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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 9 D’OCTUBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Reestructuración de los departamentos ministeriales
Real Decreto 1266/2018, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
(BOE, 09-10-2018)

Euro
Resolución de 8 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 8 de octubre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 09-10-2018)

 Contable

Normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las Empresas de servicios de inversión, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo
Circular 4/2018, de 27 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifican la Circular 1/2010, de 28 de julio, de información reservada de las entidades que prestan servicios de inversión y la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las Empresas de servicios de inversión, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo.
(BOE, 09-10-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/09/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/09/index.php?d=244&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 9 D’OCTUBRE DE 2018

Fiscal

UGT reclama que Hacienda devuelva de oficio las retenciones indebidas a la maternidad
El secretario general de UGT, José María Álvarez, ha pedido a Hacienda que devuelva de oficio la retención del IRPF de las prestaciones por maternidad, después de que el Tribunal Supremo la haya considerado nula, y ha valorado positivamente la intención del Gobierno de igualar los permisos de paternidad y maternidad.

"Desearíamos que Hacienda no haga pasar ahora un calvario a las mujeres y a los hombres a los que se les ha descontado el IRPF, cuando hay una sentencia del Supremo que dice que estas prestaciones no tienen que pagar el impuesto", ha afirmado Álvarez en Lleida en declaraciones a los medios. Álvarez ha explicado que su sindicato ha pedido por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "que subsane el error y no tenga que hacerlo cada contribuyente", ya que ha subrayado que es una reclamación costosa.

Para Álvarez, igualar el permiso de maternidad y de paternidad y que tengan que utilizarlo ambos progenitores es básico para acabar con la brecha salarial y la falta de igualdad para las mujeres. "Hay muchas empresas, lo sabemos, que a la hora de contratar a una mujer tienen en cuenta las bajas de maternidad. Si el hombre está en las mismas condiciones, esta situación de discriminación con seguridad desaparecerá", ha opinado.

Sobre las pensiones, ha pedido que se revaloricen en relación al coste de vida de forma automática y desaparezca el factor de sostenibilidad, ya que ha apuntado que, "hablando en plata, se recortará la pensión entre un 30% y un 40%". Por último, ha recalcado que las pensiones no tienen un problema de gasto sino de ingresos y ha recordado que su organización recomienda, entre otras propuestas, eliminar los topes de las cotizaciones máximas, que a su juicio permitiría generar muchos ingresos.
(Cinco Días, 09-10-2018)

Laboral

Trabajo dispone solo de 6.300 millones de crédito para la extra de Navidad de los pensionistas
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado en varias ocasiones que su mayor preocupación fue cómo abonar la paga extra de verano a los más de 8,5 millones de pensionistas. “Si no lo llego a pagar me tengo que ir al exilio”, bromeaba la semana pasada durante una comparecencia en el Senado.

Para el pago de esta extra de verano, que asciende a unos 9.000 millones de euros (además de otros 9.000 de la nómina ordinaria del mes) el Gobierno socialista ya dispuso de 7.500 millones de euros del crédito del Tesoro de 15.200 millones incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para este fin. Esta cantidad junto a la mejora de los ingresos por cotizaciones permitió al Ejecutivo no sacar nada del fondo de reserva en verano.

Pero en poco menos de un mes, Valerio deberá volver a firmar nuevamente la orden para que los mismos 8,5 millones de pensionistas (que reciben 9,6 millones de pensiones) cobre, esta vez, la paga extra de Navidad. Y esta vez, será probablemente inevitable disponer de una parte de los 8.095 millones que aún quedan en la hucha de las pensiones.

No obstante, Valerio ha confiado en “no tener que sacar mucho dinero del fondo de reserva porque aún hay unos 6.500 millones del crédito (del Tesoro a la Seguridad Social)”. Además, como ya ocurrió en verano, la ministra ha apostado porque otra parte de esta extra se financie con la mejora de los ingresos por cotizaciones, que crecen casi un 6%, un punto más de lo que avanza el gasto en pensiones.

