Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 23 D’OCTUBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros
Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
(BOE, 23-10-2018)

Euro
Resolución de 22 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 22 de octubre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 23-10-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/23/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/23/index.php?d=256&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 23 D’OCTUBRE DE 2018

Fiscal

España acumula el mayor déficit y la sexta deuda pública más elevada de la UE en 2017
España registró el mayor déficit público (3,1% de su PIB) y la sexta mayor deuda pública (98,1 % del PIB) entre los países de la Unión Europea (UE) en 2017, informó hoy Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, a partir de la segunda provisión de datos facilitada en 2017 por los países. Solo dos Estados miembros de la Unión, Portugal (3%) y España, anotaron un déficit público igual o superior al 3% del PIB en 2017, mientras que trece países marcaron superávit en el mismo ejercicio.

Eurostat no realizó ajustes a la cifra de déficit española de 2017 que publicó el pasado mes de abril, por lo que reconfirma el cumplimiento del objetivo, pues el indicador se situó en el 3,1% del PIB, la cifra pactada con Bruselas para el pasado ejercicio. El déficit presupuestario de Italia en 2017 fue del 2,4% del PIB, según estos datos, revisando las estimaciones anteriores, que situaban el déficit en el 2,3%, en línea con los datos proporcionados por Roma.

En cuanto a la deuda pública, hasta quince Estados miembros superaron la tasa del 60% del PIB, por lo que situaron este indicador por encima de la marca fijada en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de los Veintiocho. Únicamente Grecia (176,1% de su PIB), Italia (131,2%), Portugal (124,8%), Bélgica (103,4%) y Francia (98,5%) registraron una deuda pública superior a la española (98,1%), que Eurostat revisó a la baja frente a los datos publicados en su primera notificación de 2017 (dos décimas porcentuales menos frente al 98,3%).

Por contra, las tasas de deuda pública más bajas de la UE se registraron en Estonia (8,7%), Luxemburgo (23%), Bulgaria (25,6%) y República Checa (34,7%). En comparación con 2016, el déficit público de los Veintiocho cayó del 1,7% al 1% y la deuda descendió del 83,3% al 81,6%, mientras que en la zona euro las bajas fueron del 1,6% al 1% en el caso del déficit y del 89,1% al 86,8% para la deuda.
(El País, 23-10-2018)

Montero descarta más subidas fiscales para 2019
No habrá más subidas fiscales tras la presentación de los Presupuestos para 2019, avanza el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado este lunes que el Gobierno vaya a aprobar cuatro subidas fiscales más para ampliar las exigencias de Bruselas y ha opinado que las autoridades europeas están "bastante satisfechas" con el borrador de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Al respecto ha puesto un ejemplo: "No se puede hacer que los ciudadanos mantengan un sprint continuo, porque cuando el sprint es sostenido, deja de tener efecto y causa desfallecimiento".

Montero ha aclarado en un desayuno informativo en Sevilla que no aumentará cuatro tributos: el impuesto a la banca, el impuesto a las primas de seguro, la eliminación del límite a las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, o la supresión de deducciones del impuesto de sociedades.

Ello a pesar de que Montero ha concretado que el problema de las cuentas es la recaudación del Estado: "España no tiene un problema de gasto, tiene un problema de ingresos porque no se puede sostener un Estado social con características homologables a nuestros socios europeos con unos ingresos que se sitúan siete puntos por debajo de nuestra zona euro. Por eso hemos pedido un esfuerzo mayor a las rentas más altas de este país", ha afirmado sobre la subida del IRPF que afectaría al 0,5% del total de los contribuyentes. "El 99,5% de los ciudadanos no pagarán más IRPF", ha enfatizado.

Sobre el balance hecho por Bruselas de los Presupuestos, Montero ha precisado: "Las autoridades europeas nos han requerido información para consolidar esos datos [de los Presupuestos] y estoy convencida de que certificarán que se produce un ajuste estructural (del déficit) del 0,4%, que es lo que se había pactado con ellos", ha manifestado.

Por otra parte, sobre la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, ha negado que su subida haya sido una exigencia de Unidos Podemos. Por el contrario, Montero ha explicado que ha sido "un acuerdo bastante espontáneo" entre el partido de Pablo Iglesias y el Gobierno para sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio, que estaba contemplado en el programa electoral del PSOE. La previsión es que el salario mínimo suba de forma progresiva hasta los 1.000 euros. "España es de los países desarrollados del entorno que tiene el salario mínimo más bajo del conjunto de la Eurozona", ha considerado.

