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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 25 DE JULIOL DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 24 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 24 de julio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 25-07-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/index.php?d=179&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 25 DE JULIOL DE 2018

Fiscal

Hacienda descarta más impuestos y anuncia que hará Presupuestos para 2019 pese al veto del PP
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que el Gobierno presentará en tiempo el proyecto presupuestario de 2019 y puntualizó que si las Cortes rechazan la nueva senda de déficit estas cuentas tendrán que incluir un "ajuste" de los ingresos tributarios. "Para que la recuperación llegue a las familias", indicó Montero en declaraciones a Efe, son necesarios mayores recursos y "si eso no se hace por la vía de la mayor capacidad que nos concede Bruselas, los ingresos hay que buscarlos de otra manera".

Previsiblemente, el Congreso de los Diputados debatirá este viernes la nueva senda de déficit público para el periodo 2019-2021, que de rechazarse en esta Cámara o en el Senado obligaría a volver a los objetivos anteriores, que son más estrictos. La nueva senda fija los objetivos de déficit para el conjunto de las administraciones en el 1,8% del PIB en 2019, el 1,1% en 2020 y en el 0,4% en 2021, cuando la anterior era del 2,2%, el 0,3% y superávit, respectivamente.

La ministra recordó que los objetivos de estabilidad tienen que aprobarse tanto en el Congreso como en el Senado, de manera que si son rechazados -como parece previsible por la negativa del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta- se adoptarán los anteriores, que ya tienen el visto bueno de las Cortes.
"No se entiende por qué el PP rechaza una senda que lo que permite es que la fiscalidad de este país no tenga que acompañar esas necesidades que tienen los ciudadanos por la vía fiscal, sino que la podría acompañar por la vía de la relajación del objetivo", añadió.

Ante esta situación, el Gobierno "ajustaría" su política de ingresos para el próximo año, de manera que el techo de gasto que acompañaría a los Presupuestos, que no tendría que volver a aprobarse, sería "muy similar" al aprobado en Consejo de Ministros el pasado viernes -125.064 millones, un 4,4% más-. El Gobierno "va a presentar su proyecto de presupuestos en tiempo y forma, con la senda actual o con la anterior", zanjó Montero, al tiempo que descartó elecciones anticipadas como apuntaban algunos medios de comunicación.

En cualquier caso, insistió en que los grandes beneficiados de la nueva senda fiscal son las comunidades autónomas y la Seguridad Social, cuya meta se amplía en dos décimas, "es decir, el Estado del bienestar". En el caso concreto de la Seguridad Social, el rechazo al nuevo objetivo de déficit "obligaría a mayor endeudamiento", según la ministra, que subrayó que este tema tendría que abordarse en el Pacto de Toledo.

"Seguimos pensando que lo adecuado es que pudieran contar con esas dos décimas" de margen fiscal adicional, consideró, porque en la "hucha" de las pensiones "cada vez queda menos dinero". El Ejecutivo prevé presentar el proyecto presupuestario de 2019 a tiempo para que entre en el Congreso en los tiempos que marcha la Constitución, lo que implicaría tenerlo listo en septiembre, con el objetivo de "discutir unas cuentas que benefician a los ciudadanos para que la recuperación económica llegue a las familias".
(El Mundo, 25-07-2018)

Laboral

El 85% de los autónomos de nuestro país cotiza por la base mínima
Esto significa que la mayoría de los trabajadores por cuenta propia cotiza como si ingresara unos 920 euros al mes. Pero no todos los profesionales ingresan esa cantidad neta, lo que produce ciertos desajustes en la Seguridad Social. Derivado, en gran medida, por aquellos autónomos que ingresan muy por encima de esas cantidades, pero aportan lo mínimo posible. Algo legal, pues el sistema lo permite. Sin embargo, dicho sistema puede estar viviendo sus últimos días.

El debate sobre cómo deben cotizar los autónomos está abierto en comisión del Congreso. Esta misma mañana, las principales asociaciones de autónomos se reúnen con la Ministra de Trabajo. Le expondrán la necesidad de modificar la forma en que cotiza este colectivo. De hecho, han desarrollado baremos o tramos exactos. Es decir, ya hay pistas de lo que pagaría un autónomo, en función de sus ingresos, si alguna de estas propuestas sale finalmente adelante.

