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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 20 DE SETEMBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Acuerdo de Convalidación por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo
Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.
(BOE, 20-09-2018)

Acuerdo de Convalidación de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género
Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
(BOE, 20-09-2018)

Acuerdo de Convalidación por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura
Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
(BOE, 20-09-2018)

Padrón municipal de habitantes
Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 20 de julio de 2018, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la revisión anual del padrón municipal y el procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales de población.
(BOE, 20-09-2018)

Euro
Resolución de 19 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 19 de septiembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 20-09-2018)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 19 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 20-09-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/index.php?d=228&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 20 DE SETEMBRE DE 2018

Fiscal

Suspendida la tasa de generación y el impuesto al sol
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció en el Congreso de los Diputados que el Gobierno “suspenderá” en un Consejo de Ministros “muy próximo”, el impuesto del 7% a la generación eléctrica para aliviar la subida del precio de la luz, que ayer registró el máximo del año, casi 76 euros MWh. Este tributo, que creó el Gobierno del Partido Popular en la ley 15/2012 fue un puntal de la reforma energética de José Manuel Soria para acabar con el déficit de tarifa, junto con un fuerte recorte de los ingresos de las renovables.

La suspensión, “hasta dejarlo en un tipo cercano a cero”, según Ribera, permite al Gobierno bajar la factura sin tener que cambiar la ley (para lo que no tendría tiempo, aunque sí apoyos, ya que el PP se ha adelantó a la medida con una proposición de ley para eliminar este impuesto). Esta suspensión supondrá, según fuentes del ministerio, una rebaja de la factura del 2,5%.

Como adelantó el lunes Cinco Días, el Gobierno ha estado debatiendo si eliminar este impuesto, cuya recaudación es superior a los mil millones de euros. Una cantidad que podrá compensar con los ingresos de las subastas de derechos de emisión CO2, que se han triplicado en lo que va de año, de 5 euros por tonelada a 24 euros, y proporcionará una recaudación a Hacienda de 1.400 millones de euros este año, frente a los 500 millones de años anteriores. Detrás de esta inflación están las medidas de Bruselas para encarecer el precio y evitar las emisiones de la industria.

Tras criticar un modelo de mercado mayorista arcaico, “en el que conviven lo viejo y lo nuevo”, la ministra ha anunciado un paquete de medidas urgentes de choque: la desaparición del llamado impuesto al sol, ampliamente anunciado, pero que tampoco concretó; el fomento de la energía distribuida y medidas de protección al consumidor doméstico. Para más adelante propuso, también sin especificar, un cambio del actual mercado marginalista de la electricidad, en el cual, el precio de la tecnología más cara que casa en las subastas (las plantas de carbón y de gas) se aplica a todas las demás.

Dado que la actual estructura de la factura incide de lleno en los pequeños usuarios, la ministra ha anunciado una continuidad del actual bono social de la tarifa, ampliando su cobertura a los consumidores más vulnerables (mejorándolo para personas solas y protegiendo a la infancia) así como la creación de un bono para calefacciones, Se trata de un “bono térmico” no asociado a una energía concreta de gas o luz.

En cuanto a las medidas de protección a los domésticos, Teresa Ribera anunció medidas contra las prácticas abusivas de las comercializadoras, exigiendo una mayor información y transparencia sobre la potencia contratada, para que se ajuste a las necesidades de cada hogar y aumentar los tramos de esta potencia. Se trata de “mejorar la situación de las familias monoparentales, personas solas y defensa de la infancia”, subrayó.

Ribera propuso un debate a fondo sobre el funcionamiento del mercado: acelerar la transición energética, dar garantías al inversor y lograr un mercado sencillo y estable. Hasta ahora el modelo de mercado marginalista era el adecuado, pero la situación actual es diferente, según la titular de Transición Ecológica, pues con un parque prácticamente amortizado, las viejas centrales siguen recibiendo el mismo precio que la tecnología más cara.

Aunque no ha detallado las medidas para reformar el pool, Ribera indicó que se buscará un modelo de remuneración atractivo para las renovables, con la repotenciación de las instalaciones; se “tomará en serio regular el almacenamiento energético” y se replanteará el funcionamiento de los mercados de capacidad. Asimismo, propone impulsar los contratos bilaterales a plazo (PPA).
(Cinco Días, 20-09-2018)

Hacienda estudia rebajar el impuesto de Sociedades a 1,4 millones de pymes
El Ministerio de Hacienda, que lidera los contactos con la formación morada, ha aceptado estudiar una rebaja del impuesto de sociedades para las pymes. En concreto, según fuentes conocedoras de la negociación, el planteamiento que hay sobre la mesa es que las compañías que facturen menos de un millón de euros pasen a pagar un tipo del 23% frente al tipo general del 25% al que están sometidas actualmente junto al resto de empresas.

