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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 28 AL 30 DE JULIOL DE 2018

Laboral

Régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes
Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes.
(BOE, 30-07-2018)

Protección por desempleo
Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.
(BOE, 28-07-2018)

Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020.
(BOE, 28-07-2018)


Mercantil, Civil i Administratiu

Medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos
Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.
(BOE, 30-07-2018)

Acceso universal al Sistema Nacional de Salud
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
(BOE, 30-07-2018)

Euro
Resolución de 27 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 27 de julio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 28-07-2018)


Contable

Documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado y la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado
Orden HAC/787/2018, de 25 de julio, por la que se modifican las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado y la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado.
(BOE, 28-07-2018)

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/index.php?d=183&s=3

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/index.php?d=182&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 28 AL 30 DE JULIOL DE 2018

Fiscal

Las entidades financieras critican con dureza el proyecto del Ejecutivo de imponer una nueva carga fiscal
La gran banca española ha lanzado duras críticas al Gobierno por su idea de aprobar un impuesto específico al sector para financiar las pensiones, y ha alertado de las consecuencias que podría tener sobre el crecimiento económico y la creación de empleo. Este ha supuesto el primer enfrentamiento de un sector industrial privado con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Las críticas de la banca a aceptar este impuesto no son nuevas. Hace unas semanas las patronales del sector, la AEB y la CECA, ya se quejaron de este tributo. Sus respuestas se producían poco después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmara en los primeros días de julio su objetivo de imponer esta tasa al conjunto del sistema bancario. Ya entonces las reacciones no se hicieron esperar, pero sus negativas y unánimes opiniones al impuesto fueron transmitidas públicamente por las patronales.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) decidió intervenir el mismo día en el que la AEB y CECA alertaban de que una tasa a la banca dañará su solvencia (el 11 de julio). Su opinión restaba argumentos a la banca, o eso parecía. Aseguraban que el impuesto a la banca que propone el Gobierno dejará intacto, “como mínimo”, el 94% del beneficio de las entidades, por lo que apenas afectará a la solvencia del sector.

Reconocían, no obstante, que este tributo podría repercutir ligeramente en la medida en que los accionistas de los bancos pueden ver reducido el pago de dividendos que está directamente relacionado con el resultado, lo que a la postre restaría ligeramente atractivo a la compra de acciones. Gestha ha calculado que Hacienda podría ingresar entre 1.800 y 1.900 millones de euros anuales con un impuesto a la banca similar, en términos de recaudación con respecto al PIB, al exigido en Reino Unido y Austria.

La idea, podría ser aplicar un tipo impositivo efectivo del 0,07% sobre el pasivo (en España es del 0,03% el porcentaje que a banca aporta como impuesto por los depósitos de sus clientes, porcentaje que coincide con lo que pagan también para cubrir el Fondo de Garantía tanto nacional como el europeo) para que logre la capacidad recaudatoria que tiene el tributo británico, en el que parece estar inspirada la propuesta socialista, apuntan fuentes conocedoras de las intenciones del Gobierno.

Los técnicos aclaraban entonces que si se llevara adelante este impuesto no produciría ningún tipo de doble imposición, puesto que el impuesto recaería sobre el pasivo, no sobre el beneficio de la banca. Los argumentos de Gestha no han convencido a los banqueros, que han aprovechado la presentación de resultados del primer semestre del año de sus respectivas entidades para, con diferentes argumentos, expandir a los cuatro vientos sus quejas sobre los “perjuicios” este impuesto sectorial.

El primero en dar la voz de alarma sobre las consecuencias que podría tener este tributo no solo sobre el sector, sino también sobre la economía española en general fue el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez. Advirtió en la rueda de prensa de los resultados del grupo el pasado 25 de julio que el banco se replanteará su estructura legal (cambio de sede o no repatriación de los 4.000 millones de euros en dividendo que capta de sus filiales internacionales) si el Gobierno aprueba nuevos impuestos que supongan una doble imposición
(Cinco Días, 29-07-2018)

Hacienda mantiene la cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera
El Ministerio de Hacienda mantiene la reunión del martes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pese a que el Congreso ha rechazado la senda de estabilidad y el techo de gasto, en una reunión prevista inicialmente para informar sobre la propuesta de objetivos individuales de déficit.

