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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 27 DE SETEMBRE DE 2018

Fiscal

Tipo de interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural del año 2018
Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural del año 2018, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros.
(BOE, 27-09-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 26 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 26 de septiembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 27-09-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/27/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/27/index.php?d=234&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 27 DE SETEMBRE DE 2018

Fiscal

El Gobierno obligará a bancos y petroleras a pagar al menos un 18% por el impuesto de Sociedades
El Gobierno estudia fijar un tipo del 18% en el impuesto de sociedades para las empresas del sector de financiero y las petroleras, según ha avanzado este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.

La propuesta supone acercar los planteamientos del Ejecutivo a las exigencias que Unidos Podemos, su principal socio parlamentario, ha puesto sobre la mesa esta semana, reclamando un tipo mínimo del 20% para la banca.

Actualmente, bancos y petroleras están sujetos a un tipo específico del 30% frente al 25% general que opera para el resto de empresas del país. Gobierno y Podemos han avanzado en la necesidad de establecer un tipo mínimo del 15% para evitar que las grandes empresas puedan rebajar su presión fiscal gracias a deducciones, con lo que logran un tipo efectivo cercano al 12%.

De prosperar los planes de Hacienda, las empresas españolas no podrían aplicar deducciones que rebajen del 15% el tipo efectivo que abonan por el impuesto de Sociedades, un límite que sería del 18% para los bancos y las petroleras.

A falta de ver si esta nueva cifra contenta a Podemos, la ministra se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de alanzar un pacto sobre los nuevos ingresos previstos para 2019 en el corto plazo. "Yo creo que cerraremos el paquete de fiscalidad en un plazo breve", ha manifestado.

En paralelo a esta medida, el ministerio ha confirmado que estudia aplicar una rebaja del gravamen sobre las pymes españolas que facturan menos de un millón de euros al año. Según cálculos de sus propios técnicos, unas 350.000 pequeñas empresas españolas se ahorrarían 260 millones de euros en impuestos al año.

La ministra ha confirmado que el plan del Gobierno sigue siendo presentar sus Presupuestos Generales de 2019 a finales del mes de noviembre, después de haber remitido las líneas maestras del proyecto a Bruselas a mediados de octubre. El contenido de este borrador, sin embargo, estará sujeto a los avances logrados en la tramitación de la nueva senda de déficit, por lo que Hacienda admite que se están elaborando dos escenarios diferentes.
(Expansión, 27-09-2018)

El pacto con Cataluña complica a Hacienda la reforma de la financiación autonómica
Los avances en la aproximación al Govern catalán que el Ejecutivo logró el martes, con un acuerdo de financiación que incluirá en los Presupuestos Generales para granjearse el apoyo de los partidos independentistas, supusieron este miércoles un retroceso en la negociación abierta con el resto de comunidades para reformar el modelo de financiación autonómica.

El acuerdo bilateral con Cataluña fue este miércoles motivo de las quejas de varios representantes regionales, como los de Madrid o Murcia, en una primera cita bronca de la comisión de financiación autonómica, revelan fuentes conocedoras del encuentro. Las comunidades gobernadas por el PP adujeron además que el nuevo “grupo de decisión” organizado por Hacienda no es más que una réplica del “grupo de trabajo” del Gobierno anterior, solo que se reunirá cada mes en lugar de cada 15 días, con lo que previsiblemente duplique los siete meses de análisis ya avanzados sin que se lograse fraguar una reforma.

Aunque Hacienda trató de separar ambas negociaciones y aseveró que busca una fórmula común que contente a todos, la polémica del pacto catalán dificulta su ya complejo objetivo. De hecho, las críticas no fueron solo a puerta cerrada, ni el fuego vino solo del bando político contrario. Incluso desde las filas socialistas, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha sostenido que el Gobierno de España “no puede darle dinero a ninguna comunidad" si lo hace “fuera” del modelo de financiación o la Ley de Presupuestos”, ha expuesto, en relación al acuerdo con Cataluña.

“Los conejos estos en la chistera que algunos se sacan para vender la burra yo quiero conocerlos bien”, dicho Fernández durante el Foro Hoy Banco Santander, celebrado en Badajoz. “Algo falla”, ha sostenido, cuando las informaciones dicen que a alguna comunidad “se le da” dinero, ha dicho sobre Cataluña, y “allí dicen que les estamos robando”.

“Se ha negociado de forma oculta con Cataluña la entrega de 1.500 millones de euros para infraestructuras mientras a Madrid se le han quitado 4.000 de lo que teníamos comprometidos con el anterior Gobierno”, ha denunciado Garrido.

El presidente de la Comunidad de Madrid considera “más lamentable aún” que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, reciba ya hoy a un consejero de la Generalitat para decidir cómo gastar el dinero comprometido mientras que no se atienden las peticiones de su propio equipo.

Garrido expone que el consejero catalán “lo que quiere es el dinero para independizar Cataluña” y se queja de la pronta atención de Ábalos que “se ha negado a recibir a la consejera de Transportes de Madrid”. “O rectifica o el Gobierno nos va a tener en frente”, ha advertido Garrido. Sus declaraciones son un anticipo del previsible enfado que mostrarán el resto de líderes autonómicos del PP, en un día en que Hacienda trata de renegociar las condiciones de financiación autonómica.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha aseverado que reclamará al Gobierno de Pedro Sánchez inversiones “justas” en la comunidad y que lo hará con la misma “lealtad reivindicativa” que lo hacía con el de Mariano Rajoy.

El acuerdo cerrado la noche del martes supone la refinanciación de la deuda a corto plazo de la Generalitat y la promesa de una inyección de 1.459 millones de euros en cuatro años a la comunidad, si sus representantes políticos dan el visto bueno a los Presupuestos Generales de 2019 que el Ejecutivo prevé impulsar en el Congreso de los Diputados. La refinanciación afecta a 2.773,62 millones de euros de créditos que Cataluña adeuda a la banca, explican fuentes de la Generalitat.
(El País, 27-09-2018)

Laboral

Las vacaciones de navidad pueden posponerse si coinciden con una baja
Las vacaciones de navidad establecidas en el contrato laboral pueden disfrutarse en otra fecha si el trabajador se encuentra de baja en ese momento. Así lo ha dictaminado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en una sentencia por la que unifica doctrina y resuelve el recurso de casación interpuesto por una empleada a la que su empresa denegó aplazar los días de descanso navideños, a pesar de que ella estaba en una situación de incapacidad temporal durante este período.

La baja en cuestión se alargó desde noviembre hasta principios de enero. Tras reincorporarse, la empleada pidió a la empresa los 9 días de descanso a los que tenía derecho por contrato. Ésta se los denegó porque, a su juicio, las vacaciones que fija la empresa para días concretos (navidad, semana santa, cierre de la compañía en verano, etc.) sólo pueden disfrutarse en la fecha en la que están fijadas.

En primera instancia, el juzgado reconoció el derecho de la mujer a disfrutar del descanso laboral tras reincorporarse al trabajo. No obstante, la empresa presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco. Éste respaldó su argumento porque diferenciaba entre dos tipos de descansos laborales. Por un lado, las “vacaciones ordinarias” (elegidas por el empleado a su gusto) y por el otro, las establecidas por la empresa en su calendario laboral. A su juicio, estas últimas no podían disfrutarse en forma o fechas distintas a lo pactado. Ante esta resolución, la empleada interpuso un recurso de casación.

El Supremo unifica doctrina sobre el tratamiento que hay que dar a los días de descanso que superan el mínimo legal y subraya que todos los días definidos como vacaciones en el contrato laboral han de ser tratados de la misma manera “con independencia de la distribución a lo largo de diferentes momentos del año”. Añade que “no cabe inferir que, dentro de las vacaciones, existan dos modalidades distintas”, puesto que lo que hace la legislación es remitir al acuerdo laboral para determinar la duración de las vacaciones, con la única condición de que se respete un mínimo de 30 días naturales.

El alto tribunal determina que el criterio correcto es el aplicado por el TSJ de Cataluña, cuya sentencia, dictada en mayo de 2011, presentó la demandante como contraste. Añade que el derecho a vacaciones anuales no se limita a los días establecidos en el calendario de la empresa, sino que “abarca tanto las fechas que por su propia definición sean más o menos presumibles, como las que haya que precisar cada año”.

El alto tribunal hace referencia a diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) establecen la imposibilidad de pedir una compensación económica de los días de descanso no disfrutados si éstos se solapan con ausencias justificadas por maternidad o incapacidad temporal. Por tanto, concluye el Supremo, no permitir posponer estos días fuera del periodo navideño es una medida “contraria al derecho europeo”
(Cinco Días, 27-09-2018)

El Pacto de Toledo recomienda al Gobierno actualizar las pensiones con el IPC
La Comisión del Pacto de Toledo –donde las fuerzas parlamentarias negocian las líneas generales de la próxima reforma de la Seguridad Social– ha logrado hoy cerrar un preacuerdo para pedir al Gobierno que revalorice las pensiones “en base al IPC real”.

Si bien, lo primero que hay que aclarar es que lo pactado hoy por PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, PdCat y Compromís, es una mera recomendación que el Gobierno debería usar como guía para desarrollar una modificación legal. Pero en ningún caso es un mandato vinculante.

Dicho esto, la citada recomendación parece sencilla y fácil de entender: los partidos aconsejan al Gobierno que las pensiones suban cada año lo que aumenten los precios. Pero el texto pactado esta tarde tiene letra pequeña. Existen numerosos matices, que fueron precisamente los que permitieron que, después de más de un año de enconadas negociaciones, ayer todas las fuerzas parlamentarias (excepto Esquerra Republicana) escenificaran un acuerdo con más o menos entusiasmo.

El primero de estos matices lo resaltaba el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Gerardo Camps. “La revalorización de las pensiones hará en base al IPC y no conforme al IPC”, precisó el que también fuera secretario de Estado de la Seguridad Social. Así, dicho texto recoge que el IPC real “se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones” pero no de forma exclusiva.

De hecho, seguidamente, dos párrafos después llega un segundo matiz, que deja la puerta abierta a que el IPC no sea el único indicador que se utilice para garantizar el poder de compra. De hecho, los firmantes de este “acuerdo de mínimos” como también lo denominaron, consideran “esencial” recuperar el consenso de la fórmula acordada en el anterior Pacto de Toledo de 2011 para revalorizar las pensiones. Y esa fórmula aconsejaba claramente al Gobierno de turno “valorar la posibilidad de usar otros índices de revalorización como el crecimiento de los salarios o la evolución de la economía y las cotizaciones”.

De esta forma, aunque los partidos recomiendan que se use el IPC para revalorizar las pensiones y mantener así su poder adquisitivo, deja abierta la puerta a que se introduzcan otros indicadores. La utilización de otros indicadores posibilitaría, por ejemplo, que, según la evolución de la economía, los salarios o la salud financiera del sistema un año no se garantizara el poder adquisitivo, que sí podría garantizarse al término de un ciclo.

Hasta aquí la letra pequeña que ha permitido que se incorporasen al acuerdo los representantes del PP, Ciudadanos y PdCat fundamentalmente. Pero el texto introdujo también otras precisiones que contribuyeron a que Unidos Podemos se sumara al pacto. En concreto, la recomendación aconseja “la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de pensiones en el futuro”. Fue la incorporación del término “social” además del financiero, la que propició el visto bueno de la formación morada.

Asimismo, y dado que tendrá que ser el Gobierno quien desarrolle legalmente esta recomendación, las fuerzas parlamentarias también acordaron ayer que “el desarrollo de lo establecido en esta recomendación deberá ser consultado y debatido en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo”.

Esto es un intento de control al Gobierno que esté en el poder en cada momento. Sin embargo, podría convertirse en una traba más a la hora de agilizar las reformas legales de la Seguridad Social, porque el Ejecutivo no está obligado en ningún caso a cumplir con lo que se acuerde o debata en la Comisión del Pacto de Toledo.

Dicho todo esto, los representantes de Unidos Podemos han atribuido el acuerdo a la presión ejercida por las manifestaciones de pensionistas que se han venido celebrando desde la primavera pasada. Es más, negaron categóricamente que estas manifestaciones vayan a parar ahora que se ha alcanzado este principio de acuerdo, hasta que el Gobierno no legisle en el sentido que demanda esta formación.
(El País, 27-09-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El bono de la calefacción será un cheque para los vulnerables de las zonas más frías
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, hizo alusión a un bono para calefacción que nada tenía que ver con la propuesta que el Grupo Socialista presentó el año pasado de crear uno para el gas natural, en línea con el vigente de la luz. El llamado “bono térmico”, como lo calificó Rivera, ha seguido siendo un misterio.

Según fuentes conocedoras de las medidas que el ministerio establecerá en un real decreto ley, que podría aprobar el Consejo de Ministros de esta semana o la próxima, consiste en una ayuda directa, o cheque, a la que solo podrán optar quienes, a su vez, sean beneficiarios del bono social eléctrico. Estos deberán solicitarlo y el Gobierno lo otorgará en función de una serie de parámetros, entre los que se incluyen las temperaturas de las zonas donde habiten los solicitantes.

La bonificación, cuyo montante aún no se ha determinado, se otorgará en los meses de invierno para que los consumidores puedan pagar su factura de la calefacción, del agua caliente y la cocina. La ayuda, que es una imitación de las que reciben en invierno los usuarios vulnerables en algunos países del norte de Europa, está pensada para las familias que se calientan utilizando gas butano o fuel, según las mismas fuentes.

Por ejemplo, en Reino Unido, cuando las temperaturas se sitúan por debajo de cero grados durante más más de siete días seguidos, el Gobierno fija una ayuda de 23 libras porcada periodo semanal, que se ingresan en una cuenta del consumidor.

Según las mismas fuentes, el Ejecutivo quiere que esta medida entre en vigor en octubre, a la vista de que también el día 1 la tarifa regulada del gas (TUR) se incrementará un 8%, lo cual se viene a sumar al fuerte incremento del precio de la electricidad de los últimos meses.

El real decreto ley también incluirá los cambios que Transición Ecológica va a introducir en el bono social de la luz. De entrada, estudia ampliar hasta el 31 de diciembre el plazo transitorio (que finaliza el 8 de octubre), para que los que disfrutaban del anterior bono soliciten el nuevo, siempre que tengan derecho al mismo.

Este, que fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, entró en vigor en septiembre del año pasado y ya es la segunda vez (la anterior fue en mayo) que se prorroga el plazo para trasvase de los beneficiarios del antiguo, tras el fracaso en las solicitudes.

En términos generales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por mantener el bono del PP (altamente complicado y que, solo en algunos casos está ligado a la renta) y ampliar y complementar su cobertura.
(Cinco Días, 27-09-2018)

La cifra de negocios de las empresas se dispara un 8,2% en julio y encadena dos años de ascensos
La cifra de negocios de las empresas aumentó un 8,2% el pasado mes de julio respecto al mismo mes de 2017, tasa 3,3 puntos superior a la de junio y la segunda más alta en lo que va de año, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el ascenso registrado en el séptimo mes del año, la cifra de negocios de las empresas encadena 24 meses de incrementos interanuales.

El avance interanual de la facturación de las empresas experimentado el pasado mes de julio se debió al repunte de las ventas en todos los sectores. El mayor incremento de las ventas se lo anotó la industria, con un avance interanual de la facturación del 9,3%, seguido del comercio (+8,7%), los servicios (+6,7%) y el suministro de energía eléctrica y agua (+5%). Corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios empresarial subió un 6,1% en julio en tasa interanual, cifra seis décimas inferiores a la de junio.

En tasa mensual (julio sobre junio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, la cifra de negocios de las empresas retrocedió un 0,5%, frente al avance del 0,6% experimentado el mes anterior y el repunte del 0,1% de un año antes.
(Expansión, 27-09-2018)

La Fed sube los tipos y apunta a un alza más este año
La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos aprobó este miércoles un nuevo incremento del 0,25% de las tasas de interés, que quedan así en una horquilla de entre el 2% y el 2,25%. Es la primera vez en más de una década que los tipos superan el 2% en la primera economía del mundo. Se trata del tercer aumento del año y del octavo desde que la expresidenta de la Fed, Janet Yellen, decidiera acabar con la era de dinero gratis.

Su sucesor en el cargo, Jerome Powell, ha cogido el testigo de las subidas, a las que le está dando un ritmo más acelerado. La mayoría de los expertos del organismo prevé un incremento más en diciembre y otras tres adicionales en 2019, lo que impulsaría las tasas hasta el 3,25%. Desde que asumió la presidencia de la Fed, Powell ha endurecido la política monetaria en todas las reuniones excepto en el encuentro de julio. Las decisiones se han tomado por unanimidad, en contraste con las discrepancias que, en los últimos meses, mantenía Yellen con miembros de su equipo partidarios de un ritmo más acelerado de subidas.

Además, la Fed ha retirado de su comunicado la palabra "acomodaticio", lo que implicaría normalidad en la política monetaria. En rueda de prensa, Powell explicó que la desaparición de ese término implica que las cosas van como se esperaba. En su comparecencia, el presidente de la Fed destacó que las señales que llegan de la economía "son muy buenas", rebajando así las consecuencias de una guerra comercial.

Después de un impulso del Producto Interior Bruto (PIB) del 4% en el segundo trimestre, la Reserva Federal ha elevado las previsiones de crecimiento económico hasta el 3,1% este año, frente al 2,8% de las estimaciones de junio. Para 2019, la evolución del PIB se calcula ahora en el 2,5%, por encima del 2,4% de hace tres meses.

La Fed espera además una tasa de paro de entre el 3,7% y el 3,5% este año y el que viene, lo que implica casi pleno empleo. La inflación se situará en los niveles del 2%, justo el objetivo que perseguía la Reserva Federal. En este escenario, hay pocas razones para no seguir subiendo los tipos, pese a los deseos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que critica el reforzamiento de la política monetaria de la Fed.

La subida de las tasas implica que los préstamos se encarecen y podría implicar volatilidad en el mercado. Para algunos expertos, el incremento continuado de los tipos supondrá el punto de inflexión que acabará con la evolución alcista de las bolsas. Los países emergentes serán los más perjudicados por el encarecimiento del precio del dinero en Estados Unidos.
(El Mundo, 27-09-2018)

Sector

El alta en la Mutualidad de la Abogacía otorga la misma protección al letrado desempleado que la que obtendría a través del RETA
Así lo ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en una en la que ha reconocido este derecho a una abogada en paro que había solicitado percibir dicho subsidio de una sola vez. En este caso, la abogada desempleada quería montar su propio despacho, para lo que solicitó al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) capitalizar en un pago único toda la prestación contributiva por desempleo a la que tenía derecho, así como la subvención de las cuotas de cotización de la Seguridad Social. Sin embargo, el SEPE le denegó esta subvención puesto que no estaba dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.

Efectivamente, la letrada estaba dada de alta en la Mutualidad de la Abogacía, como demostró aportando los justificantes de pago de las cuotas y de su alta en dicha institución. A este respecto, el tribunal ha aclarado que la Mutualidad de la Abogacía en esta situación no tiene naturaleza privada, sino que tiene la consideración de mutualidad de previsión social alternativa al régimen de autónomos.

De tal manera que la solicitante, como abogada ejerciente, tenía las dos posibilidades, bien darse de alta en autónomos o bien en una institución de previsión social, como en este caso la Mutualidad de la Abogacía. Por lo tanto, cuando se opta por el alta en la mutualidad de previsión social de un colegio de abogados, se obtiene la misma protección que la que se tendría a través del RETA.

En consecuencia, como se concluye en la sentencia, la letrada tenía derecho a que la prestación por desempleo que le quedaba por percibir se destine a sufragar el abono de las obligadas cuotas de aseguramiento a la Mutualidad de la Abogacía como sistema alternativo al régimen especial de autónomos.
(Cinco Días, 27-09-2018)

 
 
 
 
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