Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 20 AL 22 D’OCTUBRE DE 2018

 Laboral

Calendario Laboral para el año 2019
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2019.
(BOE, 20-10-2018)

 Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 12 de octubre de 2018
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 12 de octubre de 2018.
(BOE, 22-10-2018)

Euro
Resolución de 19 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 19 de octubre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 20-10-2018)

Contable

Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
(BOE, 22-10-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/22/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/22/index.php?d=255&s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/20/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/20/index.php?d=254&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 20 AL 22 D’OCTUBRE DE 2018

Fiscal

Cuatro de los cinco grandes bancos españoles retiran de su web las ofertas de hipotecas
Según el fallo del jueves, el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados corresponde al banco, modificando así el criterio anterior del alto tribunal, que cargaba este gravamen contra el cliente. El viernes el Supremo anunció que paralizaba todos los recursos presentados sobre este asunto y convocaba al pleno para sentar un criterio definitivo, “ante el impacto económico y social” de la medida.

Si la primera de las sentencias dejaba sujeto a la interpretación qué sucedía con los pagos efectuados anteriormente a cuenta del cliente, la nota del Supremo del viernes deja una incertidumbre aún más inmediata: quién paga el impuesto por los contratos que se formalicen en los próximos días, antes de que el Supremo establezca jurisprudencia al respecto.

El jueves las tres patronales del sector (AEB, CECA y Unacc) daban a entender que pagarían el impuesto a partir de ahora, al asegurar que “como siempre han hecho, los bancos, a partir de esta sentencia, cumplirán con el nuevo criterio establecido por el Tribunal Supremo”. Un escenario que el propio Supremo enmendó al día siguiente, dejando en el limbo también la respuesta de los bancos.

La incertidumbre ya ha condicionado la política comercial en el sector, caracterizada hasta ahora por una renovada guerra de diferenciales. Cuatro de las cinco mayores entidades de España, Santander, BBVA, Bankia y Sabadell, han retirado de sus páginas web todas las ofertas hipotecarias. CaixaBank, por su parte, solo proporciona ofertas de hipoteca a tipo fijo, mientras las páginas web de Bankinter, Abanca o Liberbank mantienen sus ofertas hipotecarias tanto en fijo como en variable.

Según fuentes bancarias, el viernes ya se notó en las oficinas una afluencia de clientes por encima de lo normal, al acudir éstos a informarse sobre los efectos de la sentencia. El Supremo no la ha rectificado, pero sí ha dejado en el limbo su aplicación más allá del caso juzgado.

En paralelo, asociaciones de consumidores y despachos especializados han puesto en marcha su maquinaria. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha organizado para hoy asambleas simultáneas en todas las Comunidades Autónomas, dirigidas a afectados por el pago del impuesto. Algunos bufetes especializados ya se publicitan en busca de reclamaciones.

El Gobierno, por su parte, apenas se ha pronunciado al respecto. La nota del Supremo poniendo en cuarentena la sentencia del jueves llegó cuando acababa la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El sábado, preguntado al respecto, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, resaltó la importancia de que “se clarifique y se dé seguridad jurídica”, tanto a consumidores como a los bancos, en lo relativo al asunto de los impuestos sobre las hipotecas.

Aunque en porcentaje el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados solo grave una pequeña parte del monto de las hipotecas, entre un 0,5% y un 2,5% del total, para un préstamo medio este impuesto supone unos 3.000 euros, que deben pagar o bien cliente o bien entidad. En 2016, último ejercicio del que Hacienda ofrece datos, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados recaudó más de 1.800 millones de euros, que fueron a parar a las arcas autonómicas, dado que se trata de un tributo cedido a las comunidades.
(Cinco Días, 22-10-2018)

La banca hará pagar al cliente el impuesto de las hipotecas mientras decide el Supremo
El jueves pasado el Supremo decidió que el impuesto de la hipoteca lo pagara el banco y no el cliente. Al día siguiente, la Sala de lo Contencioso Administrativo congeló esa sentencia a la espera de una decisión posterior del pleno. En principio, la banca dijo que asumía el pago del impuesto, pero tras la intervención de la sala, la mayor parte del sector ha vuelto a hacer pagar a los clientes hasta que lleguen novedades.

