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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 4 DE JULIOL DE 2018

Fiscal

Presupuestos Generales del Estado para 2018
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
(BOE, 04-07-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 3 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 3 de julio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 04-07-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/index.php?d=161&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 4 DE JULIOL DE 2018

Fiscal

Madrid es el que más recauda por el IBI, pero son Tarragona, Girona y Lleida las provincias que aplican los tipos más altos
Los ayuntamientos españoles obtienen el 55% de sus ingresos de los impuestos y tasas locales, una cifra que supera la media de la UE, del 38,1%, y que les ha permitido mantener un constante flujo de recursos durante los peores años de la recesión. En concreto, cada capital de provincia recauda, de media, 678 euros por habitante al año en tributos municipales.

Así lo revela el informe Panorama de la Fiscalidad Local 2018, elaborado por la profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, María José Portillo, en coordinación con el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) bajo el paraguas del Consejo General de Economistas de España, que fue presentado ayer.

El documento subraya que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es el más importante para las economías municipales, pues de media supone un 28,2% de sus ingresos, siendo “el tributo que ha sostenido buena parte de su financiación en la travesía de la crisis”.

El IBI es uno de los tres tributos obligatorios para los ayuntamientos, junto al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que aporta el 3,1% de los ingresos a 40 euros por habitante, y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que suma unos 47 euros por ciudadano y el 4,7% de ingresos.

Además, los municipios tienen la opción de aplicar también si lo desean dos tributos potestativos: el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que suma el 1,4% de los recursos a 17,3 euros por habitante, y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), el llamado impuesto de la plusvalía municipal. Este aporta el 4,7% de ingresos a 88,1 euros por habitante. Otro 13,6% de ingresos provienen de las tasas municipales. El resto proviene de partidas como sanciones, o, ante todo, de transferencias del Estado.

A partir de ahí, las administraciones locales tienen cierto margen para jugar con estos gravámenes, pudiendo fijar los tipos del IBI dentro de una horquilla de entre el 0,4% al 1,1% del valor catastral del inmueble, aplicar exenciones o bonificaciones. De media, los ayuntamientos recaudan 315,2 euros por habitante en IBI cada año, cifra que viene condicionada de un lado por el tipo aplicado y, de otro, por el valor catastral de los inmuebles, lo que encarece el impuesto en las ciudades con barrios más onerosos.

De esta forma, Madrid es la ciudad española que más ingresa por IBI, con una recaudación prevista de 428,9 euros por habitante para 2018. Le siguen Castellón, con 419,8 euros, y León, con 407,3 euros. Sin embargo, la capital de provincia que cobra el IBI más alto es Tarragona, que aplica una tasa para viviendas urbanas del 0,953% y recauda 398,7 euros por habitante, frente al gravamen del 0,51% que aplica Madrid. Le siguen de cerca Lleida, con el 0,943% y Gerona, con el 0,907% mientras que Barcelona rebaja la cuota al 0,75%, detalla el informe.

El peso relativo del IBI también oscila en función de cada municipio, sumando el 78,4% de los ingresos de Ciudad Real pero solo un 46,9% de la recaudación de Vitoria, por ejemplo, por ilustrar con los dos ejemplos más extremos.
(Expansión, 04-07-2018)

Andorra aspira a ser miembro del FMI en los próximos meses
Andorra quiere dar más a conocer su sistema financiero, sus bondades y quitarse de una vez por todas la espinita del pasado de ser un país opaco. Considera que eso es el pasado, y está dando pasos para ser más transparente y jugar con las mismas reglas que en el resto de Europa.

De momento, el ministro de Finanzas del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca, ha asegurado hoy que el país quiere iniciar en apenas dos meses, en septiembre, el intercambio automático de información fiscal con España, que ahora se realiza únicamente bajo demanda.

En una jornada informativa organizada por el Gobierno andorrano y por la patronal bancaria del país, Andorran Banking, Cinca ha adelantado que el objetivo es que el intercambio automático de datos sea efectivo ya el primer año con 41 países, que serían todos los de la Unión Europea y otros 13 de la OCDE. La cifra, ha añadido, iría aumentando paulatinamente y superaría los 80 países en 2020.

