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NOVETATS LEGISLATIVES  BOE  DEL 16 D'OCTUBRE DE 2018

 Mercantil, Civil y Administrativo

Euro
Resolución de 15 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 15 de octubre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 16-10-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/16/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/16/index.php?d=250&s=3

 RECULL PREMSA DEL 16 D'OCTUBRE DE  2018

 Fiscal

España se encamina hacia la mayor recaudación fiscal de su historia
La recaudación de impuestos crece en España al mayor ritmo desde la burbuja inmobiliaria, un 7,8%. La recuperación económica, que suma cinco años, impulsa los ingresos públicos al mayor nivel de su historia. Las Administraciones Públicas manejan ya más dinero que nunca, según las estadísticas de la Agencia Tributaria. Ni siquiera en el punto álgido del boom inmobiliario se cosecharon tantos recursos por impuestos. La aportación del IRPF y del IVA está en máximos. Y eso que aún hay casi 1,4 millones menos de trabajadores que antes de la crisis y que las empresas pagan mucho menos.

España está a un paso de cerrar el año con una recaudación récord. La cifra final no quedará muy lejos de los 210.000 millones de euros que el anterior Ejecutivo dibujó en los Presupuestos para este año, según el termómetro de la Agencia Tributaria hasta agosto. Superará así la marca de los 200.676 millones registrada en 2007, en plena burbuja inmobiliaria. En aquella época, la Gran Recesión solo era un fantasma y el país vivía con despreocupación, ajeno a la fenomenal crisis que estaba a punto de estallar, un crac financiero que dejó las paredes de las arcas públicas desconchadas y un país hecho jirones.

Una década después, los caudales públicos vuelven a brillar como nunca. Existen dos hechos significativos que explican la crecida en los ingresos públicos, junto a los cinco años de recuperación económica, tres de los cuales España ha crecido por encima del 3%. Por un lado, está la buena cosecha del IRPF, el primer impuesto en importancia en España. Este tributo encadena tres años en máximos, a pesar de que en España aún faltan casi 1,4 millones de trabajadores respecto a la época del boom inmobiliario. ¿Cómo es posible recaudar más con menos trabajadores? La explicación a esta anomalía reside en que, a pesar de que el conjunto de las rentas salariales aún está algo por debajo de los años de vino y rosas, las rentas por pensiones son un 51% mayores que en 2007. Es decir, en España hay casi un millón más de jubilados que hace una década y cobran, de media, más que entonces. Los jubilados que se incorporan ahora al sistema perciben una pensión más generosa y tributan más.

Para ilustrar este fenómeno basta un dato: las rentas de pensiones ascendían en 2007 a 88.803 millones de euros; una década después alcanzaron los 134.086 millones, según la estadística oficial de Hacienda. Y estas prestaciones por jubilación pagan impuestos.

Además, aunque hay menos trabajadores que antes de la recesión, el sistema de protección por desempleo sirve de colchón para mantener las rentas y arrastra a la recaudación del IRPF. Y, por último, los sueldos están empezando a repuntar. “La causa principal del crecimiento de los ingresos en 2018 continúa siendo el IRPF, gracias a las retenciones del trabajo. Al crecimiento de estos ingresos debido al aumento del empleo, la recuperación del salario medio y del tipo medio efectivo que se observa desde comienzos de año, se añadió desde el mes pasado el buen resultado de la declaración anual y desde agosto el impulso derivado del aumento de salarios públicos y pensiones tras la aprobación de los Presupuestos de este año”, señala el último informe mensual de la Agencia Tributaria.

La otra causa que explica el gran momento que vive la recaudación está en la aportación del IVA. Las subidas de tipos aprobadas en 2010 por el Gobierno de Zapatero y posteriormente en 2012 por el Ejecutivo de Rajoy elevaron el tipo general al 21% y dispararon los ingresos del principal impuesto indirecto a pesar de la caída del consumo, que aún no ha recuperado los niveles precrisis. La aportación de este tributo ascendió el año pasado a 63.647 millones, casi un 15% más que en 2007, el año en el que hasta ahora más dinero lograron las Administraciones públicas por impuestos.