La medida podría beneficiar a cerca de 1,4 millones de empresas españolas sujetas a este impuesto, dejando fuera apenas a 20.000 que facturan por encima de un millón de euros. De ellas, sin embargo, tan solo unas 350.000 compañías pagan efectivamente el tributo de Sociedades, dado que muchas no tienen beneficios y otras pequeñas empresas que siguen registradas han desaparecido durante la crisis o están en concurso de acreedores, según los datos recopilados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales de España (REAF), correspondientes a 2015.

A falta de ver el impacto que tendría la media en la recaudación, hay que tener en cuenta que el tejido empresarial español lo componen fundamentalmente pymes de pequeño tamaño y que el 50% de la recaudación del impuesto de Sociedades se obtiene de solo 727 grandes empresas.

En paralelo a la fiscalidad específica de las pymes, el Gobierno y Podemos vienen negociando la posibilidad de establecer un tipo mínimo del 15% en sociedades para evitar que las grandes compañías acaben pagando un tipo efectivo inferior a este umbral aprovechándose de deducciones fiscales. Pese a la unificación del tipo general al 25%, las empresas españolas pagan de media el 7% de su beneficio en impuestos, aunque descontando las ganancias del extranjero (que no tributan en España), el tipo efectivo rondaría el 12%.

Más allá, de la negociación abierta entre Hacienda y Podemos, ha salido un plan para modificar el IRPF. Las partes han acordado diseñar la introducción de un nuevo tramo fiscal a partir de los 140.000 o los 150.000 euros en los que el gravamen subiría en tres o cuatro puntos desde el 45% actual fijado para rentas de más de 60.000 euros.
(Expansión, 20-09-2018)

La Generalitat vuelve a las reuniones del Ejecutivo con todas las autonomías
La Generalitat de Cataluña ha avanzado al Gobierno central que está dispuesta a intervenir y participar, la semana que viene, en una reunión de la comisión de financiación autonómica multilateral, montada a partir de las reclamaciones planteadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre las insuficiencias del sistema detectadas en todas las comunidades.

La Generalitat enviará a esa cita al subdirector general de Presupuestos, y "explorará" así si tiene sentido continuar con esas reuniones no bilaterales, que son su gran apuesta política con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las dos vías son complementarias, al menos por ahora. El martes, de hecho, está convocada la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, donde el Gobierno catalán llevará entre otras cuestiones la deuda pendiente, que según sus datos asciende a 7.607 millones.

La primera pista de confirmación de que el nuevo clima de diálogo con Cataluña podría empezar a dar algunos frutos la aportó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesión de control en el Congreso de este martes, cuando respondió a una diputada del PP sobre si la situación política actual está afectando a la estabilidad financiera de España. Montero argumentó que no y señaló que resolver dudas a los ciudadanos no es despilfarrar ni malgastar. La ministra agregó que “la situación de Cataluña es muy importante para todo el contexto nacional” y ratificó que en ese contexto el Ejecutivo de Pedro Sánchez “no se va a cansar de trabajar y dialogar”. Fue entonces cuando confirmó que a finales de septiembre se producirá una reunión de la Comisión de Financiación Autonómica a la que acudirá la Generalitat. No dio más datos, porque muchos aspectos de esa sesión aún están por concretar.

Fuentes del Gobierno central y de la Generalitat ratificaron más tarde que efectivamente esa cita se está cerrando en estos momentos, y probablemente será la semana que viene con todas las autonomías. Y desde el Gobierno catalán concretaron que a la misma acudirá un técnico, no un político, para rebajar un poco las expectativas. El alto cargo del Gobierno catalán que se presentará en esa primera reunión exploratoria será el subdirector general de Presupuestos (ni el director general ni el consejero) porque se quiere comprobar antes de avanzar más cuáles son las intenciones reales del Gobierno central, según fuentes del Ejecutivo autonómico.

Desde la Generalitat reconocen, además, que el Gobierno central les ha pedido algún gesto político como acudir a esa minicumbre autonómica como compensación a las señales de distensión ofrecidas hasta ahora desde La Moncloa y como contrapeso a las citas bilaterales que se están multiplicando con distintos ministerios. "Nuestro marco de juego y por lo que nosotros apostamos en esta relación siguen siendo las reuniones bilaterales, pero estamos dispuestos a explorar más cosas y a las demás reuniones iremos a escuchar", sostienen altos cargos del Gobierno catalán implicados en estas negociaciones.

