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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 20 DE JULIOL DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 19 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 19 de julio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 20-07-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/20/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/20/index.php?d=175&s=3

 
RECULL DE PREMSA DEL 20 DE JULIOL DE 2018

Fiscal

La Comisión da dos meses a España para incluir la norma contra el blanqueo de capitales
La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España para que incorpore a su legislación nacional la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales y ha advertido que, si no lo hace en dos meses, llevará al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los países de la UE tenían hasta el 26 de junio de 2017 para transponer esta directiva y la Comisión abrió un expediente a España el pasado 23 de noviembre para instarle a que completase el proceso.

Sin embargo, el Ejecutivo europeo constató que "hasta el momento, España sólo ha transpuesto parcialmente la normativa" por lo que dio un paso más en su procedimiento de infracción con el envío de un dictamen motivado. La cuarta directiva contra el lavado de dinero, aprobada en 2015, introduce requisitos de transparencia sobre los titulares reales de las empresas para poner la información a disposición de las autoridades de los Veintiocho, así como mayores obligaciones para los bancos o intermediarios a la hora de evaluar los riesgos de ciertas actividades. También refuerza el poder para imponer sanciones de las autoridades competentes.

Sin embargo, los estados acumulan importantes retrasos y deficiencias en su transposición: en la actualidad hay procedimientos de infracción en curso contra veinte países, tres en fase de remisión al TJUE, nueve en la segunda fase del proceso -dictamen motivado- y ocho en la inicial (cartas de emplazamiento).Además de contra España, la Comisión ha avanzado en el procedimiento por esta razón contra Malta y Letonia con el envío de sendos dictámenes motivados y ha remitido a la justicia europea a Grecia, Irlanda y Rumanía.

Entretanto, se ha acordado ya la quinta directiva contra el blanqueo de capitales, que entró en vigor el 9 de julio de 2018, y los estados miembros tienen hasta el 10 de enero de 2020 para transponerla.
(Expansión, 20-07-2018)

El Gobierno aprueba hoy el techo de gasto para 2019 y la actualización del cuadro macro
El Consejo de Ministros de hoy aprobará el techo de gasto para 2019, dando así el pistoletazo de salida a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, así como una actualización del cuadro macroeconómico. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya adelantó que el 'techo de gasto' para 2019 será superior al de 2018, cuando se situó en 119.834 millones de euros.

La aprobación del límite de gasto no financiero, que es como se conoce al techo de gasto, irá acompañada de una actualización del cuadro macroeconómico, como suele ser habitual. Las previsiones actuales, elaboradas por el anterior Gobierno, apuntan a un crecimiento del PIB del 2,7% para 2018 y del 2,4% para 2019, cálculos que coinciden también con los del Banco de España. En las últimas semanas, varias instituciones internacionales han procedido a actualizar sus previsiones para España, en algunos casos a la baja, en otros al alza y en otros casos, manteniéndolas sin variación respecto a estimaciones previas.

En concreto, Bruselas rebajó una décima, del 2,9% al 2,8%, su previsión de crecimiento para España en 2018 y mantuvo en el 2,4% la de 2019. La OCDE, por su parte, las elevó hasta el 2,8% y el 2,4% respectivamente, mientras que el FMI mantuvo sin cambios sus estimaciones de PIB para España: 2,8% en 2018 y 2,2% en 2019. De este modo, las principales instituciones internacionales sitúan el crecimiento del PIB de España para 2018 en el 2,8%, una décima por encima de lo estimado en el cuadro macroeconómico vigente.

El nuevo cuadro macroeconómico da soporte al techo de gasto para 2019, que servirá de base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Ayer se fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Más recursos para las comunidades autónomas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó que se rebajará dos décimas el objetivo de déficit de las comunidades autónomas -del 0,1% del PIB previsto se pasará al 0,3%, lo que se traducirá en un incremento de los recursos autonómicos de alrededor de 2.400 millones de euros-.

