ello que las grandes firmas han decidido flexibilizar y adaptar sus planes de carrera a cada abogado. Como dice Ignacio Paz, socio y miembro del comité de recursos humanos de Herbert Smith Freehills España, "se trata de hacer un traje a medida en función de la situación y aspiraciones de cada uno". Loreto de Blas, HR manager de la oficina de Hogan Lovells en Madrid, puntualiza que en la firma "no hay planes de carrera alternativos a alcanzar la condición de socio, sino carreras profesionales adaptadas a cada abogado".

Uno de los principales objetivos de los letrados más jóvenes que se incorporan a un gran despacho como Uría Menéndez es, según su secretaría general, Iciar Rodríguez-Inciarte, formarse y trabajar en asuntos complejos con profesionales de los que puedan aprender. Precisamente, el plan de carrera en este bufete se basa en el principio de up or out, según el cual los abogados son evaluados anualmente y, solo si su desempeño alcanza un determinado nivel, continúan su evolución en la firma.

Por su parte, Lourdes Ramos, directora de recursos humanos de Garrigues, apunta a que el crecimiento profesional es la principal aspiración de los más jóvenes; por ello, desde el despacho se centran en ofrecerles desde el principio de su carrera "formación continua, participar en las operaciones más relevantes del mercado en un contexto internacional, movilidad geográfica y la posibilidad de realizar actividades académicas y pro bono".

Las firmas consultadas coinciden también en que las nuevas generaciones de abogados han cambiado su forma de concebir el trabajo en los despachos respecto a las generaciones anteriores. Loreto de Blas explica que "los abogados jóvenes reclaman una involucración directa con el cliente y un entorno internacional, además de flexibilidad y conciliación". De hecho, como destaca Iciar Rodríguez-Inciarte, las nuevas generaciones entienden que el trabajo ha de ser "colaborativo y quieren opinar sobre los asuntos o proyectos en los que trabajan y aportar sus ideas". Nuria Marín alude también a que los jóvenes prefieren trabajar por objetivos y que valoran mucho "la felicidad laboral, el buen ambiente de trabajo y la transparencia en la gestión de personas". Todo ello unido a una cada vez mayor demanda de oportunidades a nivel internacional.
(Cinco Días, 26-06-2018)

 
 
 
 
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