En este sentido, esa primera participación en la comisión técnica de Financiación Autonómica se considera, desde ambas partes, un primer paso para que la Generalitat de Cataluña vuelva en breve también a las reuniones en Madrid del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las demás autonomías. Es ahí donde se diseña y dibuja el sistema de financiación de todas las comunidades autónomas. Ningún representante de la Generalitat se presentó a las dos últimas convocatorias de esos consejos, en julio y agosto pasado.

"La pelota la tiene el Gobierno central ahora y si ellos chutan y nos la pasan nosotros tendremos que hacer algo y devolverla", explican gráficamente fuentes del Gobierno catalán. Las mismas fuentes muestran su disposición a acudir a un futuro Consejo de Política Fiscal y Financiera para, entre otras cosas, poner en aprietos a la ministra Montero recordándole sus intervenciones cuando era consejera de Economía de la Junta de Andalucía y pedía consejos más participativos y deliberativos.
(La Vanguardia, 20-09-2018)

Laboral

Las mujeres gestantes o lactantes no pueden ser obligadas a trabajar de noche, aunque solo lo hagan por forma parcial
La corte europea afirma que debe entenderse como trabajo nocturno la labor que realizan las asalariadas embarazadas que formen parte de un turno que se realice parcialmente en horario de noche. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que las trabajadoras embarazadas, que han dado a luz o que se encuentren en periodo de lactancia, que tengan un trabajo parcial en horario de noche realizan, desde un punto de vista laboral, un trabajo nocturno y, por esa razón, deben contar con un derecho a la protección específica contra los riesgos que esta labor pueda presentar.

La corte europea observa en su fallo que la Directiva 92/85, relativa a la seguridad y la salud de las trabajadoras embarazadas, que han dado a luz o en periodo de lactancia, no contiene ninguna precisión sobre el alcance exacto del concepto de trabajo nocturno. Sin embargo, el TJUE señala que de las disposiciones generales de la Directiva 2003/88, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, sí que puede deducirse y considerarse que una trabajadora que realiza un trabajo en turnos en el que sólo una parte de sus funciones son desempeñadas en horario de noche realiza efectivamente una labor durante el periodo nocturno y, por lo tanto, debe calificarse de trabajador nocturno.

El tribunal, que observa que las disposiciones específicas de la Directiva 92/85 no deben interpretarse de manera menos favorable que las disposiciones generales de la Directiva 2003/88, añade que, para poder beneficiarse de esta protección en el marco del trabajo nocturno, la trabajadora debe presentar un certificado médico que dé fe de la necesidad de ello desde el punto de vista de su seguridad o su salud. El asunto al que da respuesta ahora el TJUE fue elevado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) a raíz del recurso interpuesto por una trabajadora de la empresa Prosegur España.

La asalariada, que trabajaba como vigilante de seguridad para la citada compañía, dio a luz a un hijo en noviembre de 2014, que recibió lactancia materna. Desde marzo de 2015, la trabajadora desempeñó sus funciones en un centro comercial en turnos rotatorios y variables de ocho horas, de las que parte se realizaban en horario nocturno. La vigilante de seguridad intentó obtener la suspensión de su contrato de trabajo y la concesión de la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural prevista por la normativa española. Por esa razón, solicitó a Mutua Umivale que le expidiera un certificado médico que acreditara que su puesto de trabajo presentaba un riesgo para la lactancia natural, algo que le fue denegado, por lo que la trabajadora terminó por presentar una reclamación, que también fue desestimada.

Resuelto este asunto, el TSJG también preguntaba a la corte europea sobre si en este asunto procedería aplicar la normativa de inversión de la carga de pruebas prevista en la Directiva 2006/54 sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. En este sentido, el TJUE responde afirmativamente puesto que se observa que, aparentemente, la evaluación de los riesgos del puesto de trabajo de la vigilante de seguridad no comportó un examen específico que tuviera en cuenta su situación individual, y que la interesada sufrió discriminación.
(Cinco Días, 20-09-2018)

El Gobierno no hará una ley en solitario para subir las pensiones como el IPC
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio ha descartado este miércoles que el Gobierno vaya a volver, por ley y de forma unilateral, a revalorizar las pensiones lo mismo que suba el IPC. Ha descartado así tajantemente en la tribuna del Congreso de los Diputados que el Ejecutivo vaya a promover un decreto en solitario para que las pensiones vuelvan a actualizarse anualmente lo mismo que los precios, tal y como ocurría antes de 2014.