Fuentes de Hacienda han confirmado que se mantiene para la mañana del martes la convocatoria del CPFF, en cuyo orden del día figura un punto relativo al informe "si procede" sobre la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las comunidades en el periodo 2019-2021 formulada por el Ministerio.

El último CPFF, celebrado el pasado día 19, aprobó una senda más flexible -negociada con Bruselas- que la prevista por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y daba dos décimas más de déficit en 2019 a las comunidades (del 0,1 al 0,3%) y a la Seguridad Social y una décima extra a la Administración General del Estado. Objetivos que fueron rechazados el pasado viernes por el pleno del Congreso con los votos en contra de PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN y las abstenciones de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias.

La reunión del martes del CPFF se enmarca dentro de la dinámica habitual de celebrar un nuevo encuentro de este órgano para informar de la distribución del déficit y la deuda -en función del PIB de cada territorio- una vez que la nueva senda era aprobada por las Cortes.

Como no ha sido el caso, los consejeros esperan que los objetivos de déficit y deuda se apliquen con los criterios de la anterior senda, más restrictiva y que fijaba un tope de desajuste fiscal del 0,1 por ciento para las comunidades en 2019.

Sin embargo, la previsión del Gobierno es que el Consejo de Ministros apruebe en el plazo de un mes unos nuevos objetivos de déficit -que serán los mismos que se rechazaron en el Congreso, pero quizás con otra distribución entre administraciones-, lo que exigirá la convocatoria previa de otro CPFF.

Junto a ese punto, en el orden del día de la reunión del máximo órgano de coordinación de las políticas fiscales también se incluye otro apartado para informar sobre el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el ejercicio 2019.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el viernes en el Congreso que el Gobierno trabaja ya en la confección de los presupuestos generales del Estado para el próximo año con independencia de que no haya salido adelante el techo de gasto, de 125.064 millones de euros, un 4,4% superior al de este ejercicio.

Del mismo modo, el CPFF podría informar de los ingresos extra de las liquidaciones adicionales de financiación y examinar las propuestas del grupo de trabajo para el desarrollo de las competencias atribuidas por la normativa de estabilidad presupuestaria sobre la idoneidad de las medidas contenidas en los planes económico-financieros presentados por diez comunidades. Se trata de Cataluña, Asturias, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla y León.
(Expansión, 29-07-2018)

El Congreso tumba la senda de déficit del Gobierno y fuerza su renegociación
El Gobierno sufrió un fuerte varapalo en el Congreso, el mayor en la breve trayectoria de Pedro Sánchez en la Moncloa. Podemos, PDecat y ERC se abstuvieron en la votación con la que el Ejecutivo pretendía sacar adelante la nueva senda de déficit hasta 2021 y que da un margen adicional de gasto para 2019 de 6.000 millones de euros.

La aprobación parlamentaria de esta meta era el primer paso para la elaboración de los Presupuestos de 2019, en un camino plagado de obstáculos en el que esa senda de déficit iba a encontrarse con el bloqueo irremediable del PP en el Senado, donde tiene la mayoría absoluta. Así, el visto bueno del Congreso era en esencia un primer examen en el que poner a prueba los apoyos parlamentarios con que cuenta Sánchez para sacar adelante su política económica y unos Presupuestos menos restrictivos. Y el Gobierno ha suspendido en la primera convocatoria.

Las fuerzas que facilitaron en la moción de censura la llegada al poder de Sánchez –salvo el PNV–han mostrado ahora que su apoyo no era un cheque en blanco, poniendo en evidencia la debilidad del actual ejecutivo y la profunda dificultad de gobernar con tan solo 84 diputados. El Gobierno se ha encontrado con que no tiene el apoyo parlamentario, necesario por ley, en los nuevos objetivos de déficit hasta 2021 y que para 2019 contemplan una flexibilización desde el 1,3% marcado por el Gobierno de Rajoy al 1,8% presentado ya en Bruselas.

Esta diferencia de cinco décimas da un margen adicional de gasto de 6.000 millones de euros en un reparto que concede una décima –1.200 millones de euros– a la Administración central, dos décimas de gasto adicional a las comunidades autónomas –equivalente a 2.400 millones de euros– y otras dos décimas para reforzar las arcas de la Seguridad Social, con otros 2.400 millones.