Además, espera adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI) el año que viene, lo que le permitirá, no solo abrir su imagen de transparencia ante la vigilancia de este organismo, sino sobre todo contar con un organismo que le permitirá obtener préstamos si lo necesita, algo que al carecer también de un banco central le resulta muy positivo, según explicaron banqueros y políticos en estas jornadas. La participación del Principado en el organismo de gobernanza financiera internacional dará más estabilidad y credibilidad al sistema financiero andorrano.

Su sistema bancario también busca la transparencia a toda costa, y no descarta en un futuro contar con un banco central doméstico, aunque no sea andorrano. Consideran que lo mejor es adherirse a alguno de los ya existentes en los países vecinos como el Banco de España o el Banco de Francia.

Sobre el intercambio de información que ha anunciado Cinca, hasta el momento, solo existe el intercambio de información fiscal con otros países bajo demanda, por lo que se trata de un avance considerable, que se une a otros alcanzados en los últimos años, como los acuerdos de doble imposición fiscal o las distintas medidas alcanzadas para prevenir el blanqueo de dinero, ha recordado el ministro.

Todo ello, ha explicado Cinca, con el objetivo de adaptar la normativa fiscal y bancaria a la de los países del entorno, especialmente los de la UE, con el fin de que Andorra sea percibida como un destino fiable y transparente para las inversiones extranjeras, lo que en la práctica es una apertura económica en toda regla.
(La Vanguardia, 04-07-2018)

El BOE publica hoy los Presupuestos
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles, 4 de julio, la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, por lo que las nuevas cuentas públicas entrarán en vigor mañana, jueves 5, con medidas como la subida de las pensiones, el incremento del salario de los funcionarios, la ampliación a cinco semanas del permiso de paternidad y la bajada del IVA del cine y del IRPF, entre otros.

El Pleno del Congreso aprobó el jueves definitivamente la ley de Presupuestos de 2018, tras aceptar 32 de las enmiendas introducidas al proyecto durante su tramitación en el Senado. Entre los cambios finalmente incorporados a las cuentas se encuentran una mejora en las ayudas a víctimas de la talidomida y diferentes inversiones en infraestructuras para Aragón, a propuesta del Partido Aragonés (PAR).

Aunque con carácter general, la ley de presupuestos de este año entrará en vigor este jueves, un día después de aparecer en el BOE, algunas de las medidas que contempla tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Con las nuevas cuentas del PP, mantenidas por el Ejecutivo del PSOE, las pensiones mínimas subirán un 3% este año, un 1,6% el resto y se elevará del 52% al 56% la base reguladora de las pensiones de viudedad.

En cuanto a la rebaja del IRPF, que beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes, será de unos 2.000 millones de euros, de forma que se reducirá el mínimo exento en el IRPF, que subirá de 12.000 a 14.000 euros al año para todos los contribuyentes. Además, habrá una rebaja adicional para quienes perciben entre 14.000 y 18.000 euros anuales.

Junto con estas medidas, la rebaja del impuesto incluirá varios deducciones en la cuota, como la referida a gastos de guardería por hijos menores de tres años (1.000 euros anuales), que entrará en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero; y por cónyuge con discapacidad (1.200 euros anuales) o por familia numerosa (se incrementa en 600 euros anuales por cada hijo que exceda el número establecido, con carácter general, a partir del cuarto hijo inclusive), que entrará en vigor este jueves.

Los PGE también incluyen medidas recogidas en el acuerdo suscrito entre Hacienda y sindicatos, que contempla un marco plurianual de incremento salarial para los empleados públicos para los tres próximos años, con una subida salarial fija del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB. En total, la horquilla de alza salarial será de un mínimo del 6,1% y un máximo del 8,79%.

En materia de oferta de empleo público, se eleva al 100% la tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y al 75% en sectores no prioritarios, a lo que se añade una bolsa adicional del 5% para los sectores que consideren necesario reforzar, con lo que se asegura creación de empleo neto.

En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía autonómica y Policía local, la tasa de reposición sube al 115%. Además, los PGE incorporan también el acuerdo del Ministerio del Interior con los sindicatos que contempla 1.207 millones en tres años para conseguir en 2020 la equiparación salarial entre policías nacionales y guardias civiles y que, en la práctica, se verá reflejado en 2020 en un aumento medio de 561 euros en la nómina mensual de los policías y de 720 euros en la de los guardias civiles.