Sobre el impuesto de sucesiones, Montero ha asegurado que “armonizará” el tributo entre todas las comunidades autónomas para evitar las desigualdades de tributación. "Los expertos de financiación autonómica deben garantizar que no haya dumping fiscal. Existe una deslegitimación de este tributo gracias al PP. Este fenómeno hay que abordarlo y ponerle corrección (…) Este impuesto existe desde los romanos para evitar los privilegios del derecho de cuna”, ha recordado.
(El Mundo, 23-10-2018)

Laboral

Dudas o récord con la campaña navideña
La campaña de Navidad generará 406.000 contratos en el comercio, la hostelería y el trasporte durante noviembre, diciembre y enero, lo que supone un aumento del 8,3% respecto al ejercicio anterior, cuando se firmaron 375.016 contratos, según las previsiones realizadas por Randstad. En concreto, la compañía de recursos humanos ha precisado que en esta campaña se superará por primera vez la barrera de los 400.000 contratos, lo que supone la cifra más elevada de la historia en España.

Randstad ha destacado que, tras superar los 288.000 contratos en la Navidad de 2007, el número de contrataciones descendió un 35,9% y se situó por debajo de los 184.000, registrando la cifra más baja de toda la serie. Desde este momento, los contratos realizados durante la campaña de Navidad aumentaron durante tres años consecutivos para caer un 7,5% en 2012. Tras ese descenso, el número de incorporaciones creció durante las siguientes seis campañas de manera consecutiva, hasta superar por primera vez las 400.000 este ejercicio.

El director de relaciones institucionales de Randstad, Luis Pérez, ha señalado que las contrataciones previstas para este ejercicio "vuelven a marcar un nuevo récord histórico, superando por primera vez la barrera de los 400.000 contratos". "Esta época del año es una de las mejores ocasiones para acceder a un empleo temporal para aquellos trabajadores que quieren conseguir su primer empleo o reincorporarse al mercado laboral. Además, aproximadamente el 40% de los contratos indefinidos proviene de un contrato temporal, por lo que vemos este tipo de incorporación como un puente hacia el empleo estable, y una herramienta idónea para dotar de flexibilidad a las empresas", ha subrayado.

El informe muestra que el empleo en la campaña de Navidad crecerá en todas las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha es la única región con crecimiento a doble dígito en el último año, con una variación del 15,2% respecto al año anterior. A continuación, se sitúan Cantabria (9,9%), Madrid (9,7%) y Murcia (8,9%), mientras que por encima de la media nacional (8,3%) se sitúan Aragón (8,7%), Extremadura (8,7%), Galicia (8,6%) y Baleares (8,3%).

Por debajo de la media nacional están Asturias (8,2%), Navarra (7,9%), Cataluña (7,7%), Canarias (7,7%) y Comunidad Valenciana (7,7%), mientras que en las últimas posiciones se encuentran Castilla y León (7,5%), Andalucía (7,4%), La Rioja (7,2%) y Euskadi (5,7%). Por provincias, Randstad detecta aún mayores diferencias que en el ámbito regional. Guadalajara (19,9%), Jaén (16,9%) y Cuenca (15,8%) son las provincias donde se prevén mayores crecimientos. En el lado contrario, con los menores aumentos y situándose por debajo del 6% están Girona, Almería, Vizcaya, Burgos, León, Guipúzcoa, Lleida y Cádiz.

De esta forma, los sectores que impulsan la creación de empleo son el comercio, la hostelería, el transporte y la logística, todos ellos directamente relacionados con el incremento del consumo y del turismo de las fechas navideñas.

La estacionalidad de esta época del año genera que la mayor parte de las incorporaciones se llevan a cabo mediante contratos de duración determinada, ya que las empresas deben reforzar sus plantillas de forma transitoria debido al aumento puntual de la demanda. En este sentido, las incorporaciones comienzan en noviembre y se alargan hasta finales de enero, uniéndose con la campaña de rebajas.

Durante los últimos años, la digitalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías han modificado los hábitos de consumo y, por lo tanto, también las necesidades del mercado laboral. El crecimiento registrado en el comercio electrónico ha influido en las demandas de las compañías, que buscan perfiles con competencias digitales para cubrir sus vacantes.