Todas las agrupaciones coinciden en la necesidad de incorporar esta cotización por tramos, aunque cada una propone unos intervalos o unas condiciones diferentes. A continuación, vamos a exponer todas estas medidas planteadas.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) asegura que, con su propuesta, la mitad de los autónomos pagarían menos de cuota de lo que pagan actualmente. El 50% de los autónomos perciben unos 1.500 euros al mes, por lo que, la mitad de ellos se encuentran en el tramo de ingresos (netos, descontando los gastos) menores a 12.000 euros al año. Éstos, por tanto, pagarían menos que actualmente, en concreto, la mitad de su cuota. Y el 25% de ellos se ubica en el tramo entre los 12.000 y los 15.000 euros al año, por lo que pagarían el 75% de su cuota actual. Un 7% pagaría exactamente lo mismo que ahora, que son los que se encuentran entre los 15.000 y los 18.000 euros netos anuales.
(Cinco Días, 25-07-2018)

El salario bruto subió un 0,1% en 2017, hasta los 22.806 euros
El salario bruto anual se situó en 22.806,9 euros en 2017, cifra un 0,1% superior a la de 2016, según la Encuesta Anual de Coste Laboral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El coste neto que tuvieron que pagar las empresas por cada trabajador ascendió a 30.535,9 euros en 2017, un 0,1% más que en el año precedente. Si se tienen en cuenta las subvenciones y deducciones públicas, que ascendieron a 208,8 euros, el coste bruto por trabajador alcanzó los 30.744,7 euros el año pasado, con un avance anual también del 0,1% respecto al ejercicio 2016.

El 74,2% del coste bruto lo constituyeron sueldos y salarios, mientras que las cotizaciones a la Seguridad Social, que ascendieron a 7.115,8 euros por trabajador, representaron el 23,2% del total. De este modo, salarios y cotizaciones supusieron el 97,3% del coste bruto.

Además de estas partidas, 299,1 euros anuales se destinaron a beneficios sociales por trabajador (cotizaciones voluntarias a seguros y planes de pensiones, prestaciones complementarias a la Seguridad Social, etc.); 237,07 euros a otros gastos derivados del trabajo (indemnizaciones por fin de contrato, ropa de trabajo, transporte, etc.); 195,8 euros a indemnizaciones por despido, y 89,84 euros a formación profesional.

En 2017, el 94,2% de las empresas regulaban sus condiciones laborales mediante convenio colectivo, con efectos sobre el 88,6% de los trabajadores, cifras similares a las de 2016.

El 1,8% de los centros de trabajo con convenio, representativos del 3,1% de los trabajadores, vieron modificadas sus condiciones de trabajo durante el año pasado. El porcentaje de centros que modificaron las condiciones de trabajo se mantuvo respecto a 2016, mientras que el de trabajadores afectados bajó un punto, desde el 4,1% de 2016 al 3,1% en 2017.
(El País, 25-07-2018)

El programa contra la explotación laboral cambiará de nombre: “Plan director por el trabajo decente”
El plan contra la explotación laboral se traducirá en un incremento de los recursos de la Inspección de Trabajo en 2019 y 2020. El aumento llegará tanto en dinero como en plantilla, según aparece en la memoria económica que acompaña a este programa que finalmente cambiará su nombre oficial y se llamará Plan director por el trabajo decente.

El incremento de recursos no llegará este año, cuando el plan contempla poner en marcha dos planes de choque contra los abusos en la temporalidad y la jornada a tiempo parcial, porque los presupuestos para este ejercicio ya aprobados recogen una disposición adicional que lo veta. Habrá que esperar pues a los dos próximos ejercicios, para los que se propone un incremento de un 10% sobre el presupuesto habitual, unos 150 millones cada año. Esto supone un aumento de 30 millones entre los dos ejercicios.

También concreta el número de inspectores y subinspectores que calcula el Ministerio de Trabajo que se incorporará a la plantilla durante la vigencia del plan: 833. De estos, 367 corresponden a procesos selectivos ya realizados o por realizar que todavía no habrían incorporado al trabajo y 466 para los próximos años. Ni el documento ni las fuentes consultadas cuantifican qué incremento supondrán estas ofertas, aunque sí señalan que habrá un incremento neto de plantilla, que en julio de este año se cifra en 970 inspectores y 906 subinspectores, números muy similares a los de los últimos ocho años.

Una novedad de este segundo borrador del plan y de su memoria económica es el cambio de nombre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado en una entrevista en este diario que iba a poner en marcha un plan contra la explotación laboral. El Ministerio de Trabajo tomó la expresión literalmente en el título de la iniciativa, pero esto provocó el enfado de la patronal CEOE y de alguna asociación de inspectores. La primera se quejaba amargamente de que con ese nombre parecía que España estaba “a comienzos del siglo XX” y de que así no comenzaba bien la negociación. Los inspectores, por su parte, lamentaban que esa denominación parecía menospreciar su trabajo hasta ahora.

