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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 12 DE JULIOL DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 11 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de julio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 12-07-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/index.php?d=168&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 12 DE JULIOL DE 2018

Fiscal

Hacienda impulsará este mismo año el alza fiscal a grandes empresas
El Gobierno quiere poner en marcha este mismo año el nuevo marco fiscal con el que busca incrementar los ingresos públicos elevando la presión tributaria sobre las grandes empresas. Para ello, el Ministerio de Hacienda presentará de forma “inminente” un primer paquete de medidas destinadas a elevar el tipo efectivo que pagan las compañías por sociedades, a crear un nuevo impuesto a los servicios digitales de las grandes tecnológicas y a gravar las prácticas contaminantes. La anunciada tasa a la banca, a la que el sector financiero se ha opuesto advirtiendo de que llevaría a encarecer el crédito, se hará esperar, sin embargo, a una segunda fase.

Así lo avanzó la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su estreno en la comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados que aborda las políticas de su gabinete. “Estamos trabajando ya en la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales más sociales, igualitarios y descentralizados que irradien que otra política es posible”, avanzó. Unas cuentas públicas para 2019 que, adelantó, elevarán el gasto social con el contrapeso de esas nuevas medidas impositivas del lado de los ingresos. “Hablamos de una fiscalidad para el siglo XXI, que asiente las bases una sociedad moderna, sobre los servicios digitales, la banca y el medioambiente”, dijo, aseverando que su objetivo será también poner el foco en luchar contra el fraude fiscal.

La ministra aseguró, eso sí, que el paquete de medidas fiscales no afectará a los ciudadanos, ya que no se tocará el IRPF, ni a los autónomos y las pymes que componen el grueso del tejido productivo español, pues las medidas se centrarán básicamente en las aportaciones de las grandes empresas. Así, por ejemplo, los trabajadores autónomos se verían salvaguardados del proyecto de equiparar la fiscalidad del diésel a la de la gasolina.

Del lado de sociedades, Montero defendió la necesidad de acercar al tipo teórico que deben pagar las empresas (del 25%) el tipo efectivo que acaban pagando tras aplicarse deducciones –que la ministra calcula en el 12%–. La nota de su ministerio planteaba ayer la opción de “ensanchar las bases imponibles y elevar la aportación de las grandes compañías” para lograrlo.

Finalmente, este primer paquete impositivo introduciría una suerte de “tasa Google”, que permita gravar los ingresos de determinadas empresas por la venta de publicidad online, el negocio de intermediación de plataformas digitales en la compraventa de bienes y servicios o la monetización de los datos de usuarios.

“No hay elemento más disuasorio que ver que no todo el mundo contribuye en la misma medida con sus obligaciones fiscales. Y que no se persiga por el Estado”, apostilló anunciando que en las “próximas semanas” traerá a la Cámara Baja un paquete de medidas en este sentido.
(Expansión, 12-07-2018)

Hacienda publicará el nombre de directivos y administradores de empresas morosas
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que llevará al Congreso un proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que modificará la Ley General Tributaria para que en la lista de morosos se publique el nombre de los responsables solidarios, es decir, de los directivos de las empresas deudoras.

La Agencia Tributaria (AEAT) publica desde diciembre 2015 la lista de morosos, personas físicas y jurídicas con deudas con Hacienda de más de un millón de euros que no estén aplazadas ni suspendidas. La publicación de los nombres de los responsables solidarios y subsidiarios, esto es, directivos y administradores de empresas morosas, es una medida que anunció Cristóbal Montoro en diciembre de 2016 y planteó a Bruselas que podría recaudar unos 150 millones de euros por su efecto disuasorio e incentivo a que se paguen las deudas, aunque finalmente no se tramitó.

Hacienda también anunció que modificaría el marco legal de la lista para que quienes salden su deuda entre la fecha de corte para estar en el listado y su publicación no salgan finalmente, lo que incentivaría el pago, medida que tampoco se desarrolló.

El pasado 28 de junio, la AEAT publicó la cuarta lista de morosos, con 4.318 deudores, que adeudan 15.300 millones de euros a 31 de diciembre de 2017. Respecto a los nombres, no hay grandes variaciones: la mayoría son empresas del sector inmobiliario en concurso o en liquidación, lo que dificulta cualquier recuperación. Reyal Urbis es por cuarta vez la empresa más morosa, con una deuda de 361 millones de euros. El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y el cantante Miguel Bosé aparecen por primera vez en la lista de morosos.

