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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 10 D’OCTUBRE DE 2018

Laboral

Convenio colectivo del sector de las industrias del frío industrial
Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de las industrias del frío industrial.
(BOE, 10-10-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 9 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 9 de octubre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 10-10-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/index.php?d=245&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 10 D’OCTUBRE DE 2018

Fiscal

El Fondo Monetario Internacional advierte de la desaceleración de la economía española
Así figura en el informe de monitorización fiscal y gestión de la riqueza pública de las naciones que el FMI ha presentado esta madrugada en Bali, donde celebra este año su Asamblea Anual. Los datos aportados indican que la economía española crecerá un 2,65% este año, un 2,2% el que viene y menos del 2% desde 2020, hasta avanzar a un ritmo del 1,65% en 2023.

Se aminora la marcha de la economía y con ella la creación de empleo, que comenzará a estancarse una vez alcanzados los 19,4 millones de trabajadores en 2019, impidiendo que la tasa de paro se rebaje mucho más allá del 14% en el próximo lustro, una leve mejora frente al 15,5% previsto para el cierre de 2018.

Las proyecciones del FMI, que también arrojan una inflación contenida por debajo del 2% tras rebasarlo puntualmente el próximo ejercicio, indican que también la deuda pública se rebajará con lentitud. Su estimación es que, de pesar un 97,15% sobre el PIB a finales de este año, la deuda pública apenas baje al 92,5% en los próximos cinco años.

En el caso del déficit, el problema no es ya la aminoración de ritmo de reducción por la desaceleración, sino el efecto rebote que se espera que sufra a partir de 2020. “El objetivo de déficit del 1,8% del PIB anunciado por el Ejecutivo para 2019 es crucial y apropiado”, valoró la pasada semana la jefa de la misión del FMI en España, la alemana Andrea Schaechter, que consideró irrenunciable la rebaja, “un esfuerzo estructural que ronda el 0,5% del PIB”.

Su nuevo informe fiscal indica, sin embargo, que el organismo espera que el Ejecutivo solo logre rebajar la marca del 2,7% al que se ha comprometido este año al 2,3% en el próximo ejercicio. A partir de ahí, la tendencia a la baja se revierte, y el déficit aumentaría una décima anual hasta volver a situarse en el 2,7% en el año 2023.

Aunque preocupante para los compromisos de estabilidad fiscal que España tiene con la Unión Europea, lo cierto es que esa misma tendencia se replica en toda a la zona euro, donde el déficit medio bajaría al 0,5% en 2020 pero rebotaría hasta el 0,9% en 2023. De hecho, países como Francia, que este año se prevé cierre con una décima menos de déficit que España, acabaría con una décima más en 2023, en el 2,8%, y la media del G-20 estará entonces en el 2,7%.

En cualquier caso, la proyección del FMI da al traste con las estimaciones del Gobierno de Pedro Sánchez y las de su antecesor, Mariano Rajoy. El Ejecutivo del PP Había proyectado cerrar este año con el 2,2% de déficit, rebajarlo al 1,3% en 2019, dejarlo en un 0,5% en 2020 y lograr un superávit, del 0,1%, en 2021.

Aunque esta es la senda fiscal actualmente vigente, el Gobierno pugna por hacer firme el guiño político que logró en Bruselas para elevar el objetivo de este año al 2,7%, rebajarlo al 1,8% en 2019, al 1,1% en 2020 y renunciar al superávit en 2021, pero dejar el saldo en un 0,4% negativo. Está por ver si las advertencias del FMI hacen que Bruselas sea más exigente con los planes que Sánchez remita el lunes.
(Expansión, 10-10-2018)

El impuesto de transacciones se dedicará en exclusiva a financiar pensiones
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado hoy que el futuro impuesto a las transacciones financieras se dedicará "en exclusiva" a financiar la Seguridad Social, según ha apuntado. Aunque no ha precisado los ingresos que pretenden obtenerse con este impuesto, que todavía está pendiente de cerrarse en el marco de la negociación presupuestaria con Unidos Podemos, la idea es que "la recaudación se lleve íntegramente a la Seguridad Social", sin que sea necesario "hacer nada extraordinario", ha dicho la ministra.