Escuchadas estas peticiones el Gobierno ha decidido cambiar el nombre y toma el nuevo de la Organización Internacional del Trabajo, que suele hablar de “trabajo decente” y también de la terminología de la ONU, según justifica el primer apartado del nuevo borrador, que habría fijado esto como uno de sus objetivos en la Agenda 2030.
(El País, 25-07-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Trump propondrá hoy a Juncker que EEUU y la UE deroguen todos los aranceles
Trump propondrá hoy al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, la derogación de todos los aranceles mutuos. "La Unión Europea (UE) viene mañana a Washington a negociar un acuerdo comercial. Tengo una idea para ellos. ¡Tanto EE.UU. como la UE suprimimos todos los aranceles, restricciones y subsidios! ¡Eso sería finalmente comercio libre y justo!", ha anunciado en Twitter el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario ha añadido que EE.UU. "está listo" para adoptar su propuesta, pero da por hecho que la UE "no lo estará". Juncker está en Washington acompañado de la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malsmtröm, para tratar de relajar las relaciones transatlánticas, que atraviesan sus horas más bajas a cuenta de los aranceles comerciales. Juncker planea entablar un diálogo constructivo con Trump, pero sin ninguna oferta concreta de negociación, como le gustaría a la Administración estadounidense.

Trump alaba la imposición de aranceles como estrategia negociadora y alardeó de que los países afectados optan ahora por desfilar por Washington. "Los países que nos han tratado injustamente en comercio durante años están viniendo a Washington a negociar. Esto debió haber pasado hace años, pero como dice el refrán, ¡mejor tarde que nunca!", dijo el presidente. Además de los gravámenes ya en vigor al acero y al aluminio europeo, medida respondida por la UE, EE.UU. amenaza ahora con aranceles del 20% a las importaciones de automóviles europeos.
(Expansión, 25-07-2018)

El Gobierno da el primer paso para crear una autoridad que alerte de la crisis
El Gobierno dará hoy el primer paso para reactivar en España el proyecto de creación de una autoridad macroprudencial con la primera reunión desde 2013 del Comité de Estabilidad Financiera, en el que participan tanto el Ministerio de Economía como el Banco de España y la CNMV. El objetivo del encuentro, que tendrá lugar en la sede del Ministerio de Economía a partir de las 16.00, será retomar la idea de impulsar una autoridad en España que alerte de ciertos desequilibrios con el objetivo de evitar futuras crisis.

Aunque la idea ha sido impulsada desde Europa desde hace tiempo, España es uno de los últimos países de la Unión en proceder a activar una institución de estas características, según admitió durante su comparecencia en el Congreso la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. "No podemos olvidar que una de las causas de la reciente crisis fue la falta de alerta temprana ante la acumulación de determinados desequilibrios macroeconómicos, por lo que poner en marcha una autoridad macroprudencial y aprovechar al máximo los instrumentos que ya tenemos se antoja fundamental para prevenir situaciones similares en el futuro", añadió entonces.

Además de Calviño, en la reunión del Comité de Estabilidad Financiera de hoy participarán el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos y su número dos, Javier Alonso; el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y la vicepresidenta de la institución, Ana María Martínez-Pina. Pero también la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva; el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Sergio Álvarez.
(El País, 25-07-2018)

El FMI alerta del riesgo de la economía española por su elevada necesidad de financiación
España recibe mucha más inversión exterior de la que envía fuera de sus fronteras. Esta no es ninguna novedad, y en los últimos años la economía se las ha apañado para reducir ese desajuste: la posición de inversión internacional neta (PII) ha pasado del 94% del PIB en el que estaba en 2009 al 81% del año pasado. Pese a esta mejora, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta de los riesgos que este desequilibrio conlleva para la economía española.

Entre las “vulnerabilidades externas” que menciona el organismo liderado por Christine Lagarde están “las grandes necesidades brutas de financiación de la deuda exterior” y los efectos “potencialmente adversos” de una devaluación de sus activos en el extranjero. En su informe sobre el sector exterior de julio de 2018, el Fondo menciona también dos factores que mitigan estos riesgos: los plazos favorables de vencimiento de la deuda externa –con una media de siete años- y la laxa política monetaria del BCE, que aminora el coste de la deuda. El FMI olvida mencionar en su informe que el Eurobanco se dispone a retirar de forma muy paulatina sus medidas extraordinarias de liquidez.