A estos pagos extra, previstos de antemano, habrá que sumar los cerca de 2.000 millones que ha supuesto la subida de pensiones del 1,6% este año. Y la paga compensatoria, que se abonaría en enero, si el IPC a final de año superase el 1,6% citado. Cada décima de desvío al alza de la inflación cuesta unos 128 millones de euros (256 si se tiene en cuenta su consolidación).

En cualquier caso, Valerio ha insistido hoy en que “el gasto en pensiones no está disparado”. En concreto, citó el 11,7% del PIB que supone el gasto en pensiones de todo tipo y el 10,5% si se tienen en cuenta solo las contributivas. Estos porcentajes están por debajo del 12,5% de media de la OCDE, según dijo ayer la responsable de Trabajo durante la clausura de unas jornadas sobre longevidad.

Dicho esto, ha admitido que el Gobierno deberá financiar las pensiones fundamentalmente con cotizaciones, pero también con impuestos. Y emplazó al Pacto de Toledo y a los agentes sociales a que reordenen los gastos del sistema “para quitar presión”. Además de buscar nuevos ingresos.

Valerio se ha referido también hoy al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de equiparar los permisos de paternidad –ahora de cinco semanas– a los de maternidad, de 16 semanas de duración. No precisó, sin embargo, cómo ni cuándo se haría esta equiparación.

Si bien, distintas fuentes apuntan a que tendría un coste que superaría los 2.000 millones de euros, que se sumarían a los 2.500 que ya se gastan en estas prestaciones de maternidad y paternidad. Todo apunta a que este gasto obligaría al Gobierno a hacer una equiparación progresiva en el tiempo, aunque Valerio ha sugerido hoy la medida podría implantarse en un solo año.
(Cinco Días, 09-10-2018)

Podemos exige subir el salario mínimo a 1.000 euros en 2019 para apoyar los Presupuestos de Sánchez
Tras anunciar el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esta semana presentará las líneas maestras de los Presupuestos Generales de 2019, su principal socio parlamentario, Unidos Podemos, ha avanzado hoy que votará en contra de las cuentas si el Ejecutivo no hace nuevas concesiones.

"Si no conseguimos arrancar avances, estaríamos en el no", ha advertido Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, subrayando trabajarán con ahínco esta semana en lograr un acuerdo para cerrarlo antes del próximo lunes, cuando el Ejecutivo debe enviar a Bruselas las cifras de sus nuevas cuentas públicas.

"La respuesta del Gobierno a las propuestas de Podemos no están a la altura de lo que esperaban los ciudadanos", ha manifestado Echenique en rueda de prensa, tras analizar la propuesta de acuerdo por escrito que el Ministerio de Hacienda les facilitó este fin de semana.

Fuentes de la formación indican que los compromisos verbales alcanzados durante la negociación iban más lejos que la propuesta por escrito que el Gobierno ha puesto en negro sobre blanco. Echenique ha advertido que solo apoyarán las cuentas si durante esta semana se logran avances en tres puntos clave: vivienda, mercado laboral y ayudas sociales.

En primer lugar, Podemos reclama medidas para contener el precio del alquiler en las zonas más tensionadas, y una penalización a los tenedores de más de 10 viviendas, "fundamentalmente los bancos y fondos buitre", que no saquen sus inmuebles al mercado para forzar alzas de precio.

En segundo lugar, la formación morada reclama un alza del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.000 euros en 2019, vía decreto ley para evitar que la medida sea paralizada por el control del PP en el Parlamento. La cifra se sitúa hoy en los 735 euros y el acuerdo social entre sindicatos y patronal es subirlo un 5% este año y un 10% el que viene, así como recomendar que los convenios fijen un sueldo mínimo de 1.000 euros. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha avanzado que, si el pacto no se cumple, el Gobierno tomará medidas, pero los agentes sociales han pedido tiempo.

Incrementar ya los salarios a 1.000 euros, estiman en el partido morado, permitiría a la Seguridad Social ingresar 2.500 millones más el próximo ejercicio en un momento en que las pensiones necesitan recursos adicionales con urgencia.

Dentro de este capítulo, en el partido que dirige Pablo Iglesias también exigen que la ayuda a parados de larga duración sea accesible de nuevo desde los 52 años en lugar de los 55 que estableció el Gobierno anterior.