Desde el jueves, la banca se movilizó ante el Ministerio de Economía y el Banco de España para transmitir “la enorme gravedad que suponía la sentencia”, ya que la devolución del impuesto con 15 años de retroactividad podía acabar con la mitad del sector, según un alto ejecutivo bancario, con un coste de, al menos, 18.000 millones.

Los encargados de trasladar este mensaje fueron los máximos responsables de la AEB, José María Roldán, y de la CECA, cuyo director general es José María Méndez, que contó con la ayuda del consejo, donde están los presidentes de las entidades. Algunas entidades consultadas esperaban que estas reclamaciones llegaran al Consejo General del Poder Judicial y al Supremo. Ahora la banca confía en que el pleno determine al menos que la sentencia no tenga carácter retroactivo.

En el terreno práctico, si fue rápido el cambio de criterio en la justicia, más rápido lo fue en la banca. La Asociación Española de Banca (AEB), la CECA (que aglutina a los bancos de las antiguas cajas) y las cooperativas de crédito emitieron un comunicado conjunto el jueves pasado diciendo que acatarían la sentencia del Supremo, lo que suponía asumir el pago del impuesto a partir de ese momento, tras criticar la inseguridad jurídica provocada.

Sin embargo, el viernes, con el cambio de posición del Supremo, la mayor parte de las entidades consultadas han cambiado de opinión. Ahora creen que "la situación ha vuelto al miércoles, es decir, corresponde al cliente pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, como se establece en la norma desde 1994", apuntan fuentes consultadas. De hecho, las asociaciones han transmitido a sus entidades que actúen libremente.

Una minoría de bancos ha preferido asumir el coste del impuesto. La fórmula utilizada es no cobrárselo al cliente de la provisión de fondos que se realiza en las hipotecas. Otra gran entidad ha tomado una decisión salomónica: añadir una adenda al contrato de la hipoteca que establece que, si cambia la situación, el banco ayudará al cliente a reclamar la cantidad ante Hacienda, es decir, no se comprometen a devolverlo ellos. Por ahora el Santander, BBVA y Bankia no ofrecen precios de hipotecas en sus webs "porque no sabemos el coste real del crédito", se justifican.

Las entidades admiten que, ante este lío, algunos clientes han preferido posponer la firma de la hipoteca. "Siempre que no se pierda dinero por las arras o compromisos adquiridos, es una buena solución", dice un ejecutivo.

Entre los notarios, también hay desconcierto. La mayor parte de ellos se ha limitado a informar a los clientes de lo ocurrido. "De momento, ninguna novedad práctica en la firma de hipotecas. Tampoco hemos tenido instrucciones ni nueva postura del Colegio de Notarios", apuntan fuentes de una de las grandes notarías de Madrid.

Los bancos que seguirán cobrando el impuesto a los clientes argumentan que materialmente es imposible rehacer los documentos de la firma de hipotecas de los próximos días para que sea el banco el que pague. "Además, los servicios jurídicos creen que sería ilegal que ahora pagáramos nosotros porque todavía la norma no ha cambiado, no ha surtido efecto la sentencia", explica un alto ejecutivo de un gran banco.

Estas fuentes, y otros juristas consultados, recuerdan que la sentencia del jueves todavía no se ha publicado en el BOE, por lo que no es de obligado cumplimiento, salvo para las partes, si es que ya se ha notificado. Y añaden otro argumento: "Esperar acontecimientos es lo más razonable porque la sentencia no ha creado jurisprudencia ya que se precisa que haya dos, no solo una. Tras la decisión del pleno, sí se creará jurisprudencia y se aclarará todo", apuntan desde una antigua caja de ahorros.
(El País, 22-10-2018)

Hacienda destinará 200 funcionarios al control sobre grandes patrimonios
El Gobierno quiere poner el foco en las grandes fortunas para multiplicar los ingresos del Estado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude que su departamento tiene prevista la creación de una Unidad de Control sobre Grandes Patrimonios. A ella se destinarán a casi "200 nuevos funcionarios", lo que supone aumentar casi un 10% la plantilla de la Agencia Tributaria, que actualmente es de casi 25.000 personas.

