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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 25 D’OCTUBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Autorización para la segregación y reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado
Orden ECE/1130/2018, de 17 de octubre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado.
(BOE, 25-10-2018)

Euro
Resolución de 24 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 24 de octubre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 25-10-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/25/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/25/index.php?d=258&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 25 D’OCTUBRE DE 2018

Fiscal

Hacienda quiere gravar con la ‘tasa Tobin’ a los valores españoles en Wall Street
La fórmula con la que el Gobierno pretende recaudar 850 millones de euros al año incluye también las acciones de compañías españolas que coticen en Estados Unidos. La misión es que el impuesto sobre transacciones financieras (ITF o tasa Tobin, en la jerga) no tenga fronteras. En el Ibex, al otro lado del Atlántico se negocian Telefónica, Santander, BBVA, Repsol, las acciones B de Grifols –sin derechos de voto–, IAG y otras empresas.

También cotizan en otras Bolsas como la brasileña y la británica a través de certificados de depósitos. Estos se conocen como American Depositary Receipt (ADR) en Wall Street y Crest Depository Interests (CDI) en Reino Unido. Emplea ambas fórmulas, por ejemplo, Santander. También se negocian en Londres, y con más volumen que en España, las acciones de IAG, que mantiene la sede social en Madrid y que también deberían pagar.

El borrador de la norma especifica, que los certificados de depósito que representen acciones también están sometidos a tributación. El objetivo teórico es que no haya puntos de fuga en la recaudación del impuesto. Las empresas mencionadas están presentes en Wall Street con programas de ADR promovidos por ellas mismas. Su objetivo es facilitar la compra, tenencia y venta de títulos extranjeros por parte de inversores estadounidenses. Al tiempo son un soporte de financiación que les permitiría, llegado el caso, ampliar capital en EE UU.
(Cinco Días, 25-10-2018)

Hacienda prevé que la inspección sobre grandes fortunas arroje  442 millones en 2019
Uno de los pilares maestros del nuevo plan antifraude impulsado por el Consejo de Ministros el pasado viernes es la creación de una oficina específica de vigilancia fiscal de grandes patrimonios. Hasta ahora, sin embargo, Hacienda no había detallado los objetivos que tendrá el nuevo organismo. La letra pequeña del anteproyecto de ley, consultado por este diario, aclara que su finalidad es incrementar la recaudación en 110 millones de euros en 2019.

La nueva oficina será una unidad central que coordine todas las actuaciones de control ya en marcha y las refuerce al tener asignados “200 funcionarios cualificados a tiempo completo”. En 2017, las inspecciones sobre el colectivo de altos patrimonios permitieron a Hacienda recaudar 332 millones de euros con lo que el objetivo es alcanzar los 442 millones el próximo año.

Más allá de este punto, la memoria de impacto económico elaborada por la Dirección General de Tributos sobre el paquete de medidas antifraude revela que prohibir la producción, posesión o comercialización de software informático que permita a las empresas mantener una contabilidad en B, sobre la que pesarán multas de 150.000 euros, podría recaudar 418 millones. El documento justifica la cifra alegando que “si tan solo un 1%” de los pagos en efectivo de los consumidores se ocultase a Hacienda con estos programas, prohibirlos podría aflorar 2.000 millones de bases imponibles no declaradas. Con un IVA medio efectivo del 15,67%, se obtendrían 113,4 millones adicionales por esta vía y 104,5 millones más por lo declarado en Sociedades, detalla el texto.

Estas medidas, junto al mayor control de Hacienda sobre las criptodivisas (con un impacto por cuantificar) permitirían recaudar, sobre el papel, 647,9 millones de euros adicionales, si bien Hacienda corrige a la baja el objetivo conjunto de ingresos, que cifra en 500 millones, al entender que varias de las medidas pueden solapar sus efectos.
(Cinco Días, 25-10-2018)

Madrid rebaja el IAE a las empresas que paguen el abono transporte a sus empleados
El Ayuntamiento de Madrid rebajará en 2019 el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en un 10 por ciento a las empresas que paguen íntegramente el abono transporte a sus empleados, una medida con la que quiere "mandar un mensaje" para que este beneficio se incluya en los convenios colectivos. Este es uno de los cambios introducidos en las ordenanzas fiscales para 2019 que el Gobierno municipal de Ahora Madrid ha pactado con su socio de investidura, el PSOE, en el marco de la apuesta por favorecer la producción de energía verde, la movilidad sostenible y el uso del transporte público.