La nueva senda de estabilidad presupuestaria para España acordada con Bruselas contempla un déficit público del 1,8% para 2019, por encima del 1,3% estimado con anterioridad. Para 2020, España deberá recortar los 'números rojos' hasta el 1,1%, frente al 0,5% inicial, y en 2021, cuando España debía registrar un superávit del 0,1%, el primero después de 14 años en déficit, ahora podrá tener un déficit del 0,4%.
(El País, 20-07-2018)

Hacienda crea una comisión política para avanzar en la reforma de la financiación
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras finalizar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en rueda de prensa, ha anunciado este foro para impulsar esa reforma y abrir una nueva etapa en la que se aborden las discusiones precisas, aunando la perspectiva técnica y la política, para que haya avances efectivos. En este proceso, el Gobierno se compromete a adoptar "posición de liderazgo que le corresponde"; promover debates, trabajos y negociaciones; presentar propuestas y utilizar todos los cauces para promover los consensos.

Montero ha subrayado la importancia del diálogo multilateral en materia de financiación con todas las comunidades. Ha indicado que había trasladado a los consejeros su intención de poner en marcha un grupo de trabajo para la reforma del sistema, con vistas a introducir mejoras en el actual sistema para hacerlo más solidario y equitativo. Tendrá como principal objetivo analizar la insuficiencia financiera de las comunidades y proponer posibles soluciones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en rueda de prensa que las negociaciones comenzarán por el aspecto en el que hay consenso, que es el de calibrar la insuficiencia de recursos financieros, habida cuenta de que todas las autonomías se quejan de agravios con el modelo actual. Montero ha subrayado que la posición del Gobierno es que existe un "evidente problema de infrafinanciación" de las comunidades, que tienen que ser corregido con un "diálogo fluido y abierto" entre las distintas administraciones y con las fuerzas representadas en el Congreso.

Tras el informe del comité de expertos del año pasado, y a la espera de que los técnicos del Consejo de Política Fiscal tengan una nueva reunión y ultimen el suyo, ahora es el momento del debate político, ha señalado la ministra. Además, la idea es que los representantes autonómicos que sean designados sean personas con capacidad de negociación, que no tengan que estar consultando cada propuesta con esferas superiores, ya que eso haría más lento el diálogo.

De momento, se comenzará por abordar la insuficiencia de los recursos, para después abordar temas como el ajuste de población, la armonización fiscal o la reestructuración de la deuda.
(La Vanguardia, 20-07-2018)

Laboral

El Gobierno admite ahora que tirará de la 'hucha' si le hace falta para pagar las pensiones
Una cosa son los deseos y otra muy diferente la realidad. En esta tesitura se ha encontrado el PSOE al llegar al Gobierno, tras desdecirse en las últimas fechas de sus muchas promesas en la oposición: no habrá derogación de la reforma laboral ni de la ley mordaza, tampoco podrá hacer todo el gasto social que pretendía, ni dará los nombres de la amnistía fiscal... Y, ahora, no descarta tener que echar mano de la 'hucha' de las pensiones para pagar las prestaciones si hiciera falta, pese a las duras críticas que vertió al PP cada vez que sacaba dinero.

Así lo admitió este jueves la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, durante la entrega a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, del informe sobre la 'Evolución, actuaciones y situación del Fondo de Reserva 2017'. «A mí me encantaría no tener que tocarlo, pero quiero ser prudente. Vamos a ver cómo evoluciona la recaudación de cuotas de aquí a final de año», señaló. Ahora bien, «si tenemos que sacar algo habrá que hacerlo porque los pensionistas tienen derecho a cobrar sus pagas extraordinarias», se justificó.

La idea del Gobierno es utilizar todo el crédito concedido por el Estado a la Seguridad Social antes de acudir a la 'hucha'. Así lo demostró a finales de junio, cuando usó 7.500 millones de euros del préstamo para 2018 de más de 13.800 millones con el fin de pagar la extra de verano a las 9,6 millones de prestaciones que se abonan mensualmente.