El director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, precisa que esta Oficina "se creará en cualquier momento", pues no se necesita de ninguna norma para ello. Según explica, esta unidad se inspira en las recomendaciones de la OCDE sobre el control de los llamados ultra high income individuals y que consiste en centralizar la vigilancia sobre un colectivo al que la AEAT sigue con atención.

El Gobierno del PP ya ultimaba la creación de esta oficina a instancias de Ciudadanos. De entrada, se dirigiría a patrimonios de más de 50 millones y luego se iría bajando a 20 y 10 millones. El Ejecutivo de Sánchez podría partir de 10 millones, los patrimonios a los que ha subido un 1% el impuesto del mismo nombre, aunque según Hacienda la cifra no está fijada. En la rueda de prensa de ayer Montero también detalló el resto de medidas contra el fraude con las que espera recaudar hasta 828 millones de euros.

La principal novedad respecto a las ya adelantadas a Bruselas es el estrechamiento del control sobre los propietarios de criptomonedas, pues se establece la obligación de "identificar a los titulares, autorizados o beneficiarios de los saldos" de estas monedas virtuales, así como a informar a la Agencia Tributaria de cualquier operación que se realice con ellas. De esta forma, el Gobierno responde también a los avisos del Banco de España, que había alertado de que el anonimato en los también conocidos como bitcoins hacía que fueran "especialmente atractivos" para cometer actividades ilegales.

El proyecto legislativo también recoge la prohibición del software de doble uso, empleado por algunas empresas para manipular su contabilidad. A partir de ahora, los programas que utilicen las compañías tendrán que estar certificados y los fabricantes de este tipo de productos serán sancionados con multas de hasta 150.000 euros.

Además, el Gobierno realizará la transposición de la directiva europea antielusión fiscal para que "las multinacionales tributen en los países donde tienen la actividad", aclara Montero. Aquí se incluirá la creación de una "lista negra" con páginas web de apuestas no autorizadas. Hacienda también limitará los pagos en efectivo, que se reducirán de 2.500 a 1.000 euros para los intercambios entre profesionales y de 15.000 a 10.000 euros para particulares con domicilio fiscal fuera de España. Con estas medidas, el Gobierno confía en recaudar 218 millones.

El Ejecutivo también prevé ingresos extra de hasta 110 millones con la rebaja de 1 millón a 600.000 euros del umbral por el que los contribuyentes son incluidos en la lista de grandes deudores. Aquí se incluirá también a los responsables solidarios, lo que incluye a directivos y administradores de empresas. En la ley también se prohibirá que se realicen nuevas amnistías fiscales como la de 2012. Esta medida ya había sido anunciada por Sánchez en el Congreso, como contrapartida por no haber publicado los nombres de aquellos contribuyentes que se habían beneficiado de la anterior. Pero su eficacia es dudosa, pues Solchaga ya intentó prohibir las amnistías con los Presupuestos de 1992.
(Expansión, 21-10-2018)

La Agencia Tributaria detecta que los españoles tienen 457.000 millones en cuentas en el extranjero
La Agencia Tributaria está haciendo esfuerzos por mejorar el control fiscal de los contribuyentes españoles a escala internacional. Tras un año compartiendo información con un centenar de países, la administración ha detectado que los españoles tienen 457.000 millones de euros en cuentas en el extranjero, el equivalente al 40% del PIB nacional.