Montero ha añadido que esta medida no será "lo último ni lo definitivo", y que si en 2020 fueran necesarias medidas adicionales para sostener el sistema de pensiones se abordarían "tanto por la vía de los ingresos como de quitar a la Seguridad Social algunas cosas que paga (...) y que podría asumir la Administración General del Estado".

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ya apuntó ayer la posibilidad de "estudiar la creación de impuestos especiales" para que los presupuestos contribuyan a financiar el sistema de pensiones.

Montero ha enviado un mensaje de "tranquilidad" a las personas mayores sobre la garantía de las futuras pensiones y su revalorización conforme a la inflación porque los sistemas de pensiones necesitan revisarse "cada cierto tiempo".
(Expansión, 10-10-2018)

Hacienda prevé 900.000 devoluciones de retenciones por maternidad
El Ministerio de Hacienda teme que tendrá que responder de 900.000 devoluciones por haber practicado retenciones fiscales por prestaciones de maternidad, según informó este martes Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social. Granado intervino en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados. Es la consecuencia de la sentencia que el Tribunal Supremo difundió el pasado viernes. En dicha sentencia el alto tribunal declaró exentas del IRPF las retenciones por las prestaciones de maternidad.

De momento, la Seguridad Social ha dejado de practicar las retenciones fiscales, tanto en los permisos de maternidad como los de paternidad, según informó Granado. Según UGT, la cuantía total de las devoluciones podría ascender a 1.300 millones de euros. El Supremo ha establecido como doctrina legal que "las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".

La sentencia tiene carácter retroactivo, pero con un límite temporal, el ejercicio 2014. De esta forma, todas las personas que hayan disfrutado de bajas de maternidad desde ese año pueden solicitar la devolución de lo que pagaron por IRPF en sus prestaciones, los anteriores ejercicios quedan prescritos. Esto significa que se pueden reclamar las declaraciones de la Renta de 2014, 2015, 2016 y 2017.
(La Vanguardia, 10-10-2018)

Laboral

El Banco de España afirma que la precariedad lastra los salarios
Que la economía española haya recuperado las tasas de crecimiento previas a la crisis, pero que los salarios vayan quemando trimestres sin acabar de coger el mismo ritmo tiene dos explicaciones. Por un lado, las altas tasas de parcialidad no deseada, es decir, aquellos trabajadores que no realizan una jornada completa, pero desearían hacerlo, y, por el otro, los altos niveles de paro estructural que tiene España.

El autor de dicho diagnóstico, expresado en una línea muy parecida en anteriores ocasiones por otros actores, no es otro que el Banco de España. Bajo el título "La moderación salarial en España y en la UEM", publicado este martes, el organismo monetario concluye que factores como la parcialidad no deseada o la "holgura en el mercado laboral" habrían desempeñado "un papel relevante a la hora de explicar el reducido crecimiento salarial del período más reciente".

El concepto de "holgura del mercado laboral" se traduce en lenguaje mundano en altos niveles de desempleo. España tenía en agosto, últimos datos de Eurostat, una tasa de paro del 15,2%, la segunda más alta de la UE tras Grecia. Mucha gente desempleada significa que las empresas tienen un mayor margen para elegir a quién seleccionan para un puesto de trabajo y, por ende, no hace falta que paguen tanto. Una característica a la que el Banco de España cifra la alta presencia de parados "desanimados", es decir, aquellos que ven tan difícil encontrar un empleo que ya ni lo buscan.

La calidad del empleo ofertado por las empresas también es una variable de mucho peso en el diagnóstico del Banco de España para explicar la moderación salarial que viven los trabajadores del país. En el 2017, según datos de Eurostat, el 61,1% de los trabajadores que tenían un contrato a tiempo parcial desearían haber tenido uno a tiempo completo. Una cifra 2,3 veces más alta que en la media de la UE, donde dicho porcentaje representó al 26,4% de los empleados. "Durante la crisis financiera, al menos un número importante de empresas se enfrentaron a la caída de la actividad sustituyendo una proporción relevante de trabajadores a tiempo completo por trabajadores a tiempo parcial, con el objetivo de limitar sus costes laborales", señala el Banco de España en su informe.

