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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 27 DE JUNY DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Ley de creación del Consejo de la Mujer
Ley 3/2018, de 28 de mayo, de creación del Consejo de la Mujer.
(BOE, 27-06-2018)

Euro
Resolución de 26 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 26 de junio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 27-06-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/27/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/27/index.php?d=155&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 27 DE JUNY DE 2018

Fiscal

Último día para hacer la declaración de la Renta si es a ingresar y quiere domiciliar el pago
La campaña de la Renta y Patrimonio 2017 se acerca a su fin, ya que finaliza el próximo lunes 2 de julio. Pero hay que tener en cuenta que el plazo para realizar determinadas gestiones acaba antes. De hecho, hoy es el último día para presentar sus declaraciones de Renta y Patrimonio 2017 si el resultado es a ingresar y quiere domiciliar el ingreso.

La normativa del IRPF prevé la posibilidad de fraccionar la deuda tributaria si la declaración sale a pagar distribuyendo la cuota en dos pagos. El primer pago será del 60% del importe y se efectuará en el momento de presentar la declaración, ya sea en efectivo, con cargo en cuenta, o por domiciliación bancaria.

Si fracciona el pago, el segundo será del 40% restante y se podrá realizar hasta el 5 de noviembre de 2018, siempre que la declaración se presente dentro del plazo establecido y no se trate de una declaración complementaria. Según datos actualizados proporcionados por la Agencia Tributaria, en los casi tres meses de campaña discurridos, la AEAT ha recibido 16,9 millones de declaraciones y ha devuelto más de 6.000 millones de euros.

Para la presente campaña la AEAT prevé que se presenten 19,9 millones de declaraciones, 217.000 más que en la anterior. De ellas, estima que 13,7 den derecho a devolución, por importe de 9.468 millones de euros, mientras que se espera que 5,2 millones de declaraciones salgan con resultado a ingresar, por un importe total de 9.621 millones de euros.
(Cinco Días, 27-06-2018)

Vigilancia Aduanera reclama más recursos para combatir fraudes
Las distintas actuaciones de la Agencia Tributaria en su lucha contra el fraude permitieron recuperar en 2017 un total de 14.792 millones de euros, lo que supone un 0,6% menos que en el ejercicio anterior, cuando la recaudación también descendió tras años de incrementos en el afloramiento de economía sumergida. Desde la Asociación Profesional de Investigación Aduanera y Fiscal (IAF), que representa a los miembros de la policía judicial de la Agencia Tributaria que combaten el contrabando, los delitos fiscales y el blanqueo de capitales, admiten estar “preocupados por los últimos resultados de cuantificación de delitos fiscales”, lo que achacan a “los recursos limitados que la Agencia Tributaria tiene para poner a disposición de jueces y fiscales”.

Así lo expuso ayer uno de los vocales de la asociación, Julio Lesmes, en un acto organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la que el presidente de la IAF, Fernando Iglesias, reclamó más recursos para los agentes de aduanas y lucha contra el delito fiscal, así como la creación de una nueva dirección general especializada dentro de la Agencia Tributaria. La idea es equipararlo al área de informática, por ejemplo, para proseguir su labor bajo el mandato directo del responsable de la Agencia y con vocación de transversalidad con el resto de departamentos.

Ambos ponentes hicieron hincapié en que Vigilancia Aduanera son “los ojos en las calles” de la Agencia Tributaria para obtener las pruebas con las que los inspectores y técnicos de Hacienda calculan el importe defraudado, principalmente por “redes del crimen organizado”. También han sido clave en célebres investigaciones por blanqueo, como la que atañe al expresidente de Bankia y exvicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, al que uno de los agentes de Vigilancia Aduanera sujetó la cabeza al introducirlo en un vehículo tras su detención en una imagen que ha pasado a la posteridad.

Actualmente, Vigilancia Aduanera cuenta con 2.000 funcionarios de distintos cuerpos, divididos en las áreas de investigación terrestre y marítima, donde son absoluta referencia gracias a su dotación y experiencia en abordaje de embarcaciones para la incautación de drogas, por ejemplo. El departamento cuenta con 500 vehículos, incluyendo cuatro aviones, seis helicópteros, 33 patrulleras o dos buques insignia dedicados a operaciones especiales, con helipuerto y calabozos.
(Cinco Días, 27-06-2018)

Los empresarios rechazan nuevos impuestos y destopar cotizaciones para las pensiones
El acuerdo de incremento salarial firmado ayer por patronal y sindicatos "es un esfuerzo de los empresarios porque esto se hace con nuestro dinero" ha dicho hoy el presidente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) y vicepresidente de CEOE, Antonio Garamendi, que ha defendido este pacto de negociación colectiva ante el máximo órgano directivo de la patronal, que ha aprobado el texto por unanimidad.