“No pida usted al Gobierno que haga de manera unilateral una ley, como hizo el anterior Gobierno. Se traerá una ley de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo y del diálogo social”, ha dicho Valerio. Este mensaje no era baladí, sino una forma de instar a los partidos a que lleguen a un consenso en el Pacto de Toledo que, precisamente este miércoles, volvía a parecer algo imposible. De hecho, momentos después de estas declaraciones de Valerio, la reunión de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo donde los grupos políticos estudian la próxima reforma de pensiones se ha desconvocado minutos antes de su inicio.

El motivo ha sido una vez más la existencia de dos claros bloques sobre cómo revalorizar las pensiones cada año: si con el IPC como mínimo o con la inflación como elemento troncal, pero teniendo en cuenta, en el marco del diálogo social, otros elementos como los salarios y el PIB.

Tras la reunión de la semana pasada, el PSOE parecía haberse aproximado al bloque que defendía o aceptaba vincular la actualización de las pensiones a otros aspectos, además del IPC como elemento principal. De hecho, al término de dicho encuentro, los representantes de Podemos y Esquerra Republicana aseguraban que se habían quedado solos en la defensa de una revalorización idéntica al IPC como mínimo.

Sin embargo, esta semana, los diputados de esta comisión han seguido trabajando y, según distintas fuentes de la negociación en la noche del martes, había un principio de acuerdo de prácticamente todos los grupos entorno a una nueva redacción de la recomendación número dos –que habla sobre la revalorización de las pensiones–. Ese supuesto consenso giraba en torno a un texto similar a esta misma recomendación que sí acordó en el Pacto de Toledo de 2011 eliminando las críticas a los socialistas por haber congelado las pensiones.

Sin embargo, este miércoles por la mañana, antes de iniciarse incluso la reunión formal del Pacto de Toledo, el PSOE presentó a los portavoces de esta comisión una nueva redacción, distinta a la de la noche anterior y consensuada con el PNV, con mayores garantías de vinculación de la subida de las pensiones al IPC.

La reacción a esta nueva formulación ha sido dispar. Esquerra Republicana ha considerado que las garantías de mantenimiento del poder adquisitivo no eran suficientes. Mientras que, por el contrario, los representantes del PP, Ciudadanos y PdCat no han recibido bien la nueva redacción acordada por el grupo de la mayoría de los partidos que sustentan al Gobierno, al constatar lo que interpretaron como un bandazo del PSOE respecto a su postura de la pasada semana. Fuentes populares ha criticado también el enrocamiento del bloque de izquierdas, que boicotea el consenso en el Pacto de Toledo, liderado, en opinión de los populares, por Unidos Podemos.

Ante esta situación, los grupos han convenido que, para no volver a escenificar públicamente la existencia de persistentes diferencias entre los dos bloques parlamentarios, se desconvocaba la reunión hasta la semana próxima, en principio. Si entonces no se hubieran solventado estas diferencias quizás la comisión seguiría sin celebrarse.

Ante todo, este embrollo, lo único cierto es que el Gobierno no quiere legislar en solitario en esta materia y quiere contar con el respaldo parlamentario de un consenso en el Pacto de Toledo y de un acuerdo en el diálogo social.

De hecho, distintas fuentes de la negociación opinan que la intención del Ejecutivo es logar un pacto con sindicatos y empresarios que presione a los grupos en el Pacto de Toledo.
(Expansión, 20-09-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Bruselas da un espaldarazo a quienes piden anular el IRPH hipotecario
Los consumidores hipotecarios que confían en ver anulado el índice IRPH acaban de encontrar un poderoso aliado en la Comisión Europea. En un informe remitido al Tribunal de Justicia de la UE, Bruselas defiende que la cláusula que marca el tipo de interés del crédito será nula si no se comercializó con la debida transparencia.

El documento detalla que eso significa “la obligación para el profesional de explicar al consumidor, antes de la firma del contrato, cómo se configura el tipo de referencia, cuál ha sido la evolución de dicho tipo en el pasado, así como su posible evolución futura, comparado con otros tipos empleados en el mercado”.

Una condición que pocas veces cumplían las entidades financieras que utilizaban este tipo de referencia, en lugar de la más habitual, el euríbor. Aunque el Tribunal Supremo español dio por bueno el uso del IRPH sin exigencias específicas, alegando que es un índice oficial aceptado por los reguladores españoles, su postura ha sido cuestionada por varios jueces de instancias inferiores.

Estos albergan la duda de si la cláusula debe someterse al mismo control de transparencia que la regulación comunitaria exige para el resto y presentaron diversas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que lo aclare.