Finalmente, Podemos reclama una dotación económica para la ayuda a la dependencia que permita asistir a los 300.000 beneficiarios que no han recibido aún el dinero que la administración les reconoce. Podemos calcula que la partida costaría unos 2.500 millones, aunque fuentes del partido aducen que lo mínimo sería una inversión de unos 1.500 millones para 2019.

Estos son los puntos clave en los que la formación reclama avances, después de limar un acuerdo fiscal con el Ejecutivo que permitiría elevar la recaudación de impuestos en unos 5.000 millones de euros para 2019.

Aunque Podemos no renuncia totalmente a acabar implantando un impuesto específico para la banca, lo que el Gobierno ha acabado desestimando de momento en pos de una tasa a las transacciones financieras y de un tipo mínimo de sociedades del 18% para el sector financiero, la formación cree que los avances en materia de renta y sociedades son suficientes para sellar un pacto.

En cuanto al anuncio de Sánchez de que se igualarán las bajas por maternidad y paternidad o se establecerá una educación pública de 0 a tres años, Podemos alaba una propuesta semejante a la que vienen promoviendo ellos, pero destacan que las iniciativas no se han puesto ahora mismo en el documento que les ha enviado al Gobierno.
(Expansión, 09-10-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El FMI alerta de la desaceleración mundial por la guerra comercial y los emergentes
La economía mundial se desacelera. En plena celebración de la asamblea anual en Indonesia con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprecia suaves indicios de ralentización y en la actualización de sus proyecciones económicas deja el crecimiento global en el 3,7% para este año y el próximo. Una cifra dos décimas por debajo de las estimaciones realizadas en abril.

El economista jefe de la institución, Maurice Obstfeld, reconoce que la previsión de abril es “demasiado optimista” dado que se aprecian “nubes en el horizonte”. Apunta que el crecimiento está siendo menos equilibrado de lo esperado y que ha aumentado la probabilidad de que se produzcan más perturbaciones negativas.

El FMI destaca entre estas incertidumbres la evolución de la economía estadounidense, que continúa con un ritmo robusto gracias al paquete fiscal impulsado por el presidente Donald Trump pero que se irá reduciendo a medida que se agote el efecto de las medidas fiscales. Mantiene que EE UU crecerá un 2,9% este año, pero rebaja una décima la previsión (hasta el 2,5%) para el año que viene por la escalada de la guerra comercial con China y la imposición de nuevos aranceles por valor de 200.000 millones de dólares a Pekín.

La normalización de la política monetaria, con la Reserva Federal de EE UU subiendo tipos y otros bancos centrales, como el BCE, avanzando en la retirada de estímulos económicos, está afectando a las economías emergentes, penalizadas también por la fortaleza del dólar. El FMI apunta así que mientras las economías avanzadas continúan disfrutando de condiciones financieras ventajosas, las de los países emergentes y en desarrollo han empeorado de forma notable en los últimos seis meses a causa del alza de tipos de EE UU y las tensiones en Turquía, Argentina, Brasil y Sudáfrica, que han provocado la depreciación de sus divisas, el incremento de sus tipos de interés y un descenso en las entradas de capital. Una situación que puede afectar a los altos niveles de deuda corporativa y soberana acumulada en los últimos años.

Con todo, desde la institución dirigida por Christine Lagarde no consideran que estos problemas puedan contagiarse a países con fundamentales más sólidos, si bien, sí reconocen que ha aumentado la susceptibilidad a los grandes shocks globales. Avisa, en cambio, de los riesgos que pueden suponer en el medio plazo los desacuerdos en política comercial, ya no solo entre EE UU y China, sino también en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (EE UU, Canadá y México), así como en la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Para la zona euro, el FMI sostiene que la economía se mantendrá fuerte este 2018 aunque revisa la previsión cuatro décimas a la baja, hasta el 2%, debido a que el crecimiento durante la primera mitad del año ha sido más débil de lo esperado. En el 2019, el organismo prevé que el PIB se ralentice y crezca un 1,9%, empujado por el consumo de los hogares, la creación de empleo y una política monetaria del BCE todavía favorable. Para España, el informe revisa a la baja la previsión para este año del 2,8% al 2,7%, un dato que ya adelantó el FMI la semana pasada, pero mantiene el crecimiento del 2,2% para 2019.

