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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 12 AL 15 D’OCTUBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional
Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2018, sobre auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional.
(BOE, 15-10-2018)

Modificación del anexo III del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
Orden FOM/1051/2018, de 24 de septiembre, por la que se modifica el anexo III del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
(BOE, 15-10-2018)

Nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
(BOE, 15-10-2018)

Plazo de formalización para la prestación del servicio de disponibilidad de potencia de generación de energía eléctrica a partir del 1 de enero de 2019
Orden TEC/1049/2018, de 11 de octubre, por la que se modifica el plazo de formalización para la prestación del servicio de disponibilidad de potencia de generación de energía eléctrica a partir del 1 de enero de 2019.
(BOE, 13-10-2018)

Precios del producto e impuestos especiales aplicables a la hulla, fuel oil, diésel oil y gasoil a aplicar en la liquidación del primer semestre de 2018
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables a la hulla, fuel oil, diésel oil y gasoil a aplicar en la liquidación del primer semestre de 2018.
(BOE, 12-10-2018)

Euro
Resolución de 11 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de octubre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 12-10-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/index.php?d=249&s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/13/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/13/index.php?d=248&s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/12/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/12/index.php?d=247&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 12 AL 15 D’OCTUBRE DE 2018

Fiscal

El Gobierno aprueba hoy el borrador de los presupuestos de 2019
El Gobierno remitirá este lunes a la Comisión Europea el plan presupuestario de 2019 que incluirá buena parte de las medidas recogidas en el acuerdo presupuestario suscrito el viernes con Podemos, así como las cifras macroeconómicas y la previsión de ingresos y gastos derivada de las medidas fiscales previstas.

El envío del borrador presupuestario a Bruselas se producirá después de que el documento reciba el aval en una nueva reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, tras la que está previsto que comparezcan en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, junto a la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

En la rueda de prensa del pasado viernes, Montero detalló que se prevé una recaudación de 5.678 millones de euros con las medidas de la reforma fiscal y lucha contra el fraude acordada con Podemos para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, sin incluir los ingresos por cotizaciones, y un gasto de en torno a 2.082 millones de euros asociado sólo a la Administración General del Estado (AGE), sin incluir por tanto los gastos asociados a las comunidades autónomas, que manejan Educación o Sanidad, ni el gasto relativo a la Seguridad Social, en el que se incluye la revalorización de las pensiones.

No obstante, reconoció que las cifras totales referidas al acuerdo alcanzado con Podemos "se aproximarán" a las dadas por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que eleva el gasto a 5.729 millones de euros y los ingresos a 7.240 millones de euros.

Este lunes Calviño detallará las cifras macroeconómicas, que actualmente se sitúan, en el caso de las previsiones de crecimiento, en el 2,7% este año y en el 2,4% en 2019. La senda de déficit planteada por el Gobierno y rechazada por el Congreso plantea un déficit del 2,7% este año, cinco décimas más que la senda del Ejecutivo de Rajoy, un 1,8% para 2019 (cinco décimas más) y un 1,1% para 2020 (ocho décimas más).

Montero y el resto de miembros del Gobierno han criticado en reiteradas ocasiones el rechazo del PP y Cs a la nueva senda, que supone una relajación de 6.000 millones de los objetivos, acordada además con Bruselas, así como su oposición a la reforma 'exprés' planteada por el Gobierno para eliminar el veto del Senado a la senda de estabilidad presupuestaria. En todo caso, Montero apuntó que el techo de gasto no variará apenas de una senda a otra.

En todo caso, el Gobierno pidió apoyo al resto de formaciones para los PGE y dijo que "todas" las partes tendrán que renunciar a algo. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, hizo un llamamiento a los partidos catalanes para contar con su respaldo ya que se destinarán 2.200 millones a Cataluña.

Por su parte, el PDeCAT se abrió a negociar las nuevas cuentas, aunque considera que hay carencias en el pacto anunciado, al tiempo que ERC advirtió de que su partido no negociará si no hay antes "movimientos inmediatos" de Sánchez a favor de los presos soberanistas y la autodeterminación de Cataluña.