Así lo ha detallado este viernes el nuevo director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, durante su participación en el XXVIII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado que se celebra en Alicante. Los datos provienen de los 100 países de la OCDE acogidos desde septiembre de 2017 al acuerdo de intercambio de información Common Reporting Standard (CRS).

El monto detectado proviene de 1,6 millones de registros contables, aunque la Agencia aún no ha depurado las posibles duplicidades con lo que asume que el número concreto de contribuyentes que poseen esta fortuna fuera de las fronteras españolas podría ser “sensiblemente menor”.

Aunque se presupone que el grueso de este dinero está declarado, la Agencia Tributaria ha iniciado ya 102 inspecciones sobre estas cuentas bancarias y estima que el número irá creciendo según se vayan analizando los datos.

De momento se han detectado tres tipos de presuntos incumplimientos normativos. El más “obvio” es el de residentes en España que no declaran los ingresos o patrimonios en el extranjero, o que reconocen saldos inferiores a los reales.

En segundo lugar, hay contribuyentes que no aparecen como residentes en España en el registro de Hacienda, pero sí figuran así para terceros países, lo que haría necesario revisar su condición. Finalmente, hay no residentes que no cumplen sus obligaciones con España al no declarar el patrimonio real que tienen en el país.

Más allá de la recaudación que se obtenga con estas inspecciones, Gascón, subraya la importancia del “efecto inducido” que ha tenido el hecho de que los contribuyentes sepan que Hacienda tiene ahora toda la información internacional. Como resultado, las bases imponibles declaradas por IRPF han crecido un 25,2% en el último año y por tanto el importe a ingresar crece un 14,3% mientras que el total de activos financieros reconocido sube un 23,2%, y la cuota íntegra un 27,4%.

En paralelo, la Agencia tributaria ha realizado 200 actuaciones inspectoras sobre grandes multinacionales a través de la Oficina Nacional de la Fiscalidad Internacional (ONFI) y ha atendido 39 operaciones vinculadas en las que las empresas le han solicitado que efectúe una valoración preventiva para aportar seguridad jurídica. Hubo acuerdo en la cuantía en 25 casos que permitieron asegurar 1.400 millones de euros en bases imponibles y evitar litigios.

También se han llegado a 259 “pactos amistosos” con países vecinos sobre 930 millones de euros, así como 182 inspecciones internacionales que han permitido liquidar 8.600 millones en tres años.

Finalmente, Gascón ha detallado que el análisis informático de 3.600 cuentas empresariales, por importe de 214 millones de euros, ha permitido realizar 1.190 actuaciones, buena parte de ellas ejecutadas con operaciones coordinadas por todo el territorio español. La Agencia Tributaria cuenta con 25.000 empleados.
(Expansión, 20-10-2018)

Los españoles creen que en España se pagan muchos impuestos
El 57,4% de los españoles cree que en España se pagan muchos impuestos y un 87,6% no cree que se cobre con justicia, pero aun así hay más gente dispuesta a pagar más con el fin de mejorar los servicios públicos, un 45,1%, frente al 19,6%, que optaría por pagar menos impuestos, aunque hubiera que reducir los servicios públicos. Estos son algunos de los resultados incluidos en el último 'Barómetro Fiscal' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un estudio anual cuya edición de 2018 se basa en 2.469 entrevistas realizadas entre los días 9 y 27 de julio, tras la campaña anual de la Declaración de la Renta.

En sus respuestas, los españoles se identifican mayoritariamente con la idea de que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos (55,6%), el 27,4% cree que son algo que el Estado obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué, mientras que sólo el 12,7% opina que los impuestos son un medio para redistribuir mejor la riqueza en la sociedad. Y es que más de la mitad de los españoles (55,4%) cree que la sociedad se beneficia poco de lo que paga a las administraciones el conjunto de la sociedad en impuestos y cotizaciones, y el 59,5% considera que la administración le da menos de lo que paga.

