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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DE L’11 DE JULIOL DE 2018

Laboral

Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios
Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios.
(BOE, 11-07-2018)

Acta de modificación parcial del Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas 
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de modificación parcial del Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas.
(BOE, 11-07-2018)

Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado.
(BOE, 11-07-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 10 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 10 de julio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 11-07-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/11/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/11/index.php?d=167&s=3

RECULL DE PREMSA DE L’11 DE JULIOL DE 2018

Fiscal

La AEB y la CECA alertan de que una tasa a la banca dañará su solvencia
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) asegura que el impuesto a la banca que propone el Gobierno para aumentar la recaudación y costear una parte del pago de las pensiones dejará intacto, “como mínimo”, el 94% del beneficio de las entidades, por lo que apenas afectará a la solvencia del sector. Esta afirmación es contraria a la que mantiene el Banco de España. El subgobernador, Javier Alonso, ya explicó el pasado mes de junio que este impuesto afectaría, no solo al precio del crédito, sino que alteraría a la baja la rentabilidad del sector en un momento en el que los bancos deben ser rentables para captar capital y cumplir con los requisitos normativos.

Los técnicos de Hacienda, no obstante, reconocen que este tributo podría tener un “impacto mínimo” en la medida en que los accionistas de los bancos pueden ver reducido el pago de dividendos que está directamente relacionado con el resultado, lo que a la postre restaría ligeramente atractivo a la compra de acciones.

Gestha ha calculado que Hacienda podría ingresar entre 1.800 y 1.900 millones anuales con un impuesto a la banca similar, en términos de recaudación con respecto al PIB, al exigido en Reino Unido y Austria; y que conllevaría la aplicación de un tipo impositivo efectivo del 0,07% sobre el pasivo (en España es del 0,03% el porcentaje que a banca aporta para cubrir el Fondo de Garantía tanto nacional como el europeo) para que logre la capacidad recaudatoria que tiene el tributo británico, en el que podría estar inspirada la propuesta socialista. Los técnicos aclaran que si se llevara adelante este impuesto no produciría ningún tipo de doble imposición, puesto que el impuesto recaería sobre el pasivo, no sobre el beneficio de la banca.

El Gobierno ya tiene el rechazo de los bancos a un impuesto para sufragar las pensiones también por escrito. Las patronales AEB y CECA han remitido una misiva, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtiendo de los efectos «colaterales perjudiciales» que un gravamen de este tipo tendría sobre la economía española en general.

En especial, alertan de que dificultaría el acceso de las entidades a los mercados de capitales y afectaría de forma «muy negativa» a la solvencia del sector financiero español, que ha logrado desprenderse de las dudas sobre su salud que arrastraba tras el estallido de la crisis. En la carta, que tiene fecha del 5 de julio, las patronales muestran su «seria preocupación» por esta medida.

“Si bien los objetivos que se pretenden alcanzar se pueden compartir, la creación de nuevos gravámenes a la banca no constituye una solución adecuada, porque sería injusta y porque conllevaría efectos colaterales perjudiciales para la economía en general”, explica la carta, firmada por los presidentes de la AEB, José María Roldán, y de CECA, Isidro Fainé, con copia a la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Los principales argumentos del sector financiero son tres. Primero, se dificultaría aún más el acceso de las entidades al mercado de capitales, porque un impuesto sectorial supondría un “sobrecoste adicional”. También crearía una desventaja competitiva respecto a las entidades europeas y podría afectar de forma “muy negativa” a la solvencia del sector financiero español.
(Cinco Días, 11-07-2018)

"Pedimos tranquilidad y mucho estudio en el sentido del aumento de las cargas fiscales o de otro tipo, porque afectarán de forma medular a las empresas"
El presidente de CEOE, Juan Rosell, y el de Cepyme, Antonio Garamendi, han advertido este martes de que, si el Gobierno sube los impuestos a las empresas, podrá "hacer fracasar" la subida de los salarios pactada con los sindicatos.

Así lo han señalado los representantes de ambas patronales tras la reunión que han mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

"Las empresas tienen sus costes y un incremento de estos puede hacer fracasar el elemento de aumento de los salarios", ha resaltado Garamendi, tras insistir en que "si las empresas tienen que pagar, por un lado, no podrán pagar por otro".

