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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 7 AL 9 DE JULIOL DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional
Acuerdo de 2 de julio de 2018, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional.
(BOE, 09-07-2018)

Medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos
Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos.
(BOE, 07-07-2018)

Euro
Resolución de 6 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 6 de julio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 07-07-2018)

Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios
Resolución de 2 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 07-07-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/09/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/09/index.php?d=165&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/index.php?d=164&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 7 AL 9 DE JULIOL DE 2018

Fiscal

El Pacto de Estabilidad compromete al Gobierno a llevar el déficit al 1,3% en 18 meses y al 0,5% en 2020 y le forzaría a congelar el gasto
El diseño que el presidente Sánchez hizo del Gobierno fue una decisión tranquilizadora para la economía, tanto para las empresas como para los acreedores de España que forman los mercados financieros: la responsable de la oficina presupuestaria de Bruselas, defensora a ultranza del rigor presupuestario y funcionaria bregada en la maquinaria comunitaria, dirigiría los destinos de la economía sin otra jerarquía a la que reportar que el propio presidente.

Incluso queda en sus manos la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, esa especie de consejo de ministros económico que tiene que santificar todas y cada una de las decisiones que afecten a la actividad económica. Los primeros anuncios sobre la materia fueron más contradictorios: mantenimiento de la estabilidad presupuestaria con algunas decisiones quizás apresuradas que afectaban al gasto, y también a los ingresos, pero sin concreción; eliminación de los peajes de las autopistas que venzan, con relicitación de las nacionalizadas de última generación; correcciones de la reforma laboral, pero admitiendo su dificultad para ejecutarlas para no poner en riesgo la creación de empleo; giro radical en el mix de generación energética, sin clarificar remuneración.

Pero aún faltan las decisiones reales, que parece que afectarán más a los ingresos y gastos públicos que a la normativa laboral, que es en parte responsable del desempeño que muestra el empleo, y que al Gobierno no le interesa en absoluto poner en riesgo de quiebra. Recuerden: si el objetivo de Rajoy era presentar una tarjeta de veinte millones de empleos en 2020, a quien mejor le va hacerla suya es a Sánchez, al menos si logra llevar la legislatura a término.

Y es precisamente en las decisiones que afectan a los ingresos y los gastos públicos donde está la verdadera dificultad para el Gobierno, porque son las que conforman por encima de cualquiera otra consideración la confianza en quienes financian a la que es una de las economías más endeudadas del mundo, tanto por sus pasivos privados como públicos.

Desde estas páginas hemos defendido siempre que los impuestos deben ser los más bajos posibles para hacer compatible el sostenimiento del estado de bienestar y en el peor de los casos la neutralidad con la actividad económica. Pero también hemos advertido de la necesidad inexcusable de elevar los impuestos en los próximos años si se quiere hacer frente a la avalancha de gasto que se viene encima, especialmente el necesario para mantener un sistema de pensiones público, así como el sobrecoste que en la sanidad generará el envejecimiento, o el necesario para intensificar la formación en España en la era digital, y todo ello sin considerar que en ayudas a la familia o en vivienda los estándares de gasto siguen alejados de la Unión Europea.

La inminente demanda de recursos de la Seguridad Social (tiene un déficit de 20.000 millones que no deja de crecer) ya ha provocado una búsqueda coyuntural de ingresos por parte del Gobierno, (destopar las bases máximas de cotización y quizás forzar a los autónomos a pagar por ingresos reales) que en absoluto solucionará todo el problema ni mucho menos por todo el tiempo. Es el problema financiero más urgente y el que precisa de mayor imaginación y consenso político para disponer de una solución eficiente que dé garantías a los pensionistas de hoy, mañana y pasado mañana sobre su renta de retiro. Pero no habrá tal acuerdo porque si no fue posible hasta ahora por la fragmentación política y las posiciones enconadas de los grandes partidos, ahora lo es menos. Habrá que esperar a la próxima legislatura.