Entre tanto, desde el PNV describieron el acuerdo como "unas líneas generales" para Europa y creen que después empezará la verdadera negociación. Mientras, en el PP ven en el acuerdo "la semilla de la próxima crisis económica en España", con medidas que "llevan a más paro, más impuestos, más inflación y menos crecimiento".

Entre las principales medidas que recoge el acuerdo presupuestario suscrito entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se encuentra el aumento a 900 euros del Salario Mínimo, y el alza del 3% a pensiones mínimas y no contributivas (coste de 384 millones). El resto de las pensiones aumentarán un 1,6% (coste 704 millones), según el IPC previsto para el año que viene.

La recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, la reforma en 2019 del sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a sus ingresos reales o la derogación de los aspectos 'más lesivos' de la reforma laboral de 2012 son otros de los aspectos en materia laboral.

En materia de vivienda, recoge un incremento del 38% del presupuesto para vivienda con mayor protección para los inquilinos, la regulación por los ayuntamientos de los precios de los alquileres en zonas tensionadas, el aumento del plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años o el ya anunciado plan para construir 20.000 viviendas de alquiler.

También incluye una "profunda" reforma del bono social eléctrico y la creación de un bono general, que incluirá el bono gasista, con el fin de permitir que "cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía.

En materia impositiva, el tipo máximo del IRPF se elevará dos puntos para las rentas a partir de 130.000 euros en 2019 y aumentará cuatros puntos para los ingresos superiores a 300.000 euros. Actualmente, el tipo máximo del impuesto se sitúa en el 45% en el tramo estatal. Montero dijo que la subida afectará solo al 0,5% de contribuyentes; Gestha calcula que afectará a más de 121.500 personas y la recaudación será de 860 millones.

Igualmente, se establece una tributación mínima de un 15% sobre la base imponible positiva del Impuesto de Sociedades para grandes corporaciones y la disminución del tipo nominal del 25% al 23% para pequeñas empresas que facturen menos de un millón de euros.

En paralelo, se elevará la fiscalidad del ahorro, que se incrementará en cuatros puntos porcentuales para rentas superiores a los 140.000 euros, hasta el 27%; se aumentará el Impuesto sobre el Patrimonio un 1% a fortunas de más de 10 millones de euros y se bajará del 10% al 4% el tipo del IVA aplicado a los productos de higiene femenina, así como del 21% al 10% el que grava los servicios veterinarios. La equiparación del diésel con la gasolina se incluirá en la Ley de Cambio Climático o en los PGE.

Se creará un Impuesto sobre determinados servicios digitales, que gravará las empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, para gravar un 3% los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Otro impuesto que verá la luz es el de las Transacciones financieras que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

En lucha contra el fraude se añadirá a la lista de morosos de la Agencia Tributaria los responsables solidarios y se reducirá el importe de deuda para ser incluido en la lista a 600.000 euros, frente al importe de millón de euros actual. También se reducirá a 1.000 euros los pagos que empresarios y profesionales pueden realizar en efectivo y se prohibirán las amnistías fiscales.

En materia social se fijarán permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles y remunerados por ley. En 2019 el permiso de paternidad se ampliará a ocho semanas, con un coste de 300 millones de euros; se aumentarán las becas y ayudas al estudio, reducción de las tasas universitarias a niveles precrisis y se procederá a la universalización y gratuidad de la educación de 0 a 3 años permitiendo a los ayuntamientos con superávit invertir en escuelas infantiles.

Los PGE incluirán un incremento de la prestación por hijo a cargo hasta 473 euros anuales en los PGE con el objetivo de que casi 100.000 niños salgan de la pobreza severa; se invertirán 25 millones de euros en ayudas para comedor y se destinarán 515 millones de euros más para el Sistema de Dependencia, hasta los 1.800 millones. Verá la luz un nuevo plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, "estable e ininterrumpido" hasta 2020 y se aumentará el presupuesto para ciencia e I+D+i en un 6,7% en 2019.
(El País, 15-10-2018)

La subida fiscal de Sánchez afecta al 0,5% de los contribuyentes y al 1% de las empresas
El Gobierno de Sánchez pretendía obtener alrededor de 4.000 millones de euros por la subida del impuesto de sociedades a las grandes empresas, pero al final limita la subida a 1.800 millones. Y existen serias dudas de que se alcance esa cantidad. La subida del IRPF también ha quedado afeitada respecto a la intención original.

