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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 24 D’OCTUBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Obligatoriedad de utilizar medios electrónicos para la presentación de solicitudes, las comunicaciones y las notificaciones en el procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y su certificación
Orden CNU/1117/2018, de 8 de octubre, por la que se establece la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos para la presentación de solicitudes, las comunicaciones y las notificaciones en el procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y su certificación, a los efectos de contratación de personal docente e investigador universitario.
(BOE, 14-10-2018)

Cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales
Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales.
(BOE, 14-10-2018)

Euro
Resolución de 23 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 23 de octubre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 14-10-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/24/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/24/index.php?d=257&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 24 D’OCTUBRE DE 2018

Fiscal

Hacienda multará con 150 euros cada IP y geolocalización ocultas para eludir la 'tasa Google'
Más de 2.000 millones de la recaudación prevista para 2019, y con la que justifica la rebaja de déficit comprometida con Bruselas, está basada en los nuevos tributos sobre las transacciones financieras y los negocios digitales. Estos, sin embargo, no entrarán en vigor hasta tres meses después de su aprobación, según los anteproyectos de ley consultados por este diario, y aún les espera una ardua tramitación. Su aplicación, por tanto, promete retrasarse al menos hasta mediados de año recortando su potencial de ingresos a la mitad.

Esta circunstancia podría restar unos 1.000 millones de euros de los 5.678 millones extra que espera ingresar el Gobierno con su nuevo paquete fiscal (4.489 millones con impacto directo en las arcas de la administración central), lo que recorta diferencias con el inferior volumen de gasto social anunciado: 5.098 millones (1.992 a costa de los Presupuestos Generales).

Desde el Ministerio de Hacienda aseveran que tratarán de que los nuevos tributos “entren en vigor cuanto antes”, y lo más apegados al 1 de enero de 2019. Pero el calendario no acompaña. Para empezar, tras su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado viernes, el Gobierno sometió ayer a audiencia pública los anteproyectos de ley sobre el impuesto digital y a las transacciones financieras. El objetivo es que cualquier posible afectado, “los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados” o “las organizaciones o asociaciones que los representen” puedan realizar aportaciones y matizaciones a los textos presentados hasta el 15 de noviembre. Operadores de Bolsa, bancos y firmas tecnológicas tratarán de suavizar el contenido de las normas con escritos que el Gobierno deberá analizar.

Concluido el plazo, se iniciará la tramitación parlamentaria. Aunque el Ejecutivo tratase de impulsar estas normas con un procedimiento de urgencia, PP y Ciudadanos ya han aprovechado su control de la Mesa del Congreso de los Diputados para evitar que el Gobierno acelerase la tramitación de otras normas.

Un procedimiento ordinario (con paso por comisión y pleno del Congreso, envío al Senado y vuelta a la Cámara Baja), conlleva de media entre cinco y seis meses. En el mejor de los casos, y si el Gobierno logra los apoyos necesarios, los anteproyectos no recibirían el visto bueno hasta finales de marzo. Solo entonces se publicarían en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, a partir de ahí, pasarían tres meses hasta su entrada en vigor.

La memoria de impacto normativo de las tasas elaborada por la Dirección General de Tributos recuerda que este plazo es necesario para introducir nuevos impuestos y que estos, además, no podrán tener efectos retroactivos. Es decir, que no comenzarán a cobrarse antes de julio, como pronto, lo que rebaja su potencial recaudatorio conjunto en más de 1.025 millones.

La llamada tasa Tobin, que gravará al 0,2% la compraventa de acciones de las 68 compañías españolas con una capitalización superior a 1.000 millones de euros realizadas por operadores financieros, busca recaudar 850 millones en un año. Un objetivo que ya fue corregido a la baja, dice Tributos, al aplicarse el gravamen a las operaciones netas intradía, lo que deja fuera buena parte de las compraventas especulativas de cada jornada. En solo medio año, la tasa lograría 425 millones.

A su vez, el gravamen del 3% sobre las operaciones de publicidad online, intermediación digital entre consumidores y empresas o venta de datos de usuarios, para empresas que facturen al menos 750 millones en el mundo y tres millones en España, busca ingresar 1.200 millones por ejercicio fiscal. En seis meses, serían 600 millones.