Las intenciones sobre la búsqueda de recursos adicionales escuchadas hasta ahora, que pretenden elevar en 15.000 millones de euros los ingresos públicos, tienen la dificultad de que precisan de acuerdos parlamentarios para su aplicación que son de complicada composición, aunque por su naturaleza (probable subida del IRPF a rentas elevadas, recorte de bonificaciones en Sociedades o incluso crear un tipo mínimo del impuesto en el 15%, impuesto a la banca, tasas a las tecnológicas o destope de las bases máximas de cotización) no afectarían, aparentemente, a la recomposición electoral que en paralelo busca el Gobierno para el Partido Socialista. Lo desconocido hasta ahora es para qué se buscan tales recursos, más allá del abono del déficit de las pensiones, aunque la sospecha generalizada en círculos políticos y económicos es que se trata de elevar el gasto de carácter social para influir en el ánimo electoral de la sociedad.

La única pista la ha proporcionado una inquietante declaración de la ministra de Economía en Bruselas, en su estreno en el Ecofin, en la que admitía que el “déficit fiscal estará este año por debajo del 3%”, inesquivable para abandonar el protocolo de déficit excesivo pero que no evita la vigilancia comunitaria, cuando el compromiso del Programa de Estabilidad es del 2,2%, aunque las dudas sobre su cumplimiento se hayan desatado por la subida adicional de las pensiones hasta el 1,6% este año, recogida en el Presupuesto en los trámites de última hora.
(Cinco Días, 09-07-2018)

Andalucía solo obtiene el 77% del gravamen sobre los bienes inmuebles que presupuesta
Así lo recoge el informe Panorama de la Fiscalidad Local de 2018, publicado por el Consejo General de Economistas de España, coordinado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y elaborado por María José Portillo, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia. El estudio calcula el grado de eficacia en la recaudación de los diferentes tributos locales midiendo los ingresos realmente obtenidos por los ayuntamientos de las distintas comunidades autónomas en el ejercicio 2015 frente a los derechos reconocidos que habían presupuestado cobrar.

La eficacia resulta dispar en el caso de las tasas municipales, que son otra importante fuente de recursos para las arcas municipales, a las que aportan el 13,6% de sus recursos. De esta forma, los municipios españoles recaudan en torno al 87,4% de los derechos reconocidos en materia de IBI, el 87,9% del impuesto sobre actividades económicas o el 84,7% de los de vehículos, pero solo el 78,6% del gravamen sobre obras, o el 80,4% del de plusvalía municipal.

Por zonas, destaca el éxito de Asturias en la recaudación de los impuestos obligatorios (96,1% del IBI; 99% del IAE; 98,5% del IVTM, o el País Vasco (96,2% del IBI y 92,6% del IVTM, aunque solo el 81,9% del IAE). Por el contrario, Andalucía solo obtiene el 77% del gravamen sobre los bienes inmuebles que, presupuesta, el 78,7% del impuesto sobre actividades económicas, el 79% de la fiscalización de obras y vehículos, el 68,7% de plusvalía o el 76% de sus tasas.

En todo caso, los peores datos generales son los de Ceuta que solo recauda el 77,3% de impuestos directos previstos y el 69,6% de los indirectos. Los datos de la ciudad autónoma, sin embargo, resultan poco comparables con los de toda una comunidad. Otro tanto ocurre con Melilla, que presenta un comportamiento voluble al ingresar el 91,8% de la plusvalía municipal que, presupuesta, pero solo el 45,9% de las tasas que impone.

De otra parte, sobresalen los resultados obtenidos por las localidades gallegas en el cobro de los impuestos sobre obras (89,1% de éxito), frente al 3,3% registrado en Canarias, motivado por la recaudación negativa de los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife que lastran los datos de todo el archipiélago, matiza el informe del Consejo General de Economistas.

Es de resaltar también el alto porcentaje de recaudación del impuesto de plusvalía en Madrid (87,6%) donde el IIVTNU es su segunda fuente de ingresos tras el IBI. El grado de ingresos de este mismo gravamen se rebaja hasta el 67,7% en el caso de Extremadura.