"Esta subida (la del IRPF para rentas altas) solo afectará al 0,5% de los contribuyentes españoles. O lo que es lo mismo, el 99,5% de los ciudadanos no pagarán más por el IRPF, y, sin embargo, verán mejorado el Estado de bienestar", explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros.

Según las estadísticas tributarias, hay alrededor de 100.000 contribuyentes de los que declaran ganar más de 130.000 euros en España, de los más de 19,6 millones de declaraciones totales (91.408 contribuyentes declaran más de 150.000 euros). Es decir, el 0,5%.

"Con esta reforma estamos pidiendo a las grandes rentas que aporten un poco más", agregó. La ministra de Hacienda más política de las últimas décadas recurrió a un ejemplo para ilustrar el alcance de la medida: "Un contribuyente que gane 200.000 euros pagará unos 1.100 euros más al año por el IRPF".

La subida del IRPF para rentas altas consiste en un incremento de dos puntos en la escala de gravamen a partir de los 130.000 euros, y cuatro puntos a partir del tramo de renta que exceda de los 300.000 euros. Esto situaría en el 47%, con carácter general el tipo máximo para las rentas superiores a 130.000 euros, y de 49% para los que superen los 300.000. Si las comunidades autónomas replican la subida del Gobierno estos gravámenes podrían alcanzar el 49% y el 51% respectivamente. Aun así, los tipos del IRPF serían inferiores a los que estuvieron vigentes entre 2012 y 2015 cuando en lo peor de la crisis el Gobierno aprobó un gravamen complementario que elevó el IRPF al mayor nivel desde los ochenta.

En la propuesta original del PSOE, que estuvo circulando hasta hace pocas semanas, se preveía un gravamen adicional de cuatro puntos en el IRPF para las rentas superiores a 140.000 euros. Pero el pacto suavizó el impacto de la subida dividiéndola en dos tramos.

Montero detalló el jueves otras de las subidas tributarias incluidas en el acuerdo con Podemos. Cifró en 5.678 millones de euros los ingresos adicionales por estas medidas fiscales. Aunque empiezan a arreciar las voces que dudan que se pueda conseguir esa cifra de recaudación. Y apuntan al déficit ante la dificultad de financiar el aumento de gasto con las medidas propuestas.

El tipo máximo aplicable a las rentas de capital del IRPF, que gravan los rendimientos de los depósitos bancarios, dividendos y otros ingresos financieros, subirá hasta el 27%. “Esta medida solo afecta al 0,1% de los contribuyentes. No hay, por tanto, subida de impuestos para la clase media y trabajadora", remarcó Montero.

Respecto al impuesto de sociedades, la ministra subrayó: "Pedimos a las grandes empresas una mayor contribución a la sociedad". Y sumó: "El Gobierno no subirá los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Todo lo contrario". En realidad, el acuerdo suscrito entre los dos partidos políticos de izquierda fija un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible positiva en el impuesto sobre sociedades. La medida se aplicará para las empresas que consoliden en grupo o las que facturen más de 20 millones de euros. El tipo medio efectivo para estas empresas ya está en el 19%.

En España hay 1.485.102 empresas que liquidan el impuesto de sociedades. Unas 15.000 declaran más de 20 millones de euros. Es decir, que la subida fiscal a las empresas solo afecta al 1% de las compañías.
(Cinco Días, 13-10-2018)

El FMI pide a Sánchez cautela con el alza del SMI y rigor fiscal
Tan solo un día después que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Unidos Podemos anunciaran una subida histórica del salario mínimo como parte del pacto para intentar sacar adelante los presupuestos de 2019, el FMI recomendó este viernes al Gobierno ser “cuidadoso” a la hora de llevar a cabo incrementos salariales, y lamentó que no se haya aprovechado lo suficiente el ciclo expansivo de la economía para ajustar las cuentas.