A esta cifra habría que sumarle, eso sí, las sanciones que Hacienda contemplan contra quienes oculten o modifiquen su dirección IP, o geolocalización, para eludir esta tasa Google. Se multará cada caso con 150 euros con un límite de 15.000 euros anuales para entidades no económicas y del 0,5% del importe neto de negocio del año anterior para las empresas (15.000 euros para las de tres millones y de ahí en adelante).

Las arcas públicas sí que podrían notar antes el impacto de las medidas antifraude impulsadas el pasado viernes, que entrarían en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y que buscan recaudar 828 millones de euros. El cálculo, en todo caso, sigue siendo para un ejercicio completo por lo que la cifra dependerá del mes en que se apruebe.

El paquete incluye rebajar de 2.500 a 1.000 euros el límite de pago efectivo entre profesionales, ampliar la lista de paraísos fiscales y la de morosos con la Agencia Tributaria, crear una oficina de vigilancia de grandes patrimonios o estrechar la vigilancia sobre los programas informáticos que facilitan la contabilidad en B y las criptomonedas.
(Cinco Días, 24-10-2018)

La ‘tasa tobin’ reducirá la negociación
La memoria de impacto económico elaborada por Hacienda sobre el nuevo impuesto sobre las transacciones financieras reconoce que la creación de este tributo “aumentará los costes de transacción” en Bolsa lo que “podría producir una reducción del volumen global negociado en acciones españolas sujetas al impuesto” (las de empresas con una capitalización superior a 1.000 millones de euros).

Aunque el Ministerio no cuantifica el posible impacto, el gravamen francés que se emula provocó una reducción del 10% en la operativa bursátil, según el Tribunal de Cuentas galo. El informe de Hacienda defiende eso sí que el tipo español, del 0,2% es “moderado” frente al de países vecinos (Francia lo ha subido al 0,3%), por lo que espera lograr una recaudación “apreciable” “sin que deba afectar de forma significativa a la negociación del mercado bursátil”.

La tasa Tobin española no gravará la compraventa de acciones de salidas a Bolsa, incluyendo las de entidades colocadoras o aseguradoras; las operaciones de autocartera que busquen dar liquidez a los títulos; las transacciones derivadas de fusiones, escisiones o resoluciones; ni los derivados financieros.
(El País, 24-10-2018)

Laboral

Los indefinidos no fijos no pueden acceder a la excedencia voluntaria
Los indefinidos no fijos no pueden disfrutar de la excedencia voluntaria. Así lo dictamina el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía en una sentencia en la que considera que reconocer tal derecho al colectivo les reportaría “mejores condiciones” que los trabajadores fijos.

Para el TSJ, la relación laboral del indefinido no fijo “se halla exclusivamente vinculada al puesto de trabajo que ocupa”. Esta característica inherente es incompatible con la excedencia voluntaria, que, según el Estatuto de los Trabajadores, implica el reingreso en las vacantes “de igual o similar categoría” hasta un periodo que alcanza los 10 años.

La Directiva europea que regula el trabajo de duración determinada “exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado”. No obstante, el TSJ argumenta que el actor “no se hallaba en una situación equiparable a la de los trabajadores contratados por tiempo indefinido”

Por otro lado, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre un asunto similar (doctrina Montero Mateos) exige que exista un motivo objetivo que justifique el trato diferenciado con respecto a los trabajadores fijos. Para el TSJ andaluz, esta razón radica en que la concesión del derecho a excedencia generaría “contradicciones” en lo que respecta al derecho de reingreso debido a las “características inherentes a esta modalidad”. Niega por tanto que se haya producido una vulneración al principio de igualdad.

Se apoya además en una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2018, en la que estableció que los indefinidos no fijos tienen una naturaleza jurídica idéntica a los trabajadores temporales, al entender que ambos implican contratos sometidos a condición que establece su vencimiento o extinción. En el caso de los indefinidos no fijos, se aborda una temporalidad de la relación laboral “específica, concreta y determinada” por lo que no puede concederse una excedencia basada en criterios temporales futuros no específicos.
(Cinco Días, 24-10-2018)

Trabajo propone subir la cuota de autónomos más de 30 euros al mes
El Ministerio de Trabajo ha propuesto a las asociaciones de trabajadores autónomos tres tipos de subidas de su base mínima de cotización para 2019. Si bien todas ellas llevan aparejadas distintos aumentos de los tipos de cotización para mejorar las prestaciones del colectivo. Así, cuanto menos se incremente la base mínima más aumentará el tipo de cotización, o lo que es lo mismo, más aumentará la parte de esa base que los autónomos tienen que pagar a la Seguridad Social. Fuentes del colectivo de autónomos no están de acuerdo con la relación propuesta por el Gobierno, pero consideran que la negociación con el Ejecutivo acaba de comenzar.

