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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 19 D’OCTUBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 18 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 18 de octubre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 19-10-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/index.php?d=253&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 19 D’OCTUBRE DE 2018

Fiscal

El Supremo respalda que el banco pague los impuestos al firmar una hipoteca y no el cliente
En una sentencia fechada el pasado 16 de octubre, el alto tribunal establece que es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo, el que tiene interés en inscribir la operación y elevarla a escritura pública. De este modo, la sala tercera del Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia anterior e interpreta el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero.

Nuevo varapalo judicial a la banca. Y en esta ocasión, inesperado. El Tribunal Supremo ha vuelto a cambiar de criterio y ha determinado que son los bancos, y no sus clientes, los que tienen que pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de las hipotecas. El tributo, que grava la firma ante notario de las escrituras públicas y su inscripción en el Registro, está cedido a las comunidades y su tasa va del 0,5% al 1,5% del importe del préstamo según la autonomía (1,5% en Catalunya). La sentencia, eso sí, no afecta a otros tributos que se pagan en la compraventa de viviendas, como el IVA en las nuevas (10% en general y 4% para las protegidas) o el de transmisiones patrimoniales en las de segunda mando (del 10% de Catalunya, Cantabria, Comunidad Valenciana y Galicia al 4% del País Vasco).

El fallo pretende sentar una jurisprudencia definitiva sobre un asunto en que el propio alto tribunal lleva emitiendo dictámenes contradictorios desde hace años. Entre el 2001 y el 2015, todas sus sentencias determinaban que era el cliente quien debía pagar el impuesto según la legislación tributaria. Pero en el 2015, la sala de lo civil cambio de criterio y lo consideró abusivo en virtud de la ley de defensa de los consumidores. En marzo del 2018, en cambio, el Supremo rectificó esta nueva visión y determinó otra vez que lo tenían que abonar los hipotecados. Pero la sala de lo Contencioso-Administrativo ha vuelto ahora a fijar que sea la entidad financiera la que lo pague.

En una sentencia de este martes, los magistrados han resuelto a favor de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid. La compañía pública no pagó en su momento 22.566,47 euros en concepto del impuesto de actos jurídicos documentados por un préstamo que pidió para la construcción de viviendas públicas. La Comunidad de Madrid le instó a abonarlo y el caso llegó a los tribunales. En junio del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la Comunidad y al Estado, pero ahora el Supremo ha enmendado la sentencia del tribunal inferior.

El fallo del alto tribunal establece que el "beneficiario" de la inscripción del préstamo que se ha concedido y de la hipoteca que se ha constituido es el banco. "Él (y solo él) está legitimado para ejercitar las acciones (privilegiadas) que el ordenamiento ofrece a los titulares de los derechos inscritos. Solo a él le interesa la inscripción de la hipoteca (el elemento determinante de la sujeción al impuesto que analizamos), pues esta carece de eficacia alguna sin la incorporación del título al Registro de la Propiedad", ha argumentado el ponente, Jesús Cudero.

La sentencia, además, ha considerado ilegal y por tanto ha eliminado un artículo del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados del 2015, que establecía que el tributo lo debía pagar el cliente. "De ser ese el criterio del legislador, debería haberlo declarado expresamente al contemplar en su articulado el préstamo con garantía hipotecaria", ha argumentado antes de tildar dicho artículo de "evidente exceso reglamentario".

El fallo ha contado con el voto particular del magistrado Dimitry Berberoff, que era partidario de mantener la jurisprudencia anterior, es decir, que fuese el cliente el que pagase el impuesto. También ha habido un voto concurrente -acepta el fallo, pero discrepa en algún punto de la argumentación- del magistrado Nicolás Maurandi. Aunque comparte el dictamen, estima que el citado impuesto engloba no uno sino dos tributos: el gravamen sobre documentos notariales y el gravamen sobre actos jurídicos documentados notarialmente. Al tratarse de dos tributos diferentes, argumenta, son también distintos los elementos que hay que tener en cuenta para determinar quién es el sujeto pasivo y debe hacerle frente.

La sentencia abre la puerta a que no solo el consumidor pueda reclamar por abusividad de la cláusula hipotecaria, sino que también empresas y autónomos que hayan constituido una hipoteca puedan hacer al considerar ilegal el artículo del reglamento del impuesto. El proceso de reclamación, sin embargo, puede resultar arduo para los titulares de las hipotecas. Los bancos se desentienden de su devolución con el argumento de que no han cobrado el impuesto.