En plena asamblea anual en Bali (Indonesia), el director del Departamento de Europa del FMI, Poul Thomsen aconsejó al Ejecutivo “ser cuidadoso con los salarios mínimos”, ya que estos pueden desincentivar la contratación y “excluir a la gente del mercado laboral”. Este jueves, el Gobierno y la formación liderada por Pablo Iglesias pactaron la mayor subida del salario mínimo de la democracia, un 22,3% en un año, pasando de los 735,9 euros actuales a los 900 en 14 pagas en 2019. No obstante, Thomsen reconoció que era una medida con “justificación por cuestiones sociales” y llamó a encontrar un equilibrio entre ambas cuestiones.

El responsable del FMI para Europa también criticó que España no hubiera tomado las suficientes medidas de ajuste estructural aprovechando la buena coyuntura económica: “Desafortunadamente, desde 2015, el crecimiento ha sido superior al esperado y el paro ha caído de manera sostenida, pero España no ha reconstruido su espacio fiscal”. El mismo día en el que S&P rebajó una décima su previsión de PIB de España este año –al 2,7%–, el FMI insistió en la necesidad de llevar a cabo políticas fiscales contracíclicas, es decir, aprovechar los periodos económicos expansivos para contraer el gasto. Justo lo contrario de la intención del Ejecutivo, a cuya previsión de déficit del 2,7% del PIB para este año se añade un pacto presupuestario que elevará el gasto público en más de 5.000 millones. El FMI, de hecho, ya anunció a principios de la semana, que no preveía que el déficit español bajara del 2,3% en cinco años, lejos de las estimaciones hechas por el anterior Gobierno y el actual.

Las proyecciones económicas del organismo de inicios de la semana también fueron un toque de atención a las políticas proteccionistas de Estados Unidos: rebajó una décima su previsión de crecimiento para el país hasta el 2,5% en 2019, y dos décimas el PIB mundial, hasta el 3,7%, por la escalada de la guerra comercial. Una advertencia a la que EE UU ha hecho oídos sordos. Este mismo viernes, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, insistió ante la asamblea del FMI que su país continuará “sus esfuerzos para enfrentarse a las prácticas comerciales restrictivas en todo el mundo que impiden el crecimiento más fuerte y equilibrado en EE UU y a nivel global”. Mnuchin alentó a otros países a “examinar sus políticas y dar pasos para ayudar a reequilibrar las relaciones comerciales globales”. Volvió a insistir en que el objetivo de su Administración es “alcanzar un comercio más libre, justo y recíproco y asegurar un campo de juego más equilibrado para las empresas estadounidenses” con “todos nuestros socios, incluida China”, puntualizó.

Tras las palabras del responsable del Tesoro, el G20, que también se reúne esta semana junto al FMI en Bali, llamó al diálogo y urgió a EE UU y a China a solucionar sus enfrentamientos comerciales con rapidez, ya que estos están minando la confianza de los mercados y elevando la volatilidad. “El comercio internacional es un importante motor de crecimiento, y necesitamos resolver las tensiones que están afectando de manera negativa a la confianza de los mercados y aumentado la volatilidad financiera”, afirmó Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de Argentina, país que ocupa la presidencia del G20. La escalada de las tensiones comerciales entre ambas potencias está centrando las cumbres de ambos foros, que se prolongarán hasta este domingo.
(Expansión, 12-10-2018)

El Gobierno calcula ingresar 5.678 millones de euros más por las subidas fiscales
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló este jueves que el plan presupuestario calcula unos ingresos adicionales de 5.678 millones de euros debido a las nuevas medidas del Presupuesto de 2019. Este programa se enviará el próximo lunes a Bruselas. La ministra portavoz, Isabel Celaá, aseguró que el acuerdo presupuestario entre el Ejecutivo y Unidos Podemos "es el principio del trabajo", pero que "hay que seguir sumando".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá felicitó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "por llevar la parte más importante de la negociación". Y señaló: "Estamos juntos la segunda y tercera fuerza, pero hay que seguir sumando". La titular de Educación declaró que el Gobierno "ha llegado a un acuerdo con Unidos Podemos, que permite elaborar un plan presupuestario que incide en la agenda del cambio".