A su vez, se incluye la bajada del IVA del cine del 21% al 10% y un aumento de 30 millones de euros para las becas y ayudas generales, hasta los 1.450,33 millones de euros, la mayor partida de la historia, según destacó Montoro. Igualmente, entrará en vigor el aumento de los permisos de paternidad de cuatro a cinco semanas, del que se podrán beneficiar los padres con hijos que nazcan desde el día siguiente a la publicación de los PGE en el BOE.

Otras medidas que verán la luz son el aumento de 46 millones a la política de dependencia, el crecimiento del 16,5% de la inversión en infraestructuras, además de 7.044 millones de euros (+8,3%) para I+D+i, así como un incremento del 6,2% del presupuesto destinado a Industria y Energía y un alza del presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género, que el Gobierno no ha cuantificado.

También se recoge la posibilidad de asignar el 0,7% de la recaudación del impuesto de Sociedades para la inclusión y el tercer sector de ámbito estatal.

Con un techo de gasto de 119.834 millones de euros, un 1,3% más, los nuevos Presupuestos contemplan unos ingresos tributarios de 210.015 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,5% respecto al presupuesto de 2017, pero del 6% frente a lo finalmente recaudado el pasado año.
(El Mundo, 04-07-2018)

Laboral

El Supremo fija criterio para 'destapar' las falsas cooperativas de autónomos
El Tribunal Supremo ha fijado criterio para destapar las falsas cooperativas de autónomos, un mecanismo fraudulento empleado para escapar de la legislación laboral y, así, rebajar costes y debilitar la protección de los trabajadores. La sentencia, referida a un litigio entre un transportista y la organización de la que era socio cooperativista, puede tener especial incidencia en otros sectores como el cárnico, en el que los sindicatos han denunciado el abuso de esta figura. Además, unifica los pronunciamientos contradictorios que se han dado desde los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ).

En el caso enjuiciado, el demandante se integró en una cooperativa de transporte, dándose de alta como autónomo. Dicha organización era la propietaria de las tarjetas de transporte y quien alquilaba los vehículos que, posteriormente, eran puestos a disposición de los cooperativistas. La cooperativa, a su vez, tenía suscrito un contrato de arrendamiento de servicios con una empresa logística, que era quien disponía de los clientes, organizaba el trabajo, las rutas y los encargos. De hecho, era esta compañía la que se ponía directamente en contacto con los conductores.

Después de haber pasado un periodo de baja, el trabajador no volvió a recibir ningún encargo, por lo que demandó conjuntamente a la cooperativa y a la empresa logística por despido improcedente. Una pretensión que aceptó el juzgado de primera instancia, pero que, posteriormente, fue tumbada por el TSJ valenciano.

El Supremo recuerda que, de acuerdo con la ley, las cooperativas de trabajo tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, "a través de una organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros". Las cooperativas, por tanto, deberán responder a los fines que justifican su constitución, sin que sea "admisible" que se limiten "a dar cobertura formal a situaciones con las que se pretende eludir las normas laborales", asevera.

Así, esta figura no puede utilizarse si la cooperativa carece de "cualquier infraestructura organizativa propia o actividad económica real", y su único fin es poner mano de obra a disposición de otra empresa. La valoración de si se está ante una estructura que responde a los fines legales deberá hacerla el juez o tribunal que examine cada caso. El Supremo, no obstante, señala que será determinante la existencia de mecanismos internos y de relación con los clientes, que presten servicios a los asociados, tales como el asesoramiento, la reducción de costes, la captación de clientes o cualquiera que mejore el desempeño de su actividad.

Si estas circunstancias son discutidas en sede judicial, corresponde a la cooperativa "la carga de probar que desarrolla una actividad real", concluye.
(Cinco Días, 04-07-2018)

La Seguridad Social recupera los 19 millones de ocupados por primera vez desde 2008
La afiliación media a la Seguridad Social superó en junio la barrera de los 19 millones de ocupados hasta situarse en los 19.006.990 tras sumar 91.322 el pasado mes, lo que representa un avance del 0,48%. Tal y como informaron desde el Ministerio de Trabajo, se trata de la mejor cifra desde septiembre de 2008; mientras que en términos desestacionalizados también se contabilizaron más ocupados, en concreto 53.236, por lo que alcanza la cifra total de 18.800.828. De esta forma, un repaso a la serie histórica permite concluir que el empleo en España, medido en términos de afiliación a la Seguridad Social, se encuentra ya solo a un 1,18% de su máximo, de 19.231.824 trabajadores, alcanzado en 2007.

