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NOVETATS LEGISLATIVES DEL 19 DE JULIOL DE 2018

Laboral

Instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2018
Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
(BOE, 19-07-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 13 de julio de 2018
Resolución de 12 de julio de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 13 de julio de 2018.
(BOE, 19-07-2018)

Euro
Resolución de 18 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 18 de julio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 19-07-2018)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 18 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 19-07-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/index.php?d=174&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 19 DE JULIOL DE 2018

Fiscal

CEOE advierte de la inseguridad jurídica que generan los anuncios de subidas de impuestos
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha advertido este miércoles de que el paquete de medidas tributarias anunciadas por el Gobierno provoca "incertidumbre, temor a una pérdida de competitividad del sector empresarial, así como inseguridad jurídica".

En el Panorama Económico que elabora el Servicio de Estudios del Departamento de Asuntos Económicos y Europeos de la organización empresarial, CEOE avisa de que las medidas fiscales que plantea el Ejecutivo se traducirán en un recorte de las inversiones y una ralentización de la reducción del desempleo.

Estas consideraciones de la CEOE se suman a las que realizó ayer el presidente de la patronal, Juan Rosell, durante la presentación de un informe sobre tributación empresarial en el que la organización empresarial concluye que los impuestos que pagan las empresas en España están en línea e incluso por encima de la media europea.

Sobre la marcha de la economía, la organización empresarial recuerda que el panel de expertos de Funcas no ha variado sus previsiones de crecimiento del PIB para este año y el próximo, manteniéndolas en el 2,8% y el 2,4%, respectivamente, al tiempo que cifra el crecimiento económico del segundo trimestre "en el entorno del 0,7%".

"Las favorables condiciones financieras, las ganancias de competitividad y el elevado ritmo de creación de empleo están sosteniendo el crecimiento y permitiendo continuar con la corrección de los desequilibrios de la economía", subraya el informe de CEOE, que también anticipa la continuidad de la positiva aportación del sector de la construcción a la economía.

El Panorama Económico de CEOE se refiere también al anuncio del Gobierno de que no cumplirá los objetivos de déficit de 2018 y 2019, fijados en el 2,2% y el 1,3% del PIB, respectivamente. Los nuevos objetivos serán del 2,7% del PIB para este ejercicio y del 1,8% para 2019, "lo que supone una demora del proceso de consolidación fiscal".
(Cinco Días, 19-07-2018)

Hacienda pone en marcha las nuevas deducciones anticipadas por discapacidad y familia numerosa
Así figura en el Boletín Oficial del Estado, que publica una orden del Ministerio de Hacienda en la que se regula el procedimiento para solicitar el abono de estas deducciones anticipadas que han sido ampliadas respecto de las situaciones de discapacidad y familias numerosas que ya estaban vigentes.

Según informó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en relación con las deducciones por personas con discapacidad a cargo, la modificación supone la extensión de los supuestos a los que se venía aplicando, añadiendo la deducción por cónyuge no separado legalmente cuando este sea una persona con discapacidad que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros ni genere el derecho a las deducciones por ascendiente o descendiente con discapacidad previstas en la normativa del IRPF. El importe del abono mensual será de 100 euros.

En el caso de la deducción por familia numerosa, la modificación procede a incrementar esta hasta en 600 euros anuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial.

Las personas y familias que se hallen en estos supuestos ampliados podrán desde mañana solicitar ante la Agencia Tributaria el abono de estas deducciones anticipadas, una vez entre en vigor la orden publicada ayer. La extensión de estas deducciones anticipadas en el caso de discapacidad obedece a una demanda del Cermi al Gobierno y al Parlamento, como mejora fiscal en el tratamiento de la discapacidad en el seno familiar, que el legislador hizo suyas en la última Ley de Presupuestos Generales del Estado.
(Expansión, 19-07-2018)

Laboral

La justicia ve fraude en cientos de nombramientos de interinos y los convierte en indefinidos
Los casos de fraude en la contratación de la Administración inundan los juzgados de toda España, que van señalando con sus resoluciones el criterio a seguir en las demandas de los trabajadores. En una reciente sentencia, la justicia ha dado la razón a cientos de trabajadores del Sergas, cuyos nombramientos como interinos, para cubrir las 438 vacantes creadas en aplicación del plan de estabilidad del empleo aprobado por el organismo, han sido ahora revocados, declarando a las trabajadoras indefinidas no fijas.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia (accede aquí al texto de la sentencia) reconoce la vinculación laboral indefinida de estos trabajadores como consecuencia de las irregularidades en su contratación. Aunque su nombramiento como interinos ya implicaba una mejora en su situación precaria de eventuales, el tribunal admite que su protección queda reforzada con la declaración del carácter indefinido no fijo de su puesto, lo que supone una mayor indemnización en caso de cese, pues se las tendría que compensar como si fueran despedidas.

