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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 18 DE JULIOL DE 2018

Fiscal

Modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad, modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial y el modelo 136 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación
Orden HAC/763/2018, de 10 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación; la Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración"; y el modelo 136 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación" aprobado por la Orden HAP/70/2013, de 30 de enero.
(BOE, 18-07-2018)

Laboral

Actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
(BOE, 18-07-2018)

IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.
(BOE, 18-07-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 5 de julio de 2018
Resolución de 9 de julio de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 5 de julio de 2018.
(BOE, 18-07-2018)

Euro
Resolución de 17 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 17 de julio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 18-07-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/index.php?d=173&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 18 DE JULIOL DE 2018

Fiscal

El Gobierno prohibirá futuras amnistías fiscales y subirá impuestos a las grandes empresas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer ante el Congreso de los Diputados con una amplia batería de medidas económicas y políticas, que en su inmensa mayoría ya habían sido desgranadas por su Gabinete. Días después de conocerse que el Ejecutivo había recibido el visto bueno de la Comisión Europea para el nuevo escenario fiscal, Sánchez se subió ayer al estrado para confirmar subidas fiscales para las empresas, una mejora de la financiación autonómica, cambios en el mercado laboral y para reclamar al resto de partidos políticos un amplio consenso para un nuevo Pacto de Toledo en materia de pensiones.

Pedro Sánchez anunció que este jueves ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir la nueva senda fiscal. Una reunión a la que acudirá tras desvelarse que el déficit fiscal de las Administraciones públicas pasará al 1,8% en 2019, en vez del 1,3% anterior. Un alza de cinco décimas de las que dos serán absorbidas por las comunidades autónomas y el resto se dedicará casi en exclusiva a las pensiones. Para este año, el Gobierno no ha modificado la ruta, si bien, el déficit llegará hasta el 2,7%, cinco décimas más de lo previsto por el PP.

De esta forma, Sánchez pondrá encima de la mesa del CPFF cerca de 2.500 millones de euros de margen fiscal adicional a las comunidades, con lo que estas podrán cerrar sus cuentas agregadas con un déficit del 0,3% del PIB en 2019, frente al estimado en el Programa de Estabilidad del 0,1%. Un día después el Consejo de Ministros aprobará el límite de gasto no financiero para 2019, que deberá recibir el visto bueno de las dos cámaras. Para ello, Sánchez precisará del apoyo del PP –que gestiona casi la mitad de las autonomías–, al que pidió que “reflexionen” antes de marcar su posicionamiento.

El presidente reconoció ayer la incapacidad del Gobierno –con 84 diputados en el Congreso– para cumplir con varias de sus promesas electorales: la derogación de la reforma laboral y la publicación de los nombres que se acogieron a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. Pero aseguró que “podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías”.

De esta forma, anunció un anteproyecto de ley que hará imposible que ningún Gobierno pueda volver a aprobar una amnistía de este tipo, que recordó que había sido tumbada por una sentencia del Tribunal Constitucional y que no logró cumplir con sus objetivos de recaudación: de unos 2.500 millones, “ni siquiera llegó a la mitad”, dijo. Un anteproyecto que además buscará “perseguir a grandes defraudadores”, permitirá publicar listas de morosos fiscales y actualizará los paraísos fiscales porque “un Estado del bienestar de primera requiere un sistema fiscal de primera y no de tercera”.

Objetivo de déficit. Para 2019 pasa del 1,3% al 1,8%. El Gobierno no modifica la senda de este año. Sánchez ha convocado el jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Plan de choque para el empleo juvenil. Revisará el contrato de prácticas y de relevo. El Ejecutivo eliminará las prácticas extracurriculares y creará un estatuto del becario. Este mismo mes, presentará también medidas contra la explotación laboral.