De esta forma, las empresas en esta época necesitan cubrir puestos de empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o transportistas, entre otros. También se incrementan las necesidades de profesionales destinados a la atención al cliente, tanto para atención 'online' como telefónica. A pesar del auge del comercio electrónico, el comercio tradicional se mantiene como el principal impulsor de la contratación durante estos meses del año. Así, se buscan dependientes, promotores, azafatos y perfiles comerciales, principalmente, entre los que se valora el trato cercano con el cliente y sus dotes comunicativas.

Por último, la restauración también experimenta un aumento de la demanda de sus servicios, motivado por los eventos sociales, como comidas y cenas, tanto de empresa como de amigos y familiares, por lo que se buscan cocineros, ayudantes de cocina y camareros para satisfacer el aumento de la demanda.
(Cinco Días, 23-10-2018)

'Contrarreforma' laboral
El Gobierno ha planteado a la patronal y a los sindicatos un cambio sustancial en los aspectos de la reforma laboral que afectan a la negociación colectiva. Prácticamente, la derogación de todos los cambios que hizo el Gobierno del PP en 2012. Así, en su propuesta a los agentes sociales, restaura la prioridad del convenio del sector sobre el de empresa y las posibilidades de prórroga indefinida de los acuerdos laborales. Además, otro paso importante del Gobierno en su derogación de la regulación de los convenios de la reforma laboral es una restricción importante de la subcontratación entre empresas.

En definitiva, el Ejecutivo quiere cambiar varios de los puntos "que considera más lesivos" de la reforma laboral, como los siguientes:

Derogación de la prioridad del convenio de empresa sobre el del sector. Se trata de recuperar la potestad del convenio sectorial respecto al de empresa en los aspectos sustanciales de la reforma laboral. Es decir, que el acuerdo de ámbito superior imponga a las empresas que están en su ámbito puntos como todo lo que se refiere al salario, la retribución de las horas extraordinarias y del trabajo a turnos; la jornada laboral, las vacaciones o la clasificación profesional de los trabajadores, entre otros aspectos. Para ello, el Ministerio de Trabajo plantea "la supresión completa" del artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Con esta medida, el Gobierno trata de evitar que las empresas puedan salirse del convenio colectivo del sector para formar su propio convenio, con un comité de empresa ad hoc organizado entre sus trabajadores, y reducir las condiciones laborales respecto al sector. Es una de las razones del lento crecimiento de los salarios.

Por todas estas razones, Trabajo quiere "revisar" las condiciones de lo que, técnicamente, se denomina "descuelgue" de la empresa respecto al convenio. Es decir, que la decisión de las compañías responda "a sus necesidades verdaderas, más estrictas y por el tiempo estrictamente imprescindible". Se restaura la prórroga indefinida de los acuerdos laborales. El Ministerio de Trabajo ha decidido "suprimir" la actual regulación por la que el convenio caducado sólo pueda durar un año más, cuando no hay acuerdo entre los empresarios y los sindicatos para renovarlo.

Es lo que técnicamente se conoce como ultraactividad de los convenios. La reforma laboral estableció esta regulación para estimular la renovación de los acuerdos laborales. Con el fin de evitar la obsolescencia de los contenidos, porque, antes de 2012, el desacuerdo de una de las partes solía paralizar la negociación durante años.
(Expansión, 23-10-2018)

Empleo publica un tríptico que resume todas las ayudas para autónomos
Los autónomos disponen de ayudas por nuevas altas, bajas maternales o de conciliación y por contratación, entre otras, para desarrollar su actividad. Así se desprende de la guía recientemente publicada por Empleo que resume todas las bonificaciones para este tipo de profesionales.

Los trabajadores que se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) por primera vez o tras no haber estado dados de alta los dos años anteriores pagarán de cuota 50 euros al mes durante un año.

Tras los dos años de alta, los nuevos autónomos tendrán una reducción del 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes, una reducción del 30% de la cuota los tres meses posteriores y, por último, una bonificación del 30% de la cuota los tres meses siguientes.

Los autónomos que estén de baja por maternidad, paternidad, riesgos durante el embarazo, lactancia o aquellos que deban contratar a un familiar para conciliar la vida laboral y familiar percibirán una bonificación del 100% de las cuotas. Si el autónomo se reincorpora al trabajo tras maternidad o adopción pagarán una cuota fija de 50 euros al mes durante un año.