Durante los ocho primeros meses del año, este tributo sobre el consumo registra un crecimiento del 11,5% con respecto al mismo periodo del año precedente. Esta evolución, no obstante, está afectada por la entrada en funcionamiento del Sistema Inmediato de Información (SII), un instrumento informático que obliga a las grandes y medianas empresas a presentar sus declaraciones de IVA ante Hacienda de forma inmediata y que desplazó contablemente ingresos del año pasado a este. Aun así, la evolución del impuesto está siendo muy positiva.

Hasta ahora, la fertilidad de estos dos impuestos no era suficiente para paliar la merma que la crisis provocó en el impuesto de sociedades. La figura que grava los beneficios empresariales es la única que aún no ha recuperado los niveles precrisis. Recauda la mitad que entonces. Existen varios motivos que lo explican: las empresas guardan en sus balances su hoja de secuelas de la crisis, que usan para reducir su factura fiscal, los denominados créditos fiscales. Además, hace 10 años inmobiliarias y bancos aportaban mucho más al sistema, porque registraban beneficios récord. Hoy, las constructoras aún están curando las heridas de sus excesos y los bancos tienen dificultades para lograr rentabilidades con los tipos de interés por los suelos.
(Cinco Días, 16-10-2018)

El Gobierno rebaja una décima el crecimiento en 2018 hasta el 2,6%
El Gobierno de Pedro Sánchez ha rebajado una décima su previsión de crecimiento económico para 2018 y para 2019, hasta el 2,6% y 2,3%, respectivamente, según el cuadro macroeconómico incluido en el borrador del proyecto presupuestario que el Ejecutivo enviará hoy a Bruselas tras su aprobación en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Sin embargo, el Ejecutivo está convencido de que pese a esa desaceleración hay margen suficiente con las subidas de impuestos que ha pactado con Unidos Podemos para poner en marcha en 2019 el aumento de gasto acordado con esta formación.

En la comparecencia en una rueda de prensa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la titular de Economía, Nadia Calviño, para explicar el boceto de las cuentas, se trasladó un optimismo muy evidente. Ambas insistieron en que se puede cumplir a la vez con los ciudadanos y con las demandas de Bruselas, que exige reducir el déficit estructural. "Que quede claro, le damos a Bruselas la reducción del déficit estructural que nos pide", dijo Montero.

El Gobierno es muy optimista sobre la aprobación de estos Presupuestos, que después del pacto con Podemos dependerá sobre todo de ERC y PDeCAT. El Ejecutivo explicó que estas cuentas "son valientes y cambian el paso" y dejan atrás la austeridad, por lo que confía en que se impongan por su propio peso y presionen a los catalanes para dejar de condicionar su apoyo a la posición de la fiscalía en el juicio del proceso. "El estado de derecho se basa en la división de poderes y las autoridades catalanas lo saben", explicó la portavoz, Isabel Celaá, que insistió en trasladar optimismo.

"Llevamos años escuchando que la crisis había pasado, ha llegado el momento de que los españoles lo noten", sentenció Montero al explicar unas cuentas que suponen un aumento de gasto de 5.000 millones. El Gobierno envía a Bruselas un plan presupuestario basado en un déficit del 1,8% para 2019, que era lo negociado con la Comisión, pero Montero admite que, si no se desbloquea la ley de estabilidad presupuestaria antes de la presentación de los Presupuestos, el Gobierno aplicará la senda de déficit marcada por el PP, más restrictiva sobre todo para comunidades autónomas y ayuntamientos

