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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 5 DE JULIOL DE 2018

Fiscal

Procedimiento para la devolución de las cotizaciones a la producción en el sector del azúcar en las campañas de comercialización de 1999/2000 y 2000/2001
Orden HAC/719/2018, de 28 de junio, por la que se establece el procedimiento para la devolución de las cotizaciones a la producción en el sector del azúcar en las campañas de comercialización de 1999/2000 y 2000/2001.
(BOE, 05-07-2018)

Laboral

Decreto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, referente al II Convenio Colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center (antes Telemarketing).
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Decreto 59/2018, de 12 de junio de 2018, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, referente al II Convenio Colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center (antes Telemarketing).
(BOE, 05-07-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Precios definitivos del combustible gas natural del primer y segundo semestre de 2017
Resolución de 21 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer y segundo semestre de 2017 a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para dicho periodo.
(BOE, 05-07-2018)

Euro
Resolución de 4 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 4 de julio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 05-07-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/05/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/05/index.php?d=162&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 5 DE JULIOL DE 2018

Fiscal

Hacienda estudia eliminar la deducción fiscal en los 'cocos' de la banca
La creación de un nuevo impuesto a los bancos es una de las vías que contempla el Gobierno en su objetivo de obtener más ingresos con los que financiar las pensiones públicas, pero Hacienda cuenta ya con una opción con la que podría recaudar más de 250 millones de euros gracias a las principales entidades financieras del país. Hacienda estudia eliminar la deducción fiscal sobre el pago de cupón de los cocos, los bonos contingentes convertibles en acciones que ha emitido el sector para reforzar sus ratios de capital al tiempo que cumple con los requisitos regulatorios de solvencia.

Se trata de un beneficio fiscal que disfrutan los bancos no solo en España sino en numerosos países europeos, pero no en cambio las emisiones de deuda híbrida realizadas por empresas no financieras españolas, como Telefónica, Iberdrola, Ferrovial, Repsol o Gas Natural.

La deducción sobre el pago de intereses de estos títulos de deuda -los bancos se deducen el 30%, su tipo general en el impuesto de sociedades- resulta especialmente atractiva para la banca puesto que los cocos exigen retribuir a sus titulares con un tipo de interés más elevado. Después de todo, son títulos de deuda que, en momentos de dificultad, se convierten en capital, con el riesgo propio de las acciones, como se vio en la resolución de Banco Popular, en la que los propietarios de los cocos del banco perdieron todo su dinero.

Con la eliminación de la deducción fiscal en el pago de cupón de los cocos Hacienda podría recaudar más de 250 millones de euros, según cálculos de Kepler Cheuvreux, que estima que la medida tendría un impacto reducido sobre las entidades afectadas, de menos del 1,2% del beneficio por acción y que recaería de hecho en los bancos de mayor tamaño y más rentables. En España, han emitido cocos BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Bankia y Bankinter, además de Ibercaja, el único banco no cotizado que los ha lanzado.
(Cinco Días, 05-07-2018)

Entran en vigor los Presupuestos Generales del Estado para 2018
La ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 ha entrado en vigor este jueves, un día después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, por lo que las nuevas cuentas públicas están ya en vigor con medidas como la subida de las pensiones, el incremento del salario de los funcionarios, la ampliación a cinco semanas del permiso de paternidad y la bajada del IVA del cine y del IRPF, entre otros.

El Pleno del Congreso aprobó el jueves definitivamente la ley de Presupuestos de 2018, tras aceptar 32 de las enmiendas introducidas al proyecto durante su tramitación en el Senado. Entre los cambios finalmente incorporados a las cuentas se encuentran una mejora en las ayudas a víctimas de la talidomida y diferentes inversiones en infraestructuras para Aragón, a propuesta del Partido Aragonés (PAR).

Aunque con carácter general, la ley de presupuestos de este año entra en vigor este jueves, algunas de las medidas que contempla tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero. Con las nuevas cuentas del PP, mantenidas por el Ejecutivo del PSOE, las pensiones mínimas subirán un 3% este año, un 1,6% el resto y se elevará del 52% al 56% la base reguladora de las pensiones de viudedad.