Respecto a las partidas más sobrefinanciadas, a juicio de los españoles, encabeza la lista Defensa (el 34,5% cree que se destinan demasiados recursos), mientras que entre las infrafinanciadas están la Seguridad Social y el gasto en pensiones (el 69,8% piensa que se destinan muy pocos impuestos), dependencia (68%), investigación y ciencia (65%) y sanidad (64,6%).

Son precisamente la gestión de las pensiones y la ayuda a personas dependientes los servicios con los que los encuestados están menos satisfechos, con una valoración negativa por parte del 70,5% y del 65,5%, respectivamente. Peor aún valoran el funcionamiento de la administración de Justicia, con un rechazo por parte del 76%. Frente a ello, el transporte público (58,4%) y la seguridad ciudadana (53,8%) aparecen como los servicios cuyo funcionamiento más satisfacción genera.

Preguntados por si creen que los impuestos se cobran con justicia, entendiendo que paga más quien más tiene, el 87,6% responde que no es así, frente al 8,5% que cree que sí que existe justicia fiscal. Ante la pregunta de qué tipo de impuesto debe predominar, un 47,4% de los encuestados cree que se debe recaudar más con impuestos directos, frente a un 20,7% que apuesta por tributos indirectos.

Respecto a la percepción que tienen los españoles del cumplimiento de sus obligaciones ante Hacienda, el 59,7% cree que existe mucho fraude fiscal y el 34,9% cree que hay bastante. Un problema, además, ante el que el 44,4% cree que la Administración hace pocos esfuerzos por combatir.

Unas respuestas que difieren de la percepción que los españoles tienen de su entorno, ya que el 68,7% de los encuestados cree que bastantes o todas o casi todas las personas que conocen declaran realmente todos sus ingresos en su declaración de la renta (IRPF), frente al 18,3% que cree que poca o ninguna de estas personas cumplen realmente con el fisco.

Respecto a la declaración del IVA, los españoles que consideran que bastantes o todas o casi todas las personas que conocen declaran todos sus ingresos representan el 51,7%, frente al 26,2% que cree que pocos o ninguno de sus conocidos declaran sus ingresos reales en este impuesto.

Las razones a las que los españoles atribuyen que un contribuyente oculte parte o todo su patrimonio son la falta de honradez y conciencia ciudadana (22,4% de los encuestados la señalaron como primera opción y el 15,1% como segunda), seguida de que los salarios son demasiado bajos y, por ello, hay que buscar vías para conseguir dinero (15,5% como primera opción y 16% como segunda).
(El País, 20-10-2018)

Laboral

Bruselas ultima la nueva ley para combatir la precariedad laboral
El Parlamento europeo aprobó el jueves de la pasada semana la propuesta de Directiva europea para regular las condiciones laborales mínimas que deberán cumplir todos los trabajadores europeos. La nueva normativa –cuyos impulsores prevén que esté aprobada en el actual mandato europeo– está destinada a todo tipo de trabajadores, pero, en la práctica, afectará, sobre todo, a los empleados por la denominada economía de plataformas digitales, como son los casos de las compañías Deliveroo o Uber, entre otras muchas.

Pero estos nuevos requisitos mínimos no solo están destinados a estos trabajadores sino que “amplía estos derechos a todo tipo de personas que tenga una relación de dependencia económica y de gerencia con otro y eso en España y en el resto de países europeos también incluye, por ejemplo, a todos los autónomos y a la figura del autónomo dependiente o empleados de hogar etc.”, precisa el ponente principal de esta propuesta, el eurodiputado español Enrique Calvet, del Grupo de Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).

Los nuevos requisitos mínimos que deberán cumplir las empresas persiguen “combatir la precariedad laboral y a regular la situación de nuevas formas de trabajo”, explican desde el Parlamento europeo. “Se trata de poner a todos los trabajadores, sin excepción, bajo cobertura legal; de hacer universales los derechos laborales básicos y que no haya que ir a juicios para que se reconozcan”, explicó Calvet. La mayoría de las nuevas exigencias ya existen por ley en España para los asalariados convencionales, pero servirán para cubrir ciertas lagunas para otros tipos de relación laboral.