El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, y la edil socialista Erika González han presentado en una rueda de prensa su acuerdo para los cambios impositivos de 2019, que tendrán que ser aprobados por el Pleno municipal. El Ayuntamiento de Madrid consignará 10 millones de euros en sus cuentas de 2019 para financiar la medida, si bien el delegado Jorge García Castaño ha considerado que en los ejercicios siguientes tendrá una incidencia mayor puesto que la propuesta se incluirá de forma progresiva en los convenios.

La rebaja fiscal que reciban las empresas no podrá superar el gasto total en las tarjetas para acceder al transporte público, pero según ha recordado el delegado, el abono transporte como pago en especie está exento del IRPF para los trabajadores y es deducible en el impuesto de sociedades para las empresas. "Es muy racional económicamente introducir esta medida en los convenios colectivos", ha remarcado Jorge García Castaño.

Por otra parte, el Ayuntamiento extiende a las motocicletas y los ciclomotores la bonificación del 75 % durante dos años en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por cambiar los vehículos por otros menos contaminantes y rebaja el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a todos los edificios que instalen paneles solares. En el caso de los residenciales, la bonificación máxima será la máxima legal: un 50 por ciento de la cuota durante tres ejercicios, hasta un máximo del 60 por ciento del coste total de la instalación.

De igual forma, se bonificará el 95 por ciento del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) correspondiente a las obras para la colocación de los paneles solares. Por ello, a partir de 2019, tanto particulares como empresas podrán deducirse la instalación de placas solares en su recibo del IBI y del ICIO.

El edil del Gobierno de Manuela Carmena ha remarcado que con estos cambios fiscales el Ayuntamiento busca tener "vehículos menos contaminantes, viviendas más eficientes y empresas más competitivas y sostenibles", mientras que la socialista Erika González considera que estas nuevas tasas incidirán en la mejora de las condiciones de vida de los madrileños.
(El País, 25-10-2018)

Dos nuevas sentencias blindan al consumidor en el 'lío' de las hipotecas
El Tribunal Supremo (TS) falló este miércoles de nuevo a favor del consumidor en las hipotecas. Así hizo en otras dos sentencias del mismo caso y del mismo recurrente. Son ya tres las sentencias que anulan el artículo 68 del Reglamento del Impuesto y que estipulan que los gastos del AJD deben correr a cargo del banco y no del cliente. Estos tres fallos, que sientan doctrina, dan la razón a la Empresa Municipal de Vivienda de Rivas, que tiene pendientes otros cinco idénticos para distintas promociones inmobiliarias en la localidad madrileña.

El pasado jueves, el primer fallo que así lo dijo causó gran revuelo, sólo superado por un comunicado del presidente de la Sala Tercera del viernes, en el que decía que separaban los recursos señalados por el mismo tema a la espera de que decidiera el Pleno qué doctrina establecer dada la trascendencia económica y social del caso. El lunes, el presidente del TS comunicó que la sentencia era firme y que no podría ser revocada por el TS y apuntaba que el mismo jueves la misma Sección de la Sala Tercera había dictado otra dos, las que se han notificado esta tarde. El Pleno decidirá sobre los efectos de estas sentencias el 5 de noviembre.

Cuando dos o más sentencias firmes fallan en el mismo sentido sientan jurisprudencia. Esto significa, según fuentes jurídicas, que el pleno de la Sala Tercera sólo puede confirmar esta doctrina. Además de confirmar que el reciente giro jurisprudencial fija doctrina para casos semejantes, la discusión del pleno de 31 jueces convocados para el 5 de noviembre se centrará en la eventual retroactividad de este asunto. Es decir, el debate girará sobre si aquellos consumidores y empresas que ya abonaron este impuesto al firmar su hipoteca tienen derecho a reclamar por los últimos cuatro años no prescritos -lo que afectaría a 1,5 millones de contribuyentes y según Gestha, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, ascendería a 3.631 millones-, o por un periodo más limitado -sólo para los recursos ya iniciados, por ejemplo-, o si únicamente es aplicable a los préstamos nuevos.
(El Mundo, 25-10-2018)

Laboral

España ya suma 325.000 autónomos extranjeros
Los autónomos extranjeros en España siguen creciendo de manera notoria. La afiliación al RETA de profesionales de origen extranjero se cifra ya en 1.993.210. En septiembre, la media de autónomos se ha cifrado en 324.637, lo que se traduce en 25.041 profesionales por cuenta propia más, en comparación con el mes de septiembre del año anterior.