El FMI alerta que, llegado un nuevo periodo de recesión generalizada, los Gobiernos cuentan con menor capacidad, fiscal y monetaria, que antes del estallido de la crisis financiera. Por ello, insta a impulsar reformas financieras y estructurales, para mejorar, entre otros, el mercado laboral, y a asegurar un crecimiento más inclusivo para no poner en peligro el multilateralismo.
(Expansión, 09-10-2018)

España se mantiene como motor de Europa pese a recortar hasta el 2,7% su crecimiento este año
El Fondo ya había adelantado las previsiones para España la semana pasada, cuando adelantó que la recuperación económica en el país "está llegando a su madurez", lo que anticipa una ralentización del desarrollo para los próximos años." España ha continuado recuperando el terreno perdido durante la crisis con un crecimiento económico que ha generado abundante empleo gracias a las reformas pasadas.

Pero el ciclo económico está llegando a su madurez y varios riesgos a la baja ensombrecen el panorama a medio plazo", subraya el FMI. Los técnicos del organismo, que visitaron España en el marco de su revisión anual de la economía, conocida como Artículo IV, mantienen la estimación de crecimiento para 2019 en el 2,2%. A partir de 2020, la institución prevé que el crecimiento de la economía española se ralentizará todavía más hasta converger con su "tasa potencial", estimada en el 1,75% anual.

Esta caída en el crecimiento se debe a que la economía está "lastrada" por retos "estructurales" como la deuda pública "notablemente elevada", un "alto" desempleo y un "lento" aumento de la productividad. Pese a todo, España mantiene su identidad como motor de la UE. A su crecimiento del 2,7% este año, le siguen a gran distancia Alemania, país para el que el FMI calcula un impulso del 1,9%, Francia (1,6%) e Italia (1,2%).

España será también el país que más se impulsará en 2018 de entre las grandes economías avanzadas, solo superado por Estados Unidos, para el que el FMI espera un desarrollo del 2,9% este año.
(El País, 09-10-2018)

Los desahucios aumentan un 1,7% en el segundo trimestre
El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en España en el segundo trimestre del año fue de 17.152, lo que supone un aumento del 1,7 % en tasa interanual, según los datos publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A tenor del informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, dicha subida se encuentra vinculada al incremento del 6,1 % experimentado por los lanzamientos fruto de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), hecho que contrasta con la caída del 8,5 % sufrida por los desahucios por embargo.

Los datos revelan además que el número de lanzamientos solicitados entre abril y junio fue de 20.526, un 7,2 % más con respecto al mismo periodo del año anterior. Con todo, como recuerda el CGPJ en nota de prensa, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado a los servicios comunes de notificaciones y embargos no supone que éste haya sido ya ejecutado. Por comunidades autónomas, Cataluña, con 4.170 (el 24,3 % del total nacional) registró el mayor volumen de desahucios ejecutados durante el trimestre, seguida por Andalucía, con 2.718; Comunidad Valenciana, con 2.245, y Madrid, con 1.878.

Al igual que sucediera durante los tres primeros meses del año, Galicia mostró una reducción superior al 50 %, que desde el órgano de los jueces atribuyen con seguridad a la huelga de funcionarios. Atendiendo únicamente a los lanzamientos consecuencia de procedimientos de la LAU, volvió a encabezar la clasificación Cataluña, con 2.589 (24,6 % del total), seguida en este caso por Madrid, con 1.467; Andalucía, con 1.419, y la Comunidad Valenciana, con 1.212. En cuanto a los desahucios por ejecuciones hipotecarias, Cataluña (1.181); Andalucía (1.132); Comunidad Valenciana (959) y Murcia (528) coparon los cuatro primeros puestos.