Entre las principales exigencias que ha aprobado la cámara comunitaria están la obligación por parte del empresario de “informar por escrito al trabajador” de algunas de sus principales condiciones laborales como son la duración de su jornada o el salario. En los casos de puestos con horarios variables, lo trabajadores deberán ser informados sobre cuándo deberán realizar sus horas de trabajo y establecer “que esas horas sean pagadas con garantías”.

Asimismo, la propuesta de Directiva aprobada indica que aquellos trabajadores temporales u ocasionales que trabaja “bajo demanda” del empresario o formas de empleo similares, “deberán tener un nivel mínimo de estabilidad y previsibilidad y ser capaces de rechazar, sin consecuencias negativas, una asignación de trabajo fuera de las horas predeterminadas o deberán ser remunerados si dicha asignación del trabajo no se canceló a tiempo”.

Otra de las novedades de esta propuesta normativa es que el empresario “no podrá prohibir a los trabajadores que tengan otro trabajo con una compañía diferente, ni podrán tampoco sancionarlo por ello”, según lo aprobado inicialmente por el Parlamento.

Los periodos de prueba no podrán superar los seis o nueve meses en los cargos de gerencia. Y, en ningún caso podrá extenderse el periodo de prueba del trabajador unilateralmente por parte del empresario. Finalmente, se prevé también que el empresario esté obligado a dar formación al trabajador, como un derecho de éste, “dentro de las horas de trabajo y deberá contabilizarse como tiempo trabajado”.

Este texto se discutirá a partir de noviembre en lo que se denomina en el argot comunitario, el Trílogo, que está formado por los ponentes de la norma en el Parlamento, los representantes del Consejo Europeo (los Gobiernos de todos los Estados miembros) y la Comisión Europea.
(El País, 22-10-2018)

El BOE publica el calendario laboral para 2019
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el calendario laboral oficial para 2019. El próximo año habrá ocho festivos nacionales que no serán sustituibles, lo que significa que se celebrarán en toda España. Junto a estos días, habrá otros cuatro festivos cuya fijación corresponde a la potestad de cada comunidad autónoma. Y, finalmente, cada municipio podrá escoger otros dos días festivos solo para su localidad. En total, la mayoría de los trabajadores podrá disfrutar en 2019 de 14 días festivos entre semana.

Los ocho días que no podrán ser sustituidos y deberán celebrarse en todo el territorio nacional son:
1 de enero, Año Nuevo (martes)
19 de abril, Viernes Santo
1 de mayo, Fiesta del Trabajo (miércoles)
15 de agosto, Asunción de la Virgen (jueves)
12 de octubre, Día de la Hispanidad (sábado)
1 de noviembre, Día de Todos los Santos (viernes)
6 de diciembre, Día de la Constitución (viernes)
25 de diciembre, Navidad (miércoles)

Además, los otros festivos elegidos por un mayor número de comunidades son el 6 de enero (fiesta de Reyes) y el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada), que el próximo año caen en domingo y se trasladan al lunes 7 de enero y 9 de diciembre. Asimismo, el 18 de abril, Jueves Santo es festivo en toda España menos en Cataluña.

Teniendo todo esto en cuenta, y sin contabilizar los dos festivos que puede establecer cada ayuntamiento, el próximo año se presentan varios fines de semana largos en toda España, bien porque el festivo cae en viernes (como el 1 de noviembre) o en lunes (es el caso del 7 de enero y 8 de diciembre). Asimismo, habrá algunos puentes como el que podrá hacerse en Año Nuevo que tomando el lunes 31 de diciembre (que es laborable) podrán juntarse cuatro días libres.