El presidente de CEOE, Juan Rosell, por su parte, además de defender el incremento anual del 2% más un 1% adicional ligado a la productividad, los resultados o el absentismo, ha destacado especialmente la fijación de un salario mínimo de 14.000 euros anuales, que se negociará en los convenios colectivos, "porque es deseable para dar un empujón a los salarios bajos", ha dicho el líder patronal.

Además, Rosell y Garamendi han puesto en valor, además del pacto de convenios, los acuerdos a los que han llegado con los sindicatos para negociar con el Gobierno cambios legales en materia laboral, que retocan la reforma de 2012, como los cambios en las subcontratas, o todo lo relacionado con la lucha contra el absentismo y la economía sumergida. Ambos, han considerado que no tendrán problemas ni con el nuevo Gobierno ni con los apoyos parlamentarios necesarios para llevar a cabo estos cambios. Pero una vez hechas estas valoraciones positivas, los dirigentes empresariales también han lanzado varias advertencias ante los anuncios del nuevo Ejecutivo socialista de crear nuevas figuras impositivas o eliminar los topes máximos de cotización, para obtener más ingresos con los que financiar el sistema de pensiones.

Concretamente, ante la intención del Gobierno de destopar las bases máximas, Garamendi -cuyo nombre suena como candidato a suceder a Rosell al frente de CEOE- considera que "bastante esfuerzo está haciendo los empresarios ya" y aseguró que los 4.500 millones de incremento de coste laboral para empresarios y trabajadores que supondría esta medida "supondría romper la productividad y la competitividad de las empresas y no vamos a estar de acuerdo". Precisamente, la mejora de la productividad será la que marque que los sectores y las compañías puedan pactar alzas salariales de hasta el 3% en lugar de quedarse en el 2% de la parte fija pactada en el acuerdo de ayer. De ahí, que, sin advertirlo expresamente, el presidente de Cepyme, si sugirió que un destope de bases repercutiría directamente en menos incrementos retributivos de los trabajadores.

Asimismo, Garamendi rechazó también "cualquier subida de impuestos que, de antemano les digo, no nos va a gustar nada". En su opinión, es mejor que la lucha contra la economía sumergida haga que "se mantengan las bases imponibles, pero que haya más gente pagándolas". En ese sentido, Rosell aseguró que, si se lograra reducir en seis puntos el actual peso de la economía sumergida, que cifró en el entorno del 20%, los ingresos impositivos aumentarían en dos o tres puntos.

En esta línea, el presidente de Cepyme también planteó que, si los trabajadores autónomos cotizaran según sus ingresos reales y no eligiendo la base de cotización como ocurre en la actualidad, la parte de los 18.500 millones del déficit de la Seguridad Social que generan los trabajadores por cuenta propia, que cifró en 6.500 millones, esos números rojos se reducirían en más de 2.000 millones de euros. Sin embargo, reprochó a los grupos parlamentarios que hayan considerado que esta cotización según ingresos de los autónomos "no toque ahora, porque son votantes" y hay tres millones de votos en juego.

De la presentación del acuerdo de negociación colectiva ante la Junta Directiva de CEOE-Cepyme, los dirigentes patronales destacaron la unanimidad de su aprobación. Si bien admitieron que hubo intervenciones de representantes de algunos sectores que se quejaron de algunas de las medidas pactadas. En concreto, fuentes empresariales indicaron que fueron los dirigentes del sector de la limpieza los que más se quejaron de la recomendación de implantar un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales.