"Pedimos tranquilidad y mucho estudio en el sentido del aumento de las cargas fiscales o de otro tipo, porque afectarán de forma medular a las empresas", ha resaltado el presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa.

No obstante, Rosell ha señalado que la patronal no ha utilizado durante esta reunión la palabra "rechazo" respecto a la creación de nuevas figuras impositivas. Así, el presidente de la CEOE ha señalado que en la reunión se ha puesto encima de la mesa que la tributación empresarial es parecida a la europea, y ha señalado que "esa es la línea de impuestos que deben tener las empresas en España".

Por su parte, los representantes sindicales de CC.OO., Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han resaltado que "no es bueno ligar una cosa con la otra". Para Sordo, el problema impositivo en España hay que abordarlo desde un punto de vista integral, "sin descartarse medidas que mejoren la recaudación".

Así, ha resaltado que España tiene casi ocho puntos menos de recaudación fiscal que el conjunto de la Unión Europea. "Los representantes de los empresarios pueden decir lo que consideren, pero este país o mejora sus índices de recaudación fiscal o no va a poder hacer frente a las políticas que necesita", ha apostillado Sordo.

Por su parte, sobre este aspecto, Álvarez ha instado al Gobierno a que luche contra el fraude fiscal, porque es "uno de los grandes problemas" por los que atraviesa España. "Me parece poco serio el plantear una situación de estas características", ha afirmado Álvarez tras conocer las declaraciones de la patronal.

"Acabamos de firmar un acuerdo, hay que cumplirlo y no hay ningún elemento que pueda hacer que se rompa el acuerdo que hemos firmado y menos la política que pueda anunciar un Gobierno en un momento determinado", ha resaltado el líder de UGT.

En la reunión, según los interlocutores sociales, sí que se han tratado muchos contenidos, aunque no se ha tomado ninguna medida concreta de las recogidas en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
(Expansión, 11-07-2018)

El REAF advierte de la “dificultad técnica” de fijar un tipo mínimo de sociedades del 15%
El plan del Gobierno de fijar un tipo mínimo del impuesto de sociedades para que las empresas, cuyo beneficio está gravado con un tipo general del 25%, no puedan aplicarse deducciones que rebajen esa cifra por debajo del 15%, no será fácil de poner en marcha. Así lo advierten desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales de España (REAF). “Supone una dificultad técnica muy elevada”, advertía este martes el secretario técnico del REAF, Luis del Amo, durante la presentación del informe Declaración de sociedades 2017 y novedades 2018, elaborado por este órgano del Consejo General de Economistas de España.

Del Amo alertó de que, entre otras cosas, el anuncio del Gobierno podría incidir sobre los convenios internacionales que España tiene firmados con otros países en el caso de grandes compañías con presencia en el extranjero, que podrían acabar sujetas a una doble imposición. Para el REAF, lo adecuado sería apostar por un acuerdo europeo, o global, para establecer un tipo mínimo equitativo.

El REAF denuncia además que los continuos cambios que se vienen realizando en el impuesto de sociedades, más de 200 en la última década según sus cálculos, generan una fuerte “inseguridad jurídica” que “desincentiva a los inversores nacionales y foráneos”. Un efecto que se vería potenciado por un alza de impuestos, que incentiva la “deslocalización de los beneficios empresariales” en un mercado global en el que hay territorios fiscalmente más amables.

Actualmente, en todo caso, el REAF destaca que la presión fiscal que España aplica a las compañías privadas está en línea con la del entorno europeo. El tipo general español, del 25%, está por debajo del 44,43% de Francia, del 35% de EE UU o del 29% de Grecia, y por encima del 24% de Italia, el 19% de Reino Unido, el 12,5% de Irlanda o el 8,5% de Suiza.

“No hay propuesta en papel para opinar. Es difícil de valorar”, expuso por su parte Valentín Pich, presidente del Consejo de Economistas, sobre el nuevo paquete de medidas fiscales anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que más allá del tipo mínimo de sociedades incluye un impuesto a la banca, la implantación de un gravamen a los servicios de las grandes compañías tecnológicas (tasa Google) o la creación de impuestos ambientales. “Ojo con la exuberancia de imaginación fiscal” a la hora de crear nuevas figuras impositivas, alertó Pich, sosteniendo que “esto hay que hacerlo coordinado” en el marco de la Unión Europea y con el objetivo de ordenar también los diferentes impuestos autonómicos y locales.