No faltarán incluso los conocidos como macropuentes, como el que se producirá en las comunidades que han trasladado la fiesta del 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) al lunes, día 9. En este caso, y sin tomar ningún día laborable, juntarán cuatro días libres (6, 7, 8 y 9 de diciembre).
(Expansión, 21-10-2018)

El Gobierno promete cambiar la cotización de autónomos a partir del 1 de enero
El Gobierno prevé que los autónomos empiecen a cotizar a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales a partir del 1 de enero, por lo que no se verán afectados por la subida del salario mínimo del 22,3%, un incremento que se aplica también a las bases de cotización.

Pero ha ido más allá. Asegura que, si no consiguiera aprobar los cambios para esa fecha, desvinculará la subida del Salario Mínimo Interprofesional de la cuota mínima, lo que supondría que se congelaría la base mínima de cotización para los autónomos, informan desde la agencia EFE.

Entre el colectivo de trabajadores autónomos la propuesta se ha considerado “un acierto”, sobre todo desde la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA), que ve con buenos ojos desvincular la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2019 de la cuota mínima que pagan los autónomos mientras no se tenga “totalmente terminado” el nuevo sistema de cotización en función de los ingresos, según ha precisado la asociación mediante un comunicado.

En ese sentido, UPTA se ha mostrado “muy satisfecha” por los resultados de las negociaciones del Ejecutivo y espera que el nuevo sistema se adapte “lo mejor posible” a los trabajadores autónomos.

No obstante, el presidente de la organización, Eduardo Abad, considera que el Ejecutivo debe enmendar otros errores que afectan al colectivo, como las deducciones de los gastos por manutención y los gastos de suministros en el domicilio inherentes a la actividad. Y se ha referido del mismo modo al “incumplimiento” de no adelantar el IVA de las facturas no cobradas y la necesidad de rebajar de las cuantías del sistema de módulos.

Las diferentes asociaciones de trabajadores autónomos llevaban ya un tiempo pidiendo propuestas de este tipo. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), el 85% de los trabajadores por cuenta propia cotizan por la base mínima, “y muchos de ellos ya lo hacen por encima de sus posibilidades”.
(Cinco Días, 20-10-2018)

Empleo apuesta por una cuota mínima para los autónomos con un salario inferior al SMI
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social no detalló cuál sería la cantidad porque todavía está en negociación en el marco de la mesa de diálogo social, pero sí recordó que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos tiene que modificarse en algunos aspectos y uno de ellos es el de las cotizaciones. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, Magdalena Valerio, apostó hoy por una cuota mínima por debajo de la actual para los autónomos con un ingreso inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SIM).

"Supongo que eso será razonable, que aquellos autónomos que sus ingresos reales estén por debajo del Salario Mínimo Interprofesional tendrán que tener una cotización que no puede ser la que es ahora", dijo la ministra en una entrevista en Guatemala, donde participó en la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad. La ministra no detalló cuál sería la cantidad porque todavía está en negociación en el marco de la mesa de diálogo social, pero sí recordó que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) tiene que modificarse en algunos aspectos y uno de ellos es el de las cotizaciones.

Igual que los trabajadores por cuenta ajena cotizan en función de sus ingresos, por tramos de cotización, los autónomos -explicó- también deberían tener una cotización que "se adecuase a sus rendimientos" y, para ello, es necesario saber cuáles son los ingresos reales. Convencida de que primero hay que decidir los tramos de cotización y trabajar en los aspectos técnicos de esta reforma, la ministra reiteró que "la idea es ir adecuando las cotizaciones a sus ingresos reales".

Actualmente, en el RETA hay 3.260.330 afiliados a la Seguridad Social y, de ellos, 187.955 pertenecen al Sistema Especial de Trabajadores Agrarios, aunque también hay en condición de asimilados al alta los religiosos españoles y otros colectivos. De los afiliados, cotizan por las diferentes bases mínimas unos 2.760.000 afiliados (de los que 2.121.500 lo hacen por la base mínima general, 20.800 por la base especial para las cooperativas de venta ambulante y 616.700 por la base mínima del grupo 1, graduados universitarios y similares), mientras que el resto -500.000- lo hacen por bases superiores.