Una dispar fuente de ingresos que está relativamente en el aire después de que el Tribunal Constitucional anulara varios artículos de la ley, estableciendo que no puede cobrarse este impuesto cuando la venta del inmueble se realice sin beneficios. El Tribunal Supremo tiene pendiente pronunciarse próximamente sobre la validez de la aplicación del tributo, cuyo uso ha sido recurrido en multitud de municipios tras el varapalo del Constitucional. De hecho, su utilización ha sido puesta en duda incluso cuando la transacción se cierra con una plusvalía, pues varios tribunales han tumbado el cálculo que se viene aplicando.
(El País, 09-07-2018)

Más de 4 millones de contribuyentes aún se deducen del IRPF la inversión en su vivienda habitual
Más de 4 millones de contribuyentes se dedujeron la inversión en su vivienda habitual de su declaración de la Renta de 2016, con un importe total de 2.707,8 millones de euros que el Estado dejó de recaudar por esta deducción.

Así se recoge en los datos de la 'Estadística de los declarantes del IRPF' correspondiente a 2016, publicados por la Agencia Tributaria, en los que se señala que 4,08 millones de declaraciones se descontaron la inversión en vivienda habitual, deducción que fue eliminada el 1 de enero de 2013 pero que todavía pueden aplicarse quienes compraron una vivienda antes de esa fecha. En concreto, los datos publicados por la Agencia Tributaria indican que, de la cantidad total deducida, 1.340 millones de euros correspondieron a la parte asumida por el Estado y 1.367,8 millones afectaron a la parte correspondiente a las comunidades autónomas.

Además, la deducción media obtenida por los contribuyentes que se dedujeron este concepto fue de 328 euros en la parte estatal y de 335 euros en la autonómica. Los 2.707 millones de euros deducidos en 2016 por la inversión en vivienda habitual suponen una reducción del 33% en comparación con los datos de 2012, cuando el importe total deducido por este concepto fue de 4.045 millones de euros, para un total de 5,44 millones de declarantes que se acogieron a ella.
(El Mundo, 07-07-2018)

Laboral

Cada falso autónomo le cuesta casi 2.700 euros anuales a la Seguridad Social
El Gobierno parece decidido a poner coto al auge aparente de los llamados falsos autónomos, que, pese a mantener una relación de dependencia con la empresa en la que prestan servicios son forzadas a inscribirse en ese colectivo, aunque en realidad les correspondería tener contrato laboral como trabajador por cuenta ajena. Y no son pocos: entre 90.000 y 100.000 personas según el cálculo más bajo de la principal asociación del sector, ATA, y los más de 210.000 que apunta otra organización, UATAE.

Incluso algunos despachos laboralistas y asesorías llegan a señalar la cifra de 290.000 falsos autónomos. Sea como fuere, lo que ninguno niega es que estamos, sin duda, ante un problema importante. «Es un fraude de ley y hay que combatirlo», asevera con firmeza el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Lorenzo Amor, quien reclama por ello «mayor control y denuncia», dos aspectos que implican tanto a la Administración como a los propios afectados.

«Es una competencia desleal -reconoce- que hace mucho daño a aquellas empresas que contratan a sus trabajadores como marca la ley». Porque aquí, a priori, el principal beneficiado de este abuso es el empresario que se ahorra los gastos que conlleva un contrato. Por ejemplo, solo en cotizaciones se ahorran con ese fraude 562 millones de euros al año, esto es, que cada falso autónomo le costaría a la Seguridad Social casi 2.700 euros al no pagar las cuotas que le habrían correspondido.

Eso con arreglo a los cálculos de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE). Si atendemos a lo que dicen algunos abogados y asesores, el fraude se dispararía hasta los 776 millones anuales mientras que, por el contrario, con los cálculos de ATA bajaría a casi 268 millones, una suma en cualquier caso muy cuantiosa.

Para hacer esas cuentas se ha tenido en cuenta la cantidad de personas en situación laboral irregular que estima cada uno, el sueldo más común de los asalariados y que, por tanto, les correspondería en realidad (casi 16.500 euros anuales), el ingreso medio en la Seguridad Social de un trabajador del régimen general (el 28% de su retribución) y la cotización mínima de los autónomos (275 euros). En consecuencia, si hubiera 210.000 falsos autónomos el sistema dejaría de ingresar más de 287 millones en seguros sociales cada ejercicio, y prácticamente 137 millones si fueran 100.000.