Para Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, que llevó la asistencia letrada del asunto, esta sentencia supone una importante victoria con gran transcendencia porque, si bien afecta directamente a todos los eventuales reconvertidos en interinos en el acuerdo de estabilidad del Servicio Gallego de Salud (más de 400 personas), "también tiene una incidencia indirecta, en la medida en que fija un criterio judicial, en todos aquellos supuestos en que la Administración abusa de la contratación temporal, de forma que un empleado público va sucediendo nombramientos eventuales o de interinidad, lo cual puede constituir un fraude que conduciría al reconocimiento de su condición de indefinidos no fijos". "En España hay decenas de miles de empleados públicos en idéntica o similar situación", subraya el letrado. En opinión de Valero, el fallo "echa por tierra el concreto Acuerdo de estabilidad suscrito por el Servicio Gallego de Salud con determinadas organizaciones sindicales. Eso no impide que otros posibles acuerdos que hayan suscrito en términos similares o parecidos queden ahora en entredicho".

En su recurso, las 438 trabajadoras enfermeras y auxiliares de un hospital público de Vigo, solicitaban que se reconociera su condición de personal indefinido no fijo, así como las consecuencias inherentes, entre ellas, la antigüedad desde su primer contrato tras los sucesivos nombramientos como personal eventual. Los puestos a los que habían accedido hacía más de diez años no eran eventuales, sino que tenían un carácter estructural para el cumplimiento de necesidades permanentes. Esta situación fue la que tuvo en cuanta la Administración cuando en 2017 el Sergas aprobó un plan, denominado "de estabilidad del empleo y provisión de plazas de personal estatutario", como solución a la temporalidad irregular. Dicho plan creó 438 vacantes para regularizar su situación, convirtiendo los contratos eventuales de estas plazas en interinos.

Sin embargo, los nombramientos de interinidad no cubrían las expectativas de las trabajadoras, que lucharon por el reconocimiento de la categoría de indefinido no fijo como consecuencia derivada de la actuación fraudulenta del Sergas. Entre los argumentos jurídicos aportado, se cita la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, en sentencia de 14 de septiembre de 2016, sancionó a la sanidad pública por el abuso en la contratación temporal del personal.

La diferencia entre ser nombrado interino por vacante e indefinido no fijo, según aclara Valero, es importante respecto de las consecuencias jurídicas adicionales sobre la estabilidad laboral del puesto y una futura compensación en caso de cese. Así, "mientras el indefinido no fijo solo puede ser cesado por oposición o por amortización de la plaza que ocupa, debiendo ser indemnizado tras el cese, el interino puede perder su puesto también por finalización de la causa consignada en el nombramiento, por concurso de traslados de personal fijo, por un proceso de movilidad interna o de adscripción por causas de salud de personal fijo, etc., sin ningún tipo de compensación económica".

El tribunal acoge en su fallo la tesis de las trabajadoras y revoca la sentencia del juzgado, aplicando en el orden contencioso los criterios sobre el fraude propios del orden social con toda su contundencia. Reconoce la vinculación indefinida como consecuencia de la infracción del artículo 9 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud Marco (Ley 55/2003) y la cláusula 5ª de la Directiva Comunitaria 99/70, sobre trabajo de duración determinada, así como las más recientes sentencias del TJUE (entre ellas la Montero Mateos).