En términos anuales, el incremento de la afiliación fue del 3,11% después de sumar 573.884 afiliados medios en los últimos doce meses. Uno de los datos más positivos que arroja la estadística es que la afiliación de mujeres sigue protagonizando una evolución muy positiva. Hasta tal punto esto ha sido así, que junio pasado finalizó con un total de 8.779.129 trabajadoras ocupadas, la cifra más alta jamás registrada, lo cual significa que han recuperado todo el empleo destruido durante la crisis, algo que ya se produjo hace algunos meses. Representan el 46,19% del total de afiliados a la Seguridad Social.

Por el contrario, entre los hombres, el registro marcado en junio, que también creció un 3,03% en términos anuales, aún se encuentra lejos de los niveles alcanzados en 2008. Así, a finales del mes pasado 10.227.861 hombres estaban inscritos en la Seguridad Social, frente a los 11.109.558 ocupados varones con que finalizó junio de hace diez años.

Un análisis en detalle de las cifras muestra cómo el régimen general protagonizó un avance de 77.477 trabajadores (0,50%), cifra superior a la contabilizada en junio del año pasado y que eleva la cifra total de ocupados de este régimen a 15.664.100 trabajadores. Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se destacó que es el dato más elevado de toda la serie histórica, desde que se produjo la integración de los regímenes agrario y del hogar. Aun así, si se considera el régimen general puro, también se trata del mejor registro desde septiembre de 2008.

Por sectores, la ocupación creció en la mayoría de ellos, especialmente en la hostelería, con 34.357 afiliados más, el comercio y la reparación de vehículos de motor, con 28.617 y las actividades sanitarias y administrativas con unos 20.000 ocupados más cada una de ellas.

En el lado menos positivo destaca la pérdida de ocupados en el sector de la educación, que registró un descenso del 5,78% con 54.231 afiliados menos. En términos anuales, la ocupación avanzó en todas las provincias y comunidades y ciudades autónomas, destacando porcentualmente los incrementos experimentados por la Comunidad Valenciana (4,12%), Canarias (4,09%), Comunidad de Madrid (3,98%), Navarra (3,88%), Baleares (3,36%) y Andalucía (3,15%).

Por su parte, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en junio en 89.968 desempleados respecto al mes anterior (-2,8%), su menor descenso en este mes desde 2011.

El volumen total de parados alcanzó a finales de junio la cifra de 3.162.162 desempleados, su nivel más bajo desde diciembre de 2008, según informó también el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Desde los máximos alcanzados en febrero de 2013, el paro se ha reducido en más de 1,9 millones de personas.
(Expansión, 04-07-2018)

El Gobierno derogará el contrato de apoyo a emprendedores
La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, anunció este martes que el Gobierno derogará el contrato de apoyo a emprendedores porque esta figura contractual, "tal y cómo está diseñada", no responde al objeto que perseguía e "introduce precariedad".

Así lo avanzó Valdeolivas en su primera rueda de prensa de valoración de los datos de paro registrado, donde hizo hincapié en que este contrato "no es adecuado ni razonable", y esgrimió que el Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando y estudiando otras modalidades contractuales.

"Tendremos que seguir avanzando y tendremos que analizar el control del fraude en la contratación temporal, porque tenemos la impresión de que la tasa de temporalidad no se corresponde con la estacionalidad", señaló Valdeolivas, quien también resaltó que hay muchas figuras de contratos que "debieran ser indefinidas".

Concretamente, afirmó que, pese a que esta modalidad cuenta con "muy favorables condiciones de contratación e incentivos económicos atractivos", este contrato "ni ha dado los frutos deseados ni ha conseguido frenar la temporalidad".

"Este contrato no es un contrato indefinido" y puede servir para "torcer" el principio general de la causalidad en la contratación, por el que se establece que no hay contrato temporal sin causa, señaló la secretaria de Estado de Empleo.