El Ministerio de Trabajo prepara ya un plan director contra la explotación laboral, que «intensificará» las inspecciones «en los próximos meses». Para ello se impartirá «formación especializada» a sus técnicos, pero los sindicatos denuncian que la plantilla actual es insuficiente. La Inspección laboral tiene 1.835 efectivos (944 inspectores y el resto subinspectores, si bien se prevén 40 nuevas incorporaciones en los primeros) que, aun siendo la cifra más alta de su historia, resultaría ineficaz para aflorar todo el fraude.

Por eso desde UATAE reclaman al Gobierno que «redoble los esfuerzos», también en efectivos, puesto que en 2016 solo se identificaron por la Inspección 3.000 casos de falsos autónomos -que se enfrentan a multas de entre 3.000 y 10.000 euros, además de abonar las cotizaciones reales de los últimos cuatro años y un recargo-. Una de los aparentes coladeros para encubrirlos es la figura legal de los Trabajadores Autónomos Dependientes Económicamente (TRADE), aquellos que reciben de una misma empresa más del 75% de sus ingresos anuales.

La diferencia sustancial para distinguirlo del falso autónomo es que los del régimen TRADE tienen que disponer de su propio material y desarrollar la actividad laboral con criterios organizativos propios. Por eso, en la práctica, difícilmente buena parte de los trabajadores de las grandes plataformas digitales de la llamada economía colaborativa podrían estar adscritos a esa categoría.

Por ejemplo, los 'riders' (repartidores o mensajeros) de Deliveroo, Glovo o UberEats, entre otras, a duras penas cumplirían la condición de medio propio -la bicicleta no se considera un vehículo a estos efectos-, y con alta probabilidad chocarían con la condición organizativa al ser la plataforma en última instancia la que resuelve en qué turno laboral y de qué forma pueden trabajar, atendiendo solo en parte sus peticiones. Por eso ya ha habido multas de la Inspección a algunas de esas empresas -1,3 millones a Deliveroo en Barcelona por encubrir como mercantil una relación que era laboral- y también sentencias en su contra.
(El País, 09-07-2018)

España es el segundo país de la UE con la tasa de desempleo juvenil más alta
La tasa de desempleo juvenil más alta de Europa, después de Grecia (43,7%) es la de España, además de contar con las peores condiciones laborales. En marzo de 2018 la tasa de paro para personas menores de 25 años en España se situó en el 36,3% frente al 6,6% de Alemania, país de la UE con la tasa de paro juvenil más baja. Así, la UE tiene una tasa de desempleo juvenil del 16,8%.

Desde la UE hay medidas que tienen como objetivo impulsar el empleo juvenil entre las que destacan los programas de garantía juvenil para contribuir a que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo y formación; ayudas financieras para las regiones donde las tasas de desempleo juvenil superen el 25% así como programas de movilidad laboral para que los jóvenes puedan desarrollar un periodo de formación o empleo en otro país de la UE.

Por ello, la asociación juvenil de UGT Revolución Ugetista (RUGE) ha instado al Gobierno de Sánchez a que impulse un plan de empleo juvenil "lógico y estructurado" de forma "urgente" y un programa de formación en el empleo a través de un contrato de relevo "mejorado". Además, advierten de que el empleo juvenil debe ser una prioridad para el ejecutivo de Sánchez, porque este colectivo sufre temporalidad, parcialidad, cobran salarios bajos y, en algunos casos, trabajan "largas jornadas" sin retribución ni control.

Consideran que el Ejecutivo debería activar el programa de Garantía Juvenil "para que responda realmente a los objetivos para los que fue diseñado". "Tenemos propuestas y existen partidas presupuestarias de la Unión Europea para atajar este problema, así que no hay excusas", ha remarcado la organización.

La organización asegura que llevan años instando al Gobierno de Rajoy a que cambie sus políticas en esta materia. "Estos seis años han sido un desastre. No solo no ha habido un plan de empleo juvenil lógico y estructurado, sino que el dinero que hemos recibido de la UE se está devolviendo por incapacidad o desinterés del anterior Gobierno para atajar este problema", han denunciado.