Ante el rechazo parlamentario, el Gobierno dispone de un mes para presentar a las Cortes una nueva senda de déficit y de techo de gasto. Y en caso de sufrir una nueva negativa, se volvería a los objetivos de déficit de Rajoy –que sí obtuvieron el visto bueno en ambas Cámaras– para elaborar los Presupuestos de 2019. Esto supondría un ajuste de 11.000 millones sobre lo presupuestado por el actual Gobierno: los 5.000 millones de ajuste a los que ya obligaba el nuevo objetivo de déficit del 1,8% –ya sea vía reducción de gasto o alza de impuestos– más los 6.000 millones de gasto adicional que se pierden al volver a la meta del 1,3%.

Pero el Gobierno no da aún por perdida la batalla presupuestaria. La ministra de Hacienda María Jesús Montero insistió en que el Gobierno comenzará a trabajar en la elaboración de las cuentas públicas de 2019 –que deben presentarse a las Cortes antes del 30 de septiembre– y afirmó que presentará en un mes la misma senda de déficit rechazada hoy en el Parlamento.
(Expansión, 28-07-2018)

Laboral

Los autónomos crean casi 130.000 empleos netos en seis meses
El empleo se mantiene firme en nuestro país con crecimientos cercanos al 3%, idéntico porcentaje al que lo hace la economía española. Y en esta mejoría del mercado de trabajo han tenido mucho que ver los autónomos. Durante el primer semestre han generado una media de 719 empleos netos cada día. Han sido 55.543 nuevos empleos asalariados y 73.891 personas se han sumado al régimen de autónomos de la Seguridad Social, lo que supone 129.434 empleos netos en seis meses frente a los 103.504 del mismo semestre del año pasado, según un informe de ATA en el que no se tiene en cuenta la ocupación generada por los autónomos societarios.

Según datos de la organización que preside Lorenzo Amor, los autónomos persona física ya crean más de 900.000 puestos de trabajo asalariado. En los primeros seis meses los trabajos asalariados han crecido en 55.543, lo que supone un 6,4% más, porcentaje que prácticamente duplica al ritmo de crecimiento del total del sistema (3,5%).

Explica ATA que ya hay 4,3 millones de empleos bajo el paraguas de los autónomos (3.274.205 autónomos cotizando en la Seguridad Social y 923.731 trabajadores contratados por autónomos persona física), lo que significa uno de cada cinco empleos que hay en nuestro país. Los trabajadores por cuenta propia concentran el 22,6% del empleo.

Del total de 3.274.205 autónomos, 1.267.420 personas, el 38,7%, están constituidos o pertenecen a algún tipo de forma societaria y el 61,3% (2.006.785) son autónomos persona física. Estos últimos han crecido en lo que llevamos de 2018 en 44.011. Y del total de los trabajadores persona física, casi cuatro de cada diez son mujeres. Su crecimiento en lo que va de año ha sido del 3%, frente al 1,9% de los varones.

De los dos millones de autónomos persona física, uno de cada cinco tiene al menos un trabajador a su cargo. Los autónomos persona física empleadores se han incrementado un 4,6% en el primer semestre, hasta los 19.847, lo que supone triplicar al registrado por los autónomos sin trabajadores a su cargo, que subieron un 1,6%.

«La nueva ley de autónomos que entró en vigor en enero, está facilitando no solo que surjan nuevas actividades, sino que se consoliden y ganen en tamaño y con ello contribuimos al crecimiento económico aún más si cabe. No hay que olvidar, y los datos están aquí para recordarlo, que los autónomos somos la palanca de la creación de empleo, y si la economía española crece actualmente a un ritmo del 0,7% es en el gran parte por el empuje de los autónomos», apunta Lorenzo Amor.