Rosell, por su parte, destacó dos de las medidas pactadas con los sindicatos y que deberán negociarse con el Gobierno porque requieren o bien dotación presupuestaria o cambios legislativos o ambas cuestiones. Se trata, por ejemplo, de la adopción de un sistema para incentivar los ajustes temporales de empleo o de reducción de horas de trabajo como alternativa a los despidos en tiempos de crisis. Consistiría en imitar al modelo alemán en el que, cuando llega una crisis las empresas suspenden parte de su producción y los trabajadores que la realizaban pasan a formarse, sin detrimento de su protección social ni su salario. "Es un sistema muy caro, admitió Rosell" pero, en su opinión podría ser muy útil para evitar despidos en la próxima crisis. En segundo lugar, el líder de CEOE también destacó el pacto con los sindicatos para "desburocratizar" los despidos pactados, de forma que no haga falta la carta de despido para cobrar la prestación por desempleo en los casos en los que la relación laboral termine de común acuerdo.
(Expansión, 27-06-2018)

El Gobierno quiere incrementar el impuesto especial que grava el gasóleo
El Gobierno de Pedro Sánchez quiere dar un impulso definitivo a la fiscalidad medioambiental, para que la mayor recaudación se traduzca en más gasto contra el cambio climático, y por tanto en un mayor compromiso con la transición ecológica de la economía. Una de las primeras medidas que intentará aprobar el Ejecutivo será la equiparación de la fiscalidad del combustible diésel y de la gasolina, según avanzan fuentes socialistas.

Actualmente el impuesto especial de la gasolina es de 40,25 céntimos por litro, y el del gasóleo, de 30,7 céntimos. El Ejecutivo calcula que la equiparación de ambos impuestos supondría una recaudación adicional de 2.140 millones de euros si se hiciese de golpe, pero quiere hacerlo "de forma escalonada", según fuentes cercanas a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica.

"El primer año se recaudarían 600 millones de euros", y así sucesivamente. Es decir, la igualación se lograría "en menos de cuatro años", aseguran las fuentes, que revelan que ya se ha creado un equipo de trabajo en el ministerio y que el Gobierno ya ha decidido dar el paso.
(Expansión, 27-06-2018)

El contribuyente medio destina 177 jornadas de sueldo a pagar impuestos
Este miércoles, 27 de junio, es el llamado día de la liberación fiscal, la jornada a partir de la cual los contribuyentes españoles comienzan a percibir para sí el salario anual tras destinar, de media, 177 jornadas de su sueldo bruto a cubrir cotizaciones sociales e impuestos. Así lo estima un estudio del think tank Civismo, defensor del liberalismo económico, que subraya que esta fecha se ha adelantado un día este año.

Un adelantamiento que el autor del informe, Javier Santacruz, achaca a las deducciones en tramos autonómicos del IRPF en varias comunidades que afectan a las rentas medias y bajas (gastos escolares, maternidad, dependencia…) y a la bajada de los primeros tramos en La Rioja y Extremadura; así como en la reducción de los salarios en los tramos de mayor edad (45 a 64 años fundamentalmente) lo que rebaja el tipo medio efectivo respecto al de 2017.

El informe elaborado por Civismo detalla que al traducir en días el cómputo impositivo global de los distintos gravámenes que pesan sobre el contribuyente, de media, los españoles dedican 102 jornadas de salario a cubrir cotizaciones sociales; 35 a pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF); unos 25 al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); 11 más por Impuesto Especiales y otros cinco destinados a cubrir tributos estatales, autonómicos y municipales, como son el IBI, Patrimonio, Sucesiones o Matriculaciones.

Como consecuencia, al contribuyente medio le restan 187 días de sueldo disponibles. El mayor recorte de la nómina viene propiciado, por tanto, por la llamada “cuña fiscal”, que toma en cuenta tanto el pago del IRPF como las cotizaciones sociales que costean entre el trabajador y su empleador.

Así, por cada 100 euros de coste laboral abonados por un empresario, los ocupados de entre 16 y 29 años reciben una retribución neta de 62,5 euros, tras aplicarse una cuña fiscal del 37,5%. Para los ocupados de 45 a 64 años, el ingreso es de 61,66 euros (una cuña del 38,34%) mientras que, para los mayores de 65 años, la remuneración es de 88 euros ya que la ausencia de cotizaciones sociales reduce la carga fiscal al 12,03%.

Como contrapartida a estas obligaciones, los españoles se benefician de un gasto equivalente al 16,8% del PIB español en protección social (incluyendo pensiones, prestaciones por desempleo y otras ayudas); un 6,1% en el mantenimiento de las Administraciones Públicas; un 6% en Sanidad; un 4% en Educación, un 3,9% en Inversiones; un 1,9% en Seguridad; un 1,1% en Cultura y subvenciones; un 1% en Defensa; un 0,8% en Medio Ambiente y un 0,5% en Infraestructuras de vivienda.