Según explica Valero, "hubo fraude por el uso abusivo de nombramientos eventuales para cubrir necesidades estructurales, y por tanto ese fraude no se subsana con reconocer posteriormente la condición de interino en vacante, dado que esta no es una respuesta suficiente frente al fraude en los términos exigidos por la Directiva 1999/70, de ahí su reconocimiento como indefinidas y el correspondiente derecho a indemnización en caso de cese".
(Cinco Días, 19-07-2018)

Récord de envejecimiento: 120 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años
España ha vuelto a registrar un máximo histórico de envejecimiento que en 2017 alcanza el 120 por ciento: se contabilizan 120 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra supone un crecimiento de dos puntos porcentuales con respecto al año pasado, cuando el índice de envejecimiento se situó en un 118 por ciento.

Las regiones más envejecidas son Asturias (214%) y Galicia (195%), mientras que Ceuta, Melilla, Murcia, Andalucía y Baleares son las únicas comunidades autónomas que presentan una mayor proporción de jóvenes. La Fundación Adecco, que ha realizado un análisis de los datos, ha avisado de que la tendencia de envejecimiento parece "imparable"., al tiempo que ha alertado de la "incoherencia que tiene, en esta coyuntura, discriminar laboralmente a los desempleados de más edad".

Según el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, "no sólo es un contrasentido demográfico", sino que se pone "en peligro" el Estado del Bienestar. "La prioridad nacional debe ser la implementación de políticas activas de empleo que empoderen a los desempleados seniors, mediante formación, acompañamiento y recursos clave que les permitan actualizar sus competencias y convertir su experiencia en un valor añadido", ha recalcado.

En la misma línea, Mesonero comenta que actualmente la edad de ingreso al empleo es cada vez más elevada; sin embargo, la discriminación comienza poco después de los 40 años "propiciando una salida temprana del mercado laboral". "Si a ello añadimos que la esperanza de vida está en máximos históricos, la conclusión es que las personas están más tiempo inactivas que activas a lo largo de su vida", sostiene.

Con todo ello, ha apuntado que llegar a los 35 años cotizados "se torna complicado" y ha subrayado que "quien llega, sólo genera un 33% del importe total de la jubilación, con lo que la situación se vuelve insostenible".

"Cada año aumenta el volumen de desempleados mayores de 55 años que acuden a la Fundación Adecco en búsqueda de un empleo, pero tenemos serias dificultades para darles respuesta. No existe suficiente foco político y social, ni inversión pública ni un plan de sostenibilidad para un reto tan crítico para nuestro mercado laboral", ha denunciado Mesonero

Asimismo, ha abogado por impulsar la participación de los segmentos de la población hasta ahora más inactivos para compensar la falta de relevo generacional y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Desde Fundación Adecco, destacan que la relación cotizante-pensionista cerró el año 2017 con un valor mínimo, del 2,2. "Si continúa esta tendencia, para 2052 se estima que, por cada persona inactiva, habrá poco más de una persona trabajando, lo pone en peligro la sostenibilidad", agregan.
(El País, 19-07-2018)

Publicado en el BOE el acuerdo salarial a tres años de la patronal y los sindicatos
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se registra el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para 2018, 2019 y 2020 que incluye el compromiso de elevar los salarios en convenio a un mínimo de 14.000 euros anuales. El acuerdo contempla subidas salariales para cada año de en torno al 2 % fijo más un 1 % variable y recupera la ultraactividad de los convenios para que sigan vigentes mientras se negocia su renovación.

El AENC, suscrito el pasado 5 de julio por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, incluye un anexo con los puntos de acuerdo entre sindicatos y patronal para reformar el marco laboral que ya han sido trasladados al Gobierno para la negociación tripartita en la mesa de diálogo social. Entre ellos, la modificación de la regulación de la subcontratación, la recuperación del contrato relevo, la jubilación obligatoria por cumplimiento de la edad ordinaria, medidas que fomenten la igualdad laboral y salarial de hombres y mujeres, y la modificación del sistema de formación para el empleo.

Asimismo, se contempla la regulación de un nuevo mecanismo de protección para facilitar el mantenimiento del empleo en empresas con dificultades económicas, la creación de un observatorio para el análisis del absentismo no deseado y mayores facilidades para el acceso a prestaciones al término del contrato.
(El Mundo, 19-07-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Cambiar de banco se simplifica al máximo con la nueva portabilidad
La portabilidad llegará al sistema financiero español en los próximos días, junto con las cuentas básicas a 36 euros anuales como máximo diseñadas por el Ministerio de Economía. El proceso será similar al que ya se emplea en telefonía. En España es posible cambiar el número de operadora desde el año 2000, y desde 2012 el plazo máximo para ejecutar ese traspaso es de dos días para los números móviles.