En concreto, la primera propuesta sería subir la base mínima solo un 1,25% y el tipo de cotización pasaría a ser del 33,7%, entre tres o casi cuatro puntos más que los tipos de cotización actuales (fijados en el 29,9% si el trabajador cotiza por contingencias comunes o en el 30,8% si también cotiza por contingencias profesionales y cese de actividad). En la práctica esto supondría que la base mínima se elevaría en 2019 a 944,35 euros, pero la cuota que pagan los autónomos mensualmente pasaría de los actuales 279 (cuota básica) o 287 (cuota con accidentes de trabajo y prestación por cese de actividad) a 318,24 euros. O lo que es lo mismo, la cuota mensual subiría entre 31 y 39 euros.

Además, ya no existiría la posibilidad de que el autónomo eligiera algunas de las causas por las que cotiza, que ahora son voluntarias, ya que Trabajo quiere que, cualquiera que sea la subida de la cotización y de los tipos, el colectivo esté obligado a cotizar por todas las contingencias por las que ya cotizan los trabajadores asalariados. Esto quiere decir que cotizará por contingencias comunes (para cubrir la pensión y las prestaciones por incapacidad); por accidentes y enfermedades profesionales; por cese de actividad (similar a la prestación o desempleo) y, como novedad, por formación.
En la segunda propuesta, la base mínima se incrementaría un 6,25% hasta los 991 euros y el tipo de cotización se situaría en el 31,80%. De esta forma, la cuota mensual del autónomo sería de unos 315 euros, 36 euros mensuales más. Mientras que, en el tercero de los casos propuestos por Trabajo, la base mínima del autónomo aumentaría un 12,25% con lo que casi se equipararía a la base mínima del Régimen General de asalariados (1.050 euros) y los tipos de cotización se elevarían al 31,20% y la cuota mensual del autónomo crecería hasta el entorno de los 47 euros mensuales, más de 550 euros anuales más.

Ante estas tres posibilidades, las asociaciones mayoritarias de autónomos ATA y UPTA aseguran que solo aceptarán una subida del 1,25% de la base mínima para el próximo año y un incremento de los tipos de cotización al 31,2% (1,4 puntos más que en la actualidad, a cambio de cotizar por todas las contingencias). De esta forma, la cuota mensual del autónomo se incrementaría el próximo año a unos 295 euros (unos 16 euros más al mes y 192 euros más al año que en la actualidad). De lo contrario, fuentes de estas asociaciones aseguraron ayer que no firmarán un acuerdo con el Ejecutivo.

Dicho todo esto, el Gobierno propuso ayer retrasar la negociación de un nuevo diseño del sistema de cotizaciones de estos trabajadores "lo más ajustado posible a sus ingresos" al próximo año para que sea de aplicación en el ejercicio 2020.
(Expansión, 24-10-2018)

La Seguridad Social gana 6.002 cotizantes extranjeros en septiembre tras dos meses de retrocesos
La Seguridad Social ganó 6.002 cotizantes extranjeros en septiembre, un 0,3% más en relación al mes anterior, hasta situar el número de inmigrantes en alta en 1.993.210 ocupados, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Con este avance, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social vuelve a terreno positivo después de los descensos registrados en julio y agosto.

Del total de inmigrantes en alta en la Seguridad Social al finalizar septiembre, 1.663.617 cotizaban en el Régimen General; 324.637 en Autónomos; 4.867 en el Régimen del Mar, y 88 en el del Carbón. En términos interanuales, el número de afiliados extranjeros aumentó en septiembre un 7,5%, con 140.102 ocupados más que en el mismo mes de 2017.

Del total de trabajadores extranjeros cotizantes, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (335.471), Marruecos (233.907), Italia (116.845) y China (103.785). Les siguen los trabajadores procedentes de Ecuador (74.187), Colombia (65.547), Reino Unido (65.722), Bulgaria (59.496), Portugal (52.621) y Bolivia (51.216).
(El País, 24-10-2018)

El 51% de los trabajadores tiene jornadas de 40 horas semanales o superiores
Un 8,3% de los ocupados españoles trabaja 49 horas o más a la semana, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque en principio no se puede trabajar más allá del límite de 40 horas fijado por ley, sí que se pueden hacer horas extraordinarias retribuidas, ya sea con dinero o con descanso. El problema es que la propia EPA indica que aproximadamente un 44% de esas horas extra no han sido abonadas y, en consecuencia, son ilegales.