Ahora el colectivo espera que el Gobierno socialista mantenga la misma política de apoyo que el Ejecutivo anterior. Están a la espera de mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que reclamarán, entre otras cuestiones, rebajas del IVA del 21% al 10% para negocios como peluquerías y un plan de lucha contra la morosidad, uno de los grandes problemas que afecta a estos trabajadores.
(Expansión, 30-07-2018)

El Gobierno aprueba la mayor oferta de empleo público en 10 años: 30.800 plazas
El Gobierno de Pedro Sánchez Sánchez reiteró su compromiso con el sector público, al que considera un instrumento esencial para la defensa de los ciudadanos. Como parte de su agenda del cambio, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxel Batet, llevó al Consejo de Ministros la que calificó como mayor oferta de empleo público desde 2008. El Gobierno aprobó un real decreto ley para la creación de 30.844 nuevas plazas de empleo público. La propuesta está compuesta por 23.156 nuevas plazas para la Administración General del Estado que se suma a las 7.788 convocadas en abril para el ámbito docente, las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado.

En la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros, Batet afirmó que con esta medida la creación de empleo neto alcanzará los 1.909 puestos, la mayor cifra desde 2009 y un 58% más que el registrada en 2017.

De la oferta total, 11.095 irán destinadas a plazas de nuevo ingreso y 6.024 a la promoción interna. Es decir, entre ambas suman 17.299 puestos. En un momento en el que la política migratoria es uno de los temas que más controversia está generando en Europa, el Ejecutivo ofertará 323 plazas extraordinarias para la atención a asilados y refugiados. Asimismo, en el marco de la estabilización de personal interino se destinarán hasta 5.534 plazas este año.

Por colectivos, se convocará hasta 8.289 plazas de personal funcionario de turno libre, 1.892 para personal laboral y 914 para la administración de justicia. En lo que a promoción interna se refiere, 5.277 puestos corresponden a funcionarios, 700 para laboral y 227 para justicia. En el marco de la estabilización de Administración General del Estado se dotará con 2.862 nuevos empleos y 2.672 para el ámbito judicial.

Batet afirmó que con esta oferta el Ejecutivo se marca como áreas prioritarias de actuación la Seguridad Social y lucha contra el fraude fiscal, el refuerzo de la atención al ciudadano, la asistencia a refugiados, la gestión de prestaciones por desempleo, así como la administración penitenciaria. “Iniciamos una senda de recuperación y de poner en valor lo público. Necesitamos recuperar a la Administración y a los empleados públicos como garantes de las personas necesitadas y necesitamos empleados públicos motivados”, resaltó la responsable de Política Territorial y Función Pública.

Junto a la oferta de empleo público, el Gobierno dio luz verde a la recuperación del 100% de la retribución en casos de incapacidad temporal. La norma sustituye la aprobada en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy según la cual la reducción traía consigo un descuento del 50% de las retribuciones del primer al tercer día de incapacidad temporal y de un 25% entre el cuarto y vigésimo día, ambos inclusive. Batet cumple de esta forma el acuerdo suscrito el lunes con los sindicatos de función pública CC OO, UGT, CSIF y CIG.

En el marco de la recuperación de los derechos laborales perdido, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio presentó el plan director por un trabajo digno para los próximos dos años. Este proyecto, que incluye 75 medidas, estará dotado con una inversión de 30 millones de euros, repartidos en 15 millones en 2019 y otros 15 en 2020. Fruto de este importe se incrementará en un 10% los presupuestos destinados a Inspección. “Hablamos de inversión y no de gasto” y es una inversión “rentable económicamente”, subrayó Valerio.

El fin que se persigue es la lucha contra el abuso y el fraude laboral en la utilización de los contratos temporales, contratos a tiempo parcial, los excesos de jornadas y horas extraordinarias, así como la promoción de la igualdad y la regularización de los falsos autónomos.

Para garantizar su efectividad se reforzarán las inspecciones de trabajo con 833 nuevos efectivos, cifra que equivale a un incremento de la plantilla del 25% a lo largo del presente ejercicio. En la actualidad el personal dedicado a las inspecciones laborales asciende a 1.876 personas.
(El País, 28-07-2018)

El BOE publica el Plan Director por un Trabajo Digno
Esta iniciativa se compone de 75 medidas operativas y organizativas, orientadas a luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contratos a tiempo parcial, los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas, e incumplimientos en materia salarial. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el Plan Director por un Trabajo Digno para el periodo 2018-2020, iniciativa que recibirá una inversión de 30 millones de euros.