Durante el mes de septiembre, los autónomos inmigrantes han aumentado en 1.130 personas, lo que supone un crecimiento de casi el 0,4% según los datos de afiliación media de extranjeros que ha aportado la Seguridad Social.

La mayor proporción de autónomos extranjeros sigue siendo de procedencia extracomunitaria (51,85%), frente a un 48,15% de profesionales comunitarios. El comercio y la hostelería siguen siendo los sectores que más extranjeros aglutinan, con un 28,32% y un 18,55%, respectivamente. En tercer lugar, se encuentra la construcción, un sector en auge con un 11,97%.

Cataluña lidera la distribución territorial de autónomos extranjeros, rozando el medio millón de personas. 90.000 autónomos menos tiene la Comunidad de Madrid, representando un 20%. Ya en un tercer escalón, con casi la mitad de autónomos, se sitúan Andalucía y Comunidad Valenciana, representando un 10% del total cada una.

Le siguen las islas, tanto Baleares como Canarias, y la Región de Murcia, con un total de 78.016 autónomos de procedencia no español. Por el contrario, la comunidad autónoma con menos afiliación extranjera al RETA es Cantabria (12.211), además de Ceuta y Melilla.

Entre la afiliación extranjera los datos del Ministerio de Trabajo señalan que hay en torno a un 10% más de hombres que de mujeres. En Andalucía se da el caso de que hay casi el mismo número de mujeres que de hombres si analizamos autónomos extranjeros de procedencia comunitaria, con tan solo 470 personas de diferencia en beneficio del género masculino.
(Expansión, 25-10-2018)

Trabajo propone subir la cuota de autónomos en 2019 y aplazar la reforma a 2020
El Ministerio de Trabajo ha comenzado a negociar con las organizaciones de autónomos cómo actualizar las cotizaciones de estos trabajadores en 2019. Les ofreció tres escenarios. Cualquiera de ellos supone un incremento para la mayor parte del colectivo, aunque al menos dos conllevan un alza bastante por debajo de la que llegaría si subiera de forma paralela al salario mínimo, como en años anteriores. El ministerio también ofrece negociar la reforma del régimen para adecuarlo a los ingresos, pero a partir de 2019 y que entre en vigor en 2020.

A contrarreloj, el Ministerio de Trabajo pretende llegar a un acuerdo provisional con las asociaciones de autónomos antes de acabar el año para actualizar las cotizaciones de estos trabajadores en 2019. Busca salir del endiablado escenario que ha abierto en el régimen de autónomos la subida del 22,3% del salario mínimo. Las bases mínimas de cotización de buena parte de este colectivo suben, normalmente, en paralelo al salario mínimo, y este año esa actualización podría poner en aprietos al colectivo.

En todo caso, la subida de 2019 sería un parche provisional hasta que entre en vigor una reforma enfocada a que las cuotas de los autónomos se paguen en función de lo que facturen. La intención inicial de Trabajo es que tenga cuatro tramos. El primero, para quienes ganan menos del salario mínimo. Los otros tres tendrían cuotas según una estimación de ingresos, que luego se podrá ajustar al acabar el año según los ingresos reales percibidos.

Para llegar a un punto común, se ha reunido con las cuatro organizaciones del sector (ATA, UPTA, UATAE y CEAT) y les ofreció tres escenarios. En los tres, propone que dos conceptos de la cuota final que ahora son voluntarios —las contingencias profesionales (una suerte de seguro público para bajas causadas por la actividad) y el cese de actividad (un seguro similar al de desempleo)— pasen a ser obligatorios. Esto supone que se paga más, pero también que aumenta su protección. “Las prestaciones suficientes se obtienen cotizando más”, apuntó el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.

Ahora el 85% de autónomos paga sus cuotas según las bases mínimas de cotización: 932 euros en 2018. Sobre esta cantidad, el autónomo cada mes paga un porcentaje que va del 29,9% al 30,8%. Los tres escenarios que propone Trabajo suponen aumentar la cifra sobre la que cotiza. En el primero, la base subiría un 1,25%, hasta 945 euros al mes (105 euros por debajo de los 1.050 del régimen general, el de los asalariados). Y los tipos de cotización que se pagan sobre ella subirían del 30,8% al 33,7%. Todos deberán cotizar por contingencias comunes, profesionales y cese de actividad.