Estas estadísticas, elaboradas con cifras de 2017 y recogidas en la Encuesta de Indicadores de Calidad de Vida, muestran que los horarios extensos son algo muy habitual. De hecho, el 51% de los trabajadores tiene jornadas de 40 horas semanales o superiores. Y eso a pesar de que los convenios colectivos fijan una media de unas 38 horas pactadas, según los registros del Ministerio de Empleo. El propio INE califica estas jornadas de 40 horas o más como "largas".

El perfil de los que más horas trabajan presenta dos caras perfectamente identificables: por un lado, aparecen los empleadores, los directivos y los autónomos. Por otro, los jóvenes alrededor de la treintena, con poca cualificación, extranjeros y dedicados sobre todo a la construcción y la hostelería.

Poco importa que 2017 fuese un año en el que se recuperó el Producto Interior Bruto (PIB) perdido con la Gran Recesión. La crisis sigue proyectando su alargada sombra sobre el mercado de trabajo: "La estructura del mercado laboral de los últimos años, por la situación de crisis económica y la necesidad de adaptarse a las condiciones difíciles de este mercado, ha contribuido significativamente a cambios en las jornadas laborales", afirma la nota del INE.

Parte de estos datos también se explican por los tres millones de trabajadores por cuenta propia que contabiliza el INE. Estos no se benefician de una regulación que limite sus horarios y, por tanto, tienden a tirar de esta media hacia arriba. Como se desprende de los datos de medias trabajadas recogidas en la EPA, las jornadas más largas se dan entre los directivos y gerentes, los empleadores y los autónomos. En el sector privado mucho más que en el público. Y entre los hombres más que entre las mujeres. Los sectores que acumulan una mayor proporción de jornadas extensas son la construcción, la hostelería, la industria manufacturera y el comercio. Los que menos son la Administración Pública, la educación y las actividades sanitarias y de servicios sociales. Es más, de los datos se infiere que los que más cumplen con la jornada de convenio están en el sector público.
(El País, 24-10-2018)

Mercantil, Civil i administratiu

Bruselas tumba el presupuesto italiano y pide uno nuevo en tres semanas
Por primera vez en la historia, la Comisión Europea ha rechazado el plan presupuestario de un país miembro. En este caso, de Italia, al constatar que las cuentas presentadas "incumplen significativamente las normas fiscales europeas". Y ha emplazado al Ejecutivo italiano a que remita un nuevo borrador en las próximas tres semanas, antes del martes 13 de noviembre.

"Hoy, por primera vez, la Comisión está obligada a pedir a un país de la eurozona que revise su plan presupuestario. No vemos otra alternativa que pedir a las autoridades italianas que lo hagan", ha anunciado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro, Valdis Dombrovskis.

El vicepresidente europeo ha afirmado que las explicaciones aportadas por el Ejecutivo dirigido por Giuseppe Conte "no fueron convincentes" para resolver las dudas de Bruselas sobre que los presupuestos italianos presentan un "riego grave de incumplimiento" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Bruselas ya advirtió de ello el viernes pasado a las autoridades de Roma, pero Italia contestó que no modificará el documento.

Una respuesta que replicó en esencia el viceprimer ministro, Luigi Di Maio, unas horas después de conocerse el dictamen de Bruselas. El político italiano ha afirmado que el Gobierno "está en lo correcto" al defender su plan presupuestario para 2019 y dijo que "no se rendirá". Las críticas por parte del Ejecutivo han ido a más y en plena sede del Parlamento Europeo, un eurodiputado italiano (de Liga), ha puesto su zapato encima de los papeles del comisario Pierre Moscovici.

"El Gobierno italiano está yendo abierta y conscientemente contra los compromisos que hizo consigo mismo y con otros Estados miembros", ha comentado Domobrovskis. Por su parte, Pierre Moscovici, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, ha señalado que la decisión de Bruselas "no debe ser una sorpresa para nadie" y ha añadido que, desde que Roma anunció que elevaría deliberadamente hasta el 2,4% del PIB, "estaba claro que nos encontrábamos ante una situación inédita".

