Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL 14 DE SETEMBRE DE 2018

Fiscal

Modelos 202, 222 y 231 del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Orden HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que se modifican la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, la Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país.
(BOE, 14-09-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de septiembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 14-09-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/14/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/14/index.php?d=223&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 14 DE SETEMBRE DE 2018

Fiscal

Hacienda subirá impuestos por 4.000 millones
Las subidas de impuestos que contempla Hacienda suponen un total de 4.000 millones de euros. Ésta es la propuesta que ha planteado el Gobierno a Podemos hasta la fecha. Se trata de un alza del Impuesto sobre Sociedades y del diésel, y de la creación de un impuesto a las transacciones financieras y de una tasa Google, según fuentes de la negociación.

A esta batería de alzas fiscales se sumarían los 6.000 millones que supone la nueva senda de estabilidad que negoció la ministra de Economía, Nadia Calviño, con Bruselas y que el Congreso tumbó en julio. Si la reforma de la Ley de Estabilidad para que Senado pierda su veto que promueven el PSOE y sus socios no puede tramitarse a tiempo, Calviño ya ha advertido de que esta cuantía se habilitaría con más alzas fiscales. Es decir, que los incrementos impositivos podrían alcanzar los 10.000 millones de euros.

Una subida que ya habría arrancado Podemos al Fisco es la de cuatro puntos del marginal máximo del IRPF a rentas de más de 150.000 euros, lo que podría elevar este tipo al 52% en Cataluña o Andalucía, y que supondría unos 400 millones, según cálculos del PSOE. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió que contempla este incremento, que podría acompañarse de un alza de las rentas del ahorro para plusvalías desde 50.000 euros de rentas conjuntas de más de 150.000 euros. El aumento de las rentas el capital puede suponer 1.500 millones.

De entrada, Podemos pedía que subiera el IRPF para rentas desde 60.000 euros, que su secretario de Organización, Pablo Echenique, suavizó a 120.000 euros y su líder, Pablo Iglesias, ha situado en 140.000 euros. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado en el Senado que España debe acercarse a la presión fiscal media de la Unión Europea, lo que supondría elevarla del 38% al 46% del PIB, e implicaría recaudar 80.000 millones más, pero matizó que no busca hacerlo de golpe en esta legislatura.

Los 4.000 millones que Hacienda ha puesto sobre la mesa son insuficientes a ojos de Podemos. Desde la formación morada consideran que pueden plantearse subidas impositivas por más de 26.000 millones sin que sean confiscatorias ni afecten a la clase media y trabajadora, la línea roja que dice marcar el Gobierno.

De hecho, Iglesias no renuncia a que se cree un impuesto específico a la banca, que el Gobierno ha descartado en favor de un impuesto a las transacciones financieras. Sánchez se ha centrado en la tasa Tobin, aunque la propuesta de Hacienda a Podemos se limita a un gravamen del 0,1% para recaudar unos 1.000 millones. Los morados insisten en que no escapen los derivados, las operaciones especulativas.
(Expansión, 14-09-2018)

Laboral

Los empleados más sobrecualificados de Europa son españoles
La demanda de puestos de alta cualificación supera, generalmente, la oferta de dichas posiciones en el sistema productivo. Este desajuste implica la existencia, por un lado, de graduados superiores en paro y, por otro, la de titulados trabajando en labores para las que a priori no es necesario ningún diploma. En este contexto, y teniendo en cuenta que esta discordancia existe en todos los países, España no sale demasiado bien parada. Y es que, de los 28 Estados de la Unión Europea, España fue en 2017 el que menos porcentaje de graduados superiores ocupados en tareas de alta cualificación registró. Es decir, durante el anterior ejercicio, el 37% de los graduados desempeñaba sus tareas en puestos de baja cualificación. Muy lejos de países como Luxemburgo (3%), Malta (12%) o Portugal (14%). Lejos también de la media de la UE (23%).