También respecto a la lucha contra el fraude, la ministra anunció que el proyecto de ley que prepara "incluirá medidas que atajen las planificaciones fiscales abusivas de las grandes empresas y multinacionales para garantizar que tributan allí donde generan valor", aseguró.

Montero avanzó que de forma inminente va a emprender una reforma del Impuesto sobre Sociedades para intentar acercar el tipo teórico y el real de las grandes empresas, en alusión a su intención de imponer un tipo mínimo del 15% que anunció la semana pasada y que ayer no detalló. Según Montero, esta medida no afectará ni a pymes ni a medianas empresas. "No vamos a tocar los impuestos de ciudadanos, ni clases trabajadoras, ni clases medias", afirmó ayer Montero, y subrayó que los ciudadanos han vivido ya diferentes subidas impositivas, por lo que se revisará el sistema al entender que "no representa con claridad la capacidad tributaria de las nuevas áreas del conocimiento".

A su vez, Montero trasladó que actualizará la lista de paraísos fiscales. Ya preveía hacerlo su predecesor porque debe revisarse periódicamente y, además, así puede adaptarse al nuevo acuerdo que alcanzó la Comisión Europea en diciembre, que luego corrigió en enero.

Desde 2003 han salido de la lista española Andorra, las Antillas Holandesas, Aruba, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Hong-Kong, Bahamas, Barbados, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Panamá, San Marino, Singapur y Omán. Con la publicación de los papeles de Panamá, se planteó la posibilidad de volver a incluir a este país en la lista, de la que le sacó el Gobierno de Zapatero. Sin embargo, la propia Comisión Europea incluyó a Panamá en su listado en diciembre y le sacó en enero.
(Expansión, 12-07-2018)

Laboral

Trabajo activará en agosto dos “planes de choque” contra el abuso de contratos precarios
El Gobierno ya tiene listo su programa contra la explotación laboral y arrancará en agosto. Comenzará con dos planes de choque contra los abusos en la contratación temporal y en el empleo a tiempo parcial. Son los dos primeros pasos de un total de 10 que conforman el plan completo que ha diseñado el Ministerio de Trabajo para la actuación de la Inspección hasta 2020. También incluye actuaciones especiales sobre el sector hostelero, por las kellys, o la seguridad privada y la creación de una unidad de lucha contra la discriminación de género.

La lucha contra la explotación laboral debe tener resultados este mismo año. Ese es el objetivo que se ha fijado el Ministerio de Trabajo en el primer borrador del plan director contra la explotación laboral 2018-2020, un plan que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sus primeros pasos consistirán en dos “planes de choque”: uno “contra el fraude en la contratación temporal”, y el otro “contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial”. Arrancarán en agosto y acabarán en diciembre de este año. Al mes siguiente se evaluarán ambas acciones, según el calendario contemplado en el documento de 69 páginas fechado el 9 de julio al que ha tenido acceso este diario.

Además de estos planes contra dos de las formas de precariedad más extendidas en el mercado laboral en España, muy aquejado de este mal, el programa anuncia un cambio significativo sobre la persecución de los abusos en la temporalidad: “Debe ponerse fin a la situación actual en la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción y solo dan lugar, la mayoría de las veces, a la conversión de los contratos temporales en indefinidos”. “Estas reflexiones serían igualmente para la contratación a tiempo parcial abusiva o los excesos de jornada y horas extraordinarias no declaradas”, abunda.

Más adelante, en la primera medida concreta que anuncia, de las 75 que contiene, el documento advierte que la Inspección “practicará tolerancia cero ante las situaciones de abuso”, y que conjugará en su actuación la sanción con la conversión de temporales en fijos. “Resulta necesario reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal abusiva, no tanto con un carácter punitivo, sino con la finalidad de garantizar su carácter coercitivo y disuasorio”, clarifica.

El plan es, en realidad, un programa completo de actuaciones para la Inspección de Trabajo entre 2018 y 2020, que modifica en parte el presentado por el Gobierno del PP en abril. “El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el período 2018-2020 es válido y seguirá vigente, pero va a ser de inmediato reorientado con este Plan Director para que responda plenamente a las prioridades de actuación que debe tener la Inspección”, reconoce al comienzo el documento que ya se ha remitido a los agentes sociales, sindicatos de inspectores de trabajo y a las comunidades para que hagan alegaciones. Por este motivo, Trabajo advierte de que el borrador está todavía sujeto a modificaciones. De momento, el texto habla de “giro de 180 grados”, pero ya hace meses el entonces llamado Ministerio de Empleo señalaba que iba a poner más atención en la temporalidad y la igualdad de género.