Mientras, el rendimiento del bono italiano a 10 años roza el 3,6%, los máximos de 2014 que marcó ya la semana pasada. Las caídas en el precio se moderaron después de que el viernes Moodys decidió mantener la perspectiva estable sobre la deuda italiana ha relajado a los inversores.

Paralelamente, la prima de riesgo italiana se sitúa en los 312 puntos básicos. Y en renta variable el MIB cede cerca de un 1%, pero es por el momento uno de los índices europeos que menos cae en la sesión, junto al Ibex. El euro, por su parte, se mantiene estable en los 1,14 billetes verdes, mínimos de agosto.
(Expansión, 24-10-2018)

El déficit público en la eurozona baja a mínimos de 2002 en el segundo trimestre
El déficit público en la eurozona se redujo una décima en el segundo trimestre del año, hasta el 0,1% del PIB, su cota más baja desde que comenzó la serie histórica en 2002, informó hoy la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea (UE), el déficit público descendió dos décimas con respecto al trimestre previo, hasta el 0,3% del producto interior bruto (PIB), también su nivel más bajo desde 2002.

Entre marzo y junio de 2017, el déficit se había situado en el 1,4 ¡% del PIB en la eurozona y en el 1,5% en los Veintiocho, lo que supone un descenso interanual de 1,3 puntos y 1,2 puntos, respectivamente. En el segundo trimestre de este año, los ingresos totales de los gobiernos de los países del euro ascendieron al 46,2% del PIB, la misma cota que en el trimestre precedente. Por su parte, el gasto total descendió en dos décimas, hasta el 46,3% del PIB frente al 46,5% del PIB en el trimestre previo.

En el conjunto de la UE, los ingresos totales ascendieron al 44,9% del PIB, una décima menos que entre enero y marzo, mientras que el gasto se redujo en dos décimas, hasta el 45,2% del PIB. Por otra parte, Eurostat publicó los datos de deuda pública, que en el segundo trimestre se redujo seis décimas en la eurozona, hasta el 86,3% del PIB. En los Veintiocho, la deuda pública descendió medio punto hasta el 81 % del PIB.

En comparación con el segundo trimestre de 2017, la deuda cayó tanto en la eurozona (del 89,2% al 86,3%) como en el conjunto de la UE (del 83,4% al 81%). Al final del tercer trimestre, los valores de deuda representaron el 81,1% del total de la deuda pública de la eurozona y el 81,9% de la de los Veintiocho. Los préstamos representaron el 15,9% y el 14%, respectivamente, en tanto que los depósitos y divisas, representaron el 3% de la deuda del área del euro y el 4,1% de la de la UE.
(Expansión, 24-10-2018)

Sector

Más mujeres en los juzgados
Aumentar la compensación económica de las actuaciones de Turno de Oficio para que sea acorde al valor y la calidad del servicio prestado por parte de la abogacía. Esta es una de las peticiones que hizo la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Maria Eugènia Gay, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado el pasado 22 de octubre en el primer encuentro entre ambas profesionales.

Ambas entraron también a valorar la sentencia del Tribunal Constitucional que avala que la Justicia gratuita es un derecho reconocido a los ciudadanos, especialmente, a los más vulnerables. En este sentido, Gay subrayó que “las administraciones deben ser conscientes de la labor de este servicio público que prestan los abogados y abogadas del turno de oficio y por ello deberían dotar a la Justicia Gratuita de medios suficientes y adecuados”.

Entre las muchas cuestiones abordadas durante el encuentro, la decana del ICAB puso de manifiesto el colapso del sistema judicial español, que “no puede responder a la ciudadanía diligentemente en tiempo y forma sobre los conflictos que se le plantean”. En este sentido, hizo referencia a las conclusiones del Informe de la Justicia 2018, presentado hace un mes en Barcelona, en el que quedan patentes las importantes deficiencias existentes, especialmente en la jurisdicción civil.

Entre las carencias más graves, el documento recoge que los juzgados especializados en “cláusulas suelo” no son capaces de asumir el volumen de entrada de los expedientes; los procesos de divorcio contenciosos pueden durar un año en Instancia y dos en apelación; el enjuiciamiento de delitos leves que pueden llegar a prescribir por falta de medios para señalar la vista en plazo; o que juzgados de lo social señalan los juicios 2 o 3 años vista.