Más allá, el informe del REAF refleja que el impuesto de sociedades español concentra la presión fiscal sobre las grandes empresas. De hecho, solo entre 727 compañías, el 0,2% de las que lo abonan, acaban aportando el 49% de todo lo que recauda el Estado. Se trata de las empresas que ingresan más de 180 millones de euros al año, y que aportan 11.533 de los 23.310 millones de euros que ingresan las arcas públicas españolas por el impuesto de sociedades.

Es más, de los 1,4 millones de compañías que deben presentar una declaración, solo una cuarta parte, 361.003, acaban pagando, ya que el grueso de sociedades no obtiene beneficios que gravar o directamente están en concurso de acreedores.

El monto recaudado por sociedades creció un 6,8% en 2017 respecto al año anterior. Y aunque viene incrementándose desde los 18.713 millones de 2014, la rebaja desde el récord de 2007 (44.823 millones) es del 48,4%. Desde el REAF consideran que aquel fue el culmen de la burbuja y que se trata de una cifra excepcional que no volverá al alcanzarse.
(Expansión, 11-07-2018)

Laboral

Trabajo determinará cuándo una empresa puede dejar de aplicar el convenio colectivo
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha avanzado este martes que dentro de las reformas del mercado laboral que planea el Ejecutivo se incluirá un endurecimiento de los "descuelgues" o inaplicaciones de convenio colectivo para que vuelva a ser "un mecanismo excepcional".

Durante su primera comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso, Valerio ha explicado que a raíz de la reforma laboral el mecanismo del descuelgue, que permite dejar de aplicar lo establecido en convenio en materia salarial o de jornada, se ha convertido en un instrumento ordinario no siempre justificado en una situación de adversidad para la empresa.

"Se trata de recuperar la razón de ser del Estatuto de los Trabajadores como norma y garantía de derechos laborales", ha afirmado la ministra, para quien la norma se ha convertido en "un puro catálogo de poderes empresariales".

Para lograrlo, ha sumado como medidas urgentes la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial, ya que ha considerado que dar prioridad al convenio de empresa supone debilitar la negociación colectiva, así como la reposición de la ultraactividad de los convenios para que no pierdan su vigencia.

Respecto a la subcontratación ha dicho que la externalización en las empresas debe responder a un proceso de especialización y no a una estrategia de recorte de derechos de los trabajadores y de salarios.

Para frenar la temporalidad promoverá que la cotización en este tipo de contrato sea equiparable a la del contrato indefinido, al tiempo que recuperará la causalidad de este tipo de contratos para evitar su abuso.

Para estrechar la vigilancia sobre el adecuado funcionamiento del mercado laboral se reforzará la Inspección de Trabajo "a la que habrá que destinar los recursos materiales y humanos que sean necesarios", de forma que se vigile la temporalidad no justificada, el abuso del empleo a tiempo parcial o los falsos autónomos.
(Cinco Días, 11-07-2018)

El Gobierno quiere recuperar el subsidio para mayores de 52 años
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado que el Gobierno pretende revisar y recuperar el subsidio para las personas mayores de 52 años. Así lo ha asegurado durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Congreso. Esta ayuda para mayores de 52 años fue elevada a los 55 años en la reforma laboral por el Gobierno anterior.

La ministra ha anunciado esta medida después de que el Tribunal Constitucional haya declarado este martes inconstitucional y nula una disposición legal del año 2013 que establecía como requisito para acceder al subsidio de mayores de 55 años el carecer de rentas familiares. De este modo, se vuelve a la situación inicial, en la que solo se tenían en cuenta las rentas personales a la hora de conceder o no el acceso al subsidio.