Valerio también dijo que en estos momentos "no funciona bien" la prestación por cese de actividad, por lo que hay que regularla, ya que exige unos requisitos tan elevados que muy pocos los cumplen y provocan que en la actualidad se estén cotizando unos "130 millones de euros" mientras se cobran "entre 15 y 20 millones". "Desde luego lo que ocurre es que hay personas que están infracotizando, que cotizan por debajo de sus ingresos, y otras personas que sobrecotizan. Es decir, ahora mismo tampoco el sistema que hay es justo", detalló la ministra, al poner como ejemplo que un autónomo que gana 400 euros o 200 al mes tenga que cotizar casi 300.
(El Mundo, 20-10-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Gobierno defiende ante Bruselas haber realizado en los PGE el mayor esfuerzo estructural desde 2013
El Gobierno ha remitido una carta a la Comisión Europea (CE) en la que defiende la prudencia de las grandes líneas presupuestarias remitidas a Bruselas y destaca que en ellas se ha implementado el mayor esfuerzo estructural realizado en España desde el año 2013. El Ejecutivo ha remitido el escrito después de que la CE pidiese más información ayer tras advertir del riesgo de que España se desvíe del ajuste estructural que le exige Bruselas en 2019. En la carta, dirigida al director general de Asuntos Económicos y Financieros de la CE, Marco Buti, y firmada por el secretario general del Tesoro y Política Financiera, Carlos San Basilio, el Ejecutivo español avanza que está en posición de ofrecer la "información adicional requerida" por Bruselas para facilitar la valoración de la Comisión sobre las cuentas y "clarificar algunos puntos relevantes".

El Gobierno subraya que se trata de unas previsiones "prudentes" y avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que supondrán la salida de España del Procedimiento de Déficit Excesivo y que el esfuerzo estructural previsto del 0,4% del PIB se encuentra dentro del margen de flexibilidad dispuesto en el Pacto europeo de Estabilidad y Crecimiento. En cuento al crecimiento nominal de gasto primario, Economía explica que este mismo margen de flexibilidad "solo" lo sitúa por debajo del 0,5% del PIB permitido y que es también inferior al crecimiento potencial nominal en el medio plazo. Respecto a la deuda, sobre la que la Comisión Europea también alertaba de que España tampoco podría reducirla, el departamento que dirige Nadia Calviño afirma que la determinación del Gobierno por reducir el nivel del pasivo ha sido "claramente" remarcada, al mismo tiempo que avanza un superávit primario en 2019, es decir, excluyendo el pago de los intereses de la deuda española.

Para apoyar todos estos datos, el Gobierno se remite a los Anteproyectos de Ley aprobados el viernes en el Consejo de Ministros sobre la introducción del Impuesto a las Transacciones Financieras y el de Servicios Digitales, junto con otras medidas incluidas en el proyecto de Presupuestos, como la imposición de un mínimo para el Impuesto de Sociedades o el aumento del IRPF para rentas superiores a los 130.000 euros, cuyos efectos "deberían de ser tomados en cuenta" por Bruselas, detalla la misiva. Por último, Economía se ha comprometido a detallar las partidas de ingresos y gastos y su impacto, además de proveer todas las explicaciones sobre el impacto que tendrá el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el presupuesto del Estado.

En un comunicado de este viernes, el Ministerio también contestó a la Comisión aludiendo que, "a diferencia de otros años", la carta enviada desde Bruselas sobre las advertencias del proyecto de Presupuestos solo se trataba "de un documento técnico" sin firmar por el vicepresidente y comisario europeos. Toda la información adicional será enviada a la Comisión "dentro del plazo fijado", es decir, hasta el lunes 22. Estos datos incluirán el escenario presupuestario inercial a las políticas constantes y el detalle de los anteproyectos de Ley adoptados este viernes en el Consejo de Ministros, lo que permitirá una valoración "adecuada" por parte del organismo europeo.
(El País, 20-10-2018)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).