La moderación de la previsión del PIB que marca el Gobierno llega por el ajuste del sector exterior, que restará una décima al crecimiento previsto para este año y no aportará nada al de 2019 —frente a las dos décimas que sumaba cada año según sus anteriores previsiones—. Esto es consecuencia de las peores perspectivas de las exportaciones, que moderará su crecimiento este año 1,5 puntos, hasta el 3,2%, y el que viene 1,1 puntos, hasta el 3,4%, según las previsiones del Gobierno. "Tenemos que seguir de forma muy atenta los mercados internacionales. Todo tipo de desarrollos que puedan suponer un riesgo a la baja en el crecimiento. Parte de estas amenazas ya las hemos incorporado como hechos para que nuestras previsiones sean lo más prudentes posibles", ha dicho Calviño.

España debe enviar este lunes el borrador de los Presupuestos de 2019 a Bruselas, ya que esta noche termina el plazo para que los países de la UE envíen sus cuentas de 2019 a la Comisión Europea. El brazo ejecutivo de la UE vigilará el ajuste estructural que debe hacer España. Fuentes comunitarias habían advertido de que la línea roja pasa porque las cuentas, pactadas con Podemos, tuviesen una cierta reducción del déficit estructural, que el Ejecutivo ha anunciado que será del 0,4% del PIB este año.

Las importaciones, según el borrador del Ejecutivo, también se contraerán, seis décimas este año hasta crecer el 4%, y cuatro décimas el que viene, hasta el 3,8%. Las proyecciones del Gobierno respecto a la demanda nacional mejoran, con una aportación al PIB que se elevará dos décimas en 2018 y una décima en 2019. La previsión del Gobierno contempla una moderación del gasto en consumo de dos décimas este año y una el que viene, mientras que la inversión aumentará 1,1 puntos más de lo anteriormente calculado en 2018 y cuatro décimas más en 2019.

Con estas cifras, la tasa de paro se mantiene en línea con las anteriores previsiones del Gobierno, en el 15,5% de la población activa en 2018 y en el 13,8% en 2019. El deflactor implícito del PIB (inflación) se situará en el 1,3% en 2018 (dos décimas menos de lo anteriormente previsto) y en el 1,8% en 2019 (una décima más). Según ha explicado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, las previsiones de deuda respecto al cierre de 2017, cuando se situó en el 98,3 %del PIB, se situará en el 95,5% a finales de 2019.
(Expansión, 16-10-2018)

Hachazo fiscal de 3.800 millones de euros a las empresas
Las empresas serán las principales afectadas por el hachazo fiscal que prepara el Gobierno para 2019. Según concretó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el Plan Presupuestario que el Ejecutivo remitió anoche a Bruselas, de los 5.678 de euros en subidas de impuestos que se proyectan, casi 4.000 millones, 3.826 en concreto, el 67%, recaen sobre las empresas. Se trata del tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades y la exención de dividendos del extranjero, que supondrán 1.776 millones; del impuesto sobre las tecnológicas, que prevé reunir 1.200 millones, y de la tasa a las transacciones financieras, que recaudará 850 millones.

Las medidas con más impacto son las que atañen al Impuesto sobre Sociedades, si bien el montante corresponde al golpe a los dividendos del extranjero, que se gravarán un 5%. Imponer un tipo mínimo del 15% sobre base imponible para grupos y no grupos con una cifra de negocio de más de 20 millones no afectará a ninguna empresa, o si lo hace, serán contados los casos. Un tipo mínimo del 18% sobre base imponible para la banca y las petroleras sí que impactará en algunas.

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras gravará un 0,2% las compras de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Sólo se someterán a tributación las acciones emitidas en España de empresas cotizadas con capitalización superior a 1.000 millones con independencia de la residencia de los participantes. Quedan exentas la deuda pública y privada y los derivados. El impuesto se devengará, en adquisiciones en un centro de negociación, en el momento en que se efectúe su liquidación, o si son al margen, cuando se produzca la anotación registral. Los sujetos pasivos podrán realizar el pago del impuesto anual a través de un depositario central.