El contrato indefinido de apoyo a emprendedores, creado en la reforma laboral de 2012, cuenta con un periodo de prueba de un año que, en el caso de no ser superado, no contempla indemnización alguna para el trabajador. Esta modalidad ofrece una serie de ventajas al empresario para incentivar su uso, como el periodo de prueba de un año, bonificaciones y otras ventajas fiscales.

Desde su creación, los sindicatos vienen denunciando que se trata de "contrato temporal encubierto", con despido "gratuito", y que muchos contratos de esta naturaleza no se mantienen transcurrido el periodo de prueba. Este contrato lo pueden efectuar aquellas empresas que tengan menos de 50 trabajadores en el momento de la contratación.
(Expansión, 04-07-2018)

Medidas de urgencia que los autónomos piden a Valerio
La primera ley que salió adelante en la anterior legislatura fue precisamente la de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo. El texto fue propuesto en la Cámara baja por Ciudadanos y, tras someterse a los cambios del resto de grupos parlamentarios, se aprobó en octubre. En esta norma se incluyeron importantes novedades, como el establecimiento de cuatro modificaciones de la base de cotización al año; el reconocimiento de las altas y bajas del sistema desde el día efectivo que se producen o de los accidentes de trabajo in itinere. Asimismo, se ampliaron algunas ayudas, como el tiempo de cobro de la tarifa plana.

Sin embargo, el Gobierno y el resto de grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en dejar para más adelante una reforma en profundidad del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, que ayer Magdalena Valerio instó a retomar. Aunque decidieron crear una subcomisión parlamentaria que estudiara fundamentalmente las posibilidades de reformar el RETA de manera que las cotizaciones de los autónomos se adecuaran a sus ingresos reales, para que las bases de cotización dejaran de ser elegibles, ya que en la actualidad más del 80% de estos trabajadores elige cotizar por la base mínima. Esta situación, entre otras cosas, genera que solo este sistema tenga un déficit de unos 6.500 millones. Esta subcomisión también ha estudiado otras modificaciones fiscales o de protección social del colectivo. En teoría ya ha terminado sus trabajos y debería haber presentado su informe –que servirá de base para un proyecto de ley–, pero dicha presentación se ha retrasado.

Es más, con el reciente cambio de Gobierno, las perspectivas de sacar adelante una reforma en profundidad del RETA se disipan. Sin embargo, el secretario general de la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad –que junto a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) representan a más del 75% del colectivo–, cree que hay una serie de medidas de urgencia que podrían adoptarse antes de dicha reforma.

La primera de estas medidas sería, para Abad, aprobar definitivamente la creación del Consejo del Trabajo Autónomo. Se trataría de una institución donde las distintas asociaciones de autónomos podrían discutir con el Gobierno las reformas legislativas necesarias para el colectivo. En principio esta medida no requeriría de aprobación parlamentaria.

En segundo lugar, el secretario general de UPTA cree que, al margen de la futura reforma del RETA que pudiera pactarse más adelante, el nuevo Gobierno "tiene ahora una oportunidad magnífica para hacer un guiño a los autónomos que más lo necesitan". Se refiere a los trabajadores del colectivo que están de baja laboral por contingencias comunes. Esta asociación propone al nuevo equipo de Valerio que bonifique el 100% de la cuota que pagan los autónomos a la Seguridad Social durante el tiempo en el que el trabajador está de baja. Es más, esta asociación ha hecho hasta las cuentas para llevar a cabo esta medida: la Seguridad Social recauda unos 1.090 millones anuales por las cotizaciones por contingencias comunes de los autónomos y el gasto en prestaciones por incapacidad temporal de este colectivo asciende a unos 700 millones anuales, por lo que restarían unos 600 millones de lo recaudado para la bonificación de la cotización que proponen.

En materia de Seguridad Social, UPTA propone al Gobierno una fórmula para hacer que los autónomos coticen más a la Seguridad Social. En concreto, piden que, a final del ejercicio el autónomo, si lo considera oportuno, pueda aportar mayores cotizaciones al sistema para generar una pensión mayor, pero Abad reclama que el tratamiento fiscal de esas mayores aportaciones se incentive, como las aportaciones a los planes privados de pensiones.