No todo son malas noticias para la economía española. En su informe Abordando los desequilibrios globales en medio de crecientes tensiones comerciales, el FMI también destaca cómo se han encarrilado el déficit por cuenta corriente que arrastraba la economía española. Tras alcanzar en 2007 una cima del 9,6% del PIB de este indicador que mide el exceso de bienes, servicios, rentas y transferencias que un país adquiere en el exterior frente a las que le compran, se pasó una década más tarde a un superávit del 1,9%. Esta vuelta de tuerca del sector exterior español se debe, principalmente, a la brusca caída en las importaciones que siguió a las primeras dentelladas de la crisis en 2008. Desde entonces, tanto las importaciones como las exportaciones han ido aumentando de mano de la recuperación económica.

Este superávit, asegura el Fondo, se explica por una demanda interna “robusta”, bajos tipos de interés y mayor competitividad ganada a través de políticas de moderación salarial. “España logró su quinto año de superávit en la cuenta corriente, algo insólito en su historia reciente", sostiene el Fondo.

El FMI atribuye esta mejora a la ganancia de competitividad de la economía española gracias a las políticas de moderación salarial y a un mayor esfuerzo por el sector exterior en las empresas nacionales, lo que derivó en un incremento del peso de España como potencia exportadora en el mundo. “Está previsto que a medio plazo continúen los superávits en la balanza por cuenta corriente a pesar de la reciente apreciación del euro y las subidas de precio del petróleo”, continúa el informe.

Más allá de España, el Fondo dibuja un panorama del mundo no muy distinto del de los últimos años: grandes áreas con superávits en países europeos como Alemania y Holanda o en Corea, Singapur y China; y déficits concentrados en EE UU, Reino Unido, y otros países deudores de la eurozona. El Fondo alerta de que los desequilibrios globales junto con las políticas para reducir estos desequilibrios suponen un riesgo para la estabilidad económica.

El endurecimiento de la política monetaria en EE UU, el dólar más fuerte y el agravamiento de su déficit por cuenta corriente puede derivar, a medio plazo, "en un cambio disruptivo para las economías emergentes", asegura el FMI.
(La Vanguardia, 25-07-2018)

Sector

La lentitud del juzgado no puede perjudicar el acceso al recurso
Los retrasos de los juzgados a la hora de tramitar determinadas solicitudes no pueden perjudicar el derecho a recurrir de las partes. Así lo establece el Tribunal Supremo en una reciente sentencia (accede aquí al texto), en la que da la razón a una abogada que vio rechazado, por entrar fuera de plazo, el recurso de apelación que interpuso en defensa de sus clientes una vez que tuvo las grabaciones del juicio para prepararlo.

El juzgado había adjuntado con la sentencia una copia defectuosa y tardó casi dos meses en resolver sobre la entrega de un nuevo CD. En su petición, la abogada solicitó asimismo la suspensión del plazo para recurrir en apelación.

El tribunal que debía conocer del recurso lo rechazó alegando que se había presentado fuera de plazo. La decisión del juzgado, acordando de nuevo la entrega de la copia y la suspensión del plazo, se había realizado demasiado tarde. Además, según el tribunal, no existía ninguna causa de “fuerza mayor” que justificara su interrupción. Según explicó, la “no entrega” de la copia no era algo imprevisible, por lo que la letrada podía haber preparado el escrito mediante la “toma directa de datos”.

La Sala de lo Civil del Supremo dio finalmente la razón a la abogada, ordenando que se tramitara y resolviera el recurso. Declara que su actuación fue diligente al solicitar una nueva copia y la suspensión del plazo para recurrir al comprobar que la grabación que se le había entregado era defectuosa. En estas circunstancias, argumenta, la parte demandante “tenía derecho a confiar” en que el plazo no caducaría por la falta de una respuesta adecuada del órgano judicial.

La resolución del juzgado, explica la sala, había creado en la demandante la expectativa legítima de que podía apelar; sin ella, “hubiera adelantado la interposición del recurso”, afirma la sala. Reprocha pues la actitud del tribunal al inadmitir el escrito, porque “hizo recaer” sobre el recurrente las consecuencias de la lentitud del juzgado. Se trata, concluye, de proteger la actitud diligente del justiciable y su confianza frente a la actuación inadecuada del juzgado, que primero entregó un CD defectuoso y, luego, tardó más de 20 días en subsanarlo.
(Cinco Días, 25-07-2018)

 
 
 
 
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