El valor económico de las prestaciones recibidas por cada contribuyente varía, sin embargo, en función de su edad. Los jóvenes de 16 a 29 años perciben unos 6.934,43 euros de media mientras que los mayores de 65 años se benefician de 22.388,8 euros al ser las pensiones públicas (unos 15.454 euros anuales) y la cobertura sanitaria (1.919 euros) las principales prestaciones económicas que reciben los contribuyentes.

De esta forma, ocho de cada 10 contribuyentes pagan más impuestos que prestaciones hasta que alcanzan la edad de jubilación, cuando la proporción se invierte. Concretamente, los españoles pagan entre 3.515,33 y 7.775,23 euros más de lo que perciben durante sus 35 años de cotización y luego cobran 17.768,49 euros más de los que aportan.
(El País, 27-06-2018)

Laboral

El Congreso da el primer paso para igualar los permisos de maternidad y paternidad
El Congreso de los Diputados dio ayer el primer paso para aprobar la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, que alcanzarían las 16 semanas, con carácter igualitario, intransferible y 100% remunerados. Todos los grupos de la Cámara Baja dieron su apoyo sin excepción a la proposición de ley presentada por Unidos Podemos, que establece una extensión gradual de 14 días más cada año en el permiso de paternidad hasta alcanzar las 16 semanas en el año 2024.

Aunque el texto del proyecto habla de alcanzar la equiparación en el año 2022, la fecha previsiblemente se retrase ya que el planteamiento original de Podemos era el de comenzar a elevar los permisos ya en el ejercicio 2017. Su propuesta, sin embargo, había sido vetada ya en dos ocasiones por el PP mientras estuvo al frente del Gobierno, pasando ayer a mostrar su apoyo a la iniciativa desde la bancada de la oposición.

Cuando estaba al frente del Ejecutivo, el PP rechazó la propuesta de Podemos alegando que la ley, que incluye la ampliación de permisos para padres y adoptantes, así como la universalización del derecho a plaza en escuela infantil a la finalización de esas semanas libres, supondría un coste de 3.637,83 millones de euros, lo que la haría “inviable” a no ser que “se consideren otras posibilidades de financiación de este importante aumento del gasto para el Sistema de la Seguridad Social”. Solo ampliar los permisos, estimó, podría costar unos 1.030 millones de euros al año cuando se adopte plenamente.

Hoy día, las mujeres cuentan con seis semanas de permiso obligatorio de maternidad frente a las cuatro de los hombres (que tendrán cinco tras aprobarse los Presupuestos de 2018). Además, existen 10 semanas más de permiso voluntario que puede aprovechar cualquiera de ellos, pero que en la práctica asumen mayoritariamente las mujeres. Esta situación es la principal fuente de discriminación laboral que sufren las mujeres.

Podemos propone mantener este esquema para las mujeres e ir ampliando los permisos de los padres. De esta forma, si la ley se aprueba los padres pasarán automáticamente a contar con un permiso obligatorio de seis semanas (al menos dos de ellas justo tras el parto) y llegarán a contar con 10 más de carácter voluntario. A falta de ver las previsibles modificaciones del texto, el aval unánime de todas las fuerzas políticas ayer parece prometer que la ley prosperará este mismo año.
(Expansión, 27-06-2018)

Patronal y sindicatos pactan agilizar el despido individual
Las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT han llegado a un acuerdo para reducir la tramitación y la burocracia en el despido individual. Así se recoge en el último punto del pacto para la negociación colectiva de 2018 a 2020, que suscribieron el lunes.

Es el último punto del acuerdo, pero importante en el día a día de las empresas. Se trata de que si el empresario y el trabajador llegan a un acuerdo para rescindir la relación laboral no haga falta nada más que la indemnización y la carta de despido para que al día siguiente el trabajador pueda empezar a cobrar la prestación por desempleo. Es decir, sin necesidad de que haya un acto de conciliación ante el Servicio de Mediación y Arbitraje o el juez.

En definitiva, se trata de una reforma que pretende agilizar el final de la relación laboral con el acuerdo entre las partes, siguiendo el modelo francés, según informó ayer Juan Rosell, presidente de la patronal CEOE. Rosell y el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, explicaron los puntos del pacto con los sindicatos que van más allá del capítulo salarial. Muchos de estos puntos, como la reducción de la tramitación en el despido necesitarán de la intervención del Gobierno, porque precisan de su regulación en la normativa laboral.
(El País, 27-06-2018)

El Círculo de Empresarios apuesta por una subida de las pensiones ligada a la productividad
El Círculo de Empresarios apuesta por una revalorización de las pensiones del sistema público de la Seguridad Social ligada a la productividad, lo que vincularía la evolución de estas prestaciones al crecimiento económico y garantizaría el equilibrio presupuestario a lo largo de un ciclo económico.