Montero aseguró que este documento "cumple con el compromiso con ciudadanos y con los socios europeos y consolidación fiscal". Según señaló, permite enviar el próximo lunes, día 15, el plan presupuestario a Bruselas. La ministra de Hacienda puso de relieve la agenda social de estas cuentas. Aseguró que "buscan dignificar a nuestros mayores", "protegen a los más vulnerables" y que están diseñados "en defensa de la igualdad". En cuanto al incremento del salario mínimo (del 22%), hasta los 900 euros, Montero habló de una "subida histórica" y señaló que "afecta a miles trabajadores y, sobre todo, a miles de mujeres". Montero calculó que la dotación para vivienda asciende a 630 millones, una subida del 20%.

Sobre la eliminación del copago, la ministra aseguró que "beneficiará a cinco millones de pensionistas y a 1,8 personas con rentas bajas". Según afirmó, las cuentas "suponen un punto de inflexión que marque la senda por la que queremos transitar, pero siendo conscientes que no se puede revertir a la sociedad todo el daño que se ha hecho en los últimos 7 años". E insistió en que estas medidas "buscan que la recuperación llegue a los colectivos, a las familias. Algo que es absolutamente compatible con el cumplimiento de las obligaciones comunitarias y la senda de ajuste fiscal. Son posibles por la recuperación económica y también por la nueva fiscalidad del siglo XXI.

En cuanto a los cambios en los impuestos, la ministra aseguró que "la subida del IRPF sólo afecta al 0,5% del total de contribuyentes españoles". "Seguiremos trabajando para que los Presupuestos cuenten con el respaldo de la mayoría de los grupos de la cámara", concluyó Montero, que indicó que PP y Ciudadanos "se han autoexcluido". "Confiamos en que, salvo las que se han autoexcluido, podamos establecer el diálogo con el resto", añadió.

Celaá pidió al presidente catalán, Quim Torra, y al Govern de la Generalitat que se desbloquee la vida política en Cataluña y que los partidos catalanes "apoyen" el acuerdo presupuestario alcanzado con Podemos, porque será "muy beneficioso" para la sociedad catalana. Tras ser preguntada por ello, Montero indicó que el programa presupuestario incluye unos ingresos adicionales, por estas medidas, de 5.678 millones de euros. Mientras que calcula un gasto adicional de 2.082 millones.

El próximo lunes el Gobierno celebrará un Consejo de Ministro extraordinario para trasladar los datos macroeconómicos y el plan presupuestario que se envía a Bruselas. "Se celebra una reunión extraordinaria para mostrar el aval del Gobierno con el compromiso con Bruselas", indicó Montero. La ministra precisó que el lunes se darán a conocer las estimaciones de ingresos totales y de gasto, pero que los acuerdos cerrados este jueves no suponen una modificación sustancial del techo de gasto ya aprobado.
(El Mundo, 12-10-2018)

Laboral

La contratación empieza a flojear en las agencias de trabajo temporal
Parón en la contratación. Las empresas de trabajo temporal (ETT), que siempre actúan como un indicador adelantado de la evolución del mercado laboral, están detectando un estancamiento en los contratos desde el pasado mes de agosto. “Hasta julio teníamos crecimientos importantes, por encima del 12%, pero en agosto ha habido un frenazo, que se ha sostenido en septiembre y en lo que llevamos de octubre”, asegura Manuel Solís, director general de ManpowerGroup.

El presidente de Asempleo, patronal de las empresas de trabajo temporal y las agencias de empleo, Andreu Cruañas, lo constata: “Han empeorado las perspectivas sin ninguna duda. Esperamos caídas en la contratación en el tercer trimestre”.

El descenso de los contratos, indica Santiago Soler, secretario general de Adecco, es del 4%. “Se ha notado en verano y se sigue notando ahora, pues hay contrataciones recurrentes que no se están haciendo”, asegura. De momento, según el directivo de Adecco, la caída no es preocupante. Pero, si continúa, sí lo será porque a lo largo de este mes de octubre es cuando empiezan los trabajos preparatorios para la campaña de Navidad, durante la cual las altas en la Seguridad Social suben entre el 15% y el 25% sobre un mes normal.