Todos estos datos se extraen del XIV Informe CYD 2017, elaborado por la Fundación CYD y presentado ayer. Y aunque el documento pone de relieve que la calidad del trabajo es mejor conforme mayor es el nivel de estudios, otros datos que comparan a España con el resto de países siguen siendo bastante desalentadores: a pesar de que el porcentaje de graduados superiores que trabajan a tiempo parcial es menor aquí que en la UE (11% frente al 16%), la cifra de quienes trabajan temporalmente con título dobla a la media de la Unión. Un 20% frente al 10,5%.

Una de las consecuencias de este gran desajuste es que muchos graduados han optado por seguir formándose tras el primer título, para así destacar un poco entre el resto de candidatos. Y en plena polémica alrededor del máster, alimentada por los casos de Cristina Cifuentes, Carmen Montón o Pablo Casado, este título confirma su afianzamiento en España. Los másteres han ido creciendo de manera ininterrumpida desde el año 2006, curso en el que vieron la luz. Hoy, los universitarios que se decantan por ellos son ya más de 190.000, sumando los oficiales, los habilitantes y los propios.

Al otro lado, en el curso 2016-2017, se registró, por quinto año consecutivo, un nuevo descenso del número de matriculados en grado, con una caída más acusada en el caso de los perfiles de nuevo ingreso, que en cinco años han pasado de los 405.000 a los 340.000 egresados.

Hay varias razones que explican la caída de un título y el ascenso de otro. Una de ellas es el tamaño de la cohorte más típica, de 18 a 21 años, para incorporarse a la universidad, tal y como recordó Martí Parellada, coordinador general del citado informe. “En España, dicha cohorte ha pasado de 2.200.000 personas en 2002 a 1.780.000 en 2018”. Otra razón para explicar el decrecimiento del grado se podría encontrar en el crecimiento ininterrumpido del número de estudiantes de ciclos formativos de grado superior, que han pasado de 212.000 en el curso 2006-2007 a 333.000 en 2016-2017.
(Cinco Días, 14-09-2018)

El Supremo fija que, finalizado el plazo de ultraactividad, se aplica el convenio superior
El Tribunal Supremo ha aclarado las dudas existentes en torno a la aplicabilidad de las condiciones de trabajo contenidas en un convenio colectivo una vez agotado el plazo legal de ultraactividad (periodo en el que, a pesar de haber perdido su vigencia, sigue aplicándose lo contenido de dicha norma). Así, en una reciente sentencia, determina que, en caso de existir un convenio superior, será este quien pase a regir la relación laboral, considerándose el primero completamente extinto.

Con esta resolución, el alto tribunal confirma que resulta plenamente aplicable el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que determina que "transcurrido un año desde la denuncia del convenio (...) se aplicará, si los hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior".

A pesar de la claridad del precepto, las dudas en torno a esta materia surgen tras una sentencia del propio Supremo que, en diciembre de 2014, estableció que, decaído el convenio, las condiciones laborales pasaban a formar parte del contrato de trabajo; es decir, se contractualizaban.

Sin embargo, tal y como se afana en explicar ahora el Pleno de la Sala de lo Social, la sentencia de 2014 resuelve un "supuesto específico" en el que no existía convenio colectivo de ámbito superior (circunstancia no contemplada en ET), por lo que hubo de adoptar un criterio que evitara la "desregulación".

Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados, subraya que esta "ha sido una materia muy controvertida y, posiblemente, lo seguirá siendo". A su juicio, la sentencia es relevante porque "las condiciones contractualizadas tienen una menor protección frente a modificaciones unilaterlaes que el empresario pueda intentar por la vía del artículo 41 del ET" (que regula el procedimiento a seguir en caso de modificación sustancial de las condiciones de trabajo).

Además, Godino augura que la resolución "agudizará la pretensión sindical de que se modifique la regulación de la ultraactividad para volver a hacerla indefinida". Extremo que, a su parecer, "sería un paso atrás" en la capacidad que la reforma laboral de 2012 da a las empresas para adaptar las condiciones de trabajo a su situación en cada momento.
(Expansión, 14-09-2018)

El Congreso valida devolver las ayudas a 42.000 parados que causaron baja temporal
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha explicado la urgencia de esta medida después de que el PAE expirara el 30 de abril, y algunos desempleados que encontraron empleos temporales no hayan podido volver a reincorporarse y cobrar esta ayuda hasta la finalización del programa. "Sigue vigente para los participantes que se incorporaron al mismo ya que se prohíbe la incorporación de nuevos participantes", ha argumentado tras incidir en que la no prórroga del PAE ha significado "desproteger" a un colectivo de desempleados en el que el 65 % eran mujeres y cuyo periodo medio de pago está en torno a los 2,7 millones de euros.