En el segundo, el incremento de la base mínima sería más alto, del 6,25% hasta 990 euros al mes. Sin embargo, la subida de los tipos sería más baja, hasta el 31,8%. En el último, la base de la cotización de los autónomos sería igual al de los asalariados (1.050 euros), un 12,5 mayor. Pero a cambio, los tipos quedan en el 31,2%.

Con estas propuestas, según los cálculos de Eduardo Abad, presidente de UPTA, la subida oscila entre los 13 euros mensuales en el primer escenario, los 40 del segundo y los 90 del tercero. No obstante, estos números están hechos sobre la base de que el autónomo está pagando ahora por todos los conceptos. Y esto, en la mayor parte de casos, no es así. A él, la propuesta de Trabajo le suena bien y la valora “positivamente” porque aumenta la protección de los trabajadores por cuenta propia, apunta. Abad ve opciones de cerrar un acuerdo rápido con alguna propuesta mixta entre el primero y el segundo escenario.
(Expansión, 25-10-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Miedo en los mercados mundiales tras la fuerte caída de Wall Street
La caída del 3% en el S&P deja el mes de octubre como el peor para Wall Street desde 2009, con un descenso del 9%. El único mercado que aguantaba el tipo en este complicado 2018 se ha rendido a una presión bajista creciente desde hace más de cuatro semanas, y el miedo se extiende por los parqués de todo el mundo. Los inversores venden tan rápido como pueden activos de riesgo y se refugian en las guaridas habituales: bonos considerados seguros y el yen japonés. El mundo financiero ha pasado de la aversión al riesgo al sálvese quien pueda.

El motivo es el creciente pesimismo sobre la economía mundial y las perspectivas empresariales, no tanto porque el tercer trimestre esté siendo decepcionante (que lo ha sido en empresas como AT&T o Caterpillar) como por las perspectivas. 2019 apunta a un año de menor crecimiento y de tipos más altos, con un mercado que ha disparado las valoraciones de las empresas. Anoche Netflix cayó el 9,4%; Facebook o Alphabet se dejaron el 5%.

Un mal dato de ventas de viviendas (-5,5% en septiembre) fue también excusa para vender, y las bombas caseras enviadas a Barack Obama y Hillary Clinton tampoco ayudan a calmar los nervios. En Europa los futuros apuntan a descensos del 1%. Con toda seguridad el Ibex marcará nuevos mínimos desde finales de 2016, en un 2018 en el que el índice ya pierde el 7,5% y el muy representado sector bancario presenta valores con desplomes del 20%.

En el mercado de deuda, la huida de dinero desde la renta variable se llevó abajo los rendimientos del bono estadounidense; el de 10 años cotiza en el 3,117%. En el mercado de divisas el yen ha avanzado un 0,35% hasta 111,9 yenes por dólar. Es muy habitual la subida del yen en momentos complicados, dado que se trata de una economía que opera con superávit exterior y, por tanto, invierte muchos yenes fuera de sus fronteras que regresan en caso de tormenta. El euro, por su parte, está muy de capa caída, cotizando en 1,14 dólares tras sufrir ayer su mayor caída en casi un mes. Entre dólar y euro, el refugio es el dólar.
(Expansión, 25-10-2018)

El BCE está dispuesto a mantener su hoja de ruta pese al problema de Italia
Italia promete ser el convidado de piedra en la reunión que hoy celebra en Fráncfort el BCE. El desafío que ha lanzado su Gobierno a la Comisión Europea en la elaboración de los Presupuestos del año próximo no tiene precedentes. Roma parece dispuesta a hacer valer su condición de tercera mayor economía de la zona euro en su creciente pulso con Bruselas. Su desobediencia al elaborar las cuentas públicas tiene el potencial de rescatar los peores fantasmas de la crisis del euro, mientras el rendimiento del bono italiano a una década ha trepado a niveles de 2014.