El fallo del TC, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a raíz de un recurso presentado por el PSOE, declara inconstitucionales y nulas varias disposiciones del Real Decreto-Ley de 15 de marzo de 2013 sobre medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

En concreto, la disposición final primera, ahora anulada por el TC, establecía que aunque el solicitante careciera de rentas personales, en caso de tener cónyuge y/o hijos menores de 26 años o mayores incapacitados o menores acogidos "únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias".

El Constitucional ha anulado esta disposición, si bien su decisión se basa en la incorrecta utilización por parte del Gobierno del PP de la fórmula del Decreto Ley. La sentencia no estima en su totalidad el recurso presentado por el PSOE, aunque sí parcialmente para determinadas disposiciones de la norma.

El fallo consta de un voto particular de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer en el que defienden que debía haberse estimado íntegramente el recurso de inconstitucionalidad porque el Gobierno no aportó una justificación suficiente que le habilitara para el uso de la legislación de urgencia, una consideración que entienden válida para todos los preceptos de la norma y no solo aplicable a determinadas disposiciones.
(El País, 11-07-2018)

La tasa de paro en la OCDE baja una décima y se sitúa en el 5,2% en mayo
La tasa de paro en los países desarrollados que integran la OCDE bajó una décima en mayo y se situó en el 5,2%, lo que supone su segundo mes consecutivo de caída, indicó hoy la organización. En los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) había 33,2 millones de personas en situación de desempleo en mayo, 16,1 millones menos que en el pico más alto de enero 2013.

En la zona euro, la tasa de paro se mantuvo estable en mayo (8,4%), con las bajadas de los 0,3 puntos porcentuales en Italia (10,7%), de 0,2 puntos en Austria (4,6%) y en España (15,8%). Por contra, el desempleo aumentó en una décima, hasta el 7,3%, en Portugal. En otros países de la OCDE como Japón (2,2% de paro), Australia, (5,4%), México (3,2%) y Estados Unidos (3,8%) bajó también en mayo el desempleo: 0,3 puntos en el país nipón, 0,2 en Australia y México y 0,1 en Estados Unidos, mientras que se mantuvo estable en Canadá (5,8%).

Datos más recientes de la OCDE indican que en junio, las tasas de desempleo se incrementan en dos décimas en Canadá hasta el 6,0% y en EEUU hasta el 4,0%. El paro juvenil en la OCDE, entre 15 y 24 años, se mantuvo estable, en el 10,9% en mayo, con una bajada en la zona euro de 0,3 puntos porcentuales hasta el 16,8%. En países como Italia, Letonia y España la reducción porcentual es superior a la media europea con una disminución del medio punto.

La tasa de paro de los jóvenes se mantiene por encima del 30% en Grecia (43,2% en marzo, último dato disponible), en España (33,8%) y en Italia (33,9%).
(El Mundo, 11-07-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Las pymes españolas dominan el mundo del posicionamiento web
La pequeña y mediana empresa con nacionalidad española está consolidando su dominio en materia de posicionamiento en buscadores y analítica web. Los datos señalan que ocho de cada diez ya se hallan inmersas en un proceso de transformación digital.

Así lo indica el ‘Informe Bankia Indicex 2017: La digitalización de las pymes en España’. Que ha sido elaborado por el Observatorio de la Transformación Digital de la pequeña y mediana empresa de esta entidad bancaria. En él se muestra cómo cada vez son más las pymes que destinan recursos a mejorar su rendimiento en Internet, con una estrategia constante y con un espíritu “entusiasta”.

“Han entendido que la transformación digital solo se consigue de manera coordinada entre las distintas áreas”. El estudio indica que la nota media en materia de digitalización en las pymes analizadas ha crecido una décima con respecto al ejercicio anterior, situándose ya en un 5,1, a tan solo un punto y medio de lo que se considera como excelencia digital.

“El Informe muestra además una reducción en el número de empresas no competitivas con respecto a 2016, porcentaje que se sitúa en el 10,4%”, se señala en una información publicada en el portal Tecnología para tu empresa.

Las pymes españolas también están consolidándose en el apartado de marketing digital y presencia en redes sociales. “Continúan siendo áreas donde las pymes obtienen sus peores resultados, no obstante”, se matiza. Las pymes vuelven a cosechar sus mejores números en materia de SEO y de Analítica web.

