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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 28 DE SETEMBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 27 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 27 de septiembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 28-09-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/28/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/28/index.php?d=235&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 28 DE SETEMBRE DE 2018

Fiscal

La subida del IRPF a las rentas altas inquieta a directivos y empresas
El plan de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que prevé elevar el tipo máximo marginal del IRPF en tres o cuatro puntos a las rentas de más de 140.000 o 150.000 euros, “hará que España sea menos competitiva desde el punto de vista fiscal a la hora de atraer talento”. Así lo explica Albert Collado, socio de Garrigues y presidente de la comisión jurídico-fiscal de la Asociación Española de Directivos (AED), quien añade que esta medida no solo afecta a la clase directiva, sino al resto de profesionales de alta cualificación y también a los inversores.

Según los últimos datos disponibles del INE, correspondientes a 2016, los directivos constituyen el grupo de ocupación con ganancias medias anuales más elevadas: 50.530 euros. Muy lejos de los 150.000 euros que toma como partida Hacienda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este colectivo el INE incluye también a los mandos intermedios y a los gerentes, que bajan la media, por lo que “no serán pocos los altos ejecutivos que se vean salpicados por esta carga impositiva”, señala Samuel Pimentel, presidente de la firma de búsqueda de ejecutivos Ackermann International. No en vano, en 2016, más de 90.000 asalariados tributaron por más de 150.000 euros en España, según datos de la Agencia Tributaria.

Hay varias situaciones posibles a las que tienen que enfrentarse las compañías bajo este supuesto. “Cuando una organización contrata a un alto ejecutivo, puede hacerse cargo él de sus pagos o, por el contrario, es la empresa la que le ofrece un paquete retributivo fijo y paga sus impuestos para favorecer la movilidad internacional”, cuenta Patricia Jones, directora del área fiscal de Mercer. Si el empleado se hace cargo de su situación fiscal, la empresa no puede hacer gran cosa para compensar la carga impositiva, “más allá de subirle el salario”. Si, por el contrario, es la organización la que afronta la tributación, bajo este esquema, tendrá mayores gastos a la hora de atraer talento.

Una de las dos partes, por tanto, pierde dinero, haciendo que el régimen fiscal español pierda atractivo para multinacionales y profesionales, en opinión de Pimentel. “Cuando una empresa saca vacantes en España todos quieren venir aquí, porque los precios son relativamente bajos en comparación con Europa. Subir el IRPF daña esta imagen, porque ninguno de los directivos quiere perder dinero”. Además, añade, si la empresa puede elegir entre mandar a varios ejecutivos a España o enviarlos a otra región con una fiscalidad más atractiva, “optará seguro por la segunda opción”.

Hay que tener en cuenta también, recuerdan los expertos, que alternativas como la conocida ley Beckham, que permite a los profesionales tributar al 24% hasta 600.000 euros durante un periodo de seis años, no suavizan del todo el impacto, “porque son necesarias muchas condiciones para poder acogerse a ella y no se aplica a todos los perfiles. Quedan fuera, por ejemplo, los grandes inversores”, detalla Collado.
(Cinco Días, 28-09-2018)

La recaudación tributaria se dispara un 36,4% en agosto por el nuevo sistema de IVA
La Agencia Tributaria ingresó 17.480 millones de euros en agosto, un incremento de la recaudación del 36,4% que se debe, fundamentalmente, al nuevo modelo de información automática del IVA, implantado hace ahora un año.

El sistema de suministro inmediato de información (SII) del IVA, implantado en julio de 2017, agilizó el intercambio de datos sobre las facturas emitidas, pero desplazó los ingresos a los meses posteriores, lo que venía restando recursos en la comparación hasta este agosto, en que se cumple un año.

El efecto del SII arroja este mes unos ingresos adicionales de 3.363 millones de euros, sin esta distorsión el crecimiento de ingresos sería del 3,3, una tasa relativamente baja en relación con las más recientes debido al fuerte incremento de las devoluciones (24,1%).

En todo caso, los ingresos del mes de agosto también se han visto reforzados por la entrada en vigor de los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2018 en el mes de julio, lo que un mes después se tradujo en incrementos de las pensiones y las nóminas de los funcionarios.

En lo que va de año, la recaudación sube un 7,8% sin el efecto distorsionador del nuevo impuesto de IVA y un 5,1% sin él. Un alza importante que la Agencia Tributaria achaca fundamentalmente a incremento del número de empleos y el crecimiento de los salarios.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda ha publicado este jueves datos de ejecución presupuestaria del mes de agosto, cuando el déficit del Estado se situó en 18.895 millones de euros, una cifra que equivale al 1,56% del PIB. Respecto al mismo mes de 2017, se registra un descenso del 11,9%.

Esta mejora responde a un incremento de ingresos del 8,3% que supera al alza de los gastos, que se elevan un 5,1%. A su vez, el déficit consolidado de las Administraciones Públicas, excluidas Corporaciones Locales, disminuyó al 1,87% del PIB hasta julio, un 16,3% menos que el año anterior.

Por su parte, las cuentas de la Seguridad Social cierran agosto con un saldo negativo de 4.894,4 millones de euros, frente a los 5.998,35 millones del mismo periodo de 2017. La mejora responde a un incremento de derechos del 6,08% frente al alza del 4,49% en las obligaciones. Hay que tener en cuenta que el sistema ha recibido 1.605 millones de euros más este año en transferencias corrientes entre las administraciones públicas.
(Expansión, 28-09-2018)

El Gobierno renuncia a un impuesto específico a la banca al menos hasta 2020
El Gobierno ha admitido que renuncia definitivamente a crear un impuesto específico a la banca, que fue la propuesta fiscal estrella de Pedro Sánchez ya desde la oposición, y la punta de lanza de la reforma tributaria propuesta tras acceder al Gobierno.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido este jueves, sin embargo, que el Ejecutivo ha preferido optar por otras fórmulas tributarias ya existentes al considerar que sería más sencillo, y efectivo, aplicarlas que crear una nueva figura impositiva.

De esta forma, ha explicado en una entrevista en TVE, el Gobierno apuesta por gravar más a la banca que al resto de sectores por el impuesto de Sociedades, estableciendo un tipo mínimo del 18% a partir del cual no podrán aplicarse más deducciones frente al 15% que pretende fijar de forma general.

Además, como ya avanzó la ministra de Economía, Nadia Calviño, el Gobierno se prepara para impulsar en España una tasa sobre las transacciones financieras, que grave la compraventa de acciones, emulando el modelo francés.

Solo una vez aplicados ambos cambios fiscales en 2019, el Gobierno valorará la eficiencia y recaudación lograda y se planteará si resulta necesario o no crear un nuevo impuesto específicamente dirigido a la banca ya de cara al ejercicio 2020.
(El País, 28-09-2018)

El BOE publicará el sábado las declaraciones de bienes de altos cargos del Gobierno
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará este sábado las declaraciones de bienes de altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, así como las que estaban pendientes desde 2014 de representantes del Ejecutivo de Mariano Rajoy, han avanzado fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Se trata de alrededor de 1.500 declaraciones de bienes de ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales y directores generales, han precisado las mismas fuentes.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se comprometió a publicar esta documentación en el plazo de tres meses, periodo en el que todos los altos cargos sin excepción han presentado sus declaraciones de bienes. Por lo que respecta a las declaraciones correspondientes a representantes del Ejecutivo de Rajoy, si bien estaban presentadas desde 2014 no se habían publicado, dado que el Gobierno popular entendía que para ello era necesario un reglamento que desarrollase la Ley del Alto Cargo de 2015.

Aunque el Gobierno de Sánchez no consideraba imprescindible este reglamento para publicar las declaraciones de bienes, el Consejo de Ministros de este viernes aprobará un real decreto que despejará las dudas y obligará de ahora en adelante a publicar sin excepciones esta documentación. Fue una ley del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General del Estado, la que implantó en 2006 la obligación de publicar en el BOE esas declaraciones de bienes de los miembros del Ejecutivo en el momento de tomar posesión.

Con la Ley de Transparencia, el Ejecutivo amplió el listado de altos cargos que deben publicar las declaraciones de bienes, incluyendo a embajadores, subsecretarios y otros. Es lo que se hizo en 2014, última vez que se cumplió con este trámite. En 2015 se aprobó además la Ley del Alto Cargo, que dejó para un reglamento posterior la regulación del momento en que debían producirse esas declaraciones, entre otros aspectos. El Gobierno del PP no llegó sin embargo a aprobar este reglamento y el Ejecutivo de Mariano Rajoy que tomó posesión en 2016 no cumplió así con la obligación de transparencia.

Sí son públicas las declaraciones de los ministros que eran a la vez diputados, puesto que la web del Congreso recoge las declaraciones de actividades, bienes y patrimonio de los parlamentarios.
(El Mundo, 28-09-2018)

Laboral

Un despido colectivo pactado no puede revisarse en juicios individuales
El Tribunal Supremo rechaza que puedan revisarse las causas de un despido colectivo pactado entre la empresa y los representantes de los trabajadores en los pleitos individuales que, a posteriori, puedan derivarse de dicho procedimiento. Ello, siempre que el acuerdo no haya sido impugnado judicialmente por los sindicatos.

En caso de admitir la revisión de un órgano judicial, "se estaría negando la eficacia de lo pactado como resultado de la negociación colectiva y convirtiendo en papel mojado el acuerdo alcanzado entre la empresa y los representantes de los trabajadores", asevera la sentencia dictada por el Pleno de la Sala de lo Social del alto tribunal. Y añade que el efecto de aceptar que en pleitos individuales posteriores pudieran cuestionarse las causas del despido "desincentivaría la consecución de tales acuerdos, que constituye el objeto esencial del periodo de consultas".

Los magistrados, además, apelan a que "va contra el más elemental sentido común" que un juzgado pueda revisar unas causas aceptadas por la representación de los trabajadores y que no ha sido cuestionada por los mismos, ni por la autoridad laboral, ni por ningún otro de los legitimados en el procedimiento colectivo. Con esta resolución, el Supremo fija y unifica doctrina, y pone fin a la disparidad en las resoluciones dictadas por los órganos judiciales inferiores.

En el caso concreto, la sentencia desestima el recurso de varios empleados de la Escuela Municipal de Música y Danza del Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid), que fue objeto en 2013 de un despido colectivo por causas productivas y organizativas. El periodo de consultas terminó con acuerdo, ofreciéndose una indemnización de 33 días por año trabajado. Tras este proceso, la escuela fue cerrada.

En su resolución, el alto tribunal justifica que la aceptación de las causas legales del despido colectivo "entra dentro del marco que corresponde a la negociación colectiva y no supone invadir el ámbito de derechos individuales indisponibles del trabajador". En caso de que los acuerdos se hayan adoptado en trasgresión de las normas legales que regulan el despido colectivo, y encubran actuaciones fraudulentas en perjuicio de los trabajadores, queda abierta la posibilidad de su impugnación por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, en los mismos términos previstos para las demás situaciones de crisis empresarial, como la reducción de jornada, la modificación sustancial de condiciones de trabajo, o el descuelgue.

Asimismo, subraya "la enorme inseguridad jurídica y la distorsión que podría generar la existencia de los innumerables procesos individuales" en los que se discutiera la causa del despido colectivo. Y, en esta línea, sería dinamitar uno de los pilares sobre los que descansa el régimen jurídico de esta figura: la consecución de un acuerdo entre empresa y trabajadores.

Finalmente, el Supremo también remarca otro elemento a tener en consideración: evitar la litigiosidad y saturación de los órganos judiciales y favorecer el principio de celeridad y seguridad jurídica.
(Expansión, 28-09-2018)

UGT pide homologar sueldos de laborales y funcionarios y una subida lineal de 200 euros para 200.000 empleados públicos
La masa salarial de los funcionarios y empleados públicos del Estado se redujo un 2,8% en 2017 y más de 12 puntos porcentuales desde que empezó la crisis, según se extrae de un informe elaborado por la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT a partir de datos de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (2009-2017). Si se analiza la masa salarial de 2017 de los seis colectivos más numerosos de la AGE -funcionarios de la AGE, de Organismos Autónomos, Seguridad Social, Administración de Justicia, investigadores del CSIC y personal laboral- la masa salarial, en conjunto, se ha reducido en un 2,8%.

"Este recorte sigue la tendencia iniciada en 2009 y sitúa la pérdida total en un 12% en el periodo comprendido entre ambos años", subraya UGT. El descenso salarial de debe a dos motivos: el primero es la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que fijó un incremento salarial del 1% con carácter básico, lo que motivó que los gastos destinados a personal disminuyeran un 1,6%. El segundo ha sido la pérdida de volumen de empleo público en todos los sectores y ámbitos de Administración Central, como consecuencia de la reducción de la tasa de reposición (la amortización de plazas vacantes por nuevas incorporaciones).

A estos se añaden otros motivos, "endémicos", destaca UGT, de la AGE: los sueldos de los funcionarios del Estado, inferiores a los emolumentos de los funcionarios que trabajan en comunidades autónomas con las competencias transferidas, diputaciones y algunos ayuntamientos, y la nula implantación de la carrera profesional, el bloqueo del Convenio Único del personal laboral de la AGE. Influyen también los recortes en I+D+I, el aumento de jubilaciones voluntarias, la reducción de costes en las modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y una distribución de la productividad heterogénea.

Carlos Álvarez, secretario de AGE de UGT, ha señalado que "estas cifras son preocupantes", y más "si las comparamos con el aumento que han experimentado la alta dirección y el personal de confianza en los mismos años". En contraposición, los sueldos de los altos directivos públicos aumentaron un 20,85% en 2017, y un 7,7% en el caso del personal eventual de confianza de la Administración General del Estado (AGE), señala el sindicato citando los últimos datos publicados por la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Si se analiza la evolución de los sueldos de los altos funcionarios desde 2009, el informe señala que la masa salarial del personal laboral directivo de la AGE se ha incrementado un 208% desde 2009 y la del personal eventual (principalmente, puestos de confianza), un 77%.
(Expansión, 28-09-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Corredor Mediterráneo estará en servicio en 2021
El ministro José Luis Ábalos anunció que Adif licitaría este jueves nuevos proyectos en Almería por 443 millones y que dentro de tres años ya se podrán transportar mercancías desde Algeciras hasta la frontera francesa. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguró este jueves que en 2021 "entrará en servicio" el Corredor Mediterráneo entre "Algeciras y la frontera francesa" con ancho "estándar" (europeo), si bien ha reconocido que para entonces aún "quedarán algunas obras de adecuación".

Según Ábalos, los únicos condicionantes ahora son "técnicos" porque existe un "fuerte impulso" y los aspectos "financieros están cubiertos". "La paciencia se acaba, pero ahora es cuando se ve la luz". Se trata de un calendario ambicioso, ya que, por ejemplo, existe un tramo, como el que une Murcia y Almería, que ni siquiera tiene vías construidas. De hecho, Ábalos anunció que Adif aprobaría tres contratos por 443 millones de euros en Almería, de manera que en marzo de 2019 estará "todo licitado, salvo tres cuestiones puntuales".

Ábalos participó en un encuentro del Movimiento #QuieroCorredor, que reúne a un millar de personas en el Palacio de Congresos de Cataluña de Barcelona. En el acto también participó el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y gran impulsor del movimiento, Vicente Boluda, quien criticó el "retraso" de las obras. Por su parte, el presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, recordó los beneficios económicos de la infraestructura, cuando esté en pleno servicio.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, defendió el impulso de la infraestructura para mejorar la competitividad de las empresas y reforzar el proceso de internacionalización que han emprendido muchas de ellas. José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, pidió la construcción del Corredor Mediterráneo para "dar alas" al "núcleo duro" de la economía española. "Es un servicio público esencial", sostuvo.

Barcelona acogió este jueves una de las jornadas más multitudinarias organizadas por el Movimiento #QuieroCorredor, que reúne las reivindicaciones de empresarios, políticos y sociedad civil para exigir la construcción de una línea ferroviaria de altas prestaciones entre Algeciras (Cádiz) y la frontera francesa a través del litoral mediterráneo.

Su gran impulsor ha sido AVE. El objetivo es disponer de cuatro vías (dos para mercancías y dos para pasajeros) para promover el transporte de productos hacia Europa en el horizonte de 2025. La primera presentación global del proyecto se realizó en Barcelona en 2011. El ministro de Fomento, José Blanco (PSOE), comprometió más de 50.000 millones para tener construidas las cuatro vías entre Algeciras y Francia.

Según la organización, había confirmados 1.400 empresarios, políticos y representantes de la sociedad civil. Entre los asistentes, Josep Oliu (Banco Sabadell), Jordi Gual (CaixaBank), Artur Carull (Agrolimen), Juan Roig (Mercadona) y Joaquín Gay de Montellá (Fomento del Trabajo). Del ámbito político, han asistido el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el presidente de Murcia, Javier López Miras, y el conseller catalán de Territorio, Damià Calvet.
(Cinco Días, 28-09-2018)

El déficit del Estado baja un 11,9% entre enero y agosto
El déficit del Estado en los ocho primeros meses del año se situó en 18.895 millones de euros, una cifra que equivale al 1,56 % del PIB y que supone un descenso del 11,9% con respecto al mismo periodo de 2017. De acuerdo a los últimos datos de ejecución presupuestaria publicados hoy por el Ministerio de Hacienda, este desfase resulta de un incremento de los ingresos del 8,3 %, superior al de los gastos, que fue del 5,1%.

En términos primarios, es decir, sin tener en cuenta los intereses de la deuda, el déficit estatal entre enero y agosto se sitúa en 1.254 millones de euros, lo que equivale al 0,1 % del PIB y que supone una reducción del 66,4% con respecto a ese mismo periodo del pasado año. Por su parte, la Seguridad Social registró un déficit de 4.894,4 millones de euros en los ocho primeros meses del año, cifra equivalente al 0,4% del PIB, frente al saldo negativo de 5.998,3 millones del mismo periodo del año pasado, lo que representa un descenso en valores relativos del 18,4%, ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El déficit registrado por la Seguridad Social hasta agosto es resultado de unos ingresos no financieros de 91.808 millones de euros (+6,08%), frente a unos gastos de 96.702,7 millones de euros (+4,5%). No obstante, Trabajo explica que existen gastos pendientes de imputación presupuestaria a esta fecha que alcanzarían un importe aproximado de 466,57 millones de euros (aportación al sostenimiento de servicios comunes y reaseguro obligatorio y facultativo). En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 90.289,1 millones de euros, con un aumento de casi el 6%, mientras que los pagos se incrementaron un 4,6%, hasta los 96.566 millones.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,15% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,85% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 92,83% han sido reconocidas por las entidades gestoras y el 7,17% por las mutuas.
(El Mundo, 28-09-2018)

Sector

Registradores y Abogacía suscriben un convenio marco de colaboración
La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía (CGA), Victoria Ortega, han suscrito un convenio marco de colaboración entre ambas instituciones.

El acuerdo refuerza la interacción de los abogados y los registros, así como la utilización de la firma electrónica de los abogados en los documentos susceptibles de presentación en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

El Colegio de Registradores realizará los desarrollos informáticos que permitan al Consejo General de la Abogacía y a los abogados colegiados el acceso a la información del Registro Mercantil sobre titularidades reales de entidades societarias o de otros tipos, en cuanto que aquellos son sujetos obligados por la legislación antiblanqueo.

Por otro lado, el Consejo General de la Abogacía se compromete a difundir entre sus colegiados la utilización de dicho Registro para cumplir con la normativa antiblanqueo que les impone la legislación.
(Cinco Días, 28-09-2018)

 
 
 
 
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