La recuperación de este subsidio durante el tiempo que les resta de programa ascenderá a unos 50 millones de euros, ya previstos en los Presupuestos Generales de 2018. Además, se establece que el período de tiempo durante el que el trabajador se encuentre en situación de baja temporal en el programa, sin percibir la ayuda económica, no se compute a efectos del período de duración de la ayuda. Valerio ha señalado que, al expirar el programa, cuya duración es de seis meses, e impedir la reincorporación de aquellos que ya lo tenían concedido, se "atenta" contra el propio objetivo del plan que era incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo.

"Se les penaliza por haberlo hecho y desincentiva las posibilidades de colocaciones temporales", ha puntualizado durante un debate en el que el PP ha sido muy crítico con la política del Gobierno al acusar al PSOE de "ser una máquina de destruir empleo". La diputada del PP Carolina España ha advertido de que la desaceleración de la economía "va camino de convertirse en frenazo" y ha afirmado que "Sánchez es un plagio de (José Luis Rodríguez) Zapatero, es una mala copia...aprenda del PP, copien y plagien al PP, ahora que está de moda", ha ironizado después de que hoy diversos medios hayan publicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plagió su tesis doctoral.

Este asunto también ha salido a colación durante la intervención del diputado de Ciudadanos Sergio del Campo que ha pedido al Ejecutivo "no podemizar la economía" y apostar por la moderación fiscal y la inversión en políticas de formación para recaudar más, mejorar el consumo y disminuir el desempleo. "Estas son nuestras tesis, que sí se pueden ver en nuestra página web", ha dicho. La ministra ha acusado al PP de salir del Gobierno "porque han sido una máquina de generación de corrupción", y ha recomendado a la diputada popular a que "mire su propia bancada" en el Congreso.
(El País, 14-09-2018)

La cotización por ingresos reales subiría la base mínima al 14% de autónomos
La base mínima de cotización se subiría a 357 euros al mes a un total de 440.818 autónomos -el 14% del colectivo- que tributan por estimación directa y objetiva no agraria y que tienen unos ingresos netos reducidos por encima de 30.000 euros, según el análisis de la situación sobre los rendimientos netos de los autónomos que han realizado una actividad económica en el año 2016 realizado por el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), Eduardo Abad.

De esta forma, pasarían a pagar 79 euros más a la Seguridad Social de forma obligatoria si cotizan por la base mínima, según la propuesta realizada por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio el pasado mes de julio. La propuesta establecía cinco tramos de cotización diferentes para evitar la sobrecotización de los trabajadores por cuenta propia que tienen ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, al mismo tiempo, conseguir un mayor esfuerzo contributivo a los que ganan más de 30.000 euros al año.

Todavía se desconoce el número de autónomos cuyos rendimientos netos están por debajo del SMI -10.000 euros en términos anuales- y que tendrían una cotización más reducida que la actual, según declara Abad que pedirá a la Agencia Tributaria un informe para conocer esta cifra y poder comenzar a debatir de forma efectiva el cambio legislativo. Si finalmente se llevase a cambio un cambio en la legislación y los autónomos cotizasen por tramos según ingresos, los trabajadores con ingresos inferiores al SMI pagarían una aportación a la Seguridad Social será similar a la tarifa plana, de unos 50 euros/mes aproximadamente durante dos años. Pasado ese periodo de dos años se podrá prorrogar año a año, hasta un máximo de cuatro. En un segundo tramo, los autónomos con ingresos netos superiores al SMI, pero inferiores a 30.000 euros/año podrán elegir entre la base mínima actual de cotización, de 278,87 euros al mes, y una base máxima, de 1.106 euros, común para el resto de tramos.