La Comisión Europea ha remitido ahora un informe a este tribunal exponiendo su interpretación de la directiva comunitaria que la Corte de Luxemburgo tendrá en cuenta a la hora de dictar sentencia.

Aunque está por ver cuál es el fallo del TJUE, no sería la primera vez que este tribunal enmienda la plana al Supremo español, como ocurrió en el caso de las cláusulas suelo opacas (que obligó a devolver íntegramente con retroactividad total) o con la posibilidad de que los jueces españoles suspendan los desahucios al detectar cláusulas abusivas.
(El País, 20-09-2018)

El BCE apuesta por más integración financiera para reducir el impacto de las crisis
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha apostado por una "mayor integración financiera" en la Unión Europa (UE) para compartir los riesgos entre los países y actores del mercado del bloque comunitario y reducir así el impacto de las crisis. El banquero italiano ha defendido que el área en la que Europa más puede ayudar al crecimiento es el desarrollo del mercado único, ante un entorno de "incertidumbre" en el que el "crecimiento potencial" se ha reducido en la UE con respecto a otras economías avanzadas.

"Los mercados integrados, especialmente los financieros, ayudan a compartir riesgos entre los países y dentro de ellos", ha subrayado Draghi en un discurso pronunciado este miércoles en la Hertie School of Governance de Berlín. El presidente de la autoridad monetaria ha indicado que la integración de los mercados de capitales facilita que, en una recesión, las personas puedan diversificar sus activos y recurrir a aquellos que están en las zonas de la UE menos afectada por el choque económico.

Por otro lado, la integración bancaria evitará que los bancos más pequeños tengan una exposición "elevada" a la economía local, lo que permitirá que el flujo de crédito no se detenga. En este sentido, el banquero italiano ha destacado que, de acuerdo a las estimaciones del BCE, en Estados Unidos el 70% de los "'shocks' locales" son absorbidos en los mercados integrados, frente al 25% de la zona euro.

"Compartir el riesgo fomenta la estabilidad y la convergencia dentro de las uniones monetarias. Y sin eso, se vuelve mucho más difícil hacer que las altas tasas de crecimiento sean sostenibles", ha apostillado Draghi.
(El Mundo, 20-09-2018)

Sector

Críticas de los juristas a la treta de Sánchez para burlar al Senado
El ardid que ha ideado Pedro Sánchez para acabar con la capacidad de veto presupuestario que tiene el Senado vulnera 14 sentencias del Tribunal Constitucional (TC), con lo que supone, para los juristas a los que ha consultado este diario, "un fraude de ley", "un disparate jurídico", una "anomalía antidemocrática" y una "irresponsabilidad" que atenta contra la "seguridad jurídica".

No se trata sólo de que el Alto Tribunal exija en más de una docena de fallos una "conexión mínima de homogeneidad" entre enmienda y texto enmendado, sino de que, en este caso, la práctica de introducir una enmienda en una norma que no tiene nada que ver vulnera un acuerdo de la Mesa del Congreso, es decir, del órgano que representa la soberanía de la Cámara, y lo hace en la tramitación de una ley orgánica que marca las reglas del juego en el control presupuestario del Estado.

Los juristas reaccionaron ayer y recordaron que la doctrina del TC es clara y está asentada. Así lo recoge la sentencia STC 59/2015, que recuerda la jurisprudencia de sentencias como las STC 119/2011, 136/2011, 176/2011, 204/2011, 209/2012, 234/2012, 59/2015: "En el ejercicio del derecho de enmienda al articulado, como forma de incidir en la iniciativa legislativa, debe respetarse una conexión mínima de homogeneidad con el texto enmendado, so pena de afectar, de modo contrario a la Constitución, tanto al derecho del autor de la iniciativa (artículo 87 de la Constitución Española-CE), como al carácter instrumental del procedimiento legislativo (artículo 66.2 CE) y, en consecuencia, a la función y fines asignados al ejercicio de la potestad legislativa por las Cámaras, provocando un vicio en el desarrollo del citado procedimiento que podría alcanzar relevancia constitucional, si alterase de forma sustancial el proceso de formación de voluntad en el seno de las Cámaras".

El propio PSOE recurrió en 2004 la introducción de una enmienda en el Senado en una reforma del Código Penal por parte del Gobierno de José María Aznar para evitar una modificación de una norma de referéndum que podía afectar al plan Ibarretxe. El TC le dio la razón incluso aunque la propia Mesa del Senado había calificado positivamente la enmienda.
(Expansión, 20-09-2018)

 
 
 
 
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