La situación actual, según la organización, "es crítica" para la juventud española y por ello piden a Sánchez que "abra una línea de dialogo con interlocutores sociales para aprobar de manera inmediata las medidas necesarias para hacer funcionar de una vez la garantía juvenil y establecer una mesa para desarrollar la Estrategia de Empleo y Emprendimiento Juvenil 2018-2020".
(El Mundo, 08-07-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

La venta de coches de gasolina supera al diésel por primera vez en 20 años
Ahora se ha unido España a esta tendencia. Entre enero y junio se han matriculado 735.000 turismos, de los que solo el 37% son diésel, 13 puntos menos que hace un año. En cambio, los coches con motores de gasolina llegan al 57,2%. Hacía dos décadas que esto no sucedía. Pesan en los compradores los anuncios que han lanzado los ayuntamientos de restringir la circulación de estos vehículos en las ciudades o la posibilidad que se plantea de que se aumenten los impuestos al gasoil. Así lo explican los fabricantes, las ONG que piden desincentivar el uso de estos vehículos y los vendedores que día a día tratan con los clientes.

Víctor lleva tres años vendiendo coches en un concesionario de Renault en Madrid en el que se matriculan unos 200 automóviles al mes. En ese tiempo este vendedor, que ronda la treintena, ha visto como al principio la demanda estaba volcada con el diésel: “Después se igualó y ahora yo creo que ocho de cada 10 son gasolina”.

Luis, vendedor en una oficina de exposición en Madrid de Opel, no da cifras, pero su relato coincide con su colega de Renault. También apuntan en la misma dirección Rafa, en un concesionario de Kia, Andrés, en uno de Nissan, o lo que responde telefónicamente una vendedora de una marca alemana de vehículos de lujo: “Ocho de cada diez clientes que llegan preguntan por coches de gasolina. Luego hay que reconducir la conversación para ver si hay posibilidad de venderle uno diésel”.

Las respuestas de estos cinco vendedores, que día a día tratan de colocar coches en el mercado, coinciden con los datos que han publicado esta semana las tres patronales del sector: casi el 60% de turismos que se matricularon en España entre enero y junio tenían un motor de gasolina; menos del 40%, uno diésel, y el 5,8% uno híbrido, plenamente eléctrico o que consume otro tipo de combustible. Hace un año la situación era otra muy distinta: los automóviles propulsados por gasolina no alcanzaban el 46%; por diésel el 50%, y el resto quedaba en el 4,4%.
(El País, 09-07-2018)

El Tesoro capta en el primer semestre el 55,8% de lo previsto para todo 2018
El Tesoro Público ha colocado 120.200 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa el 55,8% de la previsión de 215.197 millones de euros del programa de emisiones para el conjunto del ejercicio 2018, según datos de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. En concreto, ha captado un total de 81.700 millones de euros en emisiones a medio y largo plazo, lo que supone el 62,2% de los 131.310 millones previstos para este año, con datos hasta el pasado miércoles 4 de julio.

Mientras, el organismo público dependiente del Ministerio de Economía y Empresa ha colocado otros 38.500 millones de euros en letras del Tesoro, el 45,9% de lo estimado para el ejercicio. La emisión neta prevista para este ejercicio se mantuvo en 45.000 millones de euros, tras cerrar 2017 en 48.559 millones de euros, mientras que la emisión bruta estimada es de 215.197 millones de euros, frente a los 233.900 con los que cerró el año 2017.

Por su parte, la vida media de la deuda en circulación alcanza los 7,45 años, lo que supone incremento respecto a los 7,13 años en los que cerró 2017 o los 6,81 años en los que se situó en 2016. De hecho, desde el año 2013 la vida medida de la deuda se ha elevado desde los 6,20 años hasta los 7,45 años. De su lado, el coste del stock emitido o saldo vivo es del 2,50%, mientras que el coste a la emisión que equivale a lo emitido en el año asciende un 0,75%.

Este martes el Tesoro tiene previsto realizar otra emisión de letras a 6 y 12 meses, teniendo como referencia el tipo de interés marginal del -0,450% en el primer caso y del -0,340% en el segundo, de la subasta celebrada el pasado 12 de junio. En esa colocación de referencia el Tesoro captó 5.475,27 millones de euros, dentro del rango medio previsto a tipos menos negativos que en la subasta previa.