Así lo ha manifestado este martes su directora de Economía, Alicia Coronil Jónsson, durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso, ante la que ha pedido reformas de carácter global en el sistema con el fin de conseguir un "correcto equilibrio intergeneracional".

Según ha comentado Jónsson, el Círculo de Empresarios aboga por transformar el actual sistema de reparto por uno mixto, que incluya también la capitalización obligatoria y voluntaria, la creación de cuentas nacionales, y el aumento de los años de cotización para el cálculo de la pensión.

Asimismo, ha pedido un reparto "más equitativo" en el pago de cotizaciones por trabajadores y empresarios puesto que la proporción afecta a aquellas de menor tamaño --el 99% de las sociedades, ha asegurado, cuenta con menos de 50 trabajadores--, y ha vinculado esta situación a que España sea uno de los países con mayor peso de la economía sumergida.

La comparecencia de la directora de Economía del Círculo de Empresarios se encuadra dentro de un nuevo período de participaciones en el Pacto de Toledo, en esta ocasión para abordar la brecha de género en las pensiones públicas y en el actual mercado laboral.

Para abordar las diferencias por género en las pensiones, cuantificada en unos 400 euros por la responsable del Círculo de Empresarios, ha asegurado que no se debe a que "el sistema de pensiones esté mal diseñado", sino porque la vida laboral de la mujer históricamente ha estado marcada por un menor sueldo.

"Afortunadamente se observa que, progresivamente en España, las generaciones más jóvenes lo sufren con menor intensidad", ha manifestado. Por edades, ha dicho que esta brecha salarial se concentra a partir de los 35 y 40 años y, principalmente, de la generación del 'baby boom'. "Es la generación que viene de una educación y cultura donde no era normal que la mujer se incorporara al mercado laboral, y ocupaba trabajos con peor cualificación y remuneración".

Respecto a la brecha salarial, la ha cuantificado en unos 6.000 euros anuales, pero ha destacado que no es homogénea, sino que se acentúa por edades por tipos de contratación, puesto que afecta más en aquellos puestos de trabajo a tiempo parcial. Exceptuando este tipo de trabajos, ha señalado que se quedaría en 3.500 euros.

En este sentido, ha dicho que el Círculo de Empresarios es "optimista" respecto a una futura reducción de la brecha de género en las pensiones, puesto que el 75,8% de las mujeres trabajan a tiempo completo, el 72% con contrato a tiempo indefinido y la vida laboral cada vez es de más años.
(El Mundo, 27-06-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Tesoro coloca 7.000 millones de un bono sindicado a 10 años
El Tesoro quiso dejar claro que España no es Italia. Con las tensiones del Gobierno italiano contenidas y el fin del rescate a Grecia la semana pasada, España aprovechó el respiro que los inversores están dando al mercado de deuda para captar financiación y sacar el máximo partido a los bajos tipos de interés. La fórmula escogida para ello fue una emisión sindicada a 10 años, la tercera de este tipo en lo que va de 2018 y la primera en la era Pedro Sánchez.

El Tesoro colocó ayer 7.000 millones a un tipo de interés de 55 puntos básicos sobre midswap (el tipo de interés a ese plazo libre de riesgo), lo que implica una rentabilidad del 1,457%. El cupón alcanza el 1,4%, el mismo que en la emisión del 23 de enero. En la apertura de libros la demanda comenzó en 11.500 millones, cantidad que fue aumentando a medida que trascurrían las horas, para cerrarse finalmente en los 24.160 millones, lo que permitió rebajar en dos puntos básicos el precio inicial.

Aunque este importe evidencia el apetito que los inversores tienen por el papel español, se sitúa por debajo del récord de 43.000 millones registrados en la colocación sindicada a 10 años de comienzos del ejercicio. Fuentes de mercado quieren dejar claro que la menor demanda no obedece a la incertidumbre política. “La situación política en España es un factor en el resultado de las emisiones del Tesoro, pero pesan mucho más los fundamentales macroeconómicos” subrayan.