Esta iniciativa se compone de 75 medidas operativas y organizativas, orientadas a luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contratos a tiempo parcial, los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas, e incumplimientos en materia salarial. Asimismo, promoverá la igualdad y la regularización de los falsos autónomos, entre otras figuras.

La Inspección se reforzará con 833 nuevos efectivos, lo que supone un incremento de la plantilla del 25% en el curso de cinco años. Actualmente, este cuerpo cuenta con 1.876 personas. El plan incluye dos planes de choque, uno contra el fraude en la contratación temporal y otro contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial, con el fin de conseguir la regularización de situaciones fraudulentas detectadas.

Aunque las medidas serán implementadas en el corto y medio plazo, ambos planes disponen de acciones inmediatas en sus ámbitos de actuación, que comienzan el 1 de agosto y finalizan el 31 de diciembre. El plan prevé la realización de un seguimiento semestral del cumplimiento de las medidas, en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Rector y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También se evaluarán los planes de choque en enero de 2019, y el Plan Director en su conjunto en julio de 2020.
(El Mundo, 28-07-2018)

El Gobierno refuerza la inspección con 833 plazas más para luchar contra el fraude laboral
Para poner en marcha el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha anunciado que se va a reforzar la inspección laboral. Ha explicado que en estos momentos hay 1.876 personas trabajando en inspección, ya hay procesos en marcha para que se sumen 367 personas más y se van a incluir 466 plazas más. "En total queremos reformar la inspección con 833 nuevas plazas de inspectores y subinspectores", ha dicho la ministra.

Este plan de 75 medidas -55 actuaciones de la inspección y 20 medidas organizativas- y dos planes de choque busca crear "trabajo decente, que asegure un salario digno, unas condiciones de trabajo justas, la igualdad entre hombres y mujeres, protección social y trabajo seguro desde el punto de vista de las medidas de prevención de riesgos laborales".

La elaboración del plan ha contado con la participación de las Comunidades Autónomas, así como de los sindicatos UGT y CCOO, las patronales CEOE y Cepyme, así como de las organizaciones de autónomos y las centrales de la Inspección de Trabajo. Entre sus objetivos, como ha detallado la ministra, está "recuperar los derechos laborales perdidos o no aplicados" durante la crisis, crear empleo de mayor calidad y combatir el fraude laboral que da lugar a competencia desleal entre las empresas.

El plan también establece la creación de una herramienta informática de lucha contra el fraude para que la Inspección de Trabajo vaya "a tiro hecho, no tanteando" a las bolsas de fraude laboral, ya que contará con una conexión con los datos fiscales y de la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer más ágil y rentable su actuación.

Los dos planes de choque -contra el fraude en contratación temporal y contra el empleo "abusivo" de los contratos a tiempo parcial"- serán revisados semestralmente para realizar cualquier retoque, de ser necesario.

La ministra ha detallado que el año pasado, con más de un millón de actuaciones de la Inspección, afloraron cerca de dos millones de puestos de trabajo y se recaudaron 1.215 millones de euros, con lo que sus acciones "también son buenas para las arcas públicas, para la tesorería de la Seguridad Social".

"Aunque tengamos que retornar a esa senda de gasto -aprobada por el Gobierno anterior y que previsiblemente hoy será rechazada en el Congreso de los Diputados- no es una inversión cuantiosa para lo productiva que va a ser", ha afirmado Valerio.
(El Mundo, 28-07-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Las empresas españolas apuestan por la financiación sostenible
La sostenibilidad también se ha instalado en los mercados financieros y el punto de inflexión se sitúa con el Acuerdo de París de 2015, a través del cual 195 países se comprometían a frenar el cambio climático que provoca la actividad humana con sus emisiones de gases de efecto invernadero para evitar aumentar la temperatura de la Tierra en más de 2 grados centígrados.

Los fondos de inversión cada vez tienen más en cuenta los criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) y las empresas han pasado a integrar las estrategias de cambio climático en su gestión diaria. De hecho, la Inversión Socialmente Responsable (ISR) ha crecido en todo el mundo desde el año 2000. Según el Global Sustainable Investment Review, la inversión entre 2014 y 2016 ha pasado de 18,2 billones de dólares a 22,8 billones de dólares, lo que ha supuesto un aumento del 25%.