Finalmente, esta asociación hace una propuesta para atajar el fraude de los falsos autónomos y la problemática de los trabajadores de las plataformas de economía digital. Se trataría de obligar a que las empresas que trabajan con autónomos dependientes (trades), que son aquellos que reciben al menos el 75% de sus ingresos de esa sola empresa, a que registren oficialmente estos contratos de trade. Junto a este registro obligatorio, Abad asegura que sería imprescindible permitir a la Inspección de Trabajo que pudiera determinar si cada contrato en cuestión es realmente de un trade o una relación meramente mercantil. El INE calcula que existen unos 350.000 trades, pero Trabajo solo cuantifica 10.000.
(El País, 04-07-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Maroto convoca para el 18 de julio la Conferencia Sectorial de Turismo
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha asegurado que la relevancia de los nuevos desafíos que afronta el sector exige la redefinición del papel de las políticas turísticas y el desarrollo de nuevas herramientas de planificación y gestión a nivel local. Reyes Maroto ha anunciado hoy que ha convocado para el próximo 18 de julio la Conferencia Sectorial de Turismo, en la que se abordarán desafíos como la coordinación de las iniciativas regulatorias de los alquileres turísticos.

Asimismo, ha subrayado que se están manteniendo reuniones con agentes relevantes del sector turístico español y que próximamente lo harán con los agentes sociales y con Exceltur con el objetivo de diseñar de forma coordinada la política turística del país. En este sentido, la titular del Industria, Comercio y Turismo ha abogado por trabajar de forma intensa con responsables públicos, agentes sociales y actores del sector a fin de desarrollar una política turística centrada en una oferta de calidad, adaptada al siglo XXI y que ponga en valor los atractivos con los que cuenta España.

Además, ha avanzado que, en Paradores, que cumple este año su 90 aniversario, se seguirá trabajando tanto en la apertura de nuevos enclaves, como en la conservación y mejora de los actuales, reforzando su prestigio y contribuyendo a fortalecer la Marca España. Ha anunciado además que próximamente se constituirá la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, que espera que favorezca la cohesión, el intercambio de experiencias y buenas prácticas y aproveche las sinergias existentes entre los destinos.

Con ello se pretende promover la aplicación de la metodología de Destinos Turísticos Inteligentes, orientada a aprovechar las nuevas tecnologías del mundo digital y dar apoyo a los gestores públicos -fundamentalmente en las entidades locales- para la adecuación de su oferta turística a los criterios de sostenibilidad y accesibilidad. Durante su intervención, la ministra ha apostado por una mayor diversificación de la oferta turística que permita construir un modelo turístico sólido, perdurable, descongestionado y con un amplio margen de crecimiento que suponga, al mismo tiempo, una fuente de riqueza importante para todos los territorios.

Como ejemplo de ello, ha citado la "España Verde" con País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia como principales referentes. Además, ha subrayado su apoyo por la difusión de los Clubes de Productos Turísticos Nacionales y la promoción del turismo gastronómico y el enoturismo, en colaboración con los Clubes de Productos Rutas del vino de España, Ecoturismo de España o Saborea España.

Asimismo, ha destacado que España es una potencia turística mundial, el segundo país en número de turistas internacionales recibidos y el más competitivo del mundo en términos turísticos, según el Índice de Competitividad Turística elaborado por el Foro Económico Mundial.
(Cinco Días, 04-07-2018)

Los precios industriales de la eurozona escalan al 3% y marcan máximos de un año
Los precios de producción industrial de la zona euro subieron un 3% interanual el pasado mes de mayo, frente al repunte del 1,9% del mes anterior, lo que representa la mayor subida anual de la inflación mayorista desde mayo de 2017, según los datos de Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea (UE), los precios de producción industrial registraron una subida interanual del 3,6%, frente al alza del 2,3% del mes anterior. Se trata de la mayor subida interanual del dato en los últimos doce meses.

La subida de precios en la zona euro refleja el encarecimiento interanual del 7,6% de la energía, frente al 3,5% observado en abril, mientras que en el conjunto de la UE la subida fue del 10,8%, tras el 5,1% del mes anterior. Sin tener en cuenta esta evolución de los precios energéticos, los precios de producción industrial subieron un 1,4% interanual en la zona euro y un 1,6% en la UE. En el caso de España, los precios de producción industrial subieron en mayo un 2,9%, frente al 1,8% de abril, su mayor repunte interanual desde noviembre de 2017.