Los menores de 30 años y las mujeres que sean menores de 35 años tendrán una reducción del 30% de la cuota a la Seguridad Social durante los 12 meses siguientes a la finalización de la bonificación por haberse dado de alta como autónomos. La duración máxima de estas bonificaciones será de 36 meses. A esta bonificación también podrán acceder los trabajadores con discapacidad superior al 33% y las víctimas de violencia de género.

Quienes opten por una cuota mínima pagarán al darse de alta 50 euros al mes durante un año, mientras que, si se ha optado por la base más alta, se les aplicará una reducción del 80% de la cuota durante los doce primeros meses.

Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos supuestos anteriores, y con independencia de la base de cotización elegida, podrá aplicarse una bonificación del 50% sobre la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, durante 48 meses hasta completar un periodo máximo de 5 años desde la fecha del alta.
(El País, 23-10-2018)

El 60% de los empleados van menos al médico si su empresa les descuenta del sueldo
Es decir, aquellos trabajadores cuyos permisos para acudir al médico sí son retribuidos por sus empresas, acuden una media de diez veces al año, frente a las cuatro visitas que hacen aquellos empleados a los que les descuentan de su sueldo ese tiempo.

Esto supone un riesgo para el empleado, “ya que su salud podría empeorar y, en el caso de enfermedades como la gripe podría contagiar a otros compañeros. Además, esta situación afecta negativamente a la imagen que tiene el empleado de la empresa en la que trabaja, a la falta de confianza de la empresa en el trabajador”, alerta Inmaculada Santisteban, cofundadora de Tramitapp.

Hay que recordar que, según el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, es perfectamente legal que la empresa descuente del sueldo el tiempo utilizado para acudir a la consulta y también puede exigir que se recupere ese tiempo, según comentan desde la consultora.

En este sentido, Santisteban explica que “ir al médico no se puede considerar como un capricho del trabajador, por lo que muchos empleados entienden que no es justo que les descuenten ese tiempo de su sueldo.

De ahí que, la retribución de las visitas médicas sea no sólo una oportunidad para que las empresas puedan demostrar que confían en los trabajadores si no, también, para mejorar el compromiso de los empleados con la compañía, ya que valoran el interés que ésta tiene por su salud cuando retribuyen las visitas”.

Por último, desde Tramitapp recomiendan a los trabajadores que cuando acudan a las consultas médicas siempre pidan un justificante para entregarlo a la empresa, aunque ésta no se lo pida. De esta manera, podrán acreditar que el tiempo solicitado de permiso lo han pasado en el centro hospitalario.
(El Mundo, 23-10-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

La UE busca nuevo jefe para supervisar los bancos de la zona euro
La carrera para elegir al nuevo policía jefe que vigilará la salud de los bancos de la zona euro a partir del año que viene se acerca a su momento decisivo. El Banco Central Europeo (BCE) ya ha remitido al Parlamento Europeo los nombres de los tres candidatos a suceder a la francesa Danièle Nouy al frente del Consejo de Supervisión del BCE, y este martes se celebrará un primer encuentro a puerta cerrada entre los presidenciables y los eurodiputados del Comité de Asuntos Económicos (ECON).

Aunque en principio se trata de candidaturas secretas, han trascendido tres nombres: la subgobernadora del Banco de Irlanda, Sharon Donnery; el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, el italiano Andra Enria; y el francés Robert Ophèle, presidente de la Autoridad de los Mercados Financieros gala. El ganador sustituirá a Nouy a partir del 1 de enero de 2019 y se encargará de determinar qué bancos son solventes y cuáles no durante los cinco años siguientes.

La sesión de este martes se celebrará en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo entre las 9h. y las 11.25h. Los candidatos comparecerán por separado, en sesiones de tres cuartos de hora. Cada uno dispondrá de cinco minutos para realizar una intervención inicial y el resto del tiempo se dedicará a preguntas y respuestas de los eurodiputados.

La favorita del presidente del BCE, Mario Draghi, y de los países nórdicos es la irlandesa Donnery, conocida por su mano dura con las entidades. De hecho, ha sido una de las impulsoras de una frustrada medida para acelerar todavía más el saneamiento de los balances bancarios.