Y es que las previsiones económicas se están revisando a la baja. Ha sido un verano en el que el turismo no ha tenido un crecimiento exponencial como venía siendo habitual en los últimos siete años, explica David Díaz, socio responsable del área laboral del bufete Baker & Mckenzie. “Ha cambiado el escenario en España. Se espera menor crecimiento económico y el marco político actual genera incertidumbre en las empresas. No estamos acostumbrados a mandatos cortos, de un año o año y medio”, agrega. A esas variables se suman además las tensiones comerciales internacionales, que están impactando negativamente y no solo al sector exportador.

Las empresas se han vuelto conservadoras en el reclutamiento de personal porque se percibe “calma chicha” en el crecimiento de sus negocios, apoya Francisco Puertas, director del área de Talento de la consultora Accenture. “Es una cuestión de confianza”, sostiene Cruañas. El turismo se ha comportado peor de lo esperado y el consumo de las familias ha caído. Los grandes motores de la contratación hasta este verano habían sido el comercio, el turismo y la distribución logística. Ahora todos ellos se están ralentizando, prosigue. Igual que está ocurriendo con la construcción.
(Expansión, 12-10-2018)

El Gobierno abonará una paga a los pensionistas en el primer trimestre de 2019 por la mayor subida del IPC
El acuerdo presupuestario alcanzado por el Gobierno y Podemos incluye una medida por la que, en el primer trimestre del próximo año, los pensionistas recibirán una paga adicional por el mayor incremento del IPC. La subida pactada por el anterior Ejecutivo con el PNV contempla un incremento de las pensiones del 1,6%, pero la previsión oficial actualizada es que la inflación cierre el año en el 1,9%.

Existe, por lo tanto, una diferencia del 0,3% que produciría una pérdida de poder adquisitivo para pensionistas y jubilados. Sin embargo, tanto el Ejecutivo de Sánchez como la formación de Pablo Iglesias siempre han mostrado su compromiso para que las personas que reciben una prestación no pierdan capacidad de compra, y así está recogido en el acuerdo presupuestario. "En caso de que la inflación en diciembre de 2018 supere el 1,6% de revalorización inicial previsto en la Ley de Presupuestos de este año, los pensionistas recibirán una paga para compensar esa desviación", explica el documento, que además estima que el impacto presupuestario de esta medida en 2019 será de 704 millones de euros.

Cada décima de desviación sobre el objetivo del 1,6%, supone un coste algo superior a los 100 millones de euros, con lo que una desviación de tres décimas implicará un coste de más de 300 millones de euros, a los que hay que sumar una cantidad similar para su consolidación en nómina. El documento presupuestario también señala que "en 2019 las pensiones se revalorizarán inicialmente conforme a la previsión de IPC, con la misma garantía de paga compensatoria en caso de desviación a final de año.

Y en el marco de la reforma integral del propio sistema, se incorporará a la normativa de la Seguridad Social la revalorización de las pensiones conforme al IPC real". Por otra parte, las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% "dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los perceptores de las mismas". Esta decisión tendrá un coste en 2019 de 384 millones de euros, según los cálculos del Gobierno.
(El País, 12-10-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Los ayuntamientos duplican el plazo legal de pago de la Administración
Aunque la Ley de Morosidad establece que los entes públicos tienen un máximo de 30 días para abonar las facturas emitidas por sus proveedores, la realidad es que solo los organismos dependientes de la Seguridad Social suelen cumplir. Ni la Administración central ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos se mueven, de media, dentro de los plazos exigidos. Sin embargo, en función de cada entidad el cobro puede ser cuestión de horas o de años.

En el caso de la Administración central, el pago se produce de media al borde de los 50 días. Los datos de agosto, recientemente publicados por la Agencia Tributaria, indican que los organismos dependientes del Estado habían abonado 718 millones, pero adeudaban otros 650 millones más. Lideran el ranking de morosos las confederaciones hidrográficas del Segura, con el récord absoluto de 724,3 días de periodo medio de pago, y la del Guadalquivir, que le sigue de cerca con 674,9 días. Resulta llamativo que el tercer puesto sea para el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Atapuerca (Cenieh), que se toma 281 días para pagar sus facturas.