Los altos niveles de temporalidad es otra de las causas de esa precariedad que lastran el crecimiento de salarios, en comparación con el crecimiento recurrente a nivel europeo. En España en el 2017 el 26,4% de los contratados tenían un contrato temporal, frente al 13,4% de la media europea. No obstante, España todavía no ha recuperado los niveles de temporalidad previos a la crisis, ya que, según señala el informe, la destrucción de empleo al inicio de la crisis primó a los contratados de duración finita sobre los indefinidos. En este sentido, el Banco de España ha detectado que la recuperación del empleo, en términos cuantitativos, llega en España por la vía de la contratación temporal, ya que en sus números detecta que, a menos paro, más temporalidad.

A todo esto, se añade un menor optimismo frente a la situación económica del país ahora que antes del estallido de la crisis. Un escenario en el que la mayoría de empresarios prevé una futura inflación es más proclive para subir los salarios que uno más pesimista. Lo que el informe ya no abarca es cómo afectará sobre los sueldos las tasas de inflación por encima del 2% que la economía española ha registrado en la segunda mitad del 2018.
(Cinco Días, 10-10-2018)

La hucha de las pensiones pierde 23 millones por las inversiones
El Fondo de Pensiones de las pensiones de la Seguridad Social ha perdido este año 23,81 millones de euros solo por efecto de la rentabilidad negativa de los activos en los que están invertidos los recursos de la llamada 'hucha de las pensiones'.

Según los datos aportados este martes por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, el valor de mercado de los activos del Fondo de Reserva ha pasado de 8.085,37 millones de euros a finales del 2017 a 8.061,56 millones en el momento actual. Granados ha criticado la gestión de la tesorería realizada por el equipo saliente en la medida en que colocó todo el ahorro del Fondo de Reserva en valores a corto plazo, "en rentabilidad negativa", por efecto de la política monetaria del Banco Central Europeo.

Según el secretario de Estado, este resultado es consecuencia de un cambio de criterio en la gestión del fondo por parte del anterior Gobierno en enero de 2017 para dedicar la totalidad de inversiones a corto plazo. Este criterio se sigue manteniendo para todo el año 2018. Según Granado, si se hubiera mantenido una combinación de inversiones a corto, medio y largo plazo, se habría logrado una mejor rentabilidad del Fondo de Reserva.

En este sentido, ha anunciado la intención de su Departamento de volver a gestionar la tesorería de la hucha de las pensiones con el criterio de "duración modificada", que implica diversificar los plazos en las inversiones.
(El País, 10-10-2018)

Gobierno y agentes sociales avanzan en las negociaciones para modificar la reforma laboral
El Gobierno y los interlocutores sociales han acercado posiciones en la mesa del diálogo social y están próximos a cerrar en breve un acuerdo para modificar los aspectos centrales de la reforma laboral, según han informado fuentes cercanas a la negociación. En concreto, en las últimas reuniones con el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos han conseguido acercar posiciones respecto a la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que regula la subcontratación, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad y el subsidio para mayores de 52 años.

Con la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores se conseguirá que no empeoren las condiciones laborales de los trabajadores en las empresas que deciden externalizar una parte de su trabajo contratando a otras empresas. Esta modificación se recogía en el apartado de temas a negociar con el Gobierno en el marco del diálogo social IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado por sindicatos y patronal el pasado mes de julio.

Por otro lado, la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa es uno de los objetivos anunciados por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reivindicado en los últimos años por los sindicatos y que en la mesa de la Comisión del Pacto de Toledo ha encontrado el apoyo de distintos grupos como PSOE, PDeCAT, Esquerra o Podemos. Desde que llegó al Gobierno, Valerio ha dejado claro en todo momento su voluntad de recuperar el papel de la negociación colectiva. De hecho, manifestó su intención de evitar los descuelgues injustificados a nivel empresarial e impedir así que las empresas dejen de aplicar lo pactado por convenio sin una justificación real.