Sin embargo, como más tarde en diciembre, volverá a enfrentarse al mismo problema: los ingresos por cotizaciones sociales, pese a que crecen a un ritmo del 5% mensual, apenas son suficientes para el pago mensual de las pensiones, pero no para el abono de las dos pagas extra (verano y Navidad) más la liquidación del IRPF, puesto que con ellas se duplica el presupuesto. En julio ya supuso una factura de 17.727 millones, que se repetirá a final de año.

Será entonces cuando, si no le queda otro remedio, el Gobierno vacíe aún más el Fondo de Reserva. Y es que entonces ya solo tendrá algo más de 6.000 millones para hacer frente a un desembolso mayor, salvo que para entonces la recaudación mejore -la ministra confía en ello- o se hayan tomado otras medidas para mejorar los ingresos, como los nuevos impuestos o la separación de fuentes de la Seguridad Social para que no asuma gastos que no le corresponden, por ejemplo, los de personal, reducciones de cotizaciones o tarifas planas o maternidad.

«En tanto en cuanto no se recuperen las cotizaciones para poder pagar todas las prestaciones contributivas del sistema, tendremos que complementar esas cotizaciones vía Presupuestos», dijo Valerio. No obstante, precisó que estos temas tienen que debatirse en la mesa de diálogo social sobre pensiones, convocada para la próxima semana, y en el marco del Pacto de Toledo.

Pero en el corto plazo, tiene otro desembolso 'extra': abonar a los más de 8,7 millones de pensionistas los atrasos generados desde el 1 de enero por la diferencia entre la subida del 0,25% inicial que ya se les hizo y la prevista en los Presupuestos de 2018, que se elevó al 1,6% con carácter general y al 3% para las más bajas. Se lo ingresarán el 27 de julio en nómina y para este abono, que superará los 1.000 millones de gastos, el Gobierno no utilizará ni hucha ni crédito, sino que lo hará con una transferencia desde la propia Tesorería de la Seguridad Social, según apuntaron fuentes del Ministerio. Lo que aún no está claro es si el origen último son los rendimientos anuales del Fondo de Reserva.

El Fondo de la Seguridad Social cerró el pasado año con un valor total de 8.085,37 millones de euros (a precio de mercado), el equivalente al 0,72% del PIB, según su último informe anual. En 2017 se realizaron dos disposiciones, coincidiendo con el abono doble de la nómina de pensiones en julio y en diciembre, meses en los que coinciden paga ordinaria y extraordinaria. Así, en julio se dispuso de 3.514 millones de euros y en diciembre de 3.586 millones, lo que restó 7.100 millones de euros a la hucha del sistema.

Al finalizar el año pasado el Fondo había generado 173 millones en rendimientos netos, la cifra más baja desde 2002 cuando dichos intereses ascendieron a 161 millones. En 2016, por el contrario, se registró un saldo positivo de 2.664 millones, y un año antes 3.994 millones. En total, 28.932 millones desde su creación. La rentabilidad acumulada entre 2000 y 2017 fue en términos anualizados de un 4,27%, aunque la última tasa interanual se situó en valores negativos (-0,12%) después de seis ejercicios con tasas positivas.

Desde su creación a principios de siglo se han sacado 74.438 millones de euros del Fondo de Reserva para pagar las pensiones. A ello se suman otros 9.648 millones en excedentes del Fondo de Contingencias Profesionales, y los 10.192 millones del préstamo que el Tesoro concedió en 2017 a la Seguridad Social. En total, 94.278 millones adicionales a los recursos de las cotizaciones para pagar estos 18 años a los pensionistas.
(Cinco Días, 20-07-2018)

El FMI pide más contratos indefinidos en España
El organismo presidido por Christine Lagarde ha instado al Gobierno a fomentar la "empleabilidad a largo plazo". En concreto, ha recomendado a España "reducir la segmentación del mercado laboral mejorando el atractivo de los contratos indefinidos y reduciendo los obstáculos legales y administrativos que elevan el coste de dichos contratos". También ha recetado un "incremento en la capacidad de los servicios de empleo público", así como en la "calidad de la educación y la formación".