Su competencia técnica es incuestionable y también juega a su favor la cuestión de la igualdad de género. En su contra en cambio están los planes del Gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane, que ya compitió con Luis de Guindos por la vicepresidencia del BCE. Tras la derrota aspira ahora a ocupar el puesto de Peter Praet, economista jefe de la institución, cuyo mandato vence el 31 de mayo de 2019. Aunque con esto de los nombramientos europeos nunca se sabe, dos irlandeses para dos puestos clave en un espacio de seis meses parece un tanto ambicioso.

El italiano Enria y el francés Ophèle también tienen posibilidades. El primero conoce perfectamente el sector. Desde su posición actual al frente de la EBA ha dirigido la construcción del andamiaje normativo y de supervisión de la Unión Bancaria. En su contra juega la deriva nacionalpopulista del Gobierno italiano, controlado por las fuerzas euroescépticas Movimiento 5 Estrellas y Liga Norte. No parece que el resto de países quieran premiar a Roma con un puesto de estas características, teniendo en cuenta que buena parte de los créditos morosos que aún quedan por sanear en la UE son de bancos de Italia.

Pero Enria puede tratar de darle la vuelta al argumento: ¿Quién mejor que un italiano para adoptar las duras medidas que puede necesitar el sector bancario italiano? De ese modo se desactiva la carta de la italianofobia que suelen jugar la Liga Norte y Movimiento 5 Estrellas cada vez que Bruselas cuestiona sus políticas.

Ophèle, por su parte, es un alto funcionario francés que ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el Banco de Francia, donde llegó a ser segundo subgobernador. En julio de 2017, el presidente Emmanuele Macron le nombró presidente del equivalente galo a la CNMV española. A favor tiene precisamente ser el candidato de Francia en general y de Macron en particular. En su contra, prácticamente lo mismo. Su nombramiento supondría cambiar a un francés por otro francés en la cúpula del Consejo de Supervisión. Además, también podría restar posibilidades a la candidatura francesa para suceder a Draghi en noviembre del año que viene, encarnada, de momento en François Villeroy de Galhau.

Después del encuentro en Estrasburgo, los eurodiputados de ECON emitirán una primera valoración. Entonces el proceso pasará de nuevo al Consejo de Gobierno del BCE, donde tienen representación los gobiernos de cada Estado Miembro del euro y los seis miembros del Comité Ejecutivo. Este órgano celebrará una votación secreta, elegirá a uno de los candidatos y enviará su propuesta de designación de nuevo a la Eurocámara, que deberá someterlo a votación.
(Cinco Días, 23-10-2018)

La venta de hipotecas se paraliza hasta que el Supremo aclare su fallo
Los clientes bancarios interesados en la contratación de una hipoteca no saben a qué atenerse. La banca tampoco. El nuevo episodio protagonizado ayer por el Tribunal Supremo volvió a sumir en el caos la venta de hipotecas.

El Supremo comunicó este lunes que ha fijado para el próximo 5 de noviembre el pleno para aclarar definitivamente quién tendrá que pagar a partir de ahora el impuesto sobre la constitución de las hipotecas, después de que la semana pasada la sala de lo Contencioso-Administrativo determinase en una sentencia que será el banco y no el cliente el que debe abonar esa cantidad. Los magistrados subrayan que la sentencia del día 16 es firme y no será revisada pero la doctrina se clarificará abordando casos similares.

Este anuncio volvió a sorprender al sector financiero y a los clientes, y han visto cómo se han paralizado las firmas de nuevas hipotecas. La banca, de hecho, se teme que esta tendencia se mantendrá así hasta que el alto tribunal no emita su decisión definitiva en 14 días.

La inseguridad jurídica que ha generado el Supremo ha caído como una losa en las oficinas bancarias, afirman fuentes financieras. “Solo estamos firmando aquellas hipotecas vinculantes que teníamos programadas hace tiempo. Nuevas no hemos realizado o concretado ninguna”, coinciden en declarar varias fuentes de grandes bancos.

De momento, la mayoría de las entidades están ahora dando instrucciones a sus oficinas para que se siga con el criterio anterior al fallo del Supremo del pasado jueves, y sea el cliente quien asuma el coste del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). De esta forma, han decidido mantener nuevamente sus actuales ofertas hipotecarias, en algunos casos retiradas entre el jueves y el viernes, hasta que se aclare el criterio de la sentencia de la pasada semana.