En cuanto a la rebaja del IRPF, que beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes, será de unos 2.000 millones de euros, de forma que se reducirá el mínimo exento en el IRPF, que subirá de 12.000 a 14.000 euros al año para todos los contribuyentes. Además, habrá una rebaja adicional para quienes perciben entre 14.000 y 18.000 euros anuales.

Junto con estas medidas, la rebaja del impuesto incluirá varios deducciones en la cuota, como la referida a gastos de guardería por hijos menores de tres años (1.000 euros anuales), que entrará en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero--; y por cónyuge con discapacidad (1.200 euros anuales) o por familia numerosa (se incrementa en 600 euros anuales por cada hijo que exceda el número establecido, con carácter general, a partir del cuarto hijo inclusive), que entrará en vigor este jueves.

Los PGE también incluyen medidas recogidas en el acuerdo suscrito entre Hacienda y sindicatos, que contempla un marco plurianual de incremento salarial para los empleados públicos para los tres próximos años, con una subida salarial fija del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB. En total, la horquilla de alza salarial será de un mínimo del 6,1% y un máximo del 8,79%.

En materia de oferta de empleo público, se eleva al 100% la tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y al 75% en sectores no prioritarios, a lo que se añade una bolsa adicional del 5% para los sectores que consideren necesario reforzar, con lo que se asegura creación de empleo neto.

En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía autonómica y Policía local, la tasa de reposición sube al 115%. Además, los PGE incorporan también el acuerdo del Ministerio del Interior con los sindicatos que contempla 1.207 millones en tres años para conseguir en 2020 la equiparación salarial entre policías nacionales y guardias civiles y que, en la práctica, se verá reflejado en 2020 en un aumento medio de 561 euros en la nómina mensual de los policías y de 720 euros en la de los guardias civiles.

A su vez, se incluye la bajada del IVA del cine del 21% al 10% y un aumento de 30 millones de euros para las becas y ayudas generales, hasta los 1.450,33 millones de euros, la mayor partida de la historia, según destacó Montoro. Igualmente, entrará en vigor el aumento de los permisos de paternidad de cuatro a cinco semanas, del que se podrán beneficiar los padres con hijos que nazcan desde el día siguiente a la publicación de los PGE en el BOE.

Otras medidas que verán la luz son el aumento de 46 millones a la política de dependencia, el crecimiento del 16,5% de la inversión en infraestructuras, además de 7.044 millones de euros (+8,3%) para I+D+i, así como un incremento del 6,2% del presupuesto destinado a Industria y Energía y un alza del presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género, que el Gobierno no ha cuantificado. También se recoge la posibilidad de asignar el 0,7% de la recaudación del impuesto de Sociedades para la inclusión y el tercer sector de ámbito estatal.

Con un techo de gasto de 119.834 millones de euros, un 1,3% más, los nuevos Presupuestos contemplan unos ingresos tributarios de 210.015 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,5% respecto al presupuesto de 2017, pero del 6% frente a lo finalmente recaudado el pasado año.
(El País, 05-07-2018)

Laboral

El Gobierno anuncia el fin de los descuentos a los funcionarios cuando estén de baja médica
La nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha anunciado este miércoles en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados que el Gobierno ha decidido eliminar los descuentos que se aplicaban hasta ahora a las nóminas de los empleados públicos cuando estos se encontraban de baja médica.

Se trata de una de las medidas que puso en marcha el Gobierno del PP a partir de 2012 como medida para contener el gasto y combatir el elevado absentismo. Sin embargo, y ante la ausencia de cifras que demostraran los ahorros que supuso esta medida, el Ejecutivo anterior ya había pactado con los principales sindicatos de la Administración revertir esta medida y anular los descuentos aplicados.

Fue una iniciativa muy criticada por las organizaciones sindicales, ya que como recuerda CSIF en un comunicado, penalizaba de manera injusta a los empleados públicos que se acogen a una baja médica. Además, algunas comunidades autónomas habían establecido tantas excepciones a la aplicación de estos descuentos en las nóminas que en la práctica eran muy pocas las enfermedades por las que se aplicaban los recortes.

El sindicato CSIF valoró nada más conocer el anuncio de la ministra la voluntad de dejar de aplicar estos descuentos, como establecía el acuerdo suscrito con el equipo de Cristóbal Montoro en marzo pasado, y manifestó su confianza en que se desarrollen el resto de las iniciativas pendientes, como la vuelta a la jornada de 35 horas semanales.