A nivel empresarial, la institución considera necesario que España facilite el acceso a la financiación a las 'startups' jóvenes e innovadoras, ya sea en Bolsa, a través de emisiones de deuda o captando capital de riesgo. Sobre los progresos recientes, ha criticado el "limitado" progreso en las políticas para elevar la "eficacia y la eficiencia" en el mercado laboral, aunque ha dado el visto bueno al aumento de las inspecciones y las sanciones contra las empresas que abusan de los contratos temporales.

Por otro lado, el FMI ha asegurado que la recuperación económica en la zona euro ha superado su punto más alto teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento que, en el primer trimestre de 2018, fue de un 0,4% del PIB, frente al 0,7% del mismo periodo de 2017.
(Expansión, 20-07-2018)

Trabajo mejorará las ayudas a casi 42.000 parados de larga duración sin ingresos
El Ministerio de Trabajo prepara un ajuste en la nueva ayuda provisional para parados de larga duración que ideó el Ejecutivo en los Presupuestos de 2019. En su diseño actual, esta nueva prestación deja a 41.910 beneficiarios de uno de los antiguos subsidios caducados el pasado abril, el PAE, sin posibilidad de reengancharse si habían interrumpido su cobro o si ya habían agotado este subsidio. La decisión tiene un coste de 49,38 millones de euros, según la propuesta de Trabajo a la que ha tenido acceso este diario.

En algunas oficinas públicas de empleo comenzó a darse la señal de alarma hace unos días, cuenta un responsable autonómico del ramo. La ayuda a parados de larga duración sin ingresos o por debajo del 75% del salario mínimo interprofesional, creada provisionalmente en los presupuestos de 2019 por el ejecutivo anterior hasta que estuviera lista la reorganización de ayudas y rentas prevista, estaba dejando fuera a desempleados que, en apariencia, tenían derecho a ella.

¿Por qué? Los parados que cobraban una de las ayudas extraordinarias creadas en la crisis que caducaron el 30 de abril, el Programa de Activación para el Empleo (PAE) —la otra es el Plan Prepara—, y habían interrumpido su cobro por tener un trabajo temporal o haber perdido de algún requisito temporalmente no podían reengancharse cuando volvían a tener derecho a percibirla. Tampoco podían acceder a ella quienes ya se habían beneficiado del PAE anteriormente.

Para subsanar la situación, Trabajo ha preparado una “propuesta de regulación normativa” a la que ha tenido acceso EL PAÍS en la que cuantifica en 41.910 y en 49,38 millones el dinero que puede suponer solucionarla. Tras la descripción de las causas que provocan el problema, la propuesta de Trabajo “estima precisa y necesaria la regulación normativa urgente que permitiera la protección de este colectivo”.

En el Ministerio admiten que “se prepara una normativa para mejorar la protección”. Aunque añaden con cautela que “todavía está en fase de estudio” por parte de los Servicios Públicos de Empleo Estatal, cuyo membrete aparece en la propuesta citada.
(El País, 20-07-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El cliente podrá portar gratis su cuenta bancaria en un plazo de 13 días
El proceso será similar al que ya se emplea en telefonía. En España es posible cambiar el número de operadora desde el año 2000, y desde 2012 el plazo máximo para ejecutar ese traspaso es de dos días para los números móviles.

La nueva normativa, basada en una directiva comunitaria que debió haber entrado en vigor en 2016, legisla el “traslado de las cuentas de pago”. La norma “trata de fomentar una movilidad financiera a largo plazo efectiva y fluida, estableciendo un conjunto de normas uniformes que hagan frente a la escasa movilidad de los clientes”. Se podrá realizar entre entidades financieras que operan en España.

El plazo para que los bancos ejecuten ese traslado será de 13 días y el servicio será gratuito para los clientes. La gran diferencia respecto a la portabilidad en telefonía está en que el cliente no tendrá el mismo número de cuenta, aunque sí se migrarán todos los servicios vinculados a ella, si así lo decide el usuario, como las transferencias periódicas o las domiciliaciones. Por supuesto, se traspasará el dinero de la cuenta origen. Incluso se cerrará esta última si es el deseo del cliente y este no tiene pendiente ninguna deuda. Todo, sin coste para él.