Otro dato a destacar de este informe es que un grupo de pymes sobresale sobre las demás en adopción digital, con una calificación del 20% superior a la media. Se trata de ‘Superempresa digital’, que se corresponden con negocios de comercio electrónico y con vocación exportadora. Aquí su media global es de 6,1.

“Las empresas centradas en el cliente final han avanzado con mayor decisión en la adopción digital, y un 13,7% de ellas han logrado ser competitivas frente a un 8,7% de las que se dirigen a empresas. Por último, las pymes dedicadas a la venta de productos obtienen calificaciones un 8% superior a las que venden servicios”, se señala en el informe de Bankia.
(Cinco Días, 11-07-2018)

El Gobierno pondrá en marcha una agencia que alertará de la proximidad de crisis económicas
El Ministerio de Economía y Empresa reactiva esta semana la creación de una Autoridad Macroprudencial que alerte de futuras crisis económicas, como ya existe en algunos países europeos, y será analizada por el Comité de Estabilidad Financiera que se reunirá en los próximos días.

Durante su primera comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso para explicar las prioridades de su departamento, Nadia Calviño ha anunciado que esta semana se convocará este Comité formado por el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El objetivo -ha dicho- es "reactivar definitivamente" el proyecto de creación de una figura macroprudencial, ya que España es de los últimos países de la Unión Europea que no tiene una institución de estas características. Ha argumentado que una de las causas de la crisis económica fue la "falta de alerta temprana" y ha dicho que esta autoridad "se antoja fundamental para prevenir situaciones similares en el futuro".

En paralelo, Calviño, ha afirmado que la previsión del Gobierno es que España registre un crecimiento del 2,7% este año y del 2,4% en 2019, mientras que para el déficit augura que terminará en unos niveles que permitirán salir del procedimiento de déficit excesivo, al tiempo que ha defendido que España no puede "acostumbrarse" a tasas de paro del 15%.

Calviño ha abogado por una política económica que "conjure política presupuestaria con sostenibilidad medioambiental, territorial y social", y ha indicado que el Gobierno aprovechará la "oportunidad" del contexto económico actual para asentar un modelo de crecimiento que "alcance a todos", priorizando la calidad en el empleo.

Calviño también ha avanzado que el Ministerio de Economía está agilizando hasta siete directivas comunitarias que debían trasponerse al ordenamiento español desde hace años bajo la amenaza de "cuantiosas" multas. Entre estas directivas ha destacado la relativa al Crédito Inmobiliario y de información no financiera que ya están en tramitación en el Congreso y que el Gobierno ha pedido que pasen de forma urgente al Senado, así como los proyectos de Ley vinculados al Mercado de Valores, a la Prevención del Blanqueo de Capitales o a las Cuentas de Pago Básicas.

Otro de los trabajos que ha emprendido el Ministerio de Economía es el de reforzar la imagen de España en los foros internacionales, y ha insistido en que España será activa en sus propuestas para construir una Europa más solidaria y unida.
(El País, 11-07-2018)

La deuda mundial se triplica en este siglo y ya rebasa el 300% del PIB
La inmensa montaña de deuda que arrastra la economía mundial se ha hecho más alta. Tras una pequeña pausa en el 2016, el endeudamiento de empresas, consumidores y estados volvió a subir el año pasado a escala planetaria. Se sitúa ya en la cifra récord de 247 billones de dólares –unos 211 billones de euros–, tres veces más que el PIB mundial, según el último informe del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) en Washington.

Diez años después de la gran crisis del 2008, “los temores sobre créditos arriesgados vuelven a asomarse”, advierte el instituto. Mientras el crecimiento sincronizado de la economía mundial en el 2017 quitaba algo de hierro al problema, ahora “el crecimiento global pierde fuerza y suben los tipos de interés en Estados Unidos”, una pinza peligrosa para un mundo tan endeudado.

El IIF, el principal lobby de la banca internacional, es una autoridad sin rival en el asunto de endeudamiento. A fin de cuentas, los principales factores responsables de la expansión imparable de la deuda mundial en las dos últimas décadas son “la globalización de la banca y el fácil acceso al crédito”, según resumió el Fondo Monetario Internacional.