Ahora se hace más hincapié en aspectos que en los últimos meses han ganado mucho protagonismo en la opinión pública, apunta un inspector conocedor de ambos documentos. Se dispara directamente contra la subcontratación de la mano de obra y los problemas y abusos que se pueden generar en estos procesos como impagos de salarios o merma significativa de estos últimos: “La casuística es muy variada, y afecta muy principalmente a los casos de subrogación de empresas con origen convencional y a los casos de descentralización productiva a través de las empresas multiservicios”. A partir de ahí, anticipa que las primeras actuaciones se dirigirán, en el sector de Hostelería de Alojamientos, al colectivo de camareras de pisos, las kellys”.
(El País, 12-07-2018)

El número de perceptores del subsidio de mayores de 55 se ha reducido un 30% desde el 2013
El número de perceptores del subsidio para mayores de 55 años se ha reducido un 30% desde el 2013, año en el que el Gobierno del PP decidió elevar de 52 a 55 años la edad mínima de acceso a esta ayuda, según datos difundidos este miércoles por CCOO.

"Los recortes impuestos en este subsidio en el 2012 y el 2013 han provocado la exclusión de esta prestación a decenas de miles de personas en desempleo, que ahora se deben volver a proteger", ha señalado el sindicato. Mientras que en el 2013 había un total de 379.673 beneficiarios de esta prestación, en mayo del 2018 solo se beneficiaban del mismo 264.016 personas.

Por todo ello, el sindicato ha celebrado la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parcialmente la reforma del subsidio de desempleo impuesta por el Gobierno del PP en 2012 y 2013, aunque la decisión del Alto Tribunal se haya debido a la utilización arbitraria de la figura del Real Decreto Ley por parte del Ejecutivo. No obstante, CCOO recuerda al nuevo Gobierno que el fallo solo anula el requisito que exigía el cumplimiento del límite de ingresos contabilizando la totalidad de rentas de la unidad familiar, manteniéndose en vigor la mayoría de los recortes impuestos a este subsidio.

Por esta razón, el sindicato de Unai Sordo pide al Gobierno que revierta completamente la reforma de este subsidio y restaure los 52 años como edad de acceso al mismo; recupere la base de cotización mínima (125% de la base mínima en lugar del 100% impuesto por la reforma), y reponga su duración hasta que el beneficiario alcance la edad de jubilación ordinaria en lugar de hasta la primera edad posible de jubilación, como está establecido actualmente.

"El subsidio de desempleo para mayores de 52 años es prácticamente la única prestación social con la que cuentan los trabajadores que pierden su empleo en la última etapa de su vida laboral", recuerda el sindicato.
(La Vanguardia, 12-07-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El BCE hace frente al volumen de préstamos dudosos en la zona del euro
Este enfoque sigue el trabajo ya realizado en esta área, como las estrategias de reducción de préstamos dudosos de las entidades de crédito, y el apéndice sobre dotación de provisiones para préstamos dudosos nuevos. Con él se crea un marco coherente para abordar los volúmenes de préstamos dudosos en el contexto del diálogo de supervisión a través de la definición de expectativas supervisoras a nivel de cada entidad de crédito. El objetivo es lograr un provisionamiento adecuado de los préstamos dudosos heredados que refuerce la capacidad de resistencia del conjunto del sistema bancario en la zona del euro.

Con esta iniciativa, la Supervisión Bancaria del BCE mantendrá contactos más estrechos con cada entidad para definir sus expectativas supervisoras. Dichas expectativas específicas se basan en referencias de entidades comparables (benchmarking) y en la ratio de préstamos dudosos y las principales características financieras de cada una de ellas. El objetivo es asegurar un progreso continuado en la reducción de los riesgos heredados en la zona del euro y lograr un mismo nivel de cobertura de los volúmenes y flujos de préstamos dudosos a medio plazo.

La decisión es la continuación de una serie de medidas adoptadas por el BCE para reducir los elevados niveles de préstamos dudosos en la zona del euro. En marzo de 2017, la Supervisión Bancaria del BCE publicó una guía sobre préstamos dudosos, que ofrecía a las entidades de crédito un instrumento eficaz para tratar dichos préstamos. En ella se requería a las entidades con volúmenes elevados de préstamos dudosos que acordaran estrategias para reducir dichos volúmenes.