Por el contrario, existen corporaciones de la Administración central sin pagos pendientes, como la Agencia Española de Protección de Datos, o con periodos de abono inferiores a una jornada, como es el caso de la compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (en liquidación) o la sociedad pública Cofivacasa, dependiente de la SEPI, que se centra en la liquidación ordenada de activos, como la de Izar Construcciones Navales. Otras, como Casa de América, apenas tardan un día y medio.

Sin embargo, las Administraciones que lideran el ranking de morosidad pública son las corporaciones locales, con una demora de más de 63 días de media. El Ayuntamiento de Jaén tarda 587 días en pagar; el de Telde (Las Palmas), 535 días, y el de Algeciras (Cádiz) roza el año. Destacan en este capítulo, por su celeridad, la Diputación Provincial de Cuenca, la de Toledo y el Ayuntamiento de Coslada, que pagan en menos de una semana.

Del lado de las comunidades autónomas, con un periodo medio de pago de 33 días, hay enormes diferencias por regiones. Mientras que Extremadura tarda 54 días, la Comunidad Valenciana 48 y Cantabria casi 47, Galicia paga en apenas 13 días, Andalucía en 18 y el País Vasco en 20.

Tan solo cumple los plazos oficiales la Seguridad Social, que paga a proveedores en menos de 25 días. De media, eso sí, pues hay organismos dependientes de esta institución que llegan a multiplicar por cuatro esta marca. Es el caso del Fondo de Garantía Salarial, el Fogasa, que abona los salarios pendientes de los trabajadores ante la insolvencia del empleador.
(Cinco Días, 14-10-2018)

El 'ecommerce' contiene su crecimiento en España este 2018
El porcentaje de internautas que compran online, así como la frecuencia y el gasto medio por adquisición cibernética se mantienen estables respecto a los dos últimos años. El inconmensurable escaparate que se abre ante nosotros gracias a Internet ha facilitado más que nunca el "busque, compare y, si encuentra algo mejor, cómprelo". Se acabó el recorrer tienda tras tienda para cotejar precios: si así lo deseamos, podemos completar con éxito esa misión y aprovecharnos de la oferta más ventajosa desde cualquier lugar en el que dispongamos de conexión a la Red.

En nuestro país, un 71% de los internautas entre 16 y 65 años, es decir, un total de 19,4 millones de españoles, no ha podido resistirse a hacer clic sobre el botón "comprar" este año, según el 'Estudio Anual de eCommerce 2018 elaborado' por IAB Spain en colaboración con la agencia de marketing Elogia. Sin embargo, y aunque se trata de un porcentaje más que significativo, es ligeramente menor a los registrados en los dos ejercicios anteriores (73% en ambos casos).

Los que tienen menos reparos a la hora de llenar y validar su 'carrito' son, en su mayoría, mujeres (51%, frente al 49% de hombres). El segmento de edad que más se decanta por el comercio electrónico es el que comprende a los usuarios de entre 31 y 45 años (39%). Además, un 83% de estos consumidores es activo en redes sociales, un 75% trabaja, un 59% tiene hijos y un 58%, estudios universitarios.

Por otra parte, el gasto medio por adquisición cibernética ascendió hasta los 77 euros y la frecuencia se situó en las 3 veces mensuales (datos estables, señalan desde IAB, respecto a los últimos informes). Un 60% de los encuestados confesó que espera la llegada de eventos señalados -como el Black Friday o el Cyber Monday- o anda a la caza de cupones de descuento para materializar sus listas de la compra virtuales. Precisamente, la posibilidad de beneficiarse de suculentas rebajas (94%) junto con la comodidad (97%) y los precios (94%) fueron los principales atractivos que conquistaron a los que cayeron en la tentación.