Sánchez reiteró que el nuevo Gobierno pedirá un mayor esfuerzo fiscal a las grandes empresas. “No nos resignamos a que las pymes tengan tipos efectivos superiores al de los grandes conglomerados empresariales y abogamos por acercar el tipo efectivo al nominal y que en ningún caso sea inferior al 15 %. Esto se llama justicia fiscal”, aseguró. En la actualidad, aunque el tipo general de sociedades es del 25%, las deducciones les permiten acabar pagando un 12%, según reconoció la titular de Hacienda, María Jesús Montero, hace unas semanas. Porcentaje que su predecesor, Cristóbal Montoro, llegó a bajar hasta el 7%.

La puesta en marcha del tipo mínimo del 15% en Sociedades, que ha contado ya con el rechazo de los empresarios y las dudas de los economistas y asesores fiscales en su aplicación, irá acompañado además por la tasa a las tecnológicas, incluirá nuevas “figuras tributarias” para “desincentivar prácticas que perjudiquen el medioambiente” y un impuesto finalista a la banca para sufragar el sistema de pensiones y complementar a las cotizaciones de los trabajadores como fuente de ingresos para la Seguridad Social. Una tasa a la banca que, desde la oposición, tanto el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se apresuraron a advertir que acabará siendo trasladado al cliente.

Frente a estas críticas, Sánchez reclamó consenso al resto de partidos políticos para construir un nuevo Pacto de Toledo que aborde la sostenibilidad de las pensiones, a la que el presidente se refirió como uno de los “principales desafíos de su Gobierno”. Unas prestaciones sobre las que insistió que “la mayoría de la sociedad nos ha trazado un camino, que es actualizar las pensiones con el nivel de vida”. Para este año, está previsto que se revaloricen 1,6%.

En materia laboral, Sánchez desveló que durante este verano empezará a aplicar un plan contra la explotación laboral, centrado en los trabajadores temporales y parciales, que prevé aprobar este mes. La medida incluirá además medidas para luchar contra el fraude de los falsos autónomos, el exceso de jornada y las horas extraordinarias ilegales, así como las discriminaciones por razón de género y combatir la economía sumergida.
(Expansión, 18-07-2018)

CEOE avisa a Sánchez: una subida de impuestos traería “consecuencias negativas”
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) cree que la subida de impuestos que plantea el Gobierno para las empresas es un error, ya que, a juicio de su presidente, Juan Rosell, la carga fiscal que estas ya soportan están al nivel del resto de países de Europa.

Así lo ha expresado en la presentación del informe Tributación Empresarial, en el que se refleja que la subida del impuesto sobre sociedades, sin otras medidas como la reducción de otros tributos como las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, "lastraría la competitividad de las empresas, retraería la inversión nacional y extranjera y reduciría a medio plazo la tributación consiguiendo un efecto contrario al deseado". Además, el informe defiende que "la continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria es incompatible con la mínima seguridad jurídica exigible por cualquier inversor, nacional o extranjero".

Rosell ha insistido en que futuras subidas de impuestos generarían "consecuencias negativas" en una época de "recuperación de las empresas": "La aportación empresarial al tributario está acorde con lo que hay en Europa, no miremos solo a sociedades sino al resto de tributos. Si hubiese un crecimiento importante de los impuestos, esto repercutiría en los ingresos y los beneficios finales de las empresas, y, por tanto, tendrían que analizar todo con una visión distinta, como en el campo de la inversión o en el del empleo", ha afirmado Rosell.