En marzo de 2018, la Supervisión Bancaria del BCE publicó un apéndice de dicha guía en el que se establecían las expectativas supervisoras sobre dotación de provisiones para préstamos dudosos nuevos. El Banco Central Europeo Dirección General de Comunicación, División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales.

El trabajo realizado hasta la fecha ha permitido importantes progresos en la reducción de dichos préstamos y la tasa de préstamos dudosos de las entidades significativas ha descendido del 8% en 2014 al 4,9% en el cuarto trimestre de 2017. No obstante, el nivel agregado actual de préstamos dudosos es aún demasiado elevado en comparación con los niveles internacionales y se necesitan más esfuerzos para resolver adecuadamente el problema de los préstamos dudosos en la zona del euro.
(Cinco Días, 12-07-2018)

El “diésel” tiene los días contados
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho hoy que "el diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida". Ribera, antes de comparecer en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, al ser preguntada sobre si el Gobierno se plantea medidas para facilitar ese cambio en los combustibles que se utilizan, ha manifestado que "el cambio que asistimos necesita muchas cosas a la vez".

Ha explicado que, junto a señales de tipo regulatorio y limitador, el proceso se tiene que acompañar "con facilidades que permitan ir cambiando el patrón que aplicamos e ir cambiando también el patrón de nuestros vehículos privados".

Preguntada sobre qué diría a una persona que se acaba de comprar un coche diésel, Ribera ha manifestado que, aunque las personas que acaban de comprar un coche conocen "en gran medida" las consecuencias que su vehículo tiene en la calidad del aire, es verdad que el coste de comprar un coche de una categoría o de otra no refleja el coste real el impacto que tiene.

Ribera ha añadido que, por tanto, no se puede culpabilizar al que compra ese coche y para facilitar comportamientos de consumidor responsable tiene que haber señales fiscales, de mercado, que permitan discriminar lo que significa cada opción de forma intuitiva y natural sin hacer un "análisis profundísimo". Respecto a si el Gobierno se plantea cambios en la fiscalidad para facilitar el proceso de transición a la descarbonización, Ribera ha señala que ello corresponde al Ministerio de Hacienda.

En cuanto a las restricciones que quiere poner el Ayuntamiento de Madrid a los vehículos más contaminantes, ha respondido que le parece muy "razonable y normal que la alcaldesa de un gran capital, como es Madrid", Manuela Carmena, "se plantee medidas para facilitar una movilidad de calidad, pero que afecte cada vez en la menor medida posible a la salud de los ciudadanos".

Preguntada si el Ministerio que dirige tiene planteadas medidas en materia de movilidad, ha contestado que todavía no, pero "es evidente que la acción en materia de movilidad no sólo es acción local". En este sentido, ha dicho que el Gobierno de la Nación tiene que plantearse qué señales fiscales, qué señales regulatorias y cómo acompaña a las grandes ciudades en ese proceso de cambio".
(El País, 12-07-2018)

La Comisión Europea recorta por primera vez el crecimiento de España para 2018
La Comisión Europea revisará el jueves a la baja las previsiones de crecimiento de la economía española, desde el 2,9% que anticipó en mayo hasta el 2,8%, según han confirmado fuentes conocedoras del documento de previsiones macroeconómicas de verano que publicará esta mañana el Ejecutivo comunitario.

Se trata de la primera vez que Bruselas recorta la previsión de crecimiento española de 2018, después de cuatro revisiones consecutivas al alza. La moderación refleja la cristalización de riesgos como el aumento del proteccionismo debido a la escalada arancelaria iniciada por EEUU o la subida del precio del petróleo. Según estas fuentes, el movimiento no se debe a un problema específico de España, sino que "va en línea con el resto" de países.

Desde que en otoño de 2016 la Comisión empezó a pronosticar cuánto iba a crecer la economía española en 2018, todas las revisiones que han hecho en Bruselas han sido al alza. Si en noviembre de 2016 vaticinaba un incremento del PIB del 2,1% para este año, en mayo de 2017 lo subió al 2,4%, para elevarlo al 2,5% en noviembre, revisarlo de nuevo hasta el 2,6% en febrero pasado y dejarlo en el 2,9% en mayo de este año.