En la reunión prevista para el próximo 16 de julio con la ministra, CSIF explicó que tiene previsto también reclamar la aplicación de los fondos adicionales para mejorar las retribuciones en los diferentes ámbitos (salario mínimo de 1.200 euros en la Administración General del Estado, o equiparación salarial en determinados sectores, entre otras reivindicaciones). En el ámbito retributivo, CSIF aspira, asimismo, a recuperar la estructura salarial previa a la bajada de sueldos que se produjo en 2010, con el inicio de la crisis.

Este sindicato también pondrá encima de la mesa la creación de un sistema de bolsa de horas recuperables para favorecer la conciliación, agilizar las ofertas de empleo público, así como el desarrollo de la carrera profesional, tal y como planteó la propia ministra durante su comparecencia.
(Expansión, 05-07-2018)

La OCDE advierte de un estancamiento salarial inaudito en España pese al empleo creado
El empleo se ha recuperado globalmente en la OCDE a niveles anteriores a la crisis económica, pero no los salarios, que sufren un estancamiento sin precedentes que afecta en particular a países como Grecia y España y a los trabajadores precarios y que han pasado por periodos de paro. El informe anual de perspectivas del empleo publicado hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte además de que los empleos que se están creando no tienen la misma calidad que los destruidos con la recesión de hace un decenio.

El bajo nivel de crecimiento de la productividad (1,2% anual en los cinco últimos ejercicios, frente al 2,3% antes de la crisis) es uno de los factores que explica ese estancamiento salarial. El ritmo de progresión nominal de los salarios, del 5,8% en el segundo trimestre de 2007, antes de la crisis, pasó al 3,2% en el último trimestre del pasado año.
Ese fenómeno no se ha producido de forma homogénea, ya que las remuneraciones del 1% de los asalariados más favorecidos han crecido a una cadencia mucho más elevada que la media de los trabajadores a tiempo completo, una tendencia de largo plazo que se refuerza. En el otro extremo de la escala social, el porcentaje de pobres entre la población en edad de trabajar subió al 10,6% en 2015, frente al 9,6% una década antes, en parte porque quienes perdieron su empleo han tenido una cobertura de paro más deficiente.

Menos de uno de cada tres reciben subsidios y muchos, al quedarse sin esa cobertura, se han visto obligados a aceptar puestos de peor calidad y remuneración. España es uno de los casos que mejor ilustran el impacto de la inseguridad en el empleo sobre el salario. Si las remuneraciones del conjunto de los trabajadores se hubieran comportado como las de quienes han mantenido su empleo desde 2007, los salarios reales habrían sido un 3,1% superiores en 2014.

Todo eso pese a que la tasa de empleo a finales de 2017 llegó al 61,7% de la población de entre 15 y 74 años, lo que significa que había más gente trabajando que antes de la crisis. Ese porcentaje seguirá subiendo para alcanzar el 62,1% al terminar 2018 y el 62,5% a finales de 2019. Para la OCDE, esta creciente polarización del mercado laboral necesita una respuesta sobre todo en forma de sistemas de formación de alta calidad dirigidos en particular a personas de baja cualificación.

El informe también analiza la brecha salarial entre hombres y mujeres, que, aunque ha disminuido, seguía siendo del 39 % de media en 2015 en sus países miembros. Buena parte de esa brecha se genera en la primera parte de la carrera profesional, cuando muchas mujeres dedican más tiempo al cuidado de los hijos. Para corregirlo, la OCDE aconseja políticas familiares y cambios como facilitar la flexibilidad en el tiempo de trabajo.
(El País, 05-07-2018)

La OCDE pide a España abaratar el despido y avisarlo con más antelación
Además, la OCDE destaca que las indemnizaciones por despido en España son "particularmente generosas" y recomienda al país llevar a cabo una reforma laboral que aumente el periodo de preaviso de despido a la vez que reduzca el importe de las indemnizaciones. "Una reforma que aumente el período de preaviso, compensado con una disminución de la indemnización, permitiría iniciar la activación durante el preaviso sin aumentar el costo para las empresas", señala la organización en su informe 'Perspectivas de Empleo 2018".