El dispositivo favorito para comprar online sigue siendo el ordenador (87%) y sólo un 45% (un 8% más que en 2017) delega esta tarea en sus smartphones. Sus detractores alegan que no les inspira la misma confianza que un PC y que les resulta más práctico acudir a este último para apreciar con mayor detalle las características aquello en lo que están interesados. Apenas un 17% opta por un tablet y un 6% se decanta por una smart TV o consola para llevar a cabo estas transacciones.
(Expansión, 14-10-218)

El BCE asegura que la UE puede establecer su propia política monetaria sin depender de EEUU
El Banco Central Europeo (BCE) puede establecer su propia política monetaria sin necesidad de depender de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, según ha declarado François Villeroy de Galhau, gobernador del Banco De Francia y miembro del Consejo de Gobierno del organismo.

"El conocido informe de Helene Rey de 2013 aseguraba que los tipos de cambio flotantes no son suficientes para dotar de independencia a cualquier país de la política monetaria de Estados Unidos", ha comenzado explicado Villeroy. "No obstante, yo estoy en contra de ese argumento. Creo que la zona euro puede determinar su propio curso", ha concluido.

"Deberíamos mantener nuestras opciones abiertas en los próximos años", ha declarado durante una rueda de prensa en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional, que tiene lugar este domingo en la ciudad indonesia de Nusa Dua.
(El País, 14-10-2018)

Sector

Una empresa, obligada por el Supremo a repartir la cesta navideña
El Tribunal Supremo ha obligado a una empresa a repartir entre sus trabajadores la cesta de Navidad que en 2016 sustituyó por un cóctel, al considerar que cuando una "permanencia continuada en el tiempo" del disfrute de este obsequio, la empresa no puede decidir unilateralmente suprimirla.

Así lo ha establecido la Sala de lo Social del alto tribunal en una sentencia en la que analiza el conflicto colectivo de una empresa que fue demanda por las organizaciones sindicales cuando ésta decidió de forma unilateral dejar de repartir la cesta de Navidad que llevaban haciendo casi 10 años y sustituida por un cóctel.

Según consta la sentencia, con fecha del pasado 12 de julio, desde el año 2007 la empresa demandada ha venido entregando a los trabajadores una cesta de Navidad durante "los primeros días de diciembre de cada año", cuyo importe ha ido incrementándose cada vez más, salvo el año anterior a suprimirla, que su coste disminuyó a cuatro euros para regalar un panettone. Según consta como hechos probados, fue en 2016 cuando se comunicó que únicamente "realizaría un pequeño cóctel" para los directivos y empleados que lo deseen.

La empresa sostiene en su recurso que la decisión de que los empleados tengan este beneficio obedece a una "pura y simple liberalidad". Si bien el Supremo, que indica que hay que estudiar las circunstancias concretas de cada caso, no lo entiende, así pues, según dice en su resolución, la "suma muy importante", el "esfuerzo logístico y organizativo que comporta el encargo y distribución" de las mismas durante casi 10 años no es algo "puntual".

Es más, los magistrados apuntan que el hecho de la reducción de la cuantía de la cesta se enmarca en la "grave crisis que ha afectado a todos los sectores económicos a nivel nacional" y que la empresa ofreciese este ágape, cuando nunca antes lo había hecho, supone "en cierto modo" asumir "la necesidad de sustituir una cosa por la otra, en lo que implícitamente pudiere suponer un reconocimiento de la existencia de una determinada obligación".

Por ello, la Sala considera que cuando esta cesta se ha entregado durante tanto tiempo no se puede calificar esta actuación empresarial como una mera liberalidad, sino como "condición más beneficiosa", lo que implica que para su supresión es necesario alcanzar un acuerdo con la representación de los trabajadores o tramitar una modificación sustancial de condiciones de trabajo conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto del Trabajador.

"La condición más beneficiosa, la mejor forma de demostrar su existencia es la permanencia continuada en el tiempo del disfrute de esa condición por parte del trabajador o los trabajadores que la tengan reconocida", explica la sentencia, que desestima el recurso de la empresa y confirma la sentencia dictada en marzo de 2017 que declaró el "derecho de los trabajadores afectados por el conflicto a que se les entregue la cesta de Navidad de 2016".
(El Mundo, 14-10-2018)

 
 
 
 
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