El informe destaca, sin embargo, el retroceso de las ejecuciones hipotecarias o embargos presentadas en este mismo periodo, cuando cedieron un 6,2 % hasta las 7.216. Si bien continuó el descenso con respecto a 2017, se ha observado una desaceleración ya que en los siete trimestres anteriores las reducciones oscilaron entre el 26 % y el 46,5 %. Por zonas, fue en Andalucía donde se inició el mayor número, 1.467 (el 20,3 %), seguida de Cataluña (1.311); Comunidad Valenciana (954); Murcia (631) y Madrid, con 627.
(El País, 09-10-2018)

Los bancos ignoran más de la mitad de las quejas de los clientes a los que el Banco de España da la razón
Los bancos solo rectificaron en el 43,59% de las ocasiones en las que el Banco de España emitió un informe dando la razón a un cliente de una entidad financiera española que había reclamado ante el organismo, según datos provisionales del Banco de España para el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2018. Es decir, mantuvieron su posición en un 56,4% de las ocasiones en las que el supervisor entiende que el cliente tiene razón en su queja. La banca aprovecha que la posición del Banco de España no es vinculante, aunque dentro del organismo provoca un malestar creciente que las entidades mantengan su criterio en contra del dictamen oficial que da la razón al reclamante.

Al cierre del tercer trimestre, el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR) recibió un total de 16.284 reclamaciones, pero solo en 3.050 ocasiones la documentación aportada por el reclamante era completa y suficiente para su tramitación. Entre los grandes bancos, Sabadell rectificó en el 84% de las ocasiones, seguido de BBVA (61,96%), Bankia (61,43%), Banco Popular (45,45%), CaixaBank (43,94%), Santander (35,19%) y Bankinter (18,18%).

Con los datos provisiones, se puede decir que en 2017 los bancos rectificaron en más ocasiones: el 64% de las ocasiones frente al 43,6% actual, aunque las cifras no son totalmente comparables porque todavía hay informes en proceso de resolución en 2018. En esta ocasión todas las reclamaciones de cláusulas suelo y de gastos de hipotecas se han considerado "informes de inadmisión sobrevenida" porque están pendientes de resolución judicial.

De los 3.050 expedientes tramitados, la resolución fue favorable para el reclamante en 2.007 ocasiones. En 1.305 casos, los bancos se allanaron, es decir, admitieron que el cliente tenía razón en cuando se inició el procedimiento y el Banco de España les pidió alegaciones. En los 702 casos restantes, el supervisor determinó que el reclamante tenía razón, pero el banco solo rectificó en el 43,6% de los casos. En el 55,4% restante, al usuario solo le queda la posibilidad de ir a juicio, aunque el informe favorable del Banco de España tiene mucho peso en el procedimiento judicial, según fuentes conocedoras del proceso.

Del total de reclamaciones, el 57,93% correspondió a hipotecas, el 16,64% a cuentas y depósitos, el 8,57% a tarjetas, el 5,88% a otras reclamaciones, el 5,23% a préstamos personales, el 1,6% a transferencias, el 1,35% a efectivo y cheques, el 1,21% a otros servicios de pago, el 0,88% a pymes y el 0,66% a avales.

De las 16.284 reclamaciones, 9.234 fueron inadmitidas por este servicio. Casi 2.000 porque estaban en procedimiento judicial; 1.167 ocasiones por información incompleta; 1.108 casos porque no han aportado la prueba de la reclamación; en 4.433 porque se consideraba que no tenían motivo y 578 casos se han trasladado a otros organismos.
(El País, 09-10-2018)

Hoy entra el vigor el nuevo protocolo por alta contaminación
Con este nuevo protocolo se abandona el sistema por matrículas, a la hora de activar los escenarios por alta contaminación, y se apuesta por el etiquetado de la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, se incluyen las motocicletas en las restricciones. También se contempla la creación de un nuevo escenario, el cuarto, y la prohibición en el quinto, de alerta, de aparcar en zona SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) a los ECO y sólo se permitirá a los cero; la extensión a toda la ciudad y el compromiso de avisar con un día de antelación a la aplicación de las medidas de restricción del aparcamiento y de la circulación.