En su análisis, el 'Club de los países ricos' sostiene que la reforma laboral de 2012 ha ayudado a aumentar el empleo y a combatir la profundamente arraigada segmentación del mercado laboral, reforzando la capacidad de los empresarios para resistir las turbulencias del mercado.

"España perdió mucho tiempo para llevar a cabo las reformas necesarias", ha señalado en rueda de prensa el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, recordando que en los primeros años de la crisis los representantes del Gobierno español la consideraban "un problema anglosajón".

Ahora España está creando medio millón de empleos al año como resultado de la reforma implementada por Mariano Rajoy y ha registrado una mejora enorme de 10 puntos porcentuales de la tasa de paro, ha señalado el mexicano. "Las cifras muestran que nos movemos en la buena dirección", ha apuntado.
(El País, 05-07-2018)

El Gobierno quiere recuperar el subsidio para desempleados mayores de 52 años
El Gobierno de Pedro Sánchez pretende recuperar el subsidio para desempleados mayores de 52 años que una de las reformas llevadas a cabo por el Ejecutivo del PP elevó a parados de más de 55 años. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha subrayado este miércoles en Palma que su reimplantación “sería buena” para las cotizaciones y permitiría ingresar más dinero en la Tesorería de la Seguridad Social. “A lo mejor pueden ser unos mil millones de euros, he pedido un estudio para que se calcule”, ha señalado.

Valerio ha realizado su primera visita institucional a Baleares para suscribir con la presidenta del Gobierno regional, Francina Armengol, el Plan de Lucha contra la precariedad en el trabajo que permitirá llevar a cabo entre julio y agosto más de 3.600 inspecciones en establecimientos. A la plantilla de 51 inspectores habituales de las islas se sumarán 32 que se desplazarán desde la Península para participar en la iniciativa, que se pone en marcha por cuarto verano consecutivo.

En declaraciones a la prensa tras la presentación del acuerdo, la ministra ha explicado que la tasa de cobertura del desempleo era cercana al 80% en el año 2011 y, a pesar de que se ha recuperado en los últimos meses, se sitúa actualmente en un 56%. “Hay que hacer algo con los parados de larga duración, como fomentar los itinerarios personalizados de inserción y trabajar la recualificación. Muchos pertenecen a sectores como el de la construcción y otros afines que han pasado por muchas dificultades y no encuentran empleo de lo que han trabajado” ha señalado Valerio. La ministra ha insistido en la intención de recuperar el subsidio para mayores de 52 años que el Gobierno de Rajoy además lo condicionó a las rentas familiares en vez de personales y con una cotización al 100% de la base mínima en vez de al 125%.

La ministra también se ha referido al pago de las pensiones. “Solo con cotizaciones no podemos pagar las prestaciones contributivas, tenemos que completarlo con impuestos, nos guste o no”, ha subrayado la titular de Trabajo, que sostiene que el PP utilizó la llamada “hucha” de las pensiones para abonar las prestaciones y ha dejado un fondo que no es suficiente y que ha llevado al Gobierno a pedir préstamos.

La necesidad de implantar impuestos para hacer frente al pago de las pensiones es una idea en la que coinciden PP y PSOE, aunque no es la única vía para garantizar la continuidad del sistema ya que, según opina Valerio, las cotizaciones irán aumentando a medida que se incremente el empleo estable. “El PP mantenía la tesis de que con 20 millones de trabajadores se iba a resolver el problema de la Seguridad Social, pero hemos llegado a los 19 millones y las cotizaciones no cubren las prestaciones contributivas”, ha dicho la ministra.

Durante su visita también se ha comprometido a impulsar la Mesa por la Calidad del Empleo en la Hostelería, aunque no ha dado una fecha concreta para convocar este foro en el que se discuten, entre otros aspectos, las cargas de trabajo y el catálogo de enfermedades profesionales. Valerio también ha anunciado que su departamento revisará las medidas de fomento del empleo impulsadas por el PP como el contrato de apoyo a emprendedores y el contrato de formación porque según ha señalado, “no han resultado efectivos”.
(El Mundo, 05-07-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Las empresas y bancos españoles frenan la emisión de bonos
El volumen vendido no llega a los 25.000 millones en 2018, un 22% menos. Prosegur y Caja Rural de Navarra firman las colocaciones con más demanda. Incluso en el segundo semestre de 2012 se vendieron más bonos en España que en los seis meses de 2018 que acaban de cerrarse. Con la crisis del euro en su máximo apogeo, el rescate de Bankia todavía humeante, Europa asumiendo las palabras sanadoras de Mario Draghi («haré lo que sea necesario para salvar al euro y, créanme, será suficiente») y Santander reabriendo el mercado de deuda en septiembre de hace seis años con una emisión a 24 meses por la que pagó un 4,4% de interés, los bancos y las empresas españolas mostraron más apetito por testar el mercado de bonos que ahora.