Poner fin a la ultraactividad significaría acabar con la limitación de un año de la prórroga de aplicación de convenio colectivo que ha dejado sin cobertura convencional a muchos trabajadores y que ha reducido también la tasa de cobertura de la negociación colectiva. "Con esta modificación normativa que proponemos, aseguramos que el convenio se mantenga vigente en tanto se esté negociando activamente el nuevo que haya de sustituir al ya vencido", según afirmó recientemente Valerio.

Por otro lado, poner en marcha el subsidio para mayores de 55 años permitirá acabar con los recortes que se impusieron a esta ayuda entre 2012 y 2013 y permitirá que las personas que fueron excluidas vuelvan a estar protegidas. La aplicación de esta ayuda, iniciativa que también recogían los sindicatos entre sus medidas centrales a abordar, protegerá a los trabajadores de más de 52 años que han perdido su empleo en la última etapa laboral de su vida.

Los interlocutores sociales volverán a reunirse mañana con el Gobierno a la espera de cerrar este acuerdo de forma definitiva. En paralelo, en otras mesas del diálogo social, el Gobierno está negociando con interlocutores sociales la forma de reducir la temporalidad en el mercado de trabajo y medidas contra el desempleo juvenil, entre otras.
(El Mundo, 10-10-2018)

La Seguridad Social, sin dinero para equiparar la baja por paternidad
El Gobierno ya ha hecho los números de lo que cuesta equiparar los permisos de maternidad y paternidad: aumentar la prestación de los hombres de las cinco semanas actuales a las 12 que disfrutan las mujeres supone 1.266 millones más, según fuentes del Ministerio de Trabajo. Este es uno de los elementos sobre la mesa en la negociación presupuestaria. Ante el optimismo del Gobierno, Podemos volvió a mostrar su preocupación por ver las conversaciones estancadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el domingo que los Presupuestos tendrían un guiño importante a la conciliación familiar: avanzarían en la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad y se universalizaría la educación de cero a tres años con cargo a fondos públicos. Sobre lo que cuesta la primera medida, elevar el permiso de los padres de cinco semanas a 12, el Ejecutivo calcula que costaría unos 1.266 millones más, a razón de 105,5 millones por semana. Esta cantidad habría que sumarla a lo que ya gasta la Seguridad Social por este concepto: según los números de 2017, 1.520 millones por la prestación de maternidad y 399 millones por la de paternidad (aunque el año pasado el permiso era de cuatro semanas).

El gasto público puede aumentar si se tiene en cuenta que cuando alguien se toma el permiso por tener un hijo, el empresario puede contratar a un sustituto y sus cotizaciones están bonificadas. No obstante, esta cantidad no está incluida en el cálculo inicial de Trabajo. Al desembolso de dinero público, habría que añadir los 300 millones en cotizaciones empresariales. Cuando alguien coge el permiso por tener un hijo, el empleador sigue pagando las cuotas que le corresponden.

El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaron el martes para tratar de agilizar el tramo final de la negociación, como confirmó el primero: “Estamos de acuerdo en que nos tenemos que poner de acuerdo”. Unas horas antes, Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, aseguró que la negociación iba “muy bien” y se atrevió a anunciar que durante la jornada se conocerían más detalles. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue más cauta en el Senado y explicó que, aunque también era optimista, prefería no adelantar ningún detalle ni plazo.

Ante el aparente entusiasmo del Gobierno, Iglesias advirtió que “no entenderán ninguna negativa” a las respuestas que su formación le envió este martes al equipo negociador que lidera Montero. “Son propuestas razonables”, opinó; “el Gobierno tiene que ceder”. El documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, reduce las exigencias que el proyecto inicial de 50 páginas y 17 puntos de Unidos Podemos planteaba. Las demandas más importantes se mantienen en el paquete de vivienda, precariedad laboral y dependencia. “En los últimos días hemos visto cómo las negociaciones se estancaban y el Gobierno nos planteaba acordar textos de intenciones, sin concretar compromisos o plazos en muchos apartados”, se lee en el documento.