Entre las novedades se incorpora un nuevo criterio para activar los niveles de preaviso y aviso cuando se superen los umbrales correspondientes en tres estaciones cualesquiera de la red para que tengan más peso los distritos exteriores a la M-30, además de en dos estaciones de la misma zona como hasta ahora. Se podrá declarar el escenario 3 con tres días consecutivos de preaviso, lo que se suma a los dos días de aviso ya recogidos actualmente. Como en el protocolo anterior, la activación de episodios y escenarios se producirá cuando la previsión de la AEMET sea desfavorable para la contaminación.

El protocolo se activará cuando se superen los niveles de preaviso o aviso, de forma gradual comenzando siempre con las medidas del primer escenario, que incluye la recomendación del uso del transporte público y la reducción de la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en M-30 y accesos a la ciudad. ¿Cuándo se activa el protocolo? Se mantiene que dos estaciones de la misma zona superen los 180 µgr/m3 (preaviso) o 200 (aviso) durante 2 horas consecutivas. Se añade como novedad que tres estaciones de cualquier zona superen los 180 µgr/m3 (preaviso) o 200 (aviso), durante 3 horas consecutivas. Para el resto de escenarios, que introducen las medidas de restricción del estacionamiento y la circulación, se avisará con un día de antelación.
(El Mundo, 09-10-2018)

Sector

Londres estudia prohibir que los auditores ofrezcan servicios de consultoría
El Consejo de Información Financiera de Reino Unido (FRC, por sus siglas en inglés) ha lanzado un proceso consultivo para elevar la confianza de los inversores en las cuentas de las empresas cotizadas, lo que podría llevar a vetar que las auditoras vendan otro tipo de servicios a las mismas empresas que supervisan.

"La confianza del público en las auditorías depende de la confianza en la independencia del auditor. El FRC va a examinar la efectividad de las actuales reglas sobre independencia. Esta revisión incluirá determinar si son necesarias nuevas acciones para prevenir que la independencia de los auditores se vea comprometida, incluyendo si todos los trabajos de consultoría para firmas que auditan deberían ser prohibido", explica ese organismo.

El anuncio del Consejo se explica por la fuerte polémica que existe en el mercado británico después de que los auditores no alertaran de los problemas financieros de empresas que han ido a la bancarrota, como la constructora Carillion. Algunos observadores creen que los auditores no son más inquisitivos en sus exámenes de las compañías para no perder los ingresos que reciben por prestar asesoramiento en otras materias (como estrategia, operaciones o fiscalidad) a esas mismas empresas. Otro factor añadido es el gran dominio sobre ese negocio que tienen las Cuatro Grandes del sector: Deloitte, EY, KPMG y PwC.

Según el FRC, estas firmas realizan el 97% de las auditorías de las cotizadas en el índice Ftse 350 de la Bolsa de Londres. Además, se reparten el 98% de los servicios de consultoría a esas empresas. PwC lidera el ránking de ingresos del Ftse 350, con 393 millones de libras de facturación total en 2017, sumando los servicios de auditoría y consultoría. Detrás queda KPMG, con 277 millones, Deloitte con 274 millones y EY con 220 millones. Muy lejos están BDO con 3,5 millones de libras y Grant Thornton con 5,7 millones.

En el conjunto del mercado británico, las cuatro grandes facturaron 2.084 millones de libras por sus servicios de auditoría en 2017, y otros 1.015 millones de libras por trabajos de consultoría a esos mismos clientes. Además, generaron 7.364 millones por servicios de consultoría a clientes a los que no auditan. Por tanto, en caso de salir adelante la propuesta del FRC, las firmas podrían perder algo más de mil millones de libras en ingresos.

Desde las Cuatro Grandes se argumenta que los servicios de consultoría no dañan su independencia, y además señalan que conocer todas las áreas de una compañía permite realizar unas mejores auditorías. En paralelo a este proceso del FRC, cuyas recomendaciones solo tienen carácter vinculante si las ratifica el Gobierno, la Comisión británica de Competencia también está analizando fórmulas para animar la rivalidad en el sector auditor. Los más críticos con el sector podrían reclamar en este proceso la separación total de los negocios de auditoría y consultoría.
(Expansión, 09-10-2018)

 
 
 
 
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