Según los cálculos recabados, en base a datos de la Agencia Tributaria, Eurostat y el Banco Mundial, la CEOE concluye que las empresas soportan el 30% de los ingresos fiscales totales, frente a una media europea del 26%, y el tipo real se situaría en el 46,9% teniendo en cuenta todos los impuestos, incluidas las cotizaciones sociales, que se llevan la mayor parte de esa cantidad, un 35%, mientras que el impuesto sobre sociedades representaría el 10,6%: "Hay países como el Reino Unido o Dinamarca con una presión fiscal menor pese a que recaudan más por sociedades", ha detallado Bernardo Aguilera, director de asuntos económicos y europeos en CEOE, quien ha tildado de "parcial y sesgada" la asunción que hace el Gobierno de que las empresas pagan un 12% del impuesto sobre sociedades. "Los datos de la AEAT dicen que las empresas pagan un 22,5% de la base imponible, y utilizamos la base imponible porque es lo que determina la ley del impuesto".
(El País, 18-07-2018)

Laboral

La afiliación de extranjeros sube en junio
La Seguridad Social ganó el mes pasado 22.497 cotizantes extranjeros, un 1,1% interanual más respecto al mes anterior y su mejor registro en este mes desde 2007, hasta situar el número de inmigrantes en alta en 2.026.559 ocupados, según los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El número de afiliados extranjeros subió en junio en 22.497 trabajadores respecto al mes anterior (+1,1%), encadenando cinco meses consecutivos de avances mensuales. El total de inmigrantes afiliados se situó así en 2.026.559 personas y de ellos Con este aumento, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social encadena cinco meses consecutivos de alzas mensuales después de haber experimentado incrementos de 21.082, 37.639, 56.809 y 73.440 cotizantes en febrero, marzo, abril y mayo, respectivamente.

Del total de inmigrantes en alta en la Seguridad Social al finalizar junio, 1.697.734 cotizaban en el Régimen General; 323.848 en Autónomos; 4.864 en el Régimen del Mar, y 113 en el del Carbón. En términos interanuales, la afiliación de extranjeros aumentó el pasado mes de junio en 151.146 personas. En términos relativos, el crecimiento anual de la afiliación de extranjeros se situó en el 8,06%, su mejor dato en un mes de junio desde 2006, fecha que coincidió con el proceso de regularización de extranjeros.

A cierre de junio, un total de 1.174.953 cotizantes extranjeros procedían de países extracomunitarios y el resto (851.606) de países de la Unión Europea. Del total de trabajadores de otros países que cotizan a la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (353.553), Marruecos (255.656), Italia (115.183), China (103.274) y Ecuador (73.775). Les siguen los que provienen de Reino Unido (68.791), Colombia (63.368), Bulgaria (63.026) y Bolivia (51.103).
(El Mundo, 18-07-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Economía fija una comisión máxima de tres euros al mes para las cuentas básicas
La comisión máxima que pagarán los clientes por una cuenta de pago básica será de tres euros al mes. El precio, de hasta 36 euros anuales, incluirá además un elevado número de extras, según el borrador de la orden ministerial.

Los clientes podrán utilizar las sucursales para ingresar o retirar dinero –determinadas entidades disponen de cuentas sin coste, pero condicionadas a que no se pise la oficina–, dispondrán de tarjeta de débito, podrán sacar dinero sin coste adicional en cajeros y podrán realizar hasta 200 operaciones de pago –léanse, transferencias o recibos– anuales dentro de la Unión Europea a través de internet o presencialmente. Cuando se supere ese número, las comisiones no podrán ser superiores a la que aplica la entidad de forma habitual.

El banco que ha emitido la tarjeta no cobrará por utilizar sus cajeros ni los de los competidores. Pero si el cajero es de un tercer banco, este podrá pasar la factura a la entidad del cliente y esta, a su vez, podrá repercutirle ese coste al usuario, explica un portavoz del Ministerio de Economía. Todos los bancos deberán ofrecer una cuenta con esos servicios por ese importe máximo sin exigir ningún tipo de vinculación. Cualquier persona tiene derecho a disponer de una cuenta de pago básica; en la práctica, igual a una clásica, pero con un precio tasado.