Entienden que hasta que la sentencia que cambia el criterio de quién debe hacerse cargo del impuesto de las hipotecas no se publique en el BOE no entra en vigor, por lo que desde ayer han vuelto a la situación anterior y a aplicar la regulación de 1995.

La banca entiende que el comunicado del lunes del Supremo tampoco aclara si se mantendrá que los bancos asumirán este impuesto, aunque entienden que al final será así. Aseguran, sin embargo, que mientras que no haya jurisprudencia, y la sentencia no se publique en el BOE no tiene que hacerse cargo de este impuesto.

Pese a ello, solo se están firmando las hipotecas de clientes que ya han quedado con el notario para completar los trámites de la compra de su casa, y prefieren pagar el impuesto. Aunque en estos casos se está incluyendo una cláusula en la que se especifique que en caso de que al final sea la banca la que deba asumir este coste, le devolverán dicha tasa. Las entidades, no obstante, aseguran que es el cliente el que prefiere esperar a contratar ahora un crédito hipotecario, pese a los intentos de la banca a que se vuelva a la normalidad en las oficinas y se concedan préstamos para la compra de una vivienda.

Los grupos financieros siguen manteniendo que el cambio de criterio que analizará el Supremo solo hará referencia a la eliminación de toda posibilidad de reclamar la retroactividad de este impuesto, y confirmará que sea la entidad financiera la que pague el tributo de AJD.

Aunque los criterios por los que defiende el Supremo que debe ser el banco el que se haga cargo del tributo no les convence. Aseguran que el beneficiario de la firma de una hipoteca es tanto el banco como el cliente, ya que el primero hace negocio, pero también asume un riesgo al prestar un dinero (“y, sino que analicen los balances de la banca desde la crisis, llenos de inmuebles por impagos”, señala un ejecutivo).

El cliente, por su parte, también es beneficiario de la operación, porque recibe unos fondos para la compra de la vivienda, añaden las mismas fuentes. Eso sí, recalcan que “como la generalidad de las modificaciones en la legislación tributaria, el cambio que se produce en la normativa del IAJD y en su interpretación jurisprudencial solo debe ser aplicable a las operaciones que se formalicen a partir de la fecha de dicho cambio, es decir a partir de la fecha de la sentencia”. Eso sí, las entidades financieras ya han aprobado en sus comités de directivos la próxima subida del precio de las hipotecas, en unos 10 puntos básicos, que compensen el coste del impuesto de AJD. Según sus cálculos, el pago de esta tasa por los actos jurídicos documentados “se come el margen de dos años de una hipoteca. Y si no subidos el diferencial venderíamos a pérdidas”, subraya un ejecutivo de una entidad.

El caos del Supremo ha llevado a Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a pedir la dimisión del presidente de la Sala III del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo.
(Expansión, 23-10-2018)

Los españoles ahorran poco y mal
Y no es algo nuevo. Los países de la zona euro destinan de media entre el 12% y el 14% de su renta al ahorro. En España, esa tasa casi siempre ha estado por debajo del 12% y ahora está en el 5%, el nivel más bajo de la historia. Durante los años más duros de la crisis económica los españoles tuvieron que apretarse el cinturón, concentrarse en el consumo e incluso sacar dinero de la hucha para afrontar algunos gastos. Pero, ahora, después de varios años de recuperación, ¿por qué los niveles de ahorro siguen cayendo?

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene una explicación. El regulador de los mercados financieros considera que ese nivel mínimo de ahorro tiene que ver con la desigualdad. "Los tramos más altos de rentas sí que están ahorrando más, pero hay un colectivo muy grande de familias, con ingresos bajos y estancados, que no pueden permitirse ahorrar", explican fuentes del supervisor.

La CNMV ha publicado hoy un estudio que analiza en profundidad las decisiones de ahorro e inversión de los hogares españoles. La poca predisposición al ahorro estaba perfectamente documentada, pero los mínimos que ha registrado la tasa de ahorro es algo que está sorprendiendo a muchos economistas.

"Creemos que hay evidencias de que la evolución de la distribución de la renta disponible es clave para explicar lo que está pasando", apuntan desde la CNMV. "Hay una parte de la población con un nivel de renta muy reducida y que no tienen ninguna capacidad de ahorro".