El 2,8% actual sigue estando por encima del 2,7% del cuadro económico que maneja el Gobierno. La duda que habrá que despejar en los próximos meses es si la rebaja anunciada hoy por Bruselas es un movimiento puntual o bien el comienzo de una serie de revisiones a la baja que se acaben confirmando por una brusca ralentización del crecimiento global.

La publicación de la decisión de la Comisión Europea coincide con la celebración en Bruselas de la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, el Eurogrupo, donde se discutirá, entre otras cosas, el informe de supervisión posprograma de la economía española que la Comisión presentó el pasado viernes.

La ministra española, Nadia Calviño, ya dio el martes en el Congreso algunas señales que apuntaban en esta dirección de moderación del crecimiento. "Las tendencias que comenzamos a apreciar en el crecimiento y el comercio internacional nos obligan a ser cautelosos sobre el futuro", dijo entonces Calviño.

"En cuanto a España, todas las previsiones de organismos internacionales y nacionales apuntan a que nuestro crecimiento seguirá siendo notable, si bien se advierte de una cierta moderación en el corto plazo, en línea con lo que sucede en el resto del mundo", advirtió a los diputados.

La ministra recordó que el Banco Central Europeo (BCE) ya rebajó el 14 de junio las previsiones de crecimiento de la zona euro para 2018, del 2,4% al 2,1%, citando expresamente el riesgo del proteccionismo. También mencionó que el aviso del Fondo Monetario Internacional de que revisará moderadamente a la baja sus pronósticos para la eurozona.
(El Mundo, 12-07-2018) 

Sector

Los bufetes españoles invierten en 'start up' del mundo legal
El sector legal se ha estado aproximando de manera muy tímida al ecosistema emprendedor, aunque en los últimos años la mentalidad está cambiando y cada vez hay más bufetes que han reforzado su apuesta por las start up. No en vano, se trata de un tipo de empresas que huyen normalmente del asesoramiento legal clásico, por lo que los grandes despachos deben dar una vuelta a su estrategia para hacerse un hueco en un nicho que, hasta ahora, estaban ocupando firmas legales de nuevo cuño.

Uno de los bufetes que está protagonizando este cambio de planteamiento es ILP Abogados, que está en pleno proceso de selección de una start up en la que invertir 500.000 euros. Y es que una de las preocupaciones más habituales de los emprendedores es la dificultad para acceder a financiación. En la primera fase de preselección, que se cerrará el próximo 31 de julio, podrán presentarse todas las start up que cuenten con un proyecto industrial o con una sólida base tecnológica que ya se encuentren en una fase temprana, es decir, que el proyecto empresarial ya haya comenzado su comercialización y haya facturado al menos 50.000 euros en los últimos 12 meses.

Sin embargo, éstos no serán los únicos requisitos que anime al jurado para elegir a la empresa que resulte ganadora. Cristian Cañadas, abogado en el departamento de derecho mercantil de ILP abogados, especializado en start up y emprendimiento, señala que también buscan "empresarios con ambición, hambre, liderazgo, autoconfianza y con capacidad de ilusionarnos". Una prueba más de que el ecosistema emprendedor parece ser diferente.

Aunque los 500.000 euros son el broche de oro del Proyecto 500k, los emprendedores que participen en este programa tendrán otros beneficios adicionales, ya que el plan es un apoyo total durante uno o dos años. "Les ayudamos a tomar decisiones, les facilitamos apoyo comercial, les damos cobertura financiera y los preparamos para el siguiente salto", explica Ascensión Furió, abogada del área mercantil de ILP Abogados.

Eso sí, quien esté dispuesto a optar a este premio ha de tener en cuenta que no sólo le valdrá presentar las típicas cuentas de resultados o un dossier con el proyecto, ya que debe preparar un vídeo de no más de dos minutos explicando por qué debe ser el ganador. Es una vuelta más al clásico elevator pitch en el que un emprendedor tiene que ser capaz de contar su proyecto y convencer a un inversor potencial en lo que dura un trayecto de ascensor.

Para cumplir este ambicioso proyecto, el despacho no está solo y cuenta con el apoyo de varios mentores, family offices o empresas de capital riesgo, entre las que destacan Leverad, Collins Capital, Ignacio Sánchez Asiain o Jose Ángel Sarasa (Baring Private Equity Partners), todos ellos miembros del comité inversor de la Fundación Vice ILP.
(Expansión, 12-07-2018)

 
 
 
 
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