Aunque la deuda pública ha subido de forma preocupante en los últimos cinco años, el segmento de deuda global que más crece corresponde a las empresas, principalmente grandes multinacionales (sin incluir a los bancos u otros intermediarios financieros). La deuda empresarial a escala mundial ha subido 16 billones de dólares desde el 2013, al pasar de los 58 billones hasta 74 billones en el 2018, un aumento del 28%, según el IIF.

Pese a las repetidas advertencias de que el sector de deuda corporativa debía desapalancarse tras la crisis del 2008, la deuda empresarial ha subido el 38% desde la crisis en 2008. Es un dato que hace pensar, ya que la crisis entonces fue desencadenada en gran parte por un exceso de deuda empresarial.

El IIF advierte que, en las economías emergentes, las grandes cantidades de deuda denominada en dólares –5,5 billones de dólares, un 78% de ellos correspondientes a empresas– pueden ser una bomba de relojería debido a la apreciación del dólar que está ocurriendo en la nueva fase de subidas de tipos en Estados Unidos. Los países más vulnerables a una fuga de capitales debido al endeudamiento de sus empresas son Turquía, Polonia y Chile.
(La Vanguardia, 11-07-2018)

Sector

Justicia agiliza a los fondos el cobro de 176.000 millones de euros en créditos fallidos
Los fondos podrán acelerar la recuperación de los créditos fallidos gracias a una resolución que acaba de aprobar la Dirección General de los Registros y del Notariado y que facilita la consecución de una copia de la escritura de dichos créditos "con efectos ejecutivos", es decir, que facilita un acceso rápido a la ejecución, subasta y, llegado el caso, a la adjudicación de dicho activo.

Esta medida permitirá que tanto vendedores como compradores puedan mejorar su situación al adelantar la recuperación de la inversión en estos créditos fallidos entre 12 y 15 meses si están garantizados con una hipoteca.

Tras el gran proceso de reestructuración que ha vivido el sector financiero en los últimos años, la venta de créditos fallidos adolecía de un problema de falta de documentación en una parte importante de los casos por la integración de las entidades, lo que obligaba en muchos de los contratos a establecer un sistema de garantías.

Ante esta situación, el bufete Garrigues mantuvo en marzo una ronda de reuniones con las entidades de servicing más relevantes del mercado español para tratar de impulsar una solución. Estas entidades, que están gestionando la recuperación de 176.000 millones de euros de créditos fallidos, necesitaban que se resolviera un problema que no se estaba dando en otros países europeos para poder facilitar la reducción de este tipo de créditos en los balances de las entidades financieras y que provocaba que las operaciones de venta de este tipo de carteras se estuvieran cerrando "a un precio jurídico más que de mercado", indica el socio de Garrigues, Juan Verdugo.

Este experto en reestructuración de deudas explicó que detectó que no existía una directriz para los notarios sobre la facultad para expedir a favor de los fondos compradores de los créditos fallidos otra copia de la escritura de hipoteca "con efectos ejecutivos".

El despacho entendió que era imprescindible obtener una vía para que el inversor, adquirente del crédito fallido y nuevo acreedor, obtuviera ese tipo de copia. La consulta confirma que los notarios pueden expedir una nueva copia "con efectos ejecutivos" a favor del inversor que adquiere los NPLs (créditos fallidos) garantizados con hipoteca inmobiliaria si antes ese inversor no obtuvo otra. Según la Dirección General del Notariado, esa nueva copia faculta al nuevo acreedor para acceder al procedimiento ágil y privilegiado de ejecución hipotecaria.

Según explica el despacho en una nota para sus clientes, lo que sucedía hasta ahora era que estos inversores, que tras la adquisición de los créditos fallidos se convertían en los nuevos titulares de esos créditos, veían poderosamente obstaculizada su estrategia de recuperación, que se dilataba en el tiempo incluso varios años. Eso se debe a que, muy habitualmente, los inversores no podían localizar ni obtener de la entidad financiera que les transmitía los créditos una copia de la escritura de hipoteca "con efectos ejecutivos", que es la clase de documento que se exige legalmente en España para ejecutar la hipoteca por la vía más ágil y privilegiada.
(El Mundo, 11-07-2018)

 
 
 
 
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