En cuanto a la tasa a las tecnológicas, se gravará un 3% la publicidad, venta de datos e intermediación digital de empresas con una facturación global de 750 millones, de tres millones en España. El período de liquidación coincidirá con el trimestre. Se prevé un régimen sancionador para evitar el falseamiento u ocultación de la dirección de IP u otros instrumentos de geolocalización o prueba del lugar de las prestaciones de servicios digitales. El Gobierno prevé recaudar 1.200 millones, cuando Montoro estimaba 600 con un tipo más alto.

Por otra parte, Montero anunció que el Gobierno rebajará el IVA del libro electrónico y de la prensa digital, ahora en el 21%, tras el reciente aval de Bruselas a esta reducción. El Gobierno elevará la presión fiscal en España en seis décimas el próximo año con la subida de impuestos, pasando del 34,93% al 35,54%. Los ingresos totales que prevén los Presupuestos son de 11.724 millones si se suman 6.143 millones del ciclo económico y 1.500 de tasas.

De los 5.678 millones de impacto global de las medidas fiscales acordadas entre el Gobierno y Podemos, 4.489 millones tendrán efecto en los Presupuestos. El Plan Presupuestario se ha realizado con una senda de estabilidad sin aprobar, la del 1,8% que negoció la ministra de Economía, Nadia Calviño, y que el Congreso tumbó en julio. Los socios del Gobierno que dejaron caer la senda ahora apoyan al Ejecutivo y tramitan la reforma de la Ley de Estabilidad para quitarle el veto al Senado y poder así validar estos objetivos.
(Expansión, 16-10-2018)

La AIReF avala las previsiones del Gobierno
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado las previsiones recogidas en la actualización del cuadro macroeconómico del Gobierno y ha considerado factible la cuantificación del impacto de las medidas de ingresos y gastos recogidas en el borrador de plan presupuestario. La AIReF ha publicado su informe sobre las previsiones macroeconómicas del proyecto del plan presupuestario 2019, después de que el Gobierno haya informado sobre el borrador de plan que remitirá a Bruselas.

La Autoridad considera que el escenario macroeconómico, que prevé un crecimiento económico del 2,6 % este año y el 2,3 % el próximo, es prudente y se asienta en hipótesis factibles, como la revisión a la baja del comercio mundial o las expectativas de precio del petróleo. También la composición del crecimiento es "verosímil", con una evolución del consumo privado, público y de las exportaciones en línea con los cálculos de la propia AIReF.

La Autoridad también ha analizado el plan presupuestario para considerar que el impacto de las medidas de ingresos y gastos recogido es "factible", al tiempo que ha valorado que el Gobierno le haya ofrecido información del escenario a política constante.

La AIReF ha sugerido al Gobierno que, para mejorar la transparencia, publique las previsiones a políticas constantes y el impacto de las medidas adoptadas, que integre en un marco simplificado las cuentas nacionales y que amplíe la información sobre su metodología.
(El País, 16-10-2018)

El impuesto al diésel subirá 4,6 céntimos por litro
El plan presupuestario del Gobierno incluye la previsión de que el nuevo impuesto al diésel elevará los ingresos tributarios en 670 millones de euros. La aportación por este tributo será de 38 euros cada mil litros. Esa cantidad se traducirá en un gasto adicional de unos 3,3 euros mensuales para el consumidor que realice unos 15.000 kilómetros al año y tenga un vehículo con una antigüedad media, según estimó la ministra de Hacienda; María Jesús Montero, hace dos semanas. Montero señaló que el Gobierno espera que esa cantidad "no tenga una repercusión importante en el bolsillo del consumidor".

Según señala el plan del Ejecutivo, la medida incrementa en mayor medida el tipo impositivo del gasóleo para automoción "ya que su consumo está más extendido y provoca las mayores emisiones de gases contaminantes" que inciden sobre la calidad del aire de nuestras ciudades como es el NO2.

No obstante, la tributación sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufre variación alguna, con el objetivo de estos usuarios tengan más tiempo para que se puedan adaptar "al uso de otros productos menos contaminantes" y que en esa adaptación "su competitividad no se vea mermada". Estas medidas, según señala el plan, "no persiguen un fin recaudatorio per se, sino que busca proteger el medioambiente" a través, señala, de "una correcta internalización de externalidades negativas".
(El País, 16-10-2018)

Laboral

Las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social deben subir lo mismo que lo que aumente cada año el salario mínimo interprofesional (SMI)
Si salen adelante los Presupuestos Generales del Estado diseñados por el Gobierno socialista y Podemos, las bases mínimas de cotización de todos los grupos se elevarán el próximo año un 22,3%, lo mismo que subirá el salario mínimo que pasará de 735,9 a 900 euros al mes en 14 pagas, o lo que es lo mismo 12.600 euros anuales o 1.050 euros en 12 pagas.

Las bases mínimas de cotización son aquellas cuantías (similares al salario bruto del trabajador) sobre las que se aplican un porcentaje denominado tipos de cotización. La cantidad que resulta de aplicar este porcentaje a la base de cotización determina la cuantía de las aportaciones que hacen mensualmente los empresarios y los trabajadores a la caja de la Seguridad Social para pagar las pensiones.

Así, cuanto más amplia sea esa base de cotización, –la mínima en este caso– mayor será la aportación que tendrán que hacer los empresarios por sus empleados y, en menor medida, los trabajadores. Esto es así porque el tipo que pagan los empresarios por un trabajador a tiempo completo es del 23,60% de la base de cotización en la que esté encuadrado el empleado en función de su sueldo y su titulación, mientras que el trabajador aporta un 4,70% de su base. En total, el tipo de cotización por contingencias comunes es ahora del 28,30% de la base del trabajador.

Las bases mínimas y máximas están divididas en varios grupos de cotización que van del 1 al 11. Si bien la mayoría de los asalariados del Régimen General se concentran entre los grupos del 1 al 7. En 2018, la base mínima de cotización de los grupos 4 (ayudantes no titulados), 5 (oficiales administrativos); 6 (subalternos) y 7 (auxiliares administrativos) es de 858,60 euros al mes. Con la subida del 22,3% para 2019, esta base mínima de los citados grupos de cotización será de a 1.050 euros. De esta forma, los empresarios (sumando su cotización y la del trabajador) pasarán de pagar a la Seguridad Social 243 euros a 297 euros al mes.

En el caso del grupo 3 (jefes administrativos y de taller), la base mínima pasará de 864,90 a 1.057,7 euros al mes; el grupo 2 (técnicos peritos y ayudantes titulados) de una cotización mínima de 994,20 a 1.215,9 euros al mes; y el grupo 1 (ingenieros, licenciados y alta dirección) cotizarán por un mínimo de 1.466,5 euros frente a los 1.199,10 actuales. En este último caso, el empresario pagará 415 euros al mes por cada trabajador encuadrado en la base mínima del grupo 1, casi 76 euros mensuales más por empleado (912 euros más al año).

Según fuentes de la Administración este incremento de bases mínimas afectará a alrededor de 1,5 millones de asalariados (al 9% de los trabajadores del Régimen General). A este colectivo hay que sumar el incremento de la base mínima de 2,6 millones de trabajadores autónomos que cotizan por lo mínimo posible. Su base mínima pasará de 932,70 euros a 1.050, un 12,5% más. Así, la cuota mensual que pagan a la Seguridad Social se elevará de 277,9 a 312,9 euros (420 euros más al año).

Como consecuencia de todas estas subidas, la Seguridad Social recaudará unos 2.200 millones más al año, según estas mismas fuentes que coinciden con el cálculo de Hacienda. De esta cantidad, unos 1.040 millones los costearán los autónomos.
(Cinco Días, 16-10-2018)

Uno de cada cuatro empleados es eventual
De los 3,11 millones de trabajadores que tienen en la actualidad las administraciones y empresas públicas, 777.100 tienen un contrato temporal o interino (de sustitución). Esto supone que uno de cada cuatro empleados del sector público es eventual. En concreto, el 24,9%, la tasa más alta de los últimos diez años, desde el cuarto trimestre de 2009, cuando fue del 25%.

Este volumen de temporalidad se acerca cada día más a la tasa del sector privado, fijada en el segundo trimestre de este año, en el 27,2% (3,57 millones de trabajadores), según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA). Una de las causas es que, desde que se inició la recuperación en 2014, en las empresas privadas la temporalidad está creciendo de manera más contenida que en el sector público.

Así la tasa de eventuales en el sector privado de la economía ha aumentado tres puntos en este periodo, pasando del 24% al 27,2% mientras que en el público se ha incrementado casi el doble, 5,1 puntos porcentuales, saltando del 19,8% al 24,9%. La fuerte presencia de interinos en las Administraciones y el abuso de la temporalidad en sectores como la sanidad y la educación están contribuyendo a fomentar esta situación. Asimismo, el hecho de que las ofertas de empleo público hayan estado prácticamente congeladas hasta hace un año, han motivado que las escasas contrataciones que se realizaban fueran siempre de carácter eventual.

De hecho, según ha analizado el grupo de empleo temporal Randstad con datos oficiales de la EPA que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), atendiendo al número absoluto de trabajadores con un contrato temporal, se observa como en los últimos diez años --entre el segundo trimestre de 2008 y el mismo trimestre de 2018--los eventuales del sector privado se han reducido un 15,3% mientras que los del público han aumentado un 10%.

Esta evolución se nota con especial intensidad en los últimos meses, ya que mientras que en el tercer trimestre de 2017 la tasa de temporalidad de los trabajadores del sector privado superaba el 28%, lo que indica que se ha reducido un punto desde entonces; en el caso de los empleados públicos ha subido casi un punto en ese mismo periodo.

En este análisis se observa también que las fuertes disparidades regionales del peso de los temporales en la economía se dan tanto en el sector público como en el privado. Si bien en este último, son algo más intensas. Así, entre los trabajadores de empresas privadas la tasa de temporalidad oscila actualmente entre el 19,7% de Madrid --condicionada por la presencia de la mayoría de las sedes corporativas, con más peso del empleo fijo-- y el 40,4% de Andalucía, que duplica el peso de eventuales de la capital.

Entre los empleados del sector público, dicha tasa de temporalidad varía igualmente del 18,7% de Madrid --con el mismo efecto producido por las sedes ministeriales-- y el 35,3% del País Vasco, donde más de un tercio de sus trabajadores autonómicos y locales son temporales.
(Expansión, 16-10-2018)

Garamendi cree que la subida del salario mínimo "rompe" el diálogo social
El presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a los 900 euros pactada entre el PSOE y Unidos Podemos "rompe absolutamente" con el diálogo social a tres bandas con el Gobierno y los sindicatos. A nivel general, el hasta ahora único candidato a liderar la CEOE ha tildado las medidas del acuerdo de Presupuestos alcanzado de "imposibles" y que llevarán a país "a un escenario peor del que ya tiene España ahora mismo".

Así lo ha señalado esta mañana Garamendi en una entrevista en la COPE, donde también ha asegurado que el acuerdo "sorprende y preocupa". De hecho, Garamendi considera que "el futuro del país no va por ese camino". Para el líder de la patronal, la subida a 900 euros puede afectar al trabajo, porque "puede llegar un momento en el que las empresas no puedan pagar ni contratar a la gente". "Lo importante es invertir en formación y dejar de repartir pobreza y generar riqueza", ha subrayado.

Garamendi ha afirmado que, aunque España está creciendo por encima de la media europea, hay escenarios como la guerra arancelaria de Estados Unidos, el Brexit o el desafío catalán que pueden afectar a la economía. "Ahora no estamos mal, pero si nos pasamos, lo podemos estar", ha resaltado, tras afirmar que "es momento de tranquilidad y no de cambiar las medidas ya establecidas".
(El País, 16-10-2018)

Mercantil, Civil y Administrativo

El Tribunal de Cuentas detecta sobrecostes de 953 millones en contratos de empresas públicas no financieras
El Tribunal de Cuentas ha detectado incrementos de hasta 953,4 millones de euros en las adjudicaciones realizadas por las empresas públicas no financieras en los años 2014, 2015 y 2016 como consecuencia de las incidencias surgidas durante la ejecución de estos contratos.

Así consta en un informe aprobado el pasado mes de septiembre por el Pleno del Tribunal, que revela que el 71,2% de los expedientes de incidencias surgidas a lo largo de su ejecución acabaron afectando a su precio, a los plazos previstos o a ambos. En total estas incidencias elevaron en 14.829,37 meses la ejecución de los contratos ya fuera por ampliaciones de plazo o por autorizaciones de prórrogas.

El mayor impacto económico se concentró precisamente en las prórrogas, pues en los tres años fiscalizados se autorizaron 667, por un total de 5.695,14 meses. El Tribunal cuantifica este impacto en 582,2 millones de euros. Por otro lado, se remitieron 293 expedientes de modificación, con un alza de 169,3 millones en 279 de ellos, mientras que las ampliaciones de plazo, un total de 1.526 expedientes, generaron un aumento en los plazos de ejecución de 7.957 meses, con una repercusión económica de 28,6 millones. Asimismo, los 76 expedientes de revisión de precios favorecieron en 45,8 millones a los contratistas.

Respecto a las entidades que presentaron un mayor número de incidencias, Adif registró en estos tres ejercicios 2.089 expedientes, el 45% del total, seguida de Adif-Alta Velocidad (885), Renfe-Operadora (250), Enaire (238), Correos y Telégrafos (178), Renfe Viajeros (162), Tragsa (117), Renfe Fabricación y Mantenimiento (83), Paradores de Turismo (78), Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (72) y Seitsa (63).

Estos datos figuran en el 'Informe de fiscalización de la actividad contractual del sector público empresarial estatal no financiero, a partir de la información proporcionada por la plataforma de rendición telemática de la contratación, en los ejercicios 2015 y 2016'.

En él, se fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a las que está sometida la actividad del sector público empresarial estatal no financiero respecto a la contratación, la selección de los contratistas y las principales incidencias en la ejecución, así como el grado de cumplimiento en la obligación de remitir documentación al Tribunal de Cuentas.
(Expansión, 16-10-2018)

La creación de empresas sube 2% entre abril y junio tras 6 trimestres de caídas
La constitución de nuevas sociedades se incrementó un 1,9% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2017, lo que significa el primer crecimiento medio en España tras seis trimestres ininterrumpidos de caídas, según los datos del Consejo General del Notariado. Por autonomías y en el periodo abril-junio, se registraron caídas en ocho comunidades. La mayor, en Asturias con un 12% menos, y por séptimo trimestre consecutivo descendió en Cataluña: un 3,6% aunque la menor de la serie.

La creación de nuevas sociedades subió en Madrid por cuarto trimestre consecutivo, un 6,7% más, aunque el mayor aumento se dio en el periodo entre abril y junio en Castilla-La Mancha, con un 11,2%. El capital social fundacional de las nuevas sociedades constituidas descendió un 3,3% interanual en el segundo trimestre del año, hasta los 17.365 euros, con bajadas acusadas en Andalucía (un 21,3%) y en Cataluña (un 13,7%).
(El Mundo, 16-10-2018)

 

 

 
 
 
 
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