En un tercer y cuarto tramo, los autónomos con rendimientos netos anuales entre 30.000 y 40.000 euros y 40.000 y 60.000 euros pasarían a pagar 357 euros, 79 más que actualmente; y 417 euros, 139 más. Según el último informe presentado por Upta, estos dos tramos afectarían a un total de 392.032 autónomos.

Por último, los que superen unos rendimientos netos de 60.000 euros deberán pagar 556 euros al mes. Afectaría a un total de 140.423 trabajadores que deberían aumentar su base mínima de cotización hasta pagar 278 euros más a la Seguridad Social.
(El Mundo, 14-09-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Las cláusulas hipotecarias españolas que permiten iniciar un desahucio ante un solo impago deben ser anuladas por abusivas
No es aún definitivo, pero la justicia europea enfila ya su enésimo revés a la ley hipotecaria española y, por extensión, a los bancos que concedieron este tipo de préstamos, por dejar desprotegidos a los consumidores. Esta vez el asunto va sobre las cláusulas abusivas que permiten declarar el vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario e iniciar el procedimiento de ejecución que eventualmente acaba en un desahucio.

Según las conclusiones publicadas este jueves por Maciej Spuznar, abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), cuando un juez español declara que una cláusula de este tipo es abusiva, esta debe anularse por completo y, con ella, todas las consecuencias que ésta desate, incluido el procedimiento de ejecución hipotecaria. En consecuencia, no sería posible anular solo el motivo que convierte esta cláusula en abusiva y seguir aplicando el resto de condiciones. Lo contrario contravendría la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Spuznar menciona específicamente el caso de que un solo impago de una cuota mensual pueda propiciar el vencimiento anticipado del préstamo. La doctrina aplicada hasta ahora por el Tribunal Supremo permitía esa aplicación parcial de la cláusula de vencimiento anticipado si se cumplía alguno de los otros motivos contemplados. Por ejemplo, el impago de varias cuotas mensuales. Aunque las conclusiones de los abogados generales del TJUE no son vinculantes para los jueces que van a dictar sentencia, estos suelen validarlas en la mayoría de ocasiones (dos terceras partes, según algunos estudios).

El abogado general apunta también que un juez que ha determinado que una cláusula de vencimiento anticipado del préstamo es abusiva no puede continuar con una ejecución hipotecaria escudándose en que esa es una opción más favorable para el consumidor que el inicio de un juicio declarativo.

Hasta ahora, la doctrina del Supremo instaba a proseguir con el desahucio para evitarle al cliente la "acumulación de condenas al pago de las costas procesales en la fase declarativa y en la ejecutiva" y "un incremento de los intereses de demora procesales por el tiempo de duración del procedimiento".

Spuznar señala que, si el juez español estima que el cliente sale más beneficiado con la ejecución hipotecaria, deberá informarle de ello y éste, previa consulta con su abogado, "manifestar su voluntad de no invocar el carácter abusivo y no vinculante de dicha cláusula".

En diciembre de 2016, el TJUE obligó a la banca española a abonar el importe completo cobrado de más por aplicar cláusulas suelo consideradas abusivas. Hasta entonces, el Tribunal Supremo había limitado esa devolución y solo obligaba a reembolsar las cantidades cobradas a partir del 9 de mayo de 2013.
(Cinco Días, 14-09-2018)

El BCE retoca a la baja sus previsiones, pero no altera sus planes sobre tipos y compras de deuda
El BCE ha mantenido sin cambios su política monetaria en la reunión celebrada ayer y ha reiterado la hoja de ruta avanzada antes del verano. La institución que preside Mario Draghi comenzará a recortar las compras de deuda desde los 30.000 millones de euros al mes a 15.000 millones a partir del próximo octubre y finalizarán del todo al término del año. Además, el BCE insiste en que los tipos permanecerán en los niveles actuales hasta al menos pasado el verano de 2019, sin dar detalles más concretos de cuándo llegaría una primera subida.