Además, en la subasta del pasado jueves el Tesoro colocó 4.755,74 millones de euros en bonos y obligaciones, dentro del rango medio previsto, y mantuvo la rentabilidad negativa en la obligación a diez años indexada al IPC de la zona euro. Tras la subasta de este martes, el Tesoro realizará otra de letras a 3 y 9 meses el martes día 17, así como otra de bonos y obligaciones el jueves día 19.
(Expansión, 08-07-2018)

La mejora del empleo impulsa el gasto de los hogares hasta el 2,6%
El último informe de BBVA Research revela que la economía española ha crecido el 0,7% en el primer trimestre del año, gracias al aumento del empleo, la mejora de la renta y de la confianza. El consumo privado en España podría terminar el año con un crecimiento del 2,6%.

Estos expertos, encargados de elaborar el estudio, determinan que la incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral, el aumento de la confianza y de la renta, avala las previsiones para este incremento del gasto familiar hasta finales de año.

Otro de los factores que va a contribuir al crecimiento del gasto de las familias es el recurso al crédito. La mejora de las perspectivas económicas y los bajos tipos de interés han hecho que aumente el número de personas que recurre a financiación para sus compras, especialmente de electrodomésticos.

“El endeudamiento de los hogares alcanzó el 11,4% de su renta disponible en el primer trimestre de 2018”, según revela el informe. “El ejemplo de hogar que financia su consumo está encabezado por un hombre, entre 30 y 50 años, español, que vive en pareja, ocupado y residente en el litoral mediterráneo”. Aunque todos los grupos poblacionales han incrementado su endeudamiento desde 2015, el repunte más significativo ha sido para el colectivo de mujeres de menos de 30 años o mayores de 60, y extranjeros que viven solos o con pareja, principalmente en el centro y sur de la península.

Algunos de los artículos que han tirado de este aumento de la financiación son los conocidos como productos de línea marrón -conjunto de electrodomésticos de vídeo y audio- debiéndose, en buena medida, por la celebración del campeonato mundial de futbol que se está celebrando en Rusia. Pero el factor determinante ha sido la complementariedad con la demanda de vivienda y el avance de la capacidad adquisitiva de los hogares que han incentivado las ventas de muebles y electrodomésticos y que “lo continuarán haciendo a medio plazo”, corrobora el informe.

El sector del automóvil también ha contribuido significativamente. La demanda de turismos ha superado las 111.000 unidades vendidas al mes entre enero y junio. Esto anticipa un crecimiento del 9% de las ventas a lo largo de este año hasta alcanzar 1.340.000 de coches.

Sin embargo, estos datos positivos vienen con una advertencia futura. Al acabar este periodo se prevé que el gasto privado se ralentice hasta llegar al 2,1% en 2019. El PIB también se verá frenado debido a la menor contribución de la política monetaria y al repunte de los precios del petróleo. En este sentido, el informe alerta que “la incertidumbre sobre la política económica podría condicionar el gasto y el ahorro y restar entre 2 y 5 décimas al alza del consumo privado entre 2018 y 2019”.
(El País, 07-07-2018)

Sector

Sofía Duarte, directora general de modernización de la Justicia
El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha acordado hoy nombrar directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos a Sofía Duarte.

Sofía Duarte Domínguez (1958) es licenciada en Derecho y, desde 1988, pertenece al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. En la actualidad desempeñaba su labor en los juzgados de lo penal de Sevilla donde estaba destinada desde 1999.

También ha sido directora general de la Oficina Judicial y Fiscal en la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y, anteriormente, prestó servicio en la Audiencia Provincial de Huelva, en el juzgado de lo social nº 2 de Jerez de la Frontera, en el juzgado de primera instancia e instrucción nº 5 de La Laguna, en el juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 del Puerto de Santa María y en el juzgado de primera instancia e instrucción nº 1 de Corcubión.

Con la creación de la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos el Ministerio de Justicia pretende profundizar en el proceso de modernización tecnológica de la Justicia española y reforzar áreas de actuación que hasta ahora estaban repartidas en unidades con nivel administrativo de subdirección general.
(Expansión, 07-07-2018)

 
 
 
 
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