Se trata de un impuesto cedido a las comunidades autónomas por el Estado que estas se encargan de cobrar. Los titulares de las hipotecas que lo hayan pagado en los últimos cuatro años (periodo en el que prescriben los delitos fiscales) podrán reclamarlo a la Hacienda autonómica. Pero, de momento, es demasiado pronto para saber si las comunidades o el propio Estado arbitrarán un protocolo para devolver el impuesto en el caso de que los contribuyentes lo reclamen o cómo se lo exigirán a los bancos si efectivamente los devuelven al consumidor.
(Cinco Días, 19-10-2018)

Cómo reclamar para que te devuelvan el impuesto de las hipotecas que tenía que haber pagado el banco
El Supremo ha decidido que sean los bancos quienes paguen el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas y no los clientes, como hasta ahora. Contradice así su anterior sentencia del pasado febrero. A partir de ahora, tal y como dicta la sentencia, los bancos se encargarán de pagar ese impuesto cuando se firme una hipoteca. ¿Qué ocurre con las hipotecas concedidas antes? ¿El cliente que pagó el impuesto puede reclamarlo? ¿A los bancos o a Hacienda?

Todavía no hay una interpretación definitiva y clara sobre la retroactividad de esta decisión (es decir, si solo afecta a las hipotecas que están por firmar o también a las concedidas años atrás). Pero las asociaciones cantan victoria y lo dan por descontado.

“Estamos de celebración”, asegura la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Ausfin), Patricia Suárez. “Nosotros veníamos denunciando desde hace tiempo que el verdadero interesado en que la escritura de la hipoteca fuese pública era el banco, porque así tiene un título ejecutivo en caso de impago”. Suárez aclara, sin embargo, que no todos los hipotecados podrán reclamar el dinero que abonaron en concepto de este gravamen, y que la lucha para conseguir el reembolso no será fácil.

Las asociaciones de consumidores consultadas confirman que los hipotecados que ya reclamaron el impuesto y cuentan con una sentencia firme ya no podrán volver a exigir este dinero a la entidad con la cual firmaron la hipoteca. “Pero son muy pocos, porque los bancos se han dedicado a recurrir hasta la saciedad”, asegura Enrique García, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Todos los demás tienen la puerta abierta para seguir con su demanda judicial o con poner una nueva. Según la asociación, hay seis millones de familias con derecho a hacerlo.

Manuel Pardos, presidente de Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), cree que los bancos dejarán de cobrar el impuesto en las nuevas hipotecas ya a partir de los próximos días. “Pero se van a resistir a devolver los importes ya abonados por los consumidores”, añade. Lo primero habría que reclamar al propio banco. Y si no se consigue nada, los tribunales son la vía recomendada. A no ser que se acabe por constituir algún tipo de sistema de arbitraje especial para evitar una avalancha de casos, como se trató de hacer con las cláusulas suelo, aunque con escaso éxito. “La banca puede volver a decir que los afectados vayan de uno en uno a los juzgados, lo cual es absurdo y significa despreciar la ley”, lamenta Pardos. Suárez añade que desde Ausfin se esperan que el Consejo del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas doten de medios a la justicia para evitar ulteriores colapsos.

El impuesto de actos jurídicos documentados es un tributo autonómico que se aplica a todas las compraventas vinculadas a un préstamo hipotecario. Este gravamen se calcula en función de la responsabilidad hipotecaria, una cuantía que establece el banco y que reúne todo lo que garantiza la hipoteca, como el capital, los intereses y los gastos. Su valor oscila entre el 0,5% y el 1,5%, dependiendo de la Comunidad Autónoma. En febrero de este año, el Supremo había avalado que este tributo lo pagaran los clientes y determinado que solo se compartirían entre consumidores y entidades los gastos de los documentos físicos firmados en el notario, como el timbre del papel oficial, un importe mínimo en comparación con la cuantía del impuesto.

“Ahora corrige su doctrina”, explica Suárez: “Puede cambiar de criterio, fundamentándolo de manera jurídica (...)”. En diciembre de 2015, el Supremo había declarado nulas por abusivas las cláusulas hipotecarias que cargaban en el cliente la totalidad de los gastos, pero sin detallar cuáles tendría que abonar el cliente y cuáles el banco.

OCU explica que los AJD representan la parte más importante de los gastos de formalización hipotecaria. Calcula que la cuantía del impuesto oscila entre los 1.000 y los 4.050 euros, según la Comunidad Autónoma, y asegura que la sentencia dada a conocer este jueves permite a quienes ya tuviesen una reclamación pendiente ampliar su demanda o presentar una nueva, además de permitir a quienes todavía no hubiesen solicitado el reembolso presentar su requerimiento. “Y los que están contratando ahora una hipoteca tienen que ejercer su derecho y pedir no pagar este impuesto”, insiste Suárez: “Desgraciadamente, los demás lo que tienen que hacer es ir a los tribunales”.

¿Existe la posibilidad de reclamar a Hacienda, al tratarse de un impuesto? “Habrá alguna pequeña duda, pero creemos que el impuesto se pagó en virtud de una cláusula en un contrato con el banco, declarada abusiva, que tiene más alcance”, interpreta Pardos. También Javier Gastón, de la plataforma Denuncias Colectivas, cree que hay que seguir esta vía: “Al haberse realizado pagos a terceros que no debían corresponder al contratante, el banco tiene que compensar al cliente”.
(Cinco Días, 19-10-2018)

El Consejo de Ministros aprueba hoy la tasa Google, la tasa Tobin y el plan antifraude
El Gobierno comienza a mover ficha para cuadrar sus pretensiones de gastos e ingresos en 2019. El Consejo de Ministros aprobará hoy los anteproyectos de las leyes por las que se implantarán la tasa Google y el impuesto a las transacciones financieras. Además, el Ministerio de Hacienda llevará a la reunión el Anteproyecto de Ley lucha contra fraude fiscal, que el Ejecutivo quiere que ayude a recaudar 500 millones extra.

El Impuesto sobre Servicios Digitales gravará aquellas empresas que ingresen un mínimo de 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. El nuevo tributo gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en Internet y la venta de big data. El Gobierno espera recaudar 1.200 millones de euros gracias a este nuevo impuesto.

El Impuesto sobre las transacciones financieras, también conocido como Tasa Tobin, gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas de grandes empresas cotizadas que sean ejecutadas por operadores del sector financiero. En cuanto al plan antifraude, limitará los pagos en efectivo a 1.000 euros entre personas jurídicas, reforzará la lista de morosos e instaurará medidas adicionales internacionales de lucha contra el fraude. Con todo ello se recaudarían los antedichos 500 millones de euros extra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó ayer que el Consejo de Ministros aprobará este viernes las medidas fiscales que permitan cumplir los objetivos económicos del Ejecutivo.

Tras defender el texto presupuestario que el Gobierno ha remitido a Bruselas y destacar que contribuye a recuperar parte del estado del bienestar que cree que eliminó el anterior Ejecutivo, abogó por la justicia social mediante una justicia fiscal. Sánchez aseguró: "Vamos a cumplir con esos objetivos y con nuestro compromiso de redistribuir ese crecimiento económico".

Por otro lado, el Gobierno aprobará la petición de dictamen al Consejo de Estado sobre el recurso de inconstitucionalidad contra varios apartados de la resolución del Parlament del 11/10, en la que los independentistas abogaron por la abolición de la monarquía y condenaron el posicionamiento del Rey en el "conflicto catalán" así como su "justificación de la violencia" policial del 1-0.La petición tendrá carácter de urgencia, de manera que el Consejo de Estado deberá emitir su dictamen antes del 25 de octubre.
(Expansión, 19-10-2018)

Laboral

Trabajo también publicará listas de morosos
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha anunciado este jueves que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha comenzado a trabajar para redactar y publicar una lista de morosos con la Seguridad Social. El objetivo de Trabajo es, siguiendo el modelo del Ministerio de Hacienda, incentivar a los deudores a pagar las cotizaciones atrasadas o las sanciones pendientes.

Fuentes de Trabajo han explicado que desde el ministerio se está comenzado a trabajar en la medida y que ésta todavía tardará "meses" en ver la luz, ya que para implementarla es preciso reformar la Ley General de la Seguridad Social. No se le dará carácter de urgencia y, por lo tanto, hasta el año que viene no se presentará en el consejo de Estado para su aprobación en vía parlamentaria.

"Las empresas se enfadarán, porque en la Seguridad Social me temo que las listas de morosos van a ser listas de empresarios, pero es inevitable, no es como en Hacienda que son personas físicas", ha apuntado Granado. Es decir, la lista publicada no será de personas, con nombres y apellidos, sino de empresas según estén registradas en el registro mercantil.

El objetivo de la medida es, según explican desde Trabajo, "ampliar la base de cotización por la vía de hacer aflorar el fraude". Por ello, prevén que sectores como el de las industrias cárnicas, la mensajería o incluso las propias administraciones públicas, con ejemplos como el exceso de interinaje, serán los que engrosarán dicha lista.

No obstante, y a diferencia del proceder de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social avisará a las empresas deudoras con antelación para que estas puedan, preventivamente, regularizar su situación. Un 'modus operandi' similar al implementado hasta ahora con el envío de más de 80.000 cartas de aviso a empresas que incurrían en presuntos fraudes de contratación temporal o parcial no justificadas.

Hacienda comenzó a publicar su lista de morosos en diciembre del 2015 (a partir de ese momento los listados se han ido publicando en junio). En ella se incluye a los deudores con la Hacienda Pública con deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros, pendientes de pago a cierre del ejercicio anterior a su publicación, y que no se encuentren ni aplazadas ni suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado su intención de rebajar de un millón de euros a 600.000 euros el umbral de deuda a partir del cual se aparece en la lista de morosos con la Hacienda Pública. Tras intervenir en la jornada 'La Seguridad social del Siglo XXI', organizada por el sindicato CCOO, Granado ha indicado que todavía está por decidir el importe de deuda a partir del cual se figurará en la lista de morosos con la Seguridad Social.
(El País, 19-10-2018)

España propone un seguro europeo de desempleo complementario a los sistemas nacionales
El Gobierno español ha defendido en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) la creación de un sistema común europeo de protección frente al desempleo, que sería complementario a los seguros existentes en los respectivos países con el fin de garantizar la adecuada protección de los ciudadanos más afectados en tiempos de crisis.

Este "seguro para los ciudadanos" servirá para fortalecer la unión económica y la unión monetaria y el proyecto europeo en general al relanzar el concepto de ciudadanía europea, ha anunciado el presidente español, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior a la Cumbre del Euro. Sánchez ha señalado la importancia de completar la unión bancaria y culminar la unión económica y monetaria en todo lo que tiene que ver con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el fondo de garantía de depósitos, pero ha destacado la necesidad de "empezar a hablar de la unión fiscal".

El presidente del Gobierno ha defendido que la creación de un sistema europeo de seguro de desempleo complementario a los sistemas nacionales "es fundamental" para reforzar la respuesta europea en el ámbito social. En este sentido, Sánchez ha apuntado que "ha habido países que lo han acogido con mayor sensibilidad que otros".
(El País, 19-10-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Congreso culpa al Banco de España de errores en la gestión de la crisis
Casi un año y medio después de su creación, la comisión de investigación de la crisis en el Congreso está a punto de culminar su trabajo. Los diputados han presentado este jueves sus propuestas para elaborar un dictamen de conclusiones y el Banco de España aparece como el principal damnificado. Los seis grupos parlamentarios han culpado en sus escritos al organismo supervisor de cometer graves errores tanto en la etapa de gestación de la crisis (1996-2007) como en su gestión (2008 en adelante). Como era previsible, los banqueros también han salido mal parados, pero -como tampoco resulta sorprendente- hay grandes discrepancias sobre la responsabilidad de los distintos gobiernos del PP (Aznar y Rajoy) y el PSOE (Zapatero).

El nexo común de los documentos de socialistas, populares, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV es, así, la crítica a la institución bajo los gobiernos de Jaime Caruana (nombrado por el Ejecutivo Aznar) y Miguel Ángel Fernández Ordóñez (elegido por el de Zapatero). El PSOE asegura que la institución cometió "muchos errores de previsión sobre la evolución de la economía", tomó medidas "claramente insuficientes" para evitar el crecimiento del crédito, "no fue capaz de advertir ni corregir" los problemas de las cajas (en parte por carencias legales), y debería haber sido "más proactiva en el uso de su capacidad de persuasión moral o de sanción ejemplarizante" para evitar el desastre. "El supervisor falló estrepitosamente a la hora de frenar la burbuja del crédito", concluyen los socialistas.

En la misma línea, el PP también afea al Banco de España que no anticipase una recesión "tan intensa" y considera que "podría haber hecho más" en varios aspectos. "Se han demostrado inefectivas ciertas responsabilidades de supervisión, dilatándose decisiones por tomar o permitiéndose operaciones corporativas que daban como resultados nuevos grupos no lo suficientemente robustos", critica. El resumen más contundente quizá lo ofrece el PNV: "En los años de la burbuja inmobiliaria, el Banco de España no cumplió su mandato y ha pasado de una buena a una pésima reputación. Además, le culpa de haber permitido la salida a bolsa de Bankia, de incentivar la colocación de preferentes, y de permitir declaraciones de morosidad inferiores a las reales, la contabilización inflada del valor de los activos hipotecados y refinanciaciones inviables de promotores.

A partir de ahí, comienzan las discrepancias. El PSOE considera que el origen de los problemas es la "desregulación" iniciada por Aznar, que "culminó" en la ley del suelo de 1998, inicio de "muchos proyectos inmobiliarios imprudentes". Las medidas adoptadas por Zapatero, admite, acabaron por "revelarse insuficientes", pero fueron "consideradas inicialmente una buena solución", estaban "totalmente alineadas" con las adoptadas en la Unión Europea y se tomaron como "aconsejaba el Banco de España". Al Ejecutivo de Rajoy, por contra, le critica haber aplicado "los recortes sociales y de derechos más duros de la democracia" y haber mejorado la protección de los clientes bancarios y los hipotecados a remolque de las sentencias judiciales.

El PP, por su parte, defiende que "no se han apreciado indicadores" que apunten a que la ley del suelo favoreció la crisis y asegura que, hasta que llegó Zapatero, se adoptaron medidas y reformas para mantener el equilibrio macroeconómico. En el 2003, mantiene, "no había burbuja", pero en el 2004 ésta ya era "evidente". Pese a ello, añade, "los responsables del Banco de España, de la CNMV y del Gobierno de España" no tomaron medidas "porque no estaban dispuestos a ganarse antipatías".
(Cinco Días, 19-10-2018)

Desplome bursátil de los bancos tras la sentencia que obliga a pagar los gastos de hipotecas
La banca en bloque lideró este jueves las pérdidas del Ibex 35 con caídas de hasta cerca del 10% durante la jornada tras la sentencia del Supremo que obligará a las entidades a pagar costes pagados derivados de la firma de hipotecas. El Supremo considera que es el banco y no el cliente el que debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca, corrigiendo así su doctrina anterior. El temor a las consecuencias de un alud de reclamaciones ha preocupado a los mercados. El selectivo terminó la sesión en los 8.889,60 puntos, tras caer el 1,2%.

Al cierre de la jornada, Banc Sabadell ha sido la entidad que ha registrado la mayor caída (-6,70%), seguido de Bankinter (-6,27%); Bankia (-5,11%); CaixaBank (-4,54%); BBVA (-2,70%) y Santander (-2,05%). Esos porcentajes fueron superiores por la mañana, ante el temor a un impacto mayor en las cuentas de resultados. Al final, quedan todavía elementos para pensar que el coste económico puede dilatarse algo en el tiempo, ante la necesidad de que los clientes tengan que interponer demandas.

La caída se inició en torno a las 10 horas al conocerse la sentencia. El Ibex, que había empezado la sesión con subidas, registraba a media mañana una caída de medio punto porcentual y volvía a quedar por debajo de los 9.000. El puntaje final con el que ha cerrado el día ha sido de 8.898 puntos, un descenso del 1,1%.

En una sentencia fechada el pasado 16 de octubre y divulgada este jueves, el Tribunal Supremo establece que es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo, el que tiene interés en inscribir la operación y elevarla a escritura pública. De este modo, la sala tercera del Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia anterior e interpreta el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero. El impuesto de actos jurídicos documentados lo determina cada comunidad autónoma, pero suele estar entre el 0,5% y el 1,5% del valor del inmueble. Los bancos van a tener que retornar a sus clientes buena parte de sus recursos, lo que implica retraerlos directamente de sus beneficios previstos.

Del alcance de la retroactividad de la sentencia dependerá buena parte de la evolución futura de los valores en relación a esta cuestión y su influencia en los próximos contratos será evidente, con un encarecimiento. La influencia que tendrá ese cambio en la evolución de las acciones del sector financiero es todavía difícil de cuantificar, pero introduce un lastre evidente para apuntar a futuras revalorizaciones.

La sesión bursátil se desarrolló al margen del sector bancario con menos sobresaltos. La subida de tipos progresiva que anuncia la Reserva Federal de EEUU (Fed) inyecta elementos desincentivadores para la bolsa estadounidense, pero sin animar que vaya a pasar lo contrario en Europa, anclada a tipos próximos a cero. En esta situación, la batalla especulativa parece trasladarse a los mercados de divisas, con tendencia a la revalorización del dólar.

La prima de riesgo española se mantiene en el entorno de los 120 puntos básicos, mientras que la italiana sigue desbocada por encima de los 310 puntos. La inestabilidad presupuestaria italiana puede introducir elementos negativos para los mercados. Los bonos españoles a diez años cotizan con tipos del 1,67%, mientras que los alemanes de referencia aguantan con una rentabilidad del 0,48%.
(Expansión, 19-10-2018)

Bruselas dice a Italia que su presupuesto es "un desvío sin precedentes"
A la Comisión Europea le han bastado apenas tres días para confirmar lo que ya se temía: el desvío fiscal que suponen los presupuestos presentados por el Gobierno de Italia para 2019 "no tiene precedentes". Nunca, desde que Bruselas comenzó a velar por el cumplimiento de las normas de disciplina fiscal europeas, se había encontrado con un caso como este. Y así se lo ha hecho saber en una carta, un segundo aviso con el que le pide que corrija el tiro. Roma ya ha avanzado que se niega a cambiar sus números, pero se arriesga entonces a que la Comisión le tumbe sus presupuestos.

"El hecho de que el borrador presupuestario planea una expansión fiscal cercana al 1% del PIB, aunque se ha recomendado un ajuste fiscal, y el tamaño en sí del desvío (de alrededor del 1,5% del PIB) no tienen precedentes en la historia de Pacto de Estabilidad y Crecimiento", apunta la misiva. No solo eso, sino que en lugar de cumplir con el esfuerzo estructural del 0,6% que se le pedía, acumulará un deterioro estructural del 0,8%. Todo, con una deuda por encima del 130% del PIB que, con este presupuesto, no contribuirán a reducir.

En política, no todo es lo que se dice, sino que también importa mucho cómo se dice. Bruselas lo sabe, y ha hecho coincidir la publicación de la carta con el viaje del comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, a la capital italiana. La coreografía ha incluido una rueda de prensa conjunta entre Moscovici y Giuseppe Tria —un independiente convertido en ministro de Economía que es considerado por muchos como la única voz razonable en el Gobierno populista de La Liga y Cinco Estrellas—, con la que han podido hacer hincapié en que este primer aviso solo da pie al establecimiento de un "diálogo constructivo".

La convocatoria ha dado también a la Comisión la oportunidad de dedicar palabras amables a Italia, con las que recubrir el mensaje inequívoco a Matteo Salvini y Luigi di Maio: los presupuestos incumplen y tienen que ser enmendados. Moscovici ha puesto la venda antes de la más que previsible herida: "Italia es tratada igual que los otros países. No hay juegos políticos ni discriminación", ha señalado en Roma, replicando a las acusaciones de Di Maio y Salvini contra la UE.

Para reforzar esta idea, Bruselas va a enviar cartas a otros cuatro países, entre ellos España. Eso sí, espaciadas en el tiempo —en principio, saldrán este viernes—, para no dar a entender que las situaciones son similares. Un punto que, desde La Moncloa, se esfuerzan en recalcar, ya que consideran que, pese a que van a recibir un toque de atención en forma de sobre, la valoración de las cuentas por parte de la Comisión es, en general, positiva.

Italia sí preocupa, y mucho. Lo ha recordado Moscovici —no solo a Bruselas, sino también a varios países de la eurozona— y lo han recordado también los mercados, que ante las primeras informaciones apuntando que la carta iba a ser enviada a Roma, han comenzado a resentirse de nuevo. No solo por los números en sí —prevé un déficit público del 2,4% cuando se había comprometido a un 1,6%— sino principalmente por la actitud del Gobierno italiano, que supone un claro desafío a las normas europeas. De hecho, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha afirmado en Bruselas antes de reunirse con sus homólogos europeos que no "hay margen" para cambiar nada en las cuentas.

"Esperábamos observaciones críticas de la Unión Europea. Nos sentaremos alrededor de una mesa para explicar el borrador, pero estamos convencidos de lo que se ha hecho", ha expresado el primer ministro italiano. Tria también ha aludido al diálogo, pero es poco probable que este sea suficiente para resolver los problemas que plantea el presupuesto en relación con las normas europeas. Y, sobre todo, con el dudoso estado de las cuentas italianas.
(Expansión, 19-10-2018)

España es el decimocuarto país con más ultra ricos
España ocupa la decimocuarta posición en el ranking mundial de países con mayor número de personas ultra ricas, según el 'Informe de la riqueza mundial 2018' del banco helvético Credit Suisse. El estudio, publicado este miércoles, registra el número de personas con más de 50 millones de dólares (43,5 millones de euros) y evalúa su evolución. En este campo, España cuenta con 2.086 personas con más de 43,5 millones de euros de riqueza, dos menos que el año anterior. El país ocupa la misma posición que un año antes.

En cuanto al número de millonarios (personas con más de un millón de dólares de riqueza, es decir, 807.000 euros al cambio), España es el décimo país con más millonarios (más de un millón de dólares) del mundo, con 852.000. Esa cifra supone que es uno de los 10 países en que más han crecido en número de millonarios respecto al año anterior, cuando contaba 792.000. La posición tampoco ha variado.

A nivel mundial, la riqueza aumentó en 12,2 billones de euros, un 4,6% más entre julio del 2017 y junio del 2018, alcanzando un total de 317 billones de dólares (276 billones de euros). En el ranking mundial de riqueza, primero se sitúa Estados Unidos con 98 billones de dólares y China en segundo lugar con 52. Les siguen Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Japón. Suiza y Australia, con 530.240 y 411.060 dólares, son las que más riqueza tienen por adulto.
(El País, 19-10-2018)

El Gobierno acordará con las CCAA crear un registro estatal de viviendas de uso turístico
La secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, ha asegurado este jueves que abordarán junto a las comunidades autónomas y los sectores implicados la regulación del alquiler turístico vacacional con la creación de un registro estatal único de viviendas de uso turístico. "No cabe duda de que se necesita una regulación, un control de las viviendas de uso turístico para dar seguridad a los operantes, a quienes alquilan, seguridad ante lo que uno se puede encontrar, seguridad tributaria", ha añadido.

Sin querer avanzar fechas, Oliver ha reiterado que trabajan para encontrar una solución "buena, posible, según cada legislación de las CCAA en cada territorio", asegurando que son "conscientes" de la dificultad, aunque ello les hace ser más "persistentes". El objetivo, según ha explicado Oliver es que las comunidades autónomas tengan una herramienta de regulación, pudiendo controlar el cumplimiento de la normativa en sus territorios.

Oliver ha inaugurado el IV Congreso de Viviendas Turísticas de Ibiza, "un evento muy interesante en estos tiempos", según ha reconocido. También ha destacado que en el Gobierno están trabajando en la modificación de leyes estatales, según ha avanzado en Ibiza.

Así, desde el Ministerio de Fomento se trabaja en la modificación de la Ley de arrendamientos urbanos para definir exactamente lo que es el alquiler de temporada; en la Ley de Propiedad horizontal, en el sentido de pasar de la unanimidad para modificar los estatutos de la comunidad a necesitar 3/5 partes, y también se está abordando la modificación de la Ley de la Sociedad de la Información, en el sentido de dar responsabilidad a las plataformas que actúan como intermediarios en este comercio.

"La nueva situación de las viviendas de uso turístico y su impacto en la sociedad, probablemente es uno de los desafíos que tiene el turismo en España en la actualidad. Un desafío que viene dado por su impacto y la dificultad jurídica a la hora de abordarlo", ha comenzado diciendo Oliver. Asimismo, ha recordado que hasta cinco administraciones públicas tienen competencias en la materia, lo que supone una "cuestión competencial compleja, difícil de gestionar".

"El nuevo Gobierno del Estado quiere abordar esta situación, que antes no había sido abordada y se pasó de perfil sobre una cuestión muy importante para el tema turístico", ha añadido Oliver. La Secretaría de Estado ha recordado que se han celebrado reuniones para abordar la regulación y ver qué se puede aportar desde las comunidades autónomas para desarrollar mejor sus competencias en la materia.
(El Mundo, 19-10-2018)

 
 
 
 
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