La normativa establece que el banco podrá denegar la apertura en caso de que “el cliente ya sea titular en España de una cuenta en un proveedor de servicios de pago que le permita realizar los servicios contemplados”. Pero en la práctica todos los ciudadanos podrán contar con una cuenta de este tipo, según fuentes financieras, que añaden que la normativa puede tener un efecto nocivo sobre el modelo de negocio de algunas entidades. Una parte de ellas ofrece comisiones cero a cambio de vinculación, como la domiciliación de la nómina, recibos o contratación de productos adicionales.

Desde una entidad financiera señalan que se forzará la prestación de servicios a un precio que puede que no cubra los costes, lo que dañaría la rentabilidad. Una parte de las grandes entidades españoles dispone de una amplia red de oficinas y cajeros. CaixaBank es el banco que más cajeros tiene, alrededor de 9.000, junto con Bankia y BMN (más de 6.000), Santander (5.000) y Sabadell (más de 3.000), según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

“Desde CECA compartimos el espíritu de la norma europea, que persigue mejorar el acceso a los servicios financieros. De hecho, la lucha contra la exclusión financiera fue el origen de las entidades asociadas a CECA y sigue siendo uno de sus pilares de actuación”, explican desde esta asociación.
(Cinco Días, 18-07-2018)

La UE y Japón firman un acuerdo de libre comercio en plena guerra arancelaria de Trump
La Unión Europea y Japón firmaron este martes en Tokio el acuerdo de libre comercio que ambas partes pactaron hace un año y que prevé la eliminación de la mayoría de los aranceles sobre productos y ahorrará 1.000 millones de euros anuales en derechos de aduana a los exportadores europeos, según datos de la Comisión Europea.

El tratado fue rubricado por el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, por parte de la UE, mientras que el primer ministro japonés Shinzo Abe firmó el acuerdo en nombre del país asiático. El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, celebró la firma del nuevo acuerdo de libre comercio, que calificó como “el más grande de la historia”, y subrayó que manda “un mensaje claro” contra el proteccionismo en un momento en el que “algunos están cuestionando” las normas comerciales internacionales, informa Efe.

El acuerdo económico cubre tanto productos como servicios, incluidos los financieros. Con su entrada en vigor se eliminarán más del 90% de los aranceles que Japón aplica a las importaciones procedentes de la UE. Una vez que finalicen los periodos transitorios, el país asiático habrá eliminado los derechos de aduana al 97% de los bienes y habrá liberalizado parcialmente el resto por medio de contingentes.

No obstante, el tratado comercial no entrará en vigor hasta principios de 2019, una vez que el Parlamento Europeo de su consentimiento en otoño de este año y Japón cumpla con sus procedimientos nacionales. A nivel europeo el acuerdo con Japón no necesita ser ratificado por los parlamentos nacionales.

Las exportaciones europeas de bienes al país asiático se elevan a 58.000 millones de euros y a 28.000 millones en el caso de los servicios. El acuerdo de libre comercio entre la UE y Japón eliminará “drásticamente” los derechos de productos agrícolas. Bruselas calcula que, cuando se aplique totalmente el tratado, el 85% de los productos agroalimentarios de la UE podrán entrar en el país asiático libres de aranceles.
(Expansión, 18-07-2018)

El Gobierno elevará la prórroga de los alquileres de tres a cinco años
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció este martes durante su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados una batería de medidas que van desde suavizar el ajuste del déficit de las comunidades, a subidas de impuestos e iniciativas sobre el alquiler, entre otras medidas.

En esta última materia, anunció que el Ejecutivo va a elevar la prórroga forzosa de contrato de alquiler de 3 a 5 años; igualmente, eliminará las fianzas adicionales que el arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda y excluirá la vivienda turística de la ley de arrendamientos de temporada para "ajustar" de este modo la definición de arrendamientos de temporada.

"Es hora de rescatar una auténtica política de vivienda al servicio de la ciudadanía, en especial en materia de alquileres", señaló desde la tribuna de oradores del Hemiciclo.