La nueva normativa, basada en una directiva comunitaria que debió haber entrado en vigor en 2016, legisla el “traslado de las cuentas de pago”. La norma “trata de fomentar una movilidad financiera a largo plazo efectiva y fluida, estableciendo un conjunto de normas uniformes que hagan frente a la escasa movilidad de los clientes”. Se podrá realizar entre entidades financieras que operan en España.

El plazo para que los bancos ejecuten ese traslado será de 13 días y el servicio será gratuito para los clientes. La gran diferencia respecto a la portabilidad en telefonía está en que el cliente no tendrá el mismo número de cuenta, aunque sí se migrarán todos los servicios vinculados a ella, si así lo decide el usuario, como las transferencias periódicas o las domiciliaciones. Por supuesto, se traspasará el dinero de la cuenta origen. Incluso se cerrará esta última si es el deseo del cliente y este no tiene pendiente ninguna deuda. Todo, sin coste para él.
(Cinco Días, 19-07-2018)

Trump amenaza a la UE con una "tremenda" capacidad de castigo en automóviles
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy a la Unión Europea (UE) que cuenta con una "tremenda" capacidad de castigo en materia comercial, especialmente en el sector del automóvil, si no le ofrece concesiones.

"Dijimos que, si no negociamos algo justo, tenemos una tremenda capacidad de castigo que no queremos usar, pero tenemos grandes poderes", dijo Trump en unas declaraciones durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, donde la próxima semana recibirá al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker.

"Incluidos los coches, los coches es lo más importante, y saben de lo que estamos hablando respecto a los coches y los aranceles", agregó.

Trump ha insistido en la necesidad de que la UE acceda a sus exigencias de facilitar el acceso de productos estadounidenses al mercado europeo, y ha amenazado con aplicar aranceles de hasta un 20% a las importaciones de automóviles europeos a EEUU.

Washington ya ha impuesto aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la UE como parte de su agresiva agenda proteccionista, medida a la que Bruselas ha respondido con acciones similares de represalia comercial aumentando los gravámenes sobre diversas exportaciones de EEUU.

Las palabras de Trump se producen una semana antes de que reciba a Juncker en la Casa Blanca el próximo 25 de julio para discutir un amplio espectro de prioridades, incluidas políticas internacionales y de seguridad, contra el terrorismo, seguridad energética y crecimiento económico".
(Expansión, 19-07-2018)

La reforma del alquiler elevará todavía más los precios
Los expertos desconfían de la reforma del alquiler que quiere aprobar Pedro Sánchez, dado que las medidas proyectadas tenderán a limitar la entrada de viviendas en el mercado, en lugar de incentivarla, lo que incrementará el desequilibrio entre la oferta y la demanda y presionará todavía más los precios al alza. El plan del Gobierno pasa por cuatro vectores: ampliar de tres a cinco años la prórroga forzosa en los contratos de alquiler, limitar las fianzas y garantías adicionales que el propietario puede imponer al inquilino, poner trabas al alquiler turístico y, además, promover la construcción de 20.000 viviendas destinadas al alquiler social.

En primer lugar, la extensión de los plazos del contrato no supone una solución en sí misma, "sino que depende del momento del mercado", explica José García Montalvo, profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. "Tiene el objetivo de que la gente que apuesta por el alquiler pueda tener un proyecto estable de vida, pero habrá que ver si al final acaba retrayendo a la oferta o paralizando las inversiones", añade José Luis Ruiz Bartolomé, director general de Chamberí AM. Aunque otros expertos como Beatriz Toribio, directora de estudios de Fotocasa ven necesaria la medida para "dar seguridad al inquilino", tampoco "ven cómo puede ayudar a bajar los precios".

En segundo lugar, el límite a las garantías adicionales que puede exigir el propietario hará más asequible la entrada en una nueva vivienda, pero "si se hace sin ofrecer seguridad jurídica a cambio, los propietarios no van a querer alquilar, lo que disminuirá la oferta y elevará los precios", señala Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro. "Hay que pensar que cuando un propietario exige esto es porque los impagos o los desahucios no están bien resueltos", indica Ruiz Bartolomé.