La colocación se adjudicó entre 290 cuentas. El interés de los no residentes quedó reflejado en la adjudicación. El 81,2% del total fue a parar a manos de inversores extranjeros. Por nacionalidades el 29,3% de la emisión recayó en inversores de Reino Unido e Irlanda. Le singuen los alemanes, austriacos y suizos, con el 15,9% mientras Francia e Italia aglutinan el 12,2% y los países nórdicos, el 7,1%.

Significativo es el interés que despertó la emisión entre inversores asiáticos, que se adjudicaron el 6,9% del total, marcando cota más alta en términos absolutos desde enero de 2012. Aunque no se desglosan por países esto coincide con el atractivo que despierta en los últimos meses la deuda española entre inversores japoneses.

Desde la mejora de la calificación por parte de las agencias de calificación y, especialmente desde que S&P elevara el rating a A-, los inversores nipones han ido elevando su peso en deuda de España. Según datos del Banco de Japón en abril las compras de bonos españoles revalidaron los niveles de marzo con el registro de un nuevo récord: los inversores japoneses adquirieron deuda española por importe de 2.700 millones de euros.

En lo que a tipología de inversores respecta la mayor participación corrió a cargo de gestoras de fondos (37,2%) superando a los bancos (30,1%), las aseguradoras y fondos de pensiones (11,6%), los bancos centrales e instituciones oficiales (10,4%) y los fondos apalancados (6%).
(Expansión, 27-06-2018)

Sector

El 84 % de los jueces sufren un riesgo "muy elevado" de carga de trabajo
La carga de trabajo es el principal factor de riesgo psicosocial –vinculado a los conceptos de estrés o fatiga- de jueces y magistrados, según los resultados del primer informe de evaluación de riesgos psicosociales de la Carrera Judicial, cuya elaboración fue encargada por el Consejo General del Poder Judicial en desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos.

El informe, presentado a la Comisión Permanente por los vocales Juan Martínez Moya y Concepción Sáez, se ha realizado a partir de los cuestionarios cumplimentados por 2.478 jueces y magistrados –el 47,8 % de la Carrera- y de 78 entrevistas personales.

Según los resultados obtenidos, el 84 % de los miembros de la Carrera Judicial se sitúan en la zona de riesgo "muy elevado" en cuanto a carga de trabajo -definida como "el nivel de demanda de trabajo a la que el juez o magistrado ha de hacer frente"-, aunque los resultados varían cuando se tienen en cuenta las variables de género, antigüedad y destino.

Así, mientras el porcentaje de hombres que se sitúan en el nivel de riesgo "muy elevado" es del 80 %, el de mujeres asciende al 87 %. Este factor de riesgo es asimismo más señalado por los jueces con entre 3 y 10 años de antigüedad -86 % en la zona de riesgo "muy elevado"- que por quienes ingresaron en la Carrera hace más de 25 años (76 %).

Por órganos judiciales, la carga de trabajo como factor de riesgo "muy elevado" alcanza el 88 % entre los jueces y magistrados destinados en Juzgados unipersonales; mientras que entre los de órganos colegiados el porcentaje es del 69 %. Entre los órganos unipersonales, además, la puntuación más negativa es para los Juzgados de lo Mercantil (94 %) y la más positiva para los Registros Civiles Exclusivos (40 %) y los Juzgados de Menores (45 %).

El informe dedica también un apartado a la conciliación del trabajo con la familia entre los miembros de la Carrera Judicial, que pone de manifiesto que las medidas relacionadas con la conciliación de la vida personal y laboral son solicitadas en mayor porcentaje por mujeres.

Así, a la pregunta sobre si tenían cuidado directo de hijos menores de edad, respondieron afirmativamente el 1,02 % de los hombres frente al 5,77 % de las mujeres; mientras que cuando se preguntaba por el cuidado en exclusiva de otras personas que no pueden valerse por sí mismas los porcentajes fueron del 0,94 % (hombres) y del 2,95 % (mujeres).

Por último, la pregunta de si en los últimos cinco años han disfrutado de alguna medida de conciliación ha sido respondida positivamente por el 9,4 % de los hombres y por el 29,7 % de las mujeres. Entre esas medidas se incluyen la licencia por maternidad, la excedencia por cuidado de hijos menores de tres años o de personas que no pueden valerse por sí mismas o la reducción de jornada por cuidado de hijos menores de doce años, entre otras.
(Cinco Días, 27-06-2018)

 
 
 
 
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