El volumen total que han emitido en la moneda única en lo que va de año los sectores corporativo y bancario nacionales no llega a los 25.000 millones de euros. Eso son 10.000 millones de euros menos que entre julio y diciembre de 2012 y representan una caída del 22% con respecto al primer semestre del año pasado, según los datos de Société Générale.

Para encontrar en la historia reciente de España un periodo peor hay que remontarse al primer semestre de 2012, cuando el mercado se cerró a cal y canto para cualquier emisor que tuviera su sede en España desde marzo con una única excepción (fue la papelera Lecta y le costó un 8,9%). Entonces se vendieron 19.750 millones.

Pero entre uno y otro semestre media un abismo. Las circunstancias que han motivado la caída actual y las que se dieron en 2012 no pueden ser más distintas. «No nos preocupa que los volúmenes caigan porque no existe un problema de demanda de los inversores», explicó Fernando García, codirector de Mercados de Capitales de Société Générale, durante la presentación de las cifras de actividad en el primer semestre. «Los emisores han anticipado las colocaciones para cubrir sus necesidades y tienen colchones elevados de liquidez», añadió.

Hace seis años no era que las empresas y bancos no tuvieran necesidad de emitir, sino que ningún inversor quería comprar riesgo español. Además, ahora hay que sumar al volumen emitido en euros el que han vendido las empresas en dólares al otro lado del Atlántico, y tanto Telefónica como Santander han hecho colocaciones multimillonarias en esa divisa. También computa que los costes de emisión ya no están tan bajos como han llegado a estar. Las subidas de tipos en Estados Unidos y la previsión de que antes o después lleguen a Europa han comenzado a elevar las rentabilidades. Las empresas han hecho los deberes cuando los costes estaban en mínimos y ahora pueden esquivar la subida.

La diferencia entre 2012 y 2018 queda clara cuando se miran el volumen de demanda que ha tenido cada una de las emisiones que ha habido este año. La colocación que más justa se quedó fueron los bonos sénior de Santander Consumer Finance de mayo, en los que el libro de órdenes cubrió solo una vez la oferta. A partir de ahí, todo han sido sobresuscripciones, y algunas bastante holgadas.
(Cinco Días, 05-07-2018)

España pierde competitividad pese a la recuperación
El ímpetu que ha demostrado la economía durante los últimos años ha situado a España cada vez más alto en el ránking de países más competitivos. Pero, aunque el entorno macroeconómico ha mejorado, este año España se lleva un jarro de agua fría al ver los resultados del Ránking del IMD World Competitiveness Center, donde cae hasta la posición 36 de 63 países del listado, dos puestos menos que en 2017.

La competitividad de España se ha deteriorado principalmente por dos razones, señaló ayer Arturo Bris, director del World Competitiveness Center del IMD. Por una "pérdida de confianza en el sector privado y una mayor incertidumbre" y por otro, "por la situación política, que está resultando costosa", añadió en la presentación del ránking en España, en un acto en el que también participó el Instituto de Empresa Familiar.
El ránking sitúa a España a la altura de países como Chile, Kazajistán o Arabia Saudí. Y a pesar de liderar el crecimiento económico entre los grandes europeos, en lo referente a competitividad sólo logra superar a Italia.

En junio 2012, el FMI recomendó a España fijar como objetivo prioritario mejorar posiciones en los principales índices globales, teniendo como meta el Top 10. En los últimos cinco años, España ha mejorado notablemente, dando un salto de 11 puestos desde 2013, cuando se encontraba en el número 45, hasta el 34 del año pasado. Pero el podio sigue estando lejos. ¿Cuál es el problema?