Este es el frente más candente al que se enfrenta ahora Mario Draghi y al que se suma la inquietud ante un brexit duro y las dudas sobre el alcance de la guerra comercial. Además, la inflación subyacente de la zona euro no termina de remontar. “La debilidad y la estabilidad de la inflación subyacente, en el 0,9%, son motivo suficiente para que el BCE no cambie la hoja de ruta”, explica Franck Dixmier, director de renta fija en Allianz Global Investors, quien advierte que “Italia presenta un problema particularmente crucial porque sus acciones ponen en tela de juicio las normas que respaldan la credibilidad del propio euro”.

El conjunto del mercado aguarda a que el BCE confirme su decisión de poner fin en diciembre a sus compras de deuda –reducidas en este mes desde los 30.000 a los 15.000 millones de euros mensuales– y que no dé nuevas pistas sobre subidas de tipos, más allá del mensaje ya sabido de que el primer incremento tras la crisis no llegará hasta al menos pasado el verano de 2019. Así, los futuros dan un 40,4% de probabilidades a una subida ya en la reunión de septiembre de ese año y otro 42,6% a que se decida en octubre.

Italia ha tensado de nuevo el mercado europeo, que también acusa el temor a la desaceleración, y está lastrando aún más la maltrecha cotización de los bancos. Aun así, los expertos tampoco prevén que el desafío italiano modifique la hoja de ruta del BCE. “Sería necesario un grave accidente en el crecimiento, una escalada en la crisis italiana o en la guerra comercial con consecuencias palpables en los mercados antes de que el BCE cambiara su rumbo”, advierten desde ING.

Aun así, Italia también puede ser motivo para que el BCE aplace a diciembre su decisión sobre el diseño de la reinversión de los vencimientos de deuda, que proseguirá largo tiempo después del final de las compras. “A menos que no hubiera cambios en la metodología, otra decisión podría crear aún más volatilidad en la periferia en un momento delicado para Italia”, señalan en BofAML.

Si el BCE decidiera reajustar las reinversiones a una actualización de la composición de su capital –el capital key que ha regido las compras de deuda– la pérdida de PIB de la periferia durante la crisis reduciría la reinversión en deuda española e italiana en favor de la alemana.
(El País, 25-10-2018)

Sector

Justicia pretende sancionar a los bancos que pleiteen para no devolver cualquier cláusula abusiva
Nuevo varapalo para la banca, que ayer volvió a sentirse acorralada, o ese era su sensación. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció ayer por sorpresa que su departamento, junto a las comunidades autónomas, habían “dado el paso” para solventar el colapso de los juzgados de las cláusulas suelo, sobre todo en las grandes ciudades, ya que en las pequeñas estos juzgados están prácticamente sin actividad.

El objetivo, ya debatido por Podemos en la legislatura de Mariano Rajoy, es imponer medidas sancionadoras a los bancos que acudan a la vía judicial con el fin de dilatar las devoluciones a los clientes. Este proceso dilatador no solo colapsa los juzgados, según apuntan fuentes jurídicas, “sino que al final provoca que muchos usuarios bancarios renuncien a seguir pleiteando por las cláusulas abusivas, ya que los bancos se pueden permitir litigar durante años. Además, pueden encargar informes que el suscriptor de las cláusulas suelo no puede costearse”.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Delgado, que mostró su compromiso por fomentar las reclamaciones extrajudiciales, destacó la importancia de esta “medida preventiva”, en la que ya se está trabajando y que castigaría a las entidades que incurran en esta maniobra disuasoria, una vez quede probada su mala fe.

Fuentes de Justicia explican que solo en un año se han presentado a los juzgados 250.000 causas relativas a cláusulas abusivas, que ya han comenzado también a descender a las audiencias provinciales, con el consiguiente peligro también de colapso.

La iniciativa explicada por Delgado ya fue discutida hace tres semanas en la comisión interministerial en la que se sientan también las comunidades autónomas, y aunque este no fue el punto principal del orden del día, la preocupación de las distintas autonomías por el colapso judicial por las cláusulas suelo derivó en que la reunión se centrase en buscar soluciones a estas peticiones.

La iniciativa, que se incluirá en un cambio de dos normas actuales, no solo hará referencia a las cláusulas suelo, sino que se incluirán todas las cláusulas abusivas para el consumidor, con lo que se pretende agilizar las soluciones para el usuario bancario.

Los cambios afectarán al Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, cuyo ámbito se ampliará ahora a otras cláusulas de productos financieros. También modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil.
(El País, 25-10-2018)

 
 
 
 
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