Ese bajo nivel de ahorro y la predisposición a destinarlo a la compra de vivienda tienen importantes consecuencias sobre la economía. "El dinero va al sector inmobiliario, que aporta menor valor añadido al país. Además, el alto porcentaje de vivienda en propiedad desincentiva la movilidad laboral. Creemos que todos estos factores tienen un importante impacto sobre el Producto Interior Bruto", reflexiona uno de los responsables del estudio.

¿Cómo conseguir que la gente ahorre más? ¿Qué hacer para que no todo el dinero vaya a la compra de vivienda? Desde la CNMV apuntan a algunas medidas clásicas, como mejorar la educación financiera o contar con tratamientos fiscales favorables, pero también insisten en la importancia de mejorar los ingresos de las familias con menos recursos.

"La mejor medida para que aumente el ahorro es con políticas de fomento de las rentas, como las negociaciones colectivas al alza y una mejora del salario mínimo interprofesional [SMI]", apuntan fuentes de la CNMV.
(El País, 23-10-2018)

Sector

La abogacía vive momentos convulsos
En los profesionales y las organizaciones ha arraigado la idea de que hay que hacer y cambiar muchas cosas, pero, a la vez, nadie se atreve a pronosticar cómo será su propio negocio dentro de cinco o diez años. En este contexto de hiperactividad, desorientación y, por qué no decirlo, algo de temor, el V Legal Management Forum volvió a servir para alumbrar los desafíos que a corto y medio plazo deben encarar los despachos para enfrentarse a un entorno cada vez más competitivo. Como el camarón, quien se duerma puede verse arrastrado por la corriente. "Hoy, la prioridad es sobrevivir, no tener éxito", advirtió la gurú estadounidense en la gestión de despachos Susan Hackett, CEO de Legal Executive Leadership.

El encuentro puso de relieve la importancia que la tecnología tendrá en el imprescindible paso adelante que han de dar los bufetes. Pero no es el único factor que deben contemplar las firmas. La innovación también debe extenderse a los procesos internos, a la relación con los clientes, a los productos y servicios ofrecidos y, además, a la configuración de las plantillas. Una mejor gestión pasa por fichar y dotar de capacidad de decisión a profesionales no juristas que aporten habilidades y conocimientos distintos a los de los abogados.

Los más de mil asistentes que se dieron cita en el encuentro conocieron de primera mano algunos de los nuevos modelos de negocio que, apoyados en la tecnología, han logrado hacerse un hueco en el sector jurídico. Los representantes de varias startups legales y empresas dedicadas a ofrecer servicios de gestión relataron cómo aún detectan "resistencia" y "recelos" en los bufetes. Unos frenos que, sin embargo, no tienen las asesorías jurídicas internas de las empresas o las áreas jurídicas de las grandes consultoras (las big four), que, a día de hoy, constituyen una amenaza para las firmas legales.

Durante la inauguración del encuentro, que contó con la presidencia de honor del rey Felipe VI, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, tendió la mano a profesionales y organizaciones jurídicas para abordar las reformas que impone la digitalización. "Es necesario un marco jurídico adecuado que reconozca los derechos y deberes de la era digital, así como la ciberseguridad y la protección de datos, garantizando la seguridad jurídica en un entorno cambiante", manifestó.

Dos profesionales ajenos al mundo del derecho, pero expertos en el ámbito de la tecnología como Carles Grau, CEO de Mobile World Capitaly, y Bernardo Hernández, presidente de Citibox, se atrevieron a hacer algunas predicciones sobre los cambios que experimentará el sector legal.

Grau aseveró que los nuevos desarrollos de legaltech, inteligencia artificial o machine learning permitirán reducir entre un 30% y un 40% la carga de trabajo de los profesionales. Asimismo, vaticinó que los clientes exigirán más transparencia a las firmas, que tendrán que dar una información mucho más detallada sobre en qué punto se encuentran los procesos, qué motiva sus decisiones o quién está encargándose de cada aspecto del trabajo.

Hernández, por su parte, recomendó a las firmas no pretender aspirar a ser las autoras de los desarrollos tecnológicos, sino apoyarse en avances que ya existan en el mercado, pero "eligiendo una ventaja competitiva clara y determinante". "Se pueden hacer mil cosas, pero es mejor elegir solo una y hacerla bien", y para ello, concluyó, se requiere dedicarle los recursos (en tiempo y dinero) suficientes.
(Cinco Días, 23-10-2018)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).