La principal queja del grupo confederal se refiere a lo que consideran falta de precisión e inversión en las partidas presupuestarias. “No es aceptable que se pretenda destinar 400 millones de euros a dependencia porque solo sacaría del limbo a 37.500 personas de las 300.000 que tienen la ayuda concedida y no la reciben”, puntualiza Unidos Podemos en su documento. “Tampoco es asumible que se planteen cantidades que después se fragmentan en varios ejercicios presupuestarios”. Unidos Podemos está especialmente preocupado porque el Gobierno plantee proyectos de ley y no recurra a otras fórmulas ante el bloqueo parlamentario que ejercen el PP y Ciudadanos en el Congreso. “En la práctica significa que son acuerdos que no podrán cumplirse”, resumen.
(El Mundo, 10-10-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

España supera a Australia y es ya la decimotercera mayor economía mundial
El ranking de los mayores países del mundo está en plena transformación. La batalla por los primeros puestos de la lista de principales economías sufrirá algunos cambios destacables en los próximos meses y años, según las proyecciones publicadas esta semana por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

España, por ejemplo, sube un puesto este año mientras que Reino Unido está a punto de bajar dos en una clasificación en la que Estados Unidos tiene garantizado el primer puesto del podio durante el próximo lustro pese a que China le ha superado ya en paridad de poder de compra.

En el caso de España, el avance del 2,7% que el PIB experimentará este año, siempre según las previsiones del FMI, le permitirá arrebatar a Australia el decimotercer puesto del ranking de mayores economías del mundo.

Así, aunque el Estado austral elevará su PIB de 1,379 billones de dólares en 2017 a 1,427 billones este año, no será suficiente para seguir manteniendo la ventaja frente a España, que pasa de 1,314 billones a 1,437 billones este ejercicio. Sin embargo, la progresiva ralentización del crecimiento económico de España provocará que Australia vuelva a superar a la economía española en 2022, relegándola de nuevo al puesto decimocuarto.

Subiendo escalones en el listado, los primeros cambios significativos los protagonizan Corea del Sur, que supera este año a Rusia en el puesto undécimo y mantendrá su ventaja al menos durante todo el lustro, o Italia, que también este ejercicio subirá al octavo escalón en sustitución de Brasil.

La caída más destacada, a su vez, será la de Reino Unido que, según la proyección que el FMI ha presentado esta semana en su Cumbre Anual celebrada en Bali, verá estancado su crecimiento en 2019, coincidiendo con la salida oficial de la Unión Europea, prevista para marzo. El brexit contribuirá a que el país caiga del quinto puesto al séptimo durante el próximo año, siendo superada su economía por la de India y Francia durante el lustro.
(Cinco Días, 10-10-2018)

La CNMV exige a la banca que revele cómo vende los fondos y qué compra cada cliente
La directiva europea para que los mercados funcionen mejor, Mifid 2, entró en vigor el pasado enero. Pese a que no ha sido completamente adaptada a la normativa nacional, sí está vigente a ojos de la CNMV, y uno de los temas cruciales de la nueva regulación es cómo se venden los productos financieros. El supervisor que preside Sebastián Albella ha tomado cartas en el asunto.

La CNMV, con esta normativa que entrará en vigor el 10 de octubre de 2018 tras publicarse en el BOE, obliga a los bancos y a las empresas de servicios de inversión (sociedades de valores, agencias y gestoras de cartera, denominados todos ellos en la jerga, brókeres) a informar de las nuevas modalidades de prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversión (independiente y no independiente) o la venta cruzada, según señala en una nota el organismo supervisor. Deberán comunicar además de manera de detallada de cada instrumento financiero que mantienen los clientes.

Las entidades deberán enviar toda esta en información en los estados correspondientes al periodo de actividad del 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, que se puede presentar hasta el 20 de abril de 2019. En resumen, los bancos disponen ahora de tres fórmulas para cobrar incentivos –de media, los distribuidores se llevan seis de cada diez euros de comisiones de gestión de fondos de inversión– en la venta de estos productos:

1. Cuando solo comercialicen (es decir, no ofrezcan asesoramiento, lo que ocurría hasta el pasado enero de forma abrumadoramente mayoritaria), deberán incluir en su oferta de fondos un 25% de productos de otras gestoras en la misma categoría. Si prestan el servicio de asesoramiento no independiente. 2. Que también ofrezcan productos de terceros y no solo propios. 3. Que se comparen sus características y que la entidad realice un seguimiento de la idoneidad del producto para el cliente.