El informe mide la competitividad de los países basándose en cuatro factores: la situación de la economía, la eficiencia del sector público, la eficiencia del sector privado y la calidad de sus infraestructuras. España aprueba sólo en el primero. En lo referente a la competitividad de su economía, España asciende hasta el puesto 31, desde el 35 donde se encontraba en 2017. "Se trata de una economía adecuada para crecer e invertir". En contrapartida, "el empleo continúa siendo el talón de Aquiles".

En los otros tres puntos, España se mantiene o cae. La eficiencia del sector público español y del sector privado se estancaron en las posiciones 38 y 42, respectivamente. Mientras que la calidad de las infraestructuras -que no mide sólo la obra pública, sino también sectores como la educación- ha empeorado, traduciéndose en una caída al puesto 27.

Por un lado, explicó Bris, está el problema de la productividad. Las medidas económicas emprendidas para lograr la recuperación han impulsado la productividad, hasta el punto de que hoy, "la productividad real de España es mayor que la de Alemania". Sin embargo, "los salarios han crecido muy por debajo de la productividad", por lo que considera necesario reducir la brecha entre productividad y salarios. "No a través de impuestos o salarios mínimos, sino con más empleo y fomento del talento en los sectores adecuados".

En ese sentido, apuntó a un "desajuste entre el sistema educativo y productivo", que lastra la competitividad de la educación. Bris apuntó que España debería seguir modelos como el de Singapur (3º en el ránking) donde el sistema educativo proporciona el personal que la economía necesita. Para Bris, "no es que nuestro sistema educativo sea pobre. Tenemos los mejores ingenieros de Europa. El problema es que no necesitamos más ingenieros, sino otro tipo de talento".
(Expansión, 05-07-2018)

La CNMV reclama endurecer la regulación de las criptomonedas
El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, ha reclamado endurece la regulación de las criptomonedas para evitar disfunciones. “La regulación de criptomonedas no puede ser nacional. Tiene que ser por definición una regulación internacional y para ello estamos siendo muy activos con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). En este aspecto hay que distinguir dos fenómenos: las que podríamos considerar criptomonedas puras, como bitcoin, y aquellas que pretenden representar derechos similares a valores negociables”, ha señalado tras su intervención en el VI Foro Anual del Consejero, organizado por El País, IESE y KPMG.

En su opinión, las que afectan a la CNMV son aquellas que se equiparan con valores negociables. “Defendemos que el régimen debe ser homogéneo con el de los valores y, por lo tanto, la CNMV como supervisor debe estar atenta a este aspecto. Ya emitimos un comunicado en febrero en el que decíamos que gran parte de las emisiones de criptomonedas debían ser valorados como valores negociables y debían cumplir con las reglas”, ha destacado.

Asimismo, Sebastián Albella, ha señalado que aumentar del 3% al 10% el límite de participación accionarial a partir del cual los consejeros dominicales pierden la condición de independientes, como sucede en otros países, es "excesivo". En España, los consejeros dominicales pierden la consideración de independientes al poseer más del 3% del capital de la compañía, frente al 10% que establece la mayoría de inversores institucionales en otros países. “Establecer este límite en el 10% es excesivo y deberían manejarse porcentajes inferiores y diferentes en función del tamaño de las compañías”, ha asegurado en su intervención en el VI Foro Anual del Consejero, organizado por El País, KPMG e IESE.

Albella también ha avanzado que el organismo supervisor está analizando la equiparación de la condición de los consejeros microdominicales (aquellos que representan a un accionista minoritario, con una participación inferior al 10%) a la de los independientes. Así ha señalado que la figura del consejero microdominical no debería "equipararse sin más a la del consejero independiente", sino que podría "abrirse la puerta" a que pudiesen actuar como consejeros coordinadores (consejero elegido por los independientes como contrapeso a un presidente con funciones ejecutivas) o permitirles optar a la presidencia del comité de nombramientos y de retribuciones.

El presidente de la CNMV también ha avanzado que el organismo que preside aprobó el pasado 12 de junio una nueva circular sobre obligaciones de información para sociedades cotizadas, que todavía está pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “La principal modificación que incluye es que hemos establecido un principio de libertad de informar. Hasta ahora, la información tenía que publicarse de forma obligatoria según el formato que fijaban la CNMV. Cuando se publique esa circular, las empresas podrán utilizar el formato que deseen”, ha recalcado durante su intervención.
(El País, 05-07-2018)

 
 
 
 
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