En definitiva, "se intenta hacer cosas, pero las medidas no van orientadas a fomentar la oferta que es donde está el problema que hace que los precios suban", afirma Julio Gil, director de Horizone Consulting. Los expertos en el mercado inmobiliario reprochan al Gobierno que, en lugar de dar incentivos para estimular el mercado, lo que hace es restringirla, aumentando el poder de negociación de los caseros que quieran mantener su vivienda en alquiler. "La reforma, con los plazos y las garantías, lo que hace es volver atrás a la ley anterior, que hacía a los propietarios pensarse su poner su vivienda en alquiler", subraya Manuel Gandarias, director general de Civislend.

En tercer lugar, el Gobierno quiere limitar el mercado de alquiler de viviendas turísticas, con la intención de que parte de estos inmuebles se destinen al alquiler residencial. Sin embargo, el alcance de esta medida es limitado, en tanto que el número de viviendas destinadas a este uso no es muy elevado y ambos mercados no están directamente conectados. "El turismo y el residencial son mercados diferentes, está en localizaciones muy concretas", explica Gandarias.
(Expansión, 19-07-2018)

La banca ignora 3 de cada 10 quejas de clientes que acepta el Banco de España
Los bancos se resisten a rectificar en todos los casos en los que el Banco de España dice que sus clientes tienen razón. Según el último informe del supervisor, que analiza todo 2017, se presentaron 5.927 reclamaciones en las que la entidad había obrado de forma incorrecta. Sin embargo, los bancos solo asumieron su error en 3.552 casos, el 64% del total, y en las otras 2.017 ocasiones han mantenido su posición, por lo que a los clientes solo les queda acudir a la vía judicial, que es costosa y lenta. La legislación no obliga a las entidades a cumplir el dictamen del supervisor, aunque se afirme que ha habido abuso bancario.

Las cifras de 2017 suponen un cambio respecto a la situación anterior en las reclamaciones. De hecho, son casi inversas, es decir, en 2016, los bancos solo rectificaron en el 36,8% de los casos en los que el Banco de España dio la razón a los clientes. Ahora, el sector financiero rectifica en el 64% de los casos, casi el doble.

¿Por qué este cambio de actitud? La banca ha modificado su proceder tras comprobar el profundo malestar del Banco de España por su actitud. El supervisor entendió que el sector tenía una falta de voluntad para atajar el problema de las reclamaciones, algo que afecta directamente a la reputación de la banca, según comentaron fuentes del supervisor en una comparecencia pasada. Las entidades que más se resistían a admitir sus errores fueron sometidas a estrictos controles de su política comercial, incluido un nuevo protocolo de mejora del servicio, que ha tenido efectos.

En total, en 2017 el Banco de España recibió 40.176 quejas de los clientes bancarios, cifra récord y un 277% más que el año anterior, cuando se recibieron 14.462. Entre los allanamientos (acuerdo previo) y las veces que la entidad admitió su error, un total de 5.243 reclamaciones lograron su objetivo, lo que supone solo un 13% del total. En el camino se han quedado el 87% de los casos, pero por razones muy diferentes. El 81% de las quejas están relacionadas con las hipotecas, el 8% con las cuentas y los depósitos y el 3,6% con las tarjetas. Quedan por resolver 358 reclamaciones.

Otro elemento que ha ayudado a que los bancos reconozcan sus errores es que la vía judicial está siendo muy desfavorable. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde abril de 2017 hasta marzo de 2018, los juzgados especializados en hipotecas han recibido 208.651 casos y han resuelto en total 29.849, el 14%. Es decir, cada día laborable (con agosto inhábil) se presentan 915 casos contra los bancos y se resuelven 128. El 97,6% de las sentencias han sido favorables a los clientes.

Pero el problema es mayor porque antes de llegar al Banco de España los clientes deben reclamar a su entidad. El año pasado, solo la banca cotizada —Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular—, recibió más de 864.884, según las propias entidades. La cifra es cuatro veces superior a la de 2016 en buena medida, según el sector, por el auge de quejas sobre cláusulas suelo y de reparto de gastos de la hipoteca, como adelantó Cinco Días. De estas quejas, solo se dio la razón al cliente en un 21% de los casos, según las propias entidades.
(El País, 19-07-2018)

 
 
 
 
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