Entre los países cuyos datos estaban disponibles, las mayores subidas de los precios industriales se registraron en Reino Unido (+6,7%), Bélgica (+6,5%), Estonia, Grecia y Hungría (todos +5,5%), mientras únicamente se apreciaron descensos en Irlanda (-2,7%) y Luxemburgo (-0,5%).
(El País, 04-07-2018)

Bonificación del 75% en los viajes aéreos y marítimos de los residentes isleños a la Península
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha comprometido este martes con los presidentes de Canarias y Baleares, Fernando Clavijo y Francina Armengol, respectivamente, a que la bonificación del 75% en los viajes aéreos y marítimos de los residentes isleños a la Península será efectiva este mes. En rueda de prensa conjunta, tras reunirse durante casi dos horas con Ábalos, Armengol ha informado de que la bonificación, que también beneficiará a los ciudadanos de Ceuta y Melilla, se aprobará en un acuerdo de Consejo de Ministros uno de los tres viernes que restan en el mes de julio y a partir del día 13.

Ábalos ha rectificado así sus palabras del pasado miércoles, cuando señaló tras una pregunta de la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas que el descuento, incluido con una enmienda en los Presupuestos de 2018, se retrasaría al menos seis meses debido a su tramitación a través de un real decreto.

Clavijo ha explicado que este acuerdo del Consejo de Ministros, que será efectivo tras su publicación en el BOE, da inmediatez al descuento y beneficiará a casi cuatro millones de ciudadanos. De esta forma, y según ha explicado el presidente autonómico, de las tres vías jurídicas que manejaba el Gobierno —real decreto, decreto ley y acuerdo de Consejo de Ministros—, el Ministerio de Fomento se ha decantado por la última, que supone "inmediato cumplimiento". Clavijo ha considerado que se trata de una "magnífica noticia" para los residentes isleños y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y ha valorado la "voluntad política" del Gobierno en arreglar el problema.

Paralelamente, el ministerio tramitará un real decreto, pero, según Clavijo, lo que preocupaba a los residentes isleños es que el descuento fuera de aplicación inmediata. El presidente de Canarias ha insistido en que el compromiso del Gobierno es que se haga este mes. "Puede ser el 13, el 20 o el 27, pero en ningún caso se pospondrá del mes de julio", ha asegurado.

En la misma línea, la presidenta balear ha valorado la voluntad del Gobierno, "siendo conscientes de que se había heredado un Presupuesto General del Estado que no clarificaba la situación y que precisaba un tiempo de aplicación", lo que, según ha considerado, iba en detrimento de los ciudadanos. Armengol ha mostrado su satisfacción por que se haya optado por la propuesta más rápida y que, además, "era la que se había planteado desde Baleares". La presidenta autonómica ha agradecido al ministro su "reacción y voluntad" de arreglar un problema que les "habían dejado".

Tanto Clavijo como Armengol han recordado que este asunto se ha trabajado en sus comunidades como una "estrategia conjunta" desde el principio de la legislatura, al objeto de garantizar la movilidad de sus ciudadanos. La presidenta balear ha explicado que el acuerdo no se podrá aprobar el próximo viernes, día 6, en Consejo de Ministros porque precisa de una tramitación previa, y ha recordado que "el Presupuesto General del Estado todavía no está publicado".

"Estamos todavía en ese tiempo en que no hay presupuesto en vigor porque no está publicado en el BOE", ha dicho Armengol, que ha dado unos días a Fomento para la tramitación administrativa, si bien ha insistido en que "todo se hará este mes de julio". Y ha remarcado: "Si puede ser el 13, no será el 20, y si puede ser el viernes 20, no será el 27". Ha incidido además en la aplicación inmediata, al día siguiente.

Clavijo, que ha trasladado su felicitación a los servicios jurídicos y ha considerado que la opción elegida es la "más limpia, más fácil y más rápida", ha dicho, no obstante, que quiere "ser prudente" debido a que ya hay una frustración ciudadana con unas primeras fechas que se dieron y no se cumplieron.
(El País, 04-07-2018)

 
 
 
 
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