Mientras que en España la evolución de la ISR también ha sido destacada, teniendo en cuenta que en 2002 solo se gestionaban 80 millones de euros; en 2010, 33.000 millones de euros, y en 2016, 185.423 millones de euros, un 17% más que en 2015. Por otra parte, a nivel global hay 2.043 firmantes de los Principios de Inversión Responsable (PRI), impulsados por la ONU, en su mayoría bancos, gestoras o aseguradoras. En España ya se han comprometido 61 entidades con los PRI, cuando en 2016 eran 50 entidades adheridas.

Además, los bonos verdes y los bonos sostenibles emitidos por empresas y administraciones públicas se han empezado a hacer hueco en los mercados financieros, al igual que los créditos sostenibles. En 2017, Climate Bonds Initiative (CBI), cifró en 155.000 millones de dólares las emisiones internacionales en bonos verdes y prevé que en 2018 alcance entre los 250.000 a 300.000 millones de dólares. Además, de cara a 2020 la inversión se podría multiplicar por cinco y llegar a un billón de dólares.

En España hasta mayo de 2018 ya se habían emitido 4.550 millones de euros en bonos verdes, según un estudio de EAE Business School. Esta cifra de 2018 casi alcanza la de 2017, que fue de 5.000 millones, que supuso un crecimiento "muy significativo", aproximadamente de un 80%, pero lejos de las cifras de otros países europeos. Los bonos verdes y sostenibles tienen como principal característica que los fondos obtenidos se destinan a la financiación de proyectos sostenibles y socialmente responsables.

El Banco Europeo de Emisiones fue la primera entidad que impulsó el lanzamiento de bonos verdes en 2007. En España, Iberdrola fue la compañía pionera en emitir un bono de estas características en 2014. Desde entonces se ha convertido en uno de los mayores emisores privados de bonos verdes del mundo, habiendo realizado en solo tres años emisiones por valor de 6.700 millones de euros. Además, cerró el pasado mes de enero la operación de crédito sostenible más grande firmada hasta la fecha a nivel global, por un importe de 5.300 millones de euros.

Grupo Siro ha anunciado, recientemente, un crédito sostenible por valor 240 millones de euros. Financiación asegurada por Rabobank y Banco Santander que ha permitido a Siro flexibilizar los términos de su financiación actual, gracias a haber demostrado una sólida política de Responsabilidad Social y apuesta por la economía circular. Bajo los términos de la financiación sostenible, Grupo Siro se compromete a renovar la certificación de cero residuos a vertederos en todas sus plantas y a mantener una plantilla igual o superior al 10% de personas con discapacidad por el tiempo que dura el crédito sostenible, entre otros compromisos.

En julio de 2017, ING Direct firmó su primer crédito sostenible en España con Gas Natural Fenosa, ahora Naturgy, por importe de 330 millones de euros a cuatro años con la posibilidad de extenderlo durante un año adicional. En noviembre, la energética formalizaba la primera emisión de bonos verdes por 800 millones de euros, cuyos fondos se destinarán a financiar proyectos de energías renovables eólicas y solares.
(Expansión, 29-07-2018)

La vuelta a la sanidad universal
El Consejo de Ministros también ha aprobado el Real Decreto, a propuesta de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, por el que se devuelve la universalidad al Sistema Nacional de Salud (SNS) y se "desliga" la asistencia sanitaria de la condición de asegurado, como así se establecía en el Real Decreto 16/2012 puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En la nueva normativa, según ha informado Montón en la rueda de prensa posterior al Consejo, se establece como titulares del derecho a recibir asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular, así como a las personas nacionalizadas en España, a los extranjeros residentes, a los pensionistas que residen en otros países y a los trabajadores transfronterizos.

Ahora bien, la ministra ha señalado que para evitar casos de "abuso", y por ende el turismo sanitario, se va a financiar esta asistencia en los casos en los que no existe un tercero obligado al pago o no se pueda exportar el derecho de cobertura al país de origen. "Una sociedad justa no deja a nadie atrás. Hoy se recupera la universalidad en el derecho a la salud gracias a una norma que armoniza y da cohesión al SNS y que, además, genera igualdad", ha aseverado la ministra.
(El País, 28-07-2018)

 
 
 
 
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