La decana también subrayó la necesidad de un texto normativo que proteja íntegramente a menores y adolescentes contra cualquier tipo de maltrato y abuso, así como la necesidad de incorporar las previsiones del Protocolo de Estambul a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Por otro lado, Gay explicó la Medida 144 del Plan Estratégico de la Abogacía Española para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, donde el ICAB, junto con el Consejo General de la Abogacía Española, presentará el compromiso del cumplimiento de los objetivos que pretenden, por un lado, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, y por el otro, promover el desarrollo sostenible y facilitar el acceso a la justicia para todos.

Ambas especialistas abordaron la necesidad de trabajar por la igualdad de géneros en la Administración de Justicia, ya que la presencia de mujeres juezas en las distintas instancias es escasa. En este sentido, ha hecho hincapié en que en España las mujeres suponen el 60% de los jueces en primera instancia, pero no llegan al 50% en los tribunales de segunda instancia, unas cifras que se sitúan lejos del 80% de países como Eslovenia, donde los jueces y magistrados son mayoritariamente mujeres.

En el ámbito puramente legislativo, Gay planteó suprimir las tasas judiciales estatales y las establecidas para las PYMES, rehaciendo la configuración actual de este tributo y asimilándola a la que en su día se estableció en el artículo 35 de la Ley 53/2002 (que fue derogado en 2012), que garantizaba la exención del pago de las tasas jurisdiccionales a los sujetos pasivos que tuvieran la consideración de entidades de reducida dimensión.
(Cinco Días, 24-10-2018)

Cisma entre los magistrados del Supremo
La sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) publicada el pasado 16 de octubre y cuyos efectos quedan aplazados hasta el 5 de noviembre, no solo ha puesto en un aprieto a la banca y a sus cuentas de resultados, también ha abierto un auténtico cisma entre los magistrados de este organismo judicial. Las comunidades autónomas, mientras, contienen la respiración en espera del dictamen final del día 5.

De esta forma, comunidades autónomas y grupos políticos han comenzado a presionar al Gobierno y al Supremo para que se aclare lo antes posible lo que consideran, en la mayoría de los casos, cuanto menos una polémica decisión.

Uno de los primeros en dar públicamente la voz de alarma sobre las consecuencias que esta sentencia tendrá para los presupuestos de las comunidades autónomas ha sido Fernando Gimeno, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón envió el pasado 19 de octubre una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solicitando una reunión de los técnicos tributarios para aclarar las consecuencias de la sentencia del Supremo.

El fallo del alto tribunal supondría para Aragón, si se declara la retroactividad del impuesto de AJD en los últimos cuatro años, unos 90 millones de euros ya que se verían afectados unos 30.000 expedientes desde octubre de 2014 hasta el pasado día 16, según cálculos del propio gobierno autónomo.

Gimeno ha buscado el apoyo de otras comunidades autónomas a su iniciativa, aunque la paralización de la sentencia en 15 días, también ha dejado en el aire la posibilidad o no de celebrar esta reunión con Montero y los técnicos del ministerio.

Gimeno considera que el efecto al final para las comunidades autónomas será neutro, pero reclama “adoptar medidas para resolver el problema y articular un mecanismo ágil y razonable que permita dar una solución a los ciudadanos”, según explica el Gobierno de Aragón.

Pero Ciudadanos, Podemos, PP y POSE también han entrado de lleno en la polémica. Ciudadanos ofreció ayer al Gobierno pactar un sistema de arbitraje con el fin de acordar devoluciones de cantidades indebidamente cobradas en la tributación de los gastos hipotecarios, una vez que el Supremo resuelva sobre esta cuestión. “Nos ofrecemos a llegar a acuerdos para arbitrar soluciones. Millones de familias han pagado in impuesto que, parece ser, no les corresponde, y eso tiene que tener una compensación”, declaró el presidente de Cs, Albert Rivera.

Podemos, mientras, ha presentado una querella por prevaricación contra el presidente de la Sala Contencioso-Administrativa del Supremo, Luis María Díez-Picazo, por su gestión en la sentencia. El PP, en su caso, reclamó ayer en el Congreso que el tribunal tome una decisión “cuanto antes” y de manera “clara y definitiva” sobre quién debe hacerse cargo de los impuestos de una hipoteca. El PSOE también reclamó que el Supremo acelere su decisión.
(El Mundo, 24-10-2018)

 
 
 
 
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