Además, se fomentará la vivienda pública y de alquiler y, en este sentido, subrayó la construcción de un parque de 20.000 viviendas públicas para alquiler en un plazo de cuatro años destinadas "de forma indefinida" al alquiler en aquellos municipios con demanda acreditada, una medida que ya había adelantado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
(La Vanguardia, 18-07-2018)

Sector

El asesor fiscal debe asumir todos los gastos derivados de su negligencia
El importe de la sanción por una incorrecta liquidación de un impuesto, los intereses de demora por lo que se había dejado de ingresar a la Agencia Tributaria (AEAT), los intereses por el aplazamiento del pago de la sanción y los gastos de la ampliación del préstamo hipotecario por parte del contribuyente, han de ser abonados por el asesor fiscal en la medida en que sean imputables a su actuación negligente. Es decir, que el asesor debe hacer frente a todos los gastos que se excedan de la deuda tributaria principal y se deban a su imprudencia profesional.

Por tanto, como se hace en una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia debe justificarse uno por uno que esos costes extra efectivamente han sido provocados por los errores del asesor fiscal sin el consentimiento ni conocimiento del contribuyente.

En este caso concreto, el asesor realizó una incorrecta calificación de la actividad económica de su cliente en las autoliquidaciones del IRPF y del IVA, que él mismo presentó. Cuando la AEAT las comprobó inició un procedimiento para regularizar y liquidar las sumas adeudadas más los intereses de demora, y terminó sancionando al obligado tributario.

Como se explica en la sentencia, todas las gestiones con la AEAT fueron realizadas por el asesor sin que para llevarlas a cabo recibiera instrucciones de su cliente. Es más, éste no tuvo conocimiento del alcance de las responsabilidades tributarias acordadas con la AEAT hasta que recibió las providencias de apremio en las que se le imponía un recargo del 20% sobre la deuda, por la falta de abono en plazo.

En ese momento su única posibilidad era pedir un aplazamiento del pago para evitar un embargo. Además, debido a la sanción y a los retrasos en su abono, la deuda tributaria llegó a ser de casi el doble del importe inicial, por lo que el contribuyente se vio obligado a ampliar un préstamo hipotecario que ya tenía.

El tribunal ha determinado que todos estos gastos no se habrían producido si el asesor fiscal hubiera actuado con diligencia y hubiera informado oportunamente a su cliente de los trámites y los plazos ante la AEAT. En consecuencia, se trata de conceptos indemnizables.
(Cinco Días, 18-07-2018)

Justicia promete diálogo y culminar la digitalización
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, abogó ayer, durante la inauguración en Santander de la cuarta edición del curso Una Justicia de futuro, organizado por el Ministerio de Justicia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), por abrir el diálogo con los actores del mundo de la justicia para llegar a soluciones de consenso que resuelvan los problemas que aquejan a un servicio público que debe prestarse para y por la ciudadanía.

Además, en línea con los ejes de trabajo del Ministerio presentados recientemente, ha subrayado el compromiso por la modernización de la justicia. En palabras del secretario de Estado, la transformación digital no tiene vuelta atrás: "o es papel 0, o es papel mojado", ha afirmado. Asimismo, ha destacado la apuesta por una justicia que sirva a los intereses públicos, y que proteja especialmente a las mujeres y menores de edad víctimas de violencia de género y al colectivo de personas con discapacidad.

En su discurso, Dolz ha desgranado los ejes principales de trabajo del nuevo equipo del ministerio, sobre los que giran las reformas propuestas la pasada semana en el Congreso de los Diputados por la ministra Dolores Delgado. Entre las prioridades, acercar la justicia a la ciudadanía, que demanda un cambio de rumbo, para que la perciban como creíble, cercana y transparente. Pese a las limitaciones presupuestarias (el Ministerio tan solo cuenta con el 0,3% en las cuentas generales del Estado y "el 80% se dedica a gastos de personal"), cree que hay medidas que pueden abordarse, y ha pedido el esfuerzo de todos los profesionales, como, por ejemplo, las “salas amigables” para evitar la “revictimización” de los menores mediante la reiteración de declaraciones sobre las agresiones sufridas, o como la reforma de la legislación civil basada en el “respeto a la voluntad y preferencias de las personas discapacitadas”, como regla general en la toma de sus propias decisiones.