Bancos y brókeres deberán informar de las actividades accesorias que puedan desarrollar, la categoría de activos líquidos en los que invierten los saldos transitorios de clientes y las garantías recibidas de los mismos y el cálculo de los requisitos de capital por gastos fijos generales. Estas obligaciones hacen referencia al periodo correspondiente al 30 de abril de 2019, información que se puede presentar hasta el 20 de mayo de 2019.
(El País, 10-10-2018)

El Consejo de la UE acuerda reducir un 35% las emisiones de los coches
El Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los gobiernos de los 28 Estados Miembros, ha fijado esta noche una posición común en la propuesta legislativa para reducir en un 35% las emisiones de CO2 en turismos y en un 30% las de las furgonetas respecto a los respectivos niveles de 2021. Se trata de un acuerdo entre los ministros de Medio Ambiente alcanzado en Luxemburgo tras un enconado debate, pero no es el texto definitivo. Ahora los representantes del Consejo deben iniciar las negociaciones con los del Parlamento Europeo, que la semana pasada fijaron su propia posición común con una reducción del 40%.

El objetivo de ambas instituciones es consensuar la legislación antes de las elecciones europeas de finales de mayo. El primer encuentro entre Consejo y Eurocámara se celebrará este miércoles. La industria del automóvil está siguiendo muy de cerca este proceso legislativo. Los fabricantes de vehículos temen que unos objetivos demasiado ambiciosos hagan imposible una transición ordenada y las medidas acaben provocando pérdidas de puestos de trabajo. En el otro lado de la balanza está la necesidad de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París por el Clima, para combatir el cambio climático.

Los gobiernos alineados con la primera postura (Alemania, Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia) solicitaban una reducción del 30%. Los 19 que apostaban por la segunda, liderados por Francia, querían un 40%. A pesar de ser mayoría estos no sumaban el porcentaje de población necesario para imponer su posición.

España y su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se han situado en un punto intermedio, del 35%. Pero si el Gobierno se hubiera unido al grupo de los más ambiciosos, la propuesta del 40% habría salido adelante. En la decisión del Ejecutivo ha pesado el hecho de que España es el segundo mayor fabricante de automóviles de la UE y la industria representa un 10% del PIB. Aun así, en una nota de prensa publicada al término de la reunión, Ribera ha señalado que si bien el Gobierno ha apoyado el -35%, su intención es que durante la negociación con el Parlamento Europeo la cifra final quede entre el 35% y el 40%.

El acuerdo del Consejo de la UE incluye también unos objetivos intermedios del 15% en 2025, tanto para turismos como para furgonetas. Sin embargo, se ha acordado incluir una cláusula de revisión de todas esas metas en el año 2023. Fuentes diplomáticas advertían ayer que esas cláusulas de revisión pueden funcionar tanto al alza como a la baja.

El análisis de impacto de la legislación realizado por la Comisión Europea fijaba en 12.000 puestos de trabajo los que perdería la industria del automóvil si el objetivo de reducción de emisiones se fija en el 40%. Para el 30% la cifra se quedaba en 2.000 empleos menos. El escenario de 35% no aparece en el informe.

Sin embargo, el mismo documento anticipaba una creación neta de puestos de trabajo en otros sectores de la economía. Según el Ejecutivo comunitario, si las baterías de los coches eléctricos se importan de fuera de la UE una reducción de emisiones del 30% generará 46.000 empleos y una del 40%, 69.000. Si las baterías se fabrican en la UE, las respectivas cifras pasan a 69.000 y 92.000. De nuevo, la hipótesis -35% no se encuentra en ese análisis de impacto. Tampoco la posibilidad de que la demanda de baterías se cubra con una mezcla entre importaciones y fabricación interna.
(El País, 10-10-2018)

 
 
 
 
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