El BCE mantiene por tanto los tipos de referencia en el cero, nivel al que están desde marzo de 2016, y la facilidad de depósito -el interés con que penaliza a los bancos que aparcan su liquidez en la institución- en el -0,4%. Draghi ha defendido que los estímulos monetarios siguen siendo necesarios, en un contexto en que la amenaza proteccionista y las turbulencias en los países emergentes han tomado más intensidad, aunque no cree que lo que sucede en Turquía o Argentina sea un riesgo sistémico. "Afecta a entidades individuales, con exposición local, pero no en general", ha apuntado Draghi, que ha recordado que la situación actual ha puesto de relieve las vulnerabilidades de algunos países emergentes, pero no del conjunto.

Respecto a la amenaza proteccionista, el BCE elabora sus previsiones económicas según los aranceles implementados hasta el momento, sin contar con las amenazas. Draghi ha afirmado que el análisis de su impacto en la economía dependerá de la escalada que alcance la tensión comercial, de su efecto sobre la confianza y de las implicaciones que pueda tener en la cadena de valor internacional.

El presidente del BCE reconoce que el crecimiento se ha ralentizado respecto a la pujanza de 2017, aunque todavía se mantiene sólido en la zona euro, si bien el BCE ha revisado ligeramente a la baja las previsiones de crecimiento para 2018 y 2019 por una menor contribución de la demanda externa, según lo detectado en verano. Así, espera que el PIB crezca este año el 2%, frente al 2,1% anunciado en junio, y que en 2019 avance el 1,8%, frente al 1,9% de la anterior estimación. Prevé también que la inflación subyacente descienda para remontar a final de año, aunque la institución mantiene sin cambios su previsión de IPC para este año, 2019 y 2020 en el 1,7%.

El consenso de los analistas cree ahora que el alza de tipos llegará a finales de 2019, precedida de una subida de la facilidad de depósito –en la actualidad en el -0,4%– en septiembre de 2019. "El riesgo es que se suban los tipos en un momento más débil para la economía", según ha reconocido Draghi, que ha añadido que el BCE ha debatido esta cuestión hoy brevemente.
(Expansión, 14-09-2018)

El precio de la gasolina y del gasóleo escala a máximos desde 2014
El precio medio del litro de gasolina y de gasóleo han escalado hasta máximos de finales de 2014, tras encadenar su séptima subida consecutiva, según datos del Boletín Petrolero de la UE. El litro de gasolina se ha situado esta semana en 1,340 euros, tras repuntar un 0,29%. Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo, carburante cuya tributación pretende elevar el Gobierno, ha marcado esta semana los 1,246 euros, tras encarecerse un 0,64% tocando también máximos desde diciembre de 2014.

Estos precios de gasolina y gasóleo coinciden con el final de las vacaciones estivales y la 'vuelta al cole', en la que miles de escolares de toda España son trasladados en vehículos que cubren rutas interurbanas a sus centros educativos. Además, estos máximos se producen en una semana en la que el barril de petróleo de calidad Brent ha superado puntualmente el nivel de los 80 dólares por el descenso en la producción de Venezuela y las sanciones de EEUU a las exportaciones de crudo iraní.

Este jueves, el precio del barril Brent, de referencia en Europa se situaba en más de 79 dólares, mientras que el barril de crudo Texas americano superaba los 69 dólares, después de haberse encarecido casi dólar y medio en ambos casos con respecto a hace una semana. Con respecto a principios de año, el litro de gasolina es un 7,89% más caro, mientras que en el caso del gasóleo marca un precio un 8,73% superior. De esta manera, a los actuales precios, llenar un depósito de 55 litros de gasolina ronda los 73,70 euros, lo que supone unos 5,39 euros más que a principios de año.

Para el caso del gasóleo, el llenado de un depósito de 55 litros supone para el consumidor 68,53 euros, unos 5,50 euros más con respecto a enero. Sin embargo, a pesar de las subidas experimentadas por la gasolina y el gasóleo, la gasolina es más barata en España que en la media de la UE y la zona euro, donde el precio medio de venta al público del litro de combustible Euro-Súper 95 se sitúa en 1,482 euros y 1,530 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta 1,380 euros en la media de la UE y 1,385 euros en la eurozona.

El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.
(El Mundo, 14-09-2018)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).