Lo que deben contar. Las entidades deberán informar del derecho de todos los ciudadanos a una cuenta de pago básica, para la que no es obligatorio adquirir otros productos o servicios de la entidad. Y deberán especificar cuáles son sus comisiones y cuál es el procedimiento para abrir una cuenta de pago básica.

La tarjeta de crédito, eso sí, se cancelará, con lo que deberá ser emitida, si así lo quiere el usuario, por el banco al que migra. El engorroso proceso de cambiarse de cuenta bancaria, especialmente cuando esta tiene un saldo elevado, que exigiría una transferencia de efectivo o el traslado físico del dinero, queda reducido a su mínima expresión.
(Cinco Días, 20-07-2018)

Trump presiona a la Fed para que frene al alza de tipos
En una entrevista concedida a la CNBC Trump manifestó su disgusto con las intenciones de la institución de subir los tipos de interés (actualmente en el 1,75% y 2%) dos veces más este año, hasta un total de cuatro. "No estoy asustado", afirmó. "Aunque no me gusta", sentenció. No obstante, el presidente de la primera economía del mundo reconoció que un entorno de crecimiento es de esperar que la Fed proceda a elevar los tipos, maniobra que le incomoda. "A pesar de esto, les dejo que procedan", añadió.

Estas declaraciones, que suponen una interferencia directa en la labor del banco central, pasaron de puntilla sobre el mercado. No obstante, son interpretadas como una presión a Powell para que detenga el alza de tipos. Estas afirmaciones solo se entenderían desde el punto de vista del dólar, que desde los mínimos del año avanza un 6,75% en su cruce frente al euro.

Las contradicciones y Trump van de la mano. Durante la campaña presidencial una de las constantes de su discurso eran las críticas directas a la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, a la que acusaba de mantener de manera artificial los tipos de interés en zona de mínimos. En concreto, el entonces candidato a la Casa Blanca afirmaba que Yellen debería estar "avergonzada" por actuar de manera "política" para proteger los intereses de Barack Obama y "crear una burbuja financiera". "Me gustan los tipos de interés altos y un dólar fuerte", ese era el lema repetido por activa y por pasiva por el candidato republicano.

Unos meses después la realidad parece otra. la intervención de Trump contradice la idea defendida por los banqueros centrales que han abogado durante año por mantener a salvo la independencia. El objetivo es poder tomar decisiones impopulares pensando en el interés de la economía, aunque esto supusiera elevar los tipos para frenar el crecimiento.

En 1993, coincidiendo con el mandato de Bill Clinton, se comenzó a aplicar una norma dentro de la casa Blanca que consistía en no criticar públicamente las decisiones adoptadas por la Fed. Esa regla se ha mantenido en gran parte bajo las Administraciones de George W. Bush, Barack Obama.
(Expansión, 20-07-2018)

La SEPI anuncia el relevo en la presidencia de ocho compañías
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha aprobado el nombramiento de los ocho consejeros que formarán parte de empresas públicas del grupo. Se trata de Juan Manuel Serrano Quintana (Correos), Susana Sarriá Sopeña (Navantia), Jesús Casas Grande (Tragsa), Gregorio Rabanal Martínez (Hunosa), José Vicente Berlanga Arona (Enusa), Fernando Garea Baragaño (EFE), María Luisa Faneca López (Saeca) y Juan Andrés Tobar Mena (Cetarsa), ha señalado la SEPI en un comunicado. El anuncio de los nuevos cargos ha constituido un paso previo a su nombramiento como presidentes de dichas compañías.

El presidente de Correos que, previsiblemente, será nombrado presidente este jueves, ocupaba la jefatura de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, desde 2014. Es Licenciado en Derecho por la UNED e Ingeniero técnico Informático por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Susana Sarriá se convertirá en la primera mujer en presidir Navantia. Durante su trayectoria profesional, está vinculada a numerosos programas de desarrollo rural y tratamiento de las aguas y a la gestión de parques naturales. Es Ingeniera de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid.

Al frente de Tragsa estará Jesús Casas, que llega desde la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias. Pertenece al Cuerpo de Ingeniero de Montes y anteriormente fue director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en el Ministerio de Medio Ambiente.

El próximo presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal, ha trabajado durante 24 años para esta empresa minera, en la que ocupó diferentes puestos. Hasta 2012 fue director económico financiero y de control y hasta agosto del 2017 ejerció como director general de Sadim Inversiones, compañía del grupo.

José Vicente Berlanga, futuro presidente de Enusa, es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y funcionario de carrera de la Generalitat, ha sido vocal de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación y la Economía (FIVEC), absorbida por la Fundación para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana de esta misma comunidad. Fue además consejero general y representante del Gobierno valenciano en Bancaixa.

Fernando Garea, próximo responsable de la Agencia EFE, es licenciado en Periodismo, profesión que en gran parte ha ejercido como cronista parlamentario y con distintas responsabilidades en numerosos medios, entre ellos Diario 16, El Mundo, Público, El País y El Confidencial. También ha participado a lo largo de su carrera en tertulias de radio y televisión.

María Luisa Faneca, futura presidenta de Saeca, es diplomada en Magisterio por la Escuela Universitaria de Huelva, es responsable de la Secretaría Ejecutiva de Pesca de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Hasta su nombramiento trabajaba en el Centro Nacional de Formación Marítima de Isla Cristina.

Juan Andrés Tovar, que ocupará la presidencia de Cetarsa, hasta ahora ha ejercido como portavoz del Grupo Socialista del Senado en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nacido en Casar de Cáceres, fue alcalde, diputado y presidente de la Diputación provincial.
(El País, 20-07-2018)

Bruselas lleva a España al Tribunal de Justicia por el retraso en Mifid II
Más de medio año de retraso es demasiado incluso para la Comisión Europea, que este jueves ha comunicado su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el retraso en la trasposición de la normativa comunitaria que regula los mercados de instrumentos financieros, la llamada Mifid II. "Si los Estados miembros no transponen las normas, los inversores no pueden beneficiarse de la mayor protección que proporciona la Mifid II.

Esto incluye la salvaguardia de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios", recoge el comunicado emitido este jueves por las autoridades comunitarias. "También hace que los mercados sean menos seguros, ya que los centros de negociación y las empresas de inversión no tienen que operar con arreglo a requisitos operativos más estrictos y transparentes".

La norma debía estar completamente adaptada al ordenamiento jurídico nacional desde el pasado 3 de enero, fecha de su entrada en vigor para todos los países de la Eurozona, sin embargo, el anterior Gobierno no llegó a tiempo y sólo traspuso una parte de la misma, concretamente, la parte que afecta a los centros de negociación, algo que permitía al Ejecutivo cumplir con las exigencias mínimas y frenar las posibles sanciones.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó a comienzos de diciembre de 2017 un Anteproyecto de Ley que incluía las principales medidas de Mifid II, en un intento por dar muestras de su buena fe a la hora de cumplir con los preceptos europeos. Ese Anteproyecto fue enviado al Consejo de Estado, que debía emitir su dictamen para volver a enviarlo al Consejo de Ministros y de ahí, al Parlamento, donde Economía se comprometió a aprobarlo "en el plazo más breve posible". Casi ocho meses después, la norma se encuentra atascada en el Consejo de Estado, con los perjuicios que eso supone y de los que ahora advierte la Comisión Europea.

"No transponer plenamente estas normas de la UE perturba el mercado único [...] El régimen de "pasaporte" transfronterizo de varias actividades y servicios de inversión podría no funcionar tan bien como entre los Estados miembros que ya han transpuesto en su totalidad las disposiciones", recoge su nota esta mañana.

La Comisión abrió en enero un procedimiento de infracción a España. Primero envió una notificación al Ejecutivo instándole al cambio; después remitió una Opinión Razonada y ahora ha llevado a cabo el tercero de los pasos que le quedaba pendiente: la denuncia ante el TJUE.
(El Mundo, 20-07-2018)

 
 
 
 
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