En este sentido, ha adelantado que los trabajos de esta ambiciosa reforma están terminados y que se elevará próximamente como anteproyecto a Consejo de Ministros. Más cauto ha sido con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), basada en el modelo del fiscal instructor y bajo la mirada de la perspectiva de género, señalando que se sentiría satisfecho si se llega a presentar un anteproyecto. Por otro lado, ha indicado que el anuncio de la derogación 324 de la LEcrim, que limita en un primer momento a seis meses el tiempo de investigación permitido para una causa, responde a una "necesidad de los colectivos" y que ha provocado conflictos entre jueces, letrados y ministerio fiscal, al margen de los ámbitos de impunidad que puede ocasionar.

Dolz ha abogado por la recuperación de la justicia universal, en la línea ya anunciada por la ministra, y ha subrayado que existen "deficiencias" en la euroorden, específicamente respecto a la doble incriminación. A su juicio, no se pueden cuestionar los sistemas judiciales de los Estados miembros de la Unión, y hay que perfeccionar la cooperación judicial.

El secretario de Estado ha querido finalizar su intervención con una cita de Cicerón: "El bienestar del pueblo es la suprema ley", remarcando que este es el objetivo del nuevo equipo, con la colaboración de todos los actores de la justicia.
(Cinco Días, 18-07-2018)

Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno reformará los plazos máximos de instrucción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado que el Gobierno reformará los plazos máximos de instrucción aprobados por el anterior Ejecutivo para evitar el riesgo de impunidad, al estimar que han sido "especialmente nocivo" en la tramitación de causas complejas vinculadas a la corrupción.

"La necesidad de una Justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la precipitación en la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala para la impunidad", ha manifestado Sánchez en el pleno del Congreso al anunciar que se reformará el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Jueces y fiscales habían reclamado la derogación de ese artículo, introducido en 2015 a propuesta del anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que fijó un plazo máximo de instrucción de 6 meses, ampliables a 18 en causas que se declaren complejas y prorrogable por igual o menor plazo, siempre a petición de la Fiscalía.

Sánchez ha insistido en el compromiso de su Gobierno de luchar contra la corrupción, que "destruye la fe y la confianza de los ciudadanos en las instituciones", y ha considerado que la detección temprana de las tramas es defender el régimen de libertades y trabajar por regeneración. En este contexto ha garantizado que su Gobierno asume un compromiso de "ejemplaridad en el grado más alto" y no va a escatimar en la lucha contra esa "lacra".

El presidente del Gobierno ha reiterado también ante el pleno la necesidad de reformar la denominada ley mordaza y ha pedido "consenso y voluntad de acuerdo" para hacerlo, convencido de que supuso un "deterioro de la calidad democrática" y atacó las libertades. Ha apelado así a un diálogo político para alcanzar un equilibrio entre los valores de libertad y seguridad; "Alguien dijo: cuando un pueblo renuncia a su libertad en aras de la seguridad, acaba perdiendo ambas", ha recalcado.

Sánchez ha dejado también claro que la justicia es "uno de los ámbitos en el que es más urgente para avanzar en la regeneración democrática y el fortalecimiento institucional". Ha abogado así por una justicia "rápida, independiente y transparente" y ha ratificado su voluntad de dotar de más medios al sector y de dialogar con asociaciones de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionario.

Su objetivo, ha dicho, es asegurar la independencia judicial, la autonomía del Ministerio Fiscal y garantizar los nombramientos basados en criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad, que son, ha dicho, exigencia de una democracia "madura" en la que impera la separación de poderes.
(